La Generalitat ocultó durante meses una denuncia interna sobre malversación
El Gobierno catalán escamoteó durante meses una denuncia interna sobresupuestas malversaciones en el Cesicat, el centro que controla todas las telecomunicaciones y que algunos pretendían convertir en el núcleo de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) o, dicho de otro modo, en el CNI catalán. La denuncia fue formulada por un asesor, Albert G., que trabajó durante cinco meses para el Cesicat en el año 2012 como colaborador externo. En esa etapa, detectó algunas anomalías en el funcionamiento del centro y lo comunicó al consejero del que depende éste, Felip Puig, así como al consejero de Interior, Ramon Espadaler, y a la directora de los servicios jurídicos de Gobernación, Esther Rivera.
“La base de mis denuncias internas era la deriva de la entidad, la inseguridad total de la Generalitat y la malversación de fondos como causa nuclear de la misma, hasta el extremo que llegó un momento en que me desligué del Cesicat y dejé de colaborar con él”, explica Albert G. a El Confidencial.
Una comunicación interna realizada el pasado 24 de marzo a Felip Puig, consejero del que actualmente depende el Cesicat, señalaba que se podrían economizar muchos recursos incluso echando mano de programas gratuitos, ya que “el estado de la Generalitat es de muy alta vulnerabilidad”. Así denunciaba que una herramienta de Microsoft que reduciría mucho esta vulnerabilidad “no se despliega y ni tan siquiera se valora porque es gratuita y esto no genera un pedido al amigo proveedor”.
Otras fuentes señalan que en los últimos años se fueron incorporando al centro de telecomunicaciones varios asesores “de confianza” de los actuales gestores del Gobierno y de ahí que se perdiese rigurosidad.
Felip PuigLo cierto es que, tras las denuncias internas, según parece, los correos de Albert G. fueron interceptados por los directivos del Cesicat. “Es que no sólo eran leídos por otras personas, sino que eran desviados a un buzón de destino a nombre de filtre.altabis”, explica Albert G. aEl Confidencial. Internamente, el propio consejero Felip Puig se llegó a reunir con Albert G. después de que éste le pusiese al corriente de la vulnerabilidad de la web del Gobierno catalán. “Y le expliqué los problemas que yo había detectado dentro del Cesicat”, zanja.
Sospechas confirmadas
El pasado 16 de mayo, Albert G., ya conocedor de que sus correos eran desviados, comunica a Rivera y a Puig que su e-mail está intervenido desde la propia Generalitat: “Algún listo creó la regla en el servidor de correo para que cualquiera de mis correos dirigidos a gencat [el servidor de la Generalitat de Cataluña], sea quien sea su destinatario, automáticamente sean recibidos por un tercer buzón. Las comunicaciones son privadas. Si las envío a tres destinatarios y se están copiando automáticamente a un tercer buzón que accede a mis comunicaciones y las lee, es más que probable que pudiese generar problemas legales, vía penal, por vulnerar el secreto de las telecomunicaciones. Como habíamos comentado por teléfono, “sólo” quiero que se identifique quién ha ordenado esta actuación y está o estaba recibiendo mis correos, tratando mis datos personales de forma más que no pertinente”.
Después de que las denuncias internas cayesen en saco roto, Albert G. presentó una denuncia en el juzgado el pasado 5 de julio, que fue admitida a trámite. La denuncia detallaba pormenorizadamente la interceptación de cinco correos privados de Albert G. a los altos cargos de la Generalitat. “La investigación policial deberá determinar si existen más personas receptoras ilegítimas de mis correos interceptados que estuvieran cometiendo los delitos denunciados y si ésta es una práctica de interceptación generalizada en los sistemas de la Generalitat de Cataluña y si existen otras víctimas de estas actuaciones graves e ilegales”, dice la denuncia.
Un informe infumable
El pasado 8 de noviembre, el juez decretó el archivo en base a un informe realizado por los Mossos d’Esquadra. Y eso que Abert G. exponía en su denuncia la necesidad de encargar la investigación a la Policía Nacional o la Guardia Civil, ya que los Mossos d’Esquadra eran parte interesada en el Cesicat, puesto que trabajaban juntos y en el centro de telecomunicaciones existen enlaces de la Policía Autonómica.
Mossos d'Esquadra
El informe de los Mossos es curioso: consta de sólo nueve líneas y dice que analizada la documentación aportada “se determina que no aparece ninguna clase de evidencia aparente de interceptación de las comunicaciones. Lo que se puede apreciar es que los correos dirigidos al buzón de destino del señor Felip Puig son desviados a otros de absoluta confianza del receptor para agilizar la respuesta y/o el tratamiento”.
Albert G. interpuso recurso contra este archivo hace unos días, desmontando las razonamientos del informe pericial emitido por los Mossos porque “carece de cualquier pericia técnica”, puesto que lo que parece es “una simple opinión que carece de cualquier sustento científico-técnico y que además no describe ni siquiera el método de análisis usado si es que se ha usado algún método”. El exasesor, además, había entregado al juzgado documentos que mostraban la trazabilidad de sus correos, esto es, la huella que habían dejado y que evidenciaba su interceptación.
“Los mensajes de correo electrónico están formados no solamente por el contenido que podemos ver, sino también por una serie de datos para su trazabilidad, que incluyen información como, por ejemplo, la dirección de correo del remitente, la del destinatario, la fecha en la que se envió el mensaje, etcétera. Analizando estos datos, se puede obtener información técnica sobre el mensaje de correo, como por ejemplo, los servidores de correo por los que ha pasado, en qué máquina se ha generado el mensaje o referencias sobre a qué mensaje responde, en caso que dicho mensaje sea respuesta a un tercero. Entre los campos existentes en estos datos, existe el campo ’Message-ID’, que es único para cada mensaje de correo generado para identificarlo de forma inequívoca. Pero además el campo más relevante para este análisis es el campo ‘Thread-Index’, utilizado por varios sistemas de correo para ordenar los mensajes que corresponden a una misma conversación…”, explica en el recurso.
El exasesor apela también a la instrucción de la Generalitat 1/2012 del 15 de junio del año pasado, que dice textualmente que “el personal podrá hacer un uso privado del correo electrónico corporativo siempre que se haga de manera excepcional, no abusiva y circunstancial, a los efectos de atender asuntos inexcusables que eviten la ausencia del puesto de trabajo o que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. En ningún caso se podrá utilizar el correo electrónico para desarrollas actividades privadas cuyas compatibilidades hayan sido autorizadas”. Por si fuera poco, aduce que en los hechos denunciados pueden estar implicados “superiores jerárquicos” de los agentes que realizan el informe en cuestión “e incluso miembros de la unidad de delitos informáticos”. Por tanto, vuelve a solicitar que sea la Policía o la Guardia Civil quien realice las investigaciones.
A Albert G. se le atribuye la filtración de algunas de las informaciones sobre el Cesicat que han ido goteando las últimas semanas, como por ejemplo la monitorización de cuentas Twitter para realizar seguimientos de activistas. Él lo niega. “Yo no filtré nada. No he tenido acceso a los documentos que se han filtrado. Ha sido Anonimus quien comenzó a filtrar cosas tras la muerte del empresario Benítez en el Raval. Yo mantengo un contencioso con la Generalitat y llegaré hasta el final para que se depuren responsabilidades por la interceptación de mis correos, pero no robé ni filtré ningún documento sobre seguimientos a activistas”.
