AZNAR PIDE CARCEL PARA MAS SI CONVOCA UN REFERENDUM

Aznar pide cárcel para Mas si convoca un referéndum

Reclama que se rescate el delito de convocatoria ilegal que se instauró durante su mandato

José María Aznar enturbió ayer las maltrechas relaciones entre Cataluña y el Gobierno de España. El expresidente, que en los últimos tiempos trata de marcar a Rajoy la línea a seguir, reclamó la reinstauración del delito de convocatoria ilegal de consultas populares que aprobó durante su mandato y que castigaba con penas de cinco años de prisión a quien planteara un referéndum ilegal.

El Gobierno de Aznar introdujo esta modificación para tratar de frenar los planes soberanistas del exlehendakari Juan José Ibarretxe. «Poner cotos a los que quieren desbordar la legalidad, romper el país, es muy importante», defendió Aznar. Sus palabras cayeron como una bomba en Cataluña. Desde la Generalitat, el portavoz, Francesc Homs, reclamó al Gobierno que repruebe a Aznar porque sus declaraciones son más propias de otro régimen.
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SEAT ANUNCIA EL DESPIDO DE 300 EMPLEADOS

Seat anunciará hoy el despido de 300 empleados

La compañía concreta el recorte del personal de oficinas | Los sindicatos quieren mitigar el impacto y analizarán la posibilidad de prejubilaciones

Seat anunciará hoy al comité intercentros un expediente de regulación de empleo (ERE) para proceder al despido de unos 300 empleados de los llamados indirectos, que son los que no están en la línea de producción. Se concreta así el recorte de costes entre este personal que hace unas semanas anunció el presidente de la compañía, Jürgen Stackmann.

La empresa argumentará el expediente por causas económicas, según fuentes conocedoras del plan. Mientras que fuentes sindicales señalaron que intentarán proponer medidas alternativas para mitigar el impacto de los despidos. Entre otras cosas, se analizará la posibilidad de aplicar prejubilaciones.

De hecho, este recorte estaba latente desde el pasado enero, cuando se consiguió frenar recurriendo a una mayor utilización de la bolsa de horas. Pero eso ha resultado insuficiente, según reconoció hace unos días el presidente de la empresa.

El colectivo de indirectos incluye sobre todo personal de oficinas pero también supervisores de la producción. Son aproximadamente unas 5.000 personas y, según Stackmann, es preciso reducir un 5% los costes de este tipo de personal. Agotada la vía de la flexibilidad, ya sólo quedan las extinciones de contratos.

Se da la circunstancia de que en el 2010 ya se produjo un recorte de 300 oficinistas y mandos intermedios. Fueron unos despidos que se indemnizaron muy bien (60 días por año), pero causaron conmoción porque se justificaron por "bajo rendimiento".

La reducción de costes es uno de los pilares de la hoja de ruta que ha trazado Stackmann para colocar a Seat en rentabilidad, un objetivo que se ha retrasado de nuevo debido sobre todo al desplome del mercado español, esencial para la compañía. Según Stackmann, la estructura de costes fijos es demasiado alta para el volumen de ingresos. Y es que, según el presidente, el aumento de ventas (un 11% hasta octubre) no se está traduciendo en un incremento similar en los ingresos, entre otras cosas por la fuerte competencia existente. 

Por el momento, Seat ha centrado el ajuste en el colectivo de indirectos. Para la plantilla de las líneas de producción, está en vigor un expediente de regulación temporal de empleo. Tiene autorización para aplicarlo a hasta 427 trabajadores diarios, aunque en la actualidad se aplica a unos 80. 

Pero la gran asignatura pendiente es conseguir que la planta de Martorell funcione a plena capacidad (ahora está en un 60%) y por eso hay tanta expectativa con la posible adjudicación de un SUV, un todoterreno urbano.

La reducción de costes incluye también un aplazamiento de los programas de expansión en China y otros mercados emergentes, en los que entrar requiere fuertes inversiones.
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HACIENDA DICE QUE URDANGARIN COBRABA POR SER YERNO DEL REY, PERO NO VE DELITO

Hacienda concluye que Urdangarín cobraba de empresas por ser yerno del Rey, pero no ve delito

La Agencia Tributaria asegura que las empresas “remarcan explícitamente” que firmaron contratos “en atención a la persona” y a su relación familiar. Según el fisco, las empresas presentan “vaporosas” razones para justificar los pagos a Iñaki Urdangarín. Sin embargo, el fisco no atribuye ninguna responsabilidad a la Familia ni a la esposa del Duque. 

La Agencia Tributaria ha entregado al juez Castro el primero de los informes que se le requerían. El fisco no aprecia delito pese a que sí detalla una larga lista de irregularidades en la vida de Aizoon, entre las que destaca, el origen de los cobros. Según Hacienda, los contratos e ingresos de la sociedad de los Duques de Palma “se celebraron en especial y exclusiva consideración de la persona del Sr. Urdangarín Liebaert y sus circunstancias personales y familiares”. El fisco sostiene que son varias las multinacionales que se “cuidan de remarcar explícitamente la cualidad de intuitu personae inherente tanto a la celebración como a la posterior ejecución contractual”, una alocución latina que significa que el contrato se realiza “en atención a la persona”.

Las empresas contrataron con Urdangarín "en especial y exclusiva consideración a su persona y sus circunstancias personales y familiares", concluye Hacienda

Igualmente, la inspección considera que ha habido irregularidades en el capítulo de los gastos, a la hora de computar "los de personal, la facturación cruzada, el alquiler de sedicentes oficinas y la amortización de su equipamiento y los gastos de índole netamente personal, familiar o, en general, carentes de relación con la actividad". Por fin, considera un tercer grupo de fraudes en los beneficios fiscales a los que los Duques de Palma se acogieron tributando a través de Aizoon: "no es procedente aplicar la libertad de amortización a los pisos de su propiedad que tiene cedidos en arrendamiento, puesto que no pueden considerarse afectos a ninguna actividad económica", concluye el informe.

Paradójicamente, pese que Hacienda entiende que se ha explotado el vínculo con la infanta Cristina y con la Casa Real, no aprecia ninguna irregularidad en la propia infanta, corresponsable del 50% de Aizoon, según la documentación que aportan los inspectores. El fisco entiende que la responsabilidad de la gestión de Aizoon es sólo de Urdangarín tanto en los ingresos como en los gastos y deducciones.

Un criterio milimetrado para evitar el delito fiscal

La relación de irregularidades aplicada estrictamente podría llevar a superar el fraude de 120.000 euros anuales que constituye el delito fiscal. Sin embargo, la Agencia Tributaria incluye en su relación una salvedad: admite que pese a considerar fraudulento el auto-alquiler de las viviendas de los Duques de Palma a Aizoon, sí puedan deducirse esos arrendamientos con el argumento de que la empresa "ha tenido contratada la gestión de tales arrendamientos a terceros profesionales de la administración de fincas".

Ese mero criterio evita que se consideren como fraudulentos más de 30.000 euros reportados en el año 2007 que elevarían el fraude de 99.787,19 euros a más de 120.000, incurriendo, por tanto, en delito fiscal. Ese mismo criterio se repite en posteriores ejercicios de forma que en ninguno de los casos las cuantías defraudadas superan los 120.000 euros. Así, el fisco considera que:

• En 2007, la cuantía defraudada sumaría 99.787,19 euros;
• En 2008, el fraude sería de 91.101,95 euros;
• En 2009, de 71.073,46 euros;
• Y en 2010, de 19.148,78 euros

La suma arroja un fraude que supera los 281.000 euros pero repartido en cuatro años y no ejercicio a ejercicio, de modo que el fisco no se pronuncia explícitamente pero deja claro que no aprecia delito fiscal.

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10 INCUMPLIMIENTOS ELECTORALES DE MARIANO RAJOY

Diez incumplimientos electorales de Mariano Rajoy

El 20 de noviembre se cumplen dos años desde que el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta

El PP incumplió sus promesas de no subir impuestos, no recortar las pensiones ni servicios públicos como la sanidad o la educación

También se ha saltado las referencias a la transparencia de los cargos públicos y al respeto a las instituciones judiciales

"Yo no voy a subir los impuestos, no"

Faltaban cuatro días para que los ciudadanos acudieran a las urnas y Mariano Rajoy lanzó una de sus claves de campaña: "Yo no voy a subir los impuestos, no". Lo hizo en unaentrevista en El País, el 16 de noviembre de 2011, pero fue una de sus consignas en la oposición y durante toda la campaña electoral: "Subir los impuestos hoy significa mas paro y mas recesión. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta más a las maltrechas economías de las familias y las empresas", fue su argumento central.

El primer Consejo de Ministros presidido por Rajoy aprobó una gran subida de impuestos que afectó a las rentas de los trabajadores, del ahorro y al IBI. En meses sucesivos, el Gobierno aumentó otros impuestos, entre ellos el IVA, que por primera vez subió tres puntos de una tacada.

Rajoy incumplió otra de sus promesas al achacar al Ejecutivo de Zapatero la necesidad de esas medidas. "No me voy a quejar de la herencia que reciba", aseguró el candidato del PP en plena campaña, pero justificó sus primeros recortes y subidas impositivas en la brecha del déficit, que fue del 8,51%, mientras los socialistas lo habían situado en el 6%.

"No voy a tocar las pensiones"

Otra de las grandes banderas durante la campaña: "El Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", rezaba el programa. "No voy a tocar las pensiones", concretó Rajoy. Ahora ha reformado el sistema para desligar las pensiones del IPC, lo que en la práctica va a conllevar una pérdida de poder adquisitivo: en 2014 las pensiones solo subirán un 0,25% mientras que el incremento de los precios será mayor. Además, la reforma supondrá un tajo de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.

Rajoy cargó contra Zapatero en mayo de 2010 por congelar las pensiones y aseguró que los socialistas habían abandonado el Pacto de Toledo por tomar esa medida. Las decisiones del Gobierno en esta materia han sido rechazadas por los sindicatos y la oposición.

Tampoco tocaría Sanidad y Educación

"Le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y, aunque sea competencia de las Comunidades Autónomas, a la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos". De nuevo Rajoy, en campaña.

En abril de 2012, estas partidas sufrían un recorte de 10.000 millones de euros. Ahora no lo puede achacar al error de las cifras de Zapatero, y la austeridad continúa: Sanidad tendrá un 35,6% menos de presupuesto en 2014 y Educación acumula un recorte del 24% en tres años. A los recortes hay que sumar la privatización que protagonizan los barones en las Comunidades Autónomas –frente a la defensa de la sanidad pública, universal y gratuita que hicieron en campaña– o la subida de las tasas universitarias.

"No voy a introducir el copago en Sanidad"

Lo repitieron hasta la saciedad: "No al copago en Sanidad". Pero la realidad desde la campaña es otra: Ana Mato ha impuesto el copago para el transporte sanitario, para medicamentos depatologías crónicas habituales, como hepatitis C o leucemia, o las prestaciones ortoprotésicas.

La teleasistencia a personas dependientes ha dejado de ser gratuita. El Gobierno ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas que tendrán que pagar hasta 157 euros mensuales por acceder a la cartera básica.

Objetivo: "luchar contra la corrupción"

"La lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos", aseguraba el programa electoral del partido que mantuvo contratados hasta este año a varios implicados en el caso Gürtel, como Jesús Sepúlveda y Luis Bárcenas, y que paga a una empresa de la trama el alquiler de la vivienda en la que se aloja Esteban González Pons. 

"La ejemplaridad y la transparencia deben presidir la actuación de quienes asumen responsabilidades públicas", añadía el texto del PP, que utilizó en dos ocasiones su mayoría absoluta para evitar que Rajoy diera explicaciones en el Congreso sobre el presunto cobro de sobresueldos en B y la contabilidad paralela del partido. 

Independencia judicial

El programa electoral del PP hacía un guiño a los tribunales y al Ministerio Fiscal, al que había acusado de estar al dictado del PSOE. "Propiciaremos el respeto a su independencia e imparcialidad", decía el programa electoral en referencia a los jueces y fiscales. Un año y medio después, el PP presionó –llamada de Rajoy al CGPJ incluida– para que el juez Gómez Bermúdez no interrogara a Luis Bárcenas y el caso de la presunta contabilidad B se quedara en manos de Pablo Ruz.

"La actuación de la Policía Judicial no puede estar dirigida políticamente como, según muchos indicios, lo está siendo en los últimos tiempos", se quejó Cospedal en septiembre de 2010. Recientemente, el Gobierno de Rajoy ha destituido al comisario encargado de las investigaciones de Gürtel y Bárcenas.

Contra el aborto

El Partido Popular secundó las movilizaciones ultraconservadoras en contra de la ley del aborto durante el Gobierno socialista. "Cambiaremos el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores", señalaba su programa electoral.

En el ecuador de la legislatura, Gallardón no ha presentado aún el anteproyecto de ley, que se ha aplazado hasta en cuatro ocasiones y que, como mínimo, no se tramitará en el Parlamento hasta febrero de 2014. La modificación es una de las polémicas en Génova después de que el ministro de Justicia asegurara que la malformación fetal no sería un supuesto para el aborto.

"El PP no pretende abaratar el despido"

En 2011 el PP estaba en contra de abaratar el despido. "No vamos a abaratar el despido, sino a abaratar el coste de la contratación", dijo el entonces portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro. "Hicieron una reforma laboral que ha provocado más paro y ha abaratado el despido", recriminó Rajoy al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante el cara a cara televisivo días antes de las elecciones.

La reforma laboral aprobada apenas un mes y medio después de su toma de posesión redujo la indemnización por año trabajado de 45 días a 33, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.

Sin ampliación del permiso de paternidad

Otra promesa electoral incumplida fue la de ampliar el permiso de paternidad para establecer un "periodo mínimo obligatorio". Al ganar los comicios, Rajoy se comprometió a regular que, a partir del 1 de enero de 2013, el permiso para los padres por el nacimiento de un hijo fuera de cuatro semanas. Pero no lo hizo y ahora vuelve a posponerlo a 2015. 

No bajar el sueldo a los funcionarios

"El PP nunca habría bajado el sueldo a los funcionarios. Nunca hay que ajustar en la parte débil del presupuesto". Lo dijo Esteban González Pons en octubre de 2011. El programa electoral del PP era difuso en cuanto a los salarios de los trabajadores públicos y, durante la campaña, Rajoy se limitó a decir que no bajaría un 5% los sueldos de los trabajadores públicos, sin precisar más.

En 2012, el Gobierno dejó sin paga extra de Navidad a los funcionarios, lo que supuso en torno a una reducción del 7% en sus ingresos, que llevan congelados desde 2009.

En el caso de los funcionarios de prisiones, el PP se comprometió a mejorar el estatuto legal de estos funcionarios "otorgándoles mayor responsabilidad en la ejecución de las políticas penitenciarias". Para el PP era necesario abordar el problema de la masificación para mejorar la situación de las cárceles.

Sin embargo, los representantes sindicales siguen denunciando la masificación, que, a su juicio, provoca problemas de seguridad. Además, los sindicatos han protagonizado protestas porque, lejos de otorgarles mayor responsabilidad, el Gobierno mantiene los recortes y contrata seguridad privada en vez de sacar oferta pública.

"Todos los años perdemos de 300 a 400 efectivos nada más en la parte de jubilaciones", aseguró Adolfo Fernández, de CSIF. Comisiones Obreras alertó del "menoscabo del servicio público de Instituciones Penitenciarias al no haber oferta de empleo público y que en el futuro nos llevará a la privatización total del todo el sistema penitenciario".

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LOS COLABORADORES DE ZP ASEGURAN QUE SOLBES NUNCA PRESENTO NINGUN DOCUMENTO PARA SOLVENTAR LA CRISIS

Los colaboradores de Zapatero aseguran que Solbes nunca presentó ningún documento para solventar la crisis

• Los colaboradores de ZP señalan que el ministro no tenía ni ganas ni ideas para solventar la crisis y que no hay registro de ningún documento como del que habla Solbes.
• ZP tiene ahora la presentación de su libro para poder contestar a un ministro que ha dejado su imagen más tocada todavía y con el que no tenía buen feeling.

i hubiera sido tan importante ¿por que no hay un registro del mismo, por qué no se presentó de una manera formal? Esa es la primera respuesta, pero habrá más. ZP no va a quedar como el chico que no vio nada, no oyó nada, ni sabía nada. Eso lo sabe Solbes que verá cómo le dicen ahora que ni tenía ganas, ni fuelle, ni ideas para superar la crisis.

¿Contestará ZP a las palabras de Solbes en la presentación de su libro? Seguramente lo hará a su manera. Con ironía y sin hacer sangre, o dejando una frase colgando. Sus colaboradores, según desvela John Muller en 'El Mundo', ya han hablado. "La información de Solbes es sesgada y nadie recibió ese documento del que Solbes habla.

Además se hablará de que quiso conservar el sitio y a muchos de los suyos en su sitio aun a costa de sus convicciones. El relato lo veremos pero quema a ambos. Solbes queda con la credibilidad más que tocada, mientras que ZP queda como incompetente.

¿Presentó Solbes a ZP ese documento que el presidente despreció?

Según el relato que Pedro Solbes hace del episodio en sus memorias 'Recuerdos. 40 años de servicio público', que ha presentado este martes en Madrid, el presidente del Gobierno se tomó un par de semanas antes de contestarle. Su respuesta fue igual de contundente. "Pedro, este documento es inaceptable. Lo que propones lleva implícitas dos huelgas generales".

Solbes asegura que pese a todo intentó persuadir al presidente de que si no se llevaban adelante no se evitaría esa huelga general que tanto temía y, además, se produciría en unas condiciones económicas y sociales mucho más difíciles. No sirvió de nada."Era evidente para mí que desde ese momento mi presencia en el Gobierno prácticamente había terminado, sólo quedaba por definir el momento de la salida", señala el ex vicepresidente en sus memorias.

Ese momento llegó el 7 de abril de 2009 cuando el presidente decidió relevarle del cargo y situar en su lugar a Elena Salgado. Poco más de un año después, a Zapatero no le quedó más remedio que poner en marcha muchas de las medidas propuestas por Solbes en su ya famoso 'decretazo' de mayo de 2010.

Un Plan de Choque en toda regla

¿Qué había en ese documento para provocar una reacción tan contundente por parte del presidente? Solbes lo revela en sus memorias."Teníamos que dar una señal clara e inmediata de que afrontábamos los tres peligros que acechaban a la economía española: el deterioro de la confianza, la caída del empleo y el estrangulamiento de la financiación a las pymes", subraya el ex vicepresidente.La idea que tenía el responsable del área económica del Gobierno era negociar un gran pacto con la oposición política y poner en marcha las medidas en la primera mitad de 2009.

En el ámbito laboral, el documento proponía introducir un nuevo contrato fijo de fomento del empleo para todas las nuevas contrataciones con una indemnización creciente en función de la permanencia del empleado en la empresa (el ya famoso 'contrato único') y generalizar durante dos años la posibilidad de que las empresas se desvinculen de lo establecido en los convenios colectivos, la llamada cláusula de descuelgue.

En materia salarial, la propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda era congelar el sueldo de los funcionarios durante los dos ejercicios siguientes y recomendar a sindicatos y empresarios negociar en los convenios subidas salariales que se movieran entre el 0% y el 1%.También había medidas fiscales. Se proponía rebajar por un año el IRPF de autónomos y rentas más baja y, a cambio, elevar del 42% al 44% el tipo máximo del impuesto, que hoy ha llegado hasta el 52%, siendo del 56% en lugares como Asturias y Cataluña.

El documento también elevaba el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para las Sicav (1%) y eliminaba dos de las más emblemáticas medidas discrecionales aprobadas por el Ejecutivo: la deducción de 400 euros en el IRPF y el llamado cheque-bebe, que finalmente acabaron cayendo de igual forma.Por el lado del gasto, Solbes era partidario de sacar la tijera, diseñar un restrictivo presupuesto de 2010 y abordar uno de los principales focos de tensión del gasto público: las pensiones.

El documento planteaba elevar la edad de jubilación y aumentar el periodo de cálculo que se tiene en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, una reforma que se acabó aprobando dos años después.Finalmente planteaba suspender durante dos años el derecho de veto de las comunidades autónomas sobre operaciones de concentración en las cajas de ahorros.

Desencuentros constantes

Solbes revela en su libro que si bien éste fue su último gran desencuentro con el presidente del Gobierno, y el que le decidió a abandonar el Gobierno, los cinco años que se mantuvo en el cargo estuvieron jalonados de constantes conflictos.

Casi desde el minuto uno. El ex vicepresidente económico revela que la primera vez que pensó en irse fue apenas seis meses después del inicio de la primera legislatura de Zapatero, a cuenta de un pulso perdido con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que derivó en una subida del 6,6% del Salario Mínimo.

ZP no explica en su libro por qué destituyó a Solbes. Tal vez ahora se vea obligado a hacerlo en rueda de prensa. Veremos. No podrá decir, como tanto le gusta, que su relación era cordial.

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ANA BOTELLA LEGISLO EN SECRETO PARA PODER CONTRATAR ESQUIROLES Y REVENTAR LA HUELGA DE LIMPIEZA

Botella legisló en secreto para poder contratar esquiroles y reventar la huelga de limpieza

El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid publicó el martes la aprobación de un decreto alertando de riesgos para la salud ambiental y de las personas a pesar de que la alcaldesa lo negó durante toda la huelga. Esta medida posibilitó la contratación de Tragsa para sustituir a los huelguistas

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo negó por activa y por pasiva durante los 13 días que duró la huelga de limpieza viaria y jardinería. Nunca existió, según las palabras de la alcaldesa, riesgo sanitario alguno para los madrileños a causa de la cantidad de basura que se acumulaba en las calles.

Sin embargo, el pasado martes, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid publicaba un decreto con fecha del 15 de noviembre de 2013, por el que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, declaraba la "situación de extraordinaria y urgente necesidad de proceder a la limpieza de determinadas vías y espacios públicos" de la ciudad para "garantizar la prestación del servicio esencial de limpieza de las vías y espacios públicos". Es decir, parajustificar la contratación de la empresa pública Tragsa, que se haría cargo de los servicios mínimos de limpieza.

Algo que según sindicatos y reputados abogados laboralistas y catedráticos en Derecho del Trabajo consultados por Público en su día, suponía una clara vulneración del derecho de huelga, ya que se estaban contratando directamente a esquiroles que sustituyeran a los huelguistas.

Esta medida, que para el Ayuntamiento no es un decreto de alerta de alerta sanitaria, fue aprobada el día en el que el quipo de Botella contrató a Tragsa. Según fuentes del Ayuntamiento consultadas por Público, el estado de alerta sanitaria nunca llegó a decretarse. "Nunca ha existido alerta sanitaria ni riesgo para la salud de las personas. Es un decreto por el que se toman medidas extraordinarias ante el incumplimiento de los servicios mínimos", aseguran estas fuentes.

Sin embargo el decreto asegura en su artículo 8 lo siguiente: "existe un deterioro importante de la sanidad ambiental, debido a la acumulación de gran cantidad de suciedad y residuos, especialmente de naturaleza orgánica [...]Todo ello está suponiendo un riesgo para la sanidad ambiental de determinada zonas de la ciudad especialmente sensibles por la densidad de población expuesta [...] e implicando un riesgo para la salud de las personas que viven o visitan nuestra ciudad y, especialmente, para aquellas en situación de especial protección como son menores, enfermos, ancianos, personas con discapacidad o diversidad funcional".

Si algo prueba este decreto es que la alcaldesa se contradice al asegurar en rueda de prensa que no existía riesgo para la salud pública, algo en lo que coincidía con los sindicatos. Pero también es una muestra de las maniobras  a escondidas del Ayuntamiento para hacer posible la contratación de Tragsa y mantener Madrid limpia pese a la huelga, ya que la aprobación de esta medida nunca fue anunciada hasta el pasado martes.

Mientras se desconocía el decreto, la misma Ana Botella dirigió personalmente -envuelta en abrigo de piel- el dispositivo que la madrugada del sábado recogió toneladas de desperdicios. 

UGT ve "doble ilegalidad"

"Es la excusa para contratar a Tragsa, algo que vulnera el derecho de huelga claramente"Para UGT, esta medida es una "excusa para llevar a cabo una doble ilegalidad". Por un lado "es la excusa para la contratación de Tragsa, que vulnera el derecho de huelga claramente" y por otro "la ilegalidad del propio decreto, ya que no se ajusta a la realidad. Nunca hubo un riesgo para la salud de ningún tipo. Medidas como ésta se decretaron en otras huelgas cuando había pasado un mes y medio, no 10 días", relata a PúblicoMoisés Torres, portavoz de limpieza viaria en la federación de servicios públicos de UGT, que tilda de "oportunista y absurdo" el decreto de Botella.

Por esa razón, la denuncia que anunciaron en caso de que Tragsa fuera contratada "sigue adelante y desde varios frentes, ya está siendo redactada por nuestros servicios jurídicos", afirma. Además, añade el sindicalista, desde el comité de empresa de Tragsa también están estudiando otra denuncia contra el Ayuntamiento por contratar trabajadores a través de empresas de trabajo de temporal.

"Una mentira más"

"Vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer los riesgos para su salud"Para la oposición en el Consistorio madrileño, este decreto representa una nueva mentira en el repertorio de la alcaldesa. Según la portavoz del grupo socialista en la comisión de Medio Ambiente, Ruth Porta, la medida aprobada "con nocturnidad y alevosía" supone "una vulneración de derechos fundamentales". "Si no había alerta sanitaria, Tragsa no podría intervenir y habría vulnerado el derecho a huelga de los trabajadores y, si existía ese riesgo y lo ha ocultado, está vulnerando el derecho de los ciudadanos a conocer los riesgos para su salud", asegura a Público, una vulneración para la que sólo cabe "su inmediata dimisión", sostiene.

"Es otra mentira en todo este proceso generado por su modelo de contratación"En opinión de la portavoz de IU-Los Verdes en la comisión de Medio Ambiente, Raquel López, ésta "es otra mentira en todo este proceso, que nos ha llevado a una huelga y a una posible alerta sanitaria por su nuevo método de contratación integral", critica y añade que el decreto "le sirve para que la denuncia de los sindicatos por vulneración de su derecho a huelga no tenga efecto. Ha ocultado información, porque dijo [Botella] que había riesgo para la salud pero no lo declara como tal".

"Es algo muy grave que sólo se explica por la incapacidad de la alcaldesa para gobernar"Desde UPyD, el portavoz en la comisión, Jaime Berenguer, critica los cuatro días de retraso desde la emisión hasta la publicación del decreto. "Se refiere a la situación de emergencia precisa para que Tragsa intervenga, algo que nos sorprende mucho porque  nunca comunicó a los madrileños que estaban cerca de la alerta. Pretendía que pasara tapado", explica el edil. "Siempre hemos oído que no había alerta, por lo que a la ocultación se le suma la mentira. Es algo muy grave que sólo se explica por la incapacidad de la alcaldesa para gobernar", apostilla.

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HACIENDA CONFIRMA EL FRAUDE DE 280.000 EUROS DE URDANGARIN Y LA INFANTA

Hacienda confirma que la sociedad de Urdangarin y la infanta defraudó más de 280.000 euros en 3 años

La conclusión de los técnicos es que en ninguno de los ejercicios habría cometido delito ya que el mínimo para que el fraude tenga esa consideración es de 120.000 euros al año 

La Agencia Tributaria ha confirmado que Aizoon, la empresa copropiedad de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin,defraudó 281.109 euros del impuesto de sociedades de 2007 a 2010. La administración fiscal, en su Delegación Especial de Catalunya, ha calculado la cantidad a instancias del juez del caso Nóos, José Castro, a quien ha remitido un informe sobre la actividad de la sociedad en ese tiempo. 

La conclusión del balance contable de los técnicos es que en 2007 Aizoon dejó de abonar 99.787 euros del impuesto de sociedades, 91.101 euros en 2008, 71.073 euros en 2009 y 19.148 euros en 2010, con lo que en ninguno de esos ejercicios habría cometido delito, ya que el mínimo para que el fraude tenga esa consideración es de 120.000 euros.

Además, los inspectores ponen de manifiesto que la sociedad era esencialmente un instrumento para canalizar las ganancias de Urdangarin por sus labores de asesoramiento, aunque también obtenía ingresos con el arrendamiento de inmuebles propiedad del matrimonio. 

La Agencia Tributaria resalta además que los contratos de Urdangarin con las empresas a las que aconsejaba se justificaban únicamente por su condición de esposo de la infanta y exdeportista de elite. "En ningún caso constan -ni se han aportado por la entidad a la Inspección- resultados documentales de la actividad desplegada", subraya en su informe Hacienda, que agrega que tampoco los testigos que han declarado en el proceso han sabido ofrecer "más que explicaciones vaporosas" de los servicios proporcionados por Aizoon.

Urdangarin cobró 700.000 euros a través de Aizoon

En el estudio se aporta como ejemplo del peso de los ingresos de Urdangarin en la empresa que compartía con su esposa la relación de ingresos de 2007, en los que lo facturado por asesoramientos y participación en consejos de compañías mercantiles supone un 95 % del total. En ese año, el duque de Palma cobró a través de Aizoon casi 700.000 euros de ocho empresasa las que prestaba servicios de consultoría, que le reportaron cantidades de entre 222.000 y 29.000 euros en el conjunto del ejercicio.

Sus contratos se justifican únicamente por su condición de esposo de la infanta, según Hacienda

"Al menos hasta el ejercicio 2008, la propia naturaleza de las funciones desarrolladas bajo el nombre de Aizoon SL no requería incurrir en gasto alguno, ni afectar bienes, ni organizar recursos materiales o humanos para asegurar la generación de los ingresos", y menos en los casos en los que los contratos incluían cláusulas por las cuales se abonaban los supuestos gastos, indica Hacienda.

En cuanto a la actividad de arrendamiento y subarrendamiento de propiedades de la sociedad, la Agencia Tributaria considera que no puede ser considerada como tal desde el punto de vista fiscal porque no existía un local en el que se desarrollara esa gestión ni una persona contratada expresamente para hacerlo, condiciones requeridas por la ley.

Junto al informe que analiza estos datos, que ha remitido este martes a las partes el juez Castro, Hacienda le entregó el lunes una relación de las declaraciones del impuesto de sociedades de 2003 a 2012 y un resumen de los acrecentamientos patrimoniales de Torres, Urdangarin y las entidades que controlaban.

El instructor del caso Nóos, que ha urgido a la Agencia Tributaria y la Policía para que le aporten cuanto antes toda la información que les ha requerido, tiene previsto consultar a las partes sobre laimputación de la infanta cuando concluya la investigación sobre su papel en Aizoon.

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EE.UU. : ATENTADO A UN SENADOR

Un senador de los EEUU está grave tras ser 

baleado en un asalto

El demócrata Creigh Deeds fue atacado en su casa, donde su hijo murió de una herida de bala. Representante de Virginia en el Capitolio, fue candidato a gobernador hace 4 años

Creigh, de 55 años,  está grave, internado en un Hospital de la Universidad de Virginia en Charlottesville, informó lapolicía del estado. 

Fuentes judiciales han dicho al diario The Richmond Times Dispatch que el hijo del senador, en el cargo desde 2001, murió de una herida de bala durante el asalto. Los investigadores encontraron el cuerpo del joven dentro del domicilio. 

En un comunicado de prensa, la Policía dijo que respondió a un llamado de auxilio desde la casa de Deeds a primera hora de la mañana del martes. 

"La policía del estado de Virginia se encuentra en la escena de un asalto contra un legislador estatal", dijo el comunicado de prensa. "El senador Creigh ha sido transportado al hospital en Charlottesville para el tratamiento de las lesiones graves sufridas en el asalto en su residencia", agregó la Policía.

Creigh es un senador estatal por el Partido Demócrata y fue candidato a la gobernación de Virginia hace cuatro años, en 2009. Además, sirvió en el Senado estatal desde 2001, representando Bath Country. 

A su vez, cayó en dos comicios ante el republicano Bob McDonell, quien tras lo sucedido destacó la gestión del Senador y pidió a todos los ciudadanos de Virginia que lo acompañen en una oración por él.

"Creigh Deeds es un servidor público excepcional que siempre ha hecho lo que creyó que era mejor para Virginia", reflexionó McDonell. Y agregó: "“Pido a toda la población que me acompañe en una oración por una completa recuperación de Creigh. En este momento, nuestro Estado se une en una oración por Creigh Deeds y su familia”.

Asimismo, se programó una conferencia de prensa para más tarde.

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