JUECES, FISCALES Y PERIODISTAS, EXIGEN INVESTIGAR A BANQUEROS Y POLITICOS DE 20 CAJAS ENTRE 1996 Y 2010

JUECES, FISCALES Y PERIODISTAS, 

EXIGEN INVESTIGAR A BANQUEROS Y 

POLITICOS DE 20 CAJAS ENTRE 1996 Y 

2010

“Ese es el gran tema: cómo se han gestionado las cajas de ahorro desde el año 1996 hasta 2010, tema que está ligado a un rescate financiero que ha llevado al país al colapso”. Son palabras del juez Elpidio Silva, sancionado en lugar de condecorado por haberse atrevido a encarcelar unas horas al banquero Miguel Blesa (Bankia). Y es que los 10 partidos del régimen y la prensa oficial que los sostiene están escondiendo algo que fiscales, jueces, economistas y periodistas independientes ya han detectado y están dispuestos a averigüar: la ruina de España la causaron en sus inicios no más de 500 personas y bastaría investigar sus patrimonios para descubrir quienes deben reparar con multas y penas de cárcel los graves delitos de corrupción cometidos.

Los “siete” de Bankia: Rodrigo Rato desbancó a Miguel Blesa como “capo di capi”

Ni un solo partido político del régimen y muy pocos de los que se ofrecen como alternativa lleva todavía en su programa la exigencia de una “comisión de investigación” que desvele cuantos banqueros y políticos se han enriquecido quebrando las cajas de ahorros que gestionaban. Y se sabe perfectamente cuales son los 20 consejos de administración responsables del fraude y como se repartieron los 77.580 millones robados: los 7 deBankia (22.424 millones en Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Laietana, Caja Avila, Caja Segovia, y Caja Rioja), los 3 de Catalunya Banc (12.052 millones en Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa), los 2 de NCG Banco-Novacaixagalicia (8.981 millones por Caixa Galicia y Caixa Nova)- las 12 son ahora entidades nacionalizadas- más Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) (14.100 millones),Caja Castilla la Mancha (CCM) (10.300 millones), Caixabank (6.575 millones), Cajasur (1200 millones), Banco de Valencia (1000 millones) y Unnim (948 millones en Caja Sabadell, Terrassa y Manlleu).

Narcís Serra y Adolf Todó: un político y un banquero aliados y sin escrúpulos

Los nombres de los 500 políticos y banqueros que aún no están entre barrotes son muy fáciles de hallar. Los hay que fueron cargos públicos conocidos, como los célebres socialistas Narcís Serra (Caixa Catalunya) o Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla la Mancha). Otros son banqueros que se han movido entre las sombras del anonimato, aunque en sus provincias eran auténticos virreyes al que el populacho conocía por sus sobrenombres: Adolf Todó (Caixa Catalunya),José Luis Olivas, alias “El Ruina” y Domingo Parra(Banco de Valencia), Juan Francisco García, alias “El Flaco” y Juan Manuel Suárez del Toro (Caja Insular), Josep Ibern y Jaume Botern (Caja Laietana), Jose Manuel Espinosa Herrero y Agustín González González (Caja Avila), Manuel Escribano, Miguel Angel Sanchez Plaza y Atilano Soto Rábanos, alias “Milano” (Caja Segovia), Juan Antonio Fernandez Velilla y Fernando Beltrán (Caja Rioja). Y entre todos ellos, el “capo di capi”, Miguel Blesa, quien en connivencia con dirigentes de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT, creó ese monstruo llamado Bankia, aunque después fue destronado por Rodrigo Rato.

Aún no se ha reparado la persecución que sufrió el juez Marino Barbero por perseguir la corrupción

Y además esta vez el juez Elpido Silva no está solo y será complicado que le ocurra lo que el PSOE le montó al juez Marino Barbero para impedir investigar el “caso Filesa”. Por primera vez se han unido a esta investigación magistrados como Javier Gómez Bermúdez (“Caso Caja de Ahorros del Mediterráneo”) yJosep María Pijuán (“Caso Cataluña Caixa”), con la imputación del ex ministro socialista Narcís Serra, el banquero Adolf Todó y 52 miembros de esta caja de ahorros.

Y junto a estos 3 jueces, 8 magistrados más pertenecientes a Jueces para la Democracia han dado la cara en un vídeo que va ya por las 40.000 visitas en youtube: Montserrat Comas, Jesús Rentero, Isabel Tobeña, Carlos Preciado, Carlos López Keller, Pilar Luna, Joaquím Bosch y María Victoria Rosell. Todos ellos, junto a la impagable labor (frente a las numerosas zancadillas que les pone el poder) que están realizando el juez José Castro, la jueza Mercedes Alaya y el precedente y ejemplo que supuso ver expulsados de la carrera a los magistrados Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, en lugar de amedrentar ha espoleado a miembros de la judicatura que se están significando ya públicamente y sin miedo para reclamar la separación de poderes e independencia judicial. Cuando esté legal y constitucionalmente implantada en España, será bastante sencillo encarcelar y embargar a los 500 banqueros que provocaron la crisis con sus desfalcos.

El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, un ejemplo para sus colegas en España

E incluso por primera vez los jueces no están solos. También existen fiscales que quieren abrir paso a la verdad en España. En Baleares ha recibido amenazas de corte mafioso el fiscal Pedro Horrachpor el “caso Urdangarín. Y el fiscal Fernando Maldonado habla de “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas, ajenas a su situación real de solvencia” en Caixa Catalunya, porque la “banda” que capitaneaban Narcís Serra, Adolf Todó y sus 52 consejeros suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas,“retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas, máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país”.

Moltó (CCM) y Pepe Bono: en el Congreso se dice que si el primero entra en la cárcel, tirará de la manta toledana de Bono y Barreda, hoy senador.

Funcionarios del propio Banco de España, que en un acto de gran valentía personal desvelaron un informe sobre el “caso Bankia” que inculpaba a Blesa y que fue ocultado al juez Elpidio Silva, ha estimado que desde mayo de 2009 el bolsillo del contribuyente ha tenido que pagar ya 61.366 millones de euros para cubrir el “agujero” que provocaron estos 500 banqueros. Ese dinero no incluye los avales del Estado a emisiones de entidades, ni la protección de carteras de activos, ni otros apoyos públicos.

Olivas “El ruina” (Bº de Valencia), Rato (PP-Bankia), Camps (PP) y Galán (Iberdrola): reunión de pastores, ovejas muertas

“En este clima de silencio, en los arrabales del Poder se han dado cuenta de que será necesario arremangarse y chapotear en el barro del robo masivo producido en las Cajas para tratar, por un lado, de recuperar una parte, al menos, del dinero estafado a las entidades por los salteadores de cuello blanco de turno, y por otro, llevar a la cárcel a unos cuantos canallas. Todo para evitar que el personal se cabree y decida un día, cuando repare en la magnitud del desastre, prenderle fuego al escenario”, ha escrito el periodista especializado en el sector bancario, Jesús Cacho.

J. F. García “El Flaco” y  Suárez del Toro (Cruz Roja), banqueros que succionan hasta las ONGs

Incluso altos funcionarios del FROB (entidad del Banco de España) han llegado a anunciar una investigación sobre todas aquellas operaciones irregulares llevadas a cabo en las entidades nacionalizadas(Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN), para llevar ante la Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente con ellas. A tal efecto, el Fondo ha activado “un protocolo de detección de las operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, estando ya trabajando con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades” nacionalizadas.

Escribano y Atilano, alias “Milano” (Caja Segovia) con su consejo, todos en el punto de mira de los jueces

Pero frente a estos valientes, otros directivos del FROB están intentando tapar los delitos que se cometieron entre 1996 y 2008, que fue la época donde se registraron los mayores desmanes con los “pelotazos” inmobiliarios y urbanísticos. El Banco de España solo quiere revisar las operaciones hechas “durante los últimos 5 años”, un tope “que sorprende y hace sospechar de las intenciones últimas de Economía y del propio Gobierno, puesto que las mayores tropelías se cometieron antes de 2008, es decir, se perpetraron en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria” dice Cacho.

Los banqueros Jaume Botern y Josep Iberm (Caixa Laietana)

“Se trataría de mirar todas las grandes operaciones de prestatarios singulares y corporativas. Pero eso sería solo el principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber: créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras participadas por las propias Cajas, préstamos a sociedades públicas municipales, etc. En realidad, deberían considerarse bajo sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de dotaciones y fallidos de los últimos 10 años de boom inmobiliario”, señala un experto en restructuraciones bancarias que coincide con la línea de investigación que exige el juez Elpidio Silva.

Beltrán y Fernández Velilla (Caja Rioja), banqueros de Bankia

“Multitud de negocietes se han perdido “traspapelados” en las operaciones de fusión llevadas a cabo entre Cajas en los últimos años. “Yo le digo al ministro Guindos una cosa: sería suficiente con colocar a un equipo de entre 20 y 25 expertos bancarios por cada entidad financiera, y darles acceso ilimitado a toda la información existente en el Banco de España –porque todas las operaciones tienen que estar allí recogidas, como resultado de las inspecciones periódicas-, para que en seis meses, ni uno más, seis meses, quedara aclarada la operativa de cómo y quién se ha llevado la pasta, porque aquí no hay más misterio que la voluntad de encubrir y echar tierra al asunto”. 

Espinosa y Agustín González (Caja Avila), otros dos banqueros de Bankia

Lo ocurrido es tan grave que debería ser el propio Congreso de los Diputados quien montara esos equipos para, cuanto antes, determinar responsabilidades”, concluye Cacho. Pero los 10 partidos de las actuales cámaras nunca lo harán: los banqueros se llevaron el dinero a cambio de los “favores” a los políticos que los respaldaban: sabemos de numerosos casos de políticos que no pagaron sus créditos, al igual que los partidos y sindicatos, otros que recibieron sustanciales “rebajas” en los tipos de interés, muchos más “colocaron” a familiares en sucursales y fundaciones bancarias…

Son el “as” en la manga que guardan los financieros si alguno pisa de nuevo la “trena”. De ahí el temor a que, con una nueva composición parlamentaria que deje a los 10 actuales partidos del régimen en minoría, los banqueros encarcelados “tiren de la manta” a cambio de la reducción de condenas y se pueda lograr así la única salida para la recuperación económica y ética de España: “transparencia, reparación y confiscación”. O simplemente lo que los historiadores recuerdan con el nombre de “desamortización”.

El juez Elpidio Silva y la juezVictoria Rosell (portavoz de JPD)                                       

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PENAS DE CARCEL POR TUITEAR MANIFESTACIONES

Penas de cárcel por tuitear manifestaciones

MADRID // “Al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”. Esta es una de las críticas que Silvia Yáñez, integrante de la plataforma No Somos Delito, ha querido destacar en referencia a la reforma del Código Penal que actualmente se está debatiendo en las Cortes.

Esta plataforma, impulsada por las organizaciones Brigadas Vecinales de Observación Derechos Humanos, Comisión Legal Sol, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Sin Papeles Madrid (ASPM) y SOS Racismo Madrid, tiene como objetivo evitar que las modificaciones propuestas por el ministerio de Ruiz Gallardón se aprueben y entren en vigor. “No estamos hablando de que hayan endurecido unas penas concretas”, explica Yáñez: “El núcleo de la reforma consiste en un cambio de filosofía basada en castigar a un ciudadano por quién es en lugar de por lo que hace“. Incluso, se podrá llegar a sancionar con penas de cárcel convocar por redes sociales una manifestación si esta acaba con altercados.

Criminalizar las protestas

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre grupos de preferentistas o una persona a punto de ser desahuciada que, acompañada por la PAH, entraba en una sucursal bancaria para tratar de presionar a la entidad financiera. En el primer caso, para que le devolvieran el dinero que, por ejemplo, un jubilado había invertido en preferentes en condiciones susceptibles de considerarse engañosas. En el segundo, para tratar de renegociar el pago de una hipoteca con el objetivo de que una familia no se quedara sin casa.

Una de las reformas que se quieren introducir en el nuevo Código Penal atañe precisamente a estas acciones, ahora integradas en el grupo de delitos contra el orden público. Según explican desde No Somos Delito, “bajo este nombre se engloban los delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, invasión u ocupación de locales, oficinas o establecimientos públicos o privados, sabotajes y las conductas de quienes intentan impedir a otros el ejercicio de sus derechos cívicos”.

Esto significa que un grupo o un individuo “amparado por un grupo” puede ser condenado por desórdenes públicos o por ocupar un local en horario de atención al cliente. “¿Qué significa que una persona esté amparada por un grupo? ¿Qué lleva una camiseta que pone Stop Desahucios?”, cuestiona Yañez. “La definición de delito no es nada concreta, por lo que dependerá de la subjetividad de un juez que una persona que reclame que se respeten sus derechos termine o no en la cárcel”.

Las manifestaciones tampoco se han librado de la criminalización. Por un lado, en el nuevo código se elimina el concepto de resistencia activa de manera que ahora permanecer sentado en el suelo puede ser considerado un atentado contra la autoridad. Antes, sólo si se ejercía resistencia activa se entendía que podías cometer un atentado contra la autoridad.

Además, algunos hechos se consideran más graves si se llevan a cabo “en una manifestación o reunión numerosa”. En estos delitos de atentado, resistencia y desobediencia, además, se extiende la protección “al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

También “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo” pasa a considerarse un delito. Esto significa que, si por ejemplo, una persona que está en Murcia difunde por Twitter que en Gijón va a haber una manifestación a favor de los mineros y, por lo que fuera, hay disturbios, la persona de Murcia puede ser imputada por un delito de alteración del orden público.

La plataforma denuncia “la arbitrariedad de esta modificación, ya que implica que puede ser delito manifestar una opinión por un medio de difusión pública, si se considera que refuerza la decisión de alguien de asistir a una manifestación donde posteriormente se produce una alteración del orden público”. Y se pregunta: “¿Cuándo puede decirse que se ha reforzado la decisión de alguien? Por otro lado, ¿la decisión de quién?”

Para No Somos Delito, “la reforma responde a la voluntad del legislador de incluir en el Código Penal todas aquellas acciones que se han plasmado en la protesta ciudadana en los últimos tiempos, para poder castigar todas ellas, incluso las pacíficas y meramente reivindicativas”.

Esta modificación, afirma la plataforma, constituye una “intromisión ilegítima de los poderes públicos en las comunicaciones de los ciudadanos, que puede vulnerar el secreto de las comunicaciones en el caso de mensajes de móvil y correos electrónicos y que castiga las simples opiniones. Todas estas conductas rompen con un principio básico en todo Estado democrático, el de que la opinión no delinque“.

Se eliminan las faltas

Otra de las reformas más llamativas pasa por la eliminación de las faltas (de menor gravedad que los delitos) y se distribuyen los castigos entre las sanciones administrativas y los delitos leves. “No sé qué es peor”, lamenta Yáñez. Según la plataforma No Somos Delito, “la consideración como delito leve y no como falta supone un mayor incremento de pena sin fundamentarse por qué tiene lugar. Además, acciones que hasta ahora no tenían tanta importancia (como hacer un graffiti) desde ahora darán lugar a antecedentes penales“. Más allá del hecho de que las faltas se tramitaban con una cierta agilidad pero los delitos, que tienen otro procedimiento, alargan el tiempo que pasa hasta conocer la sentencia.

Por otro lado están las faltas que pasan a ser sanciones administrativas, es decir, las multas. Este tipo de sanciones tienen que recurrirse ante el organismo que las ha impuesto y, en caso de que no modifiquen su valoración, acudir a un tribunal para que sea una persona objetiva la que determine si está bien impuesta.

Silvia Yáñez explica que, según su experiencia, “a ninguna de las personas a las que han multado en una manifestación les han perdonado la multa en primera instancia”. Es necesario, por tanto, ir a juicio que, desde que entró en vigor la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, implica un pago de tasas judiciales. “Es decir, que quien tenga dinero podrá recurrir una multa y quien no se lo pueda permitir, tendrá que pagarla sin poder protestar”, concluye Silvia Yáñez.

Pinta de delincuente

Otra de las reformas más llamativas tiene que ver con las medidas de seguridad, que son sanciones que complementan o sustituyen una pena y cuyo objetivo es prevenir la comisión de nuevos delitos. No Somos Delito pone como ejemplo un toxicómano que atraca una tienda para conseguir dinero. En caso de que la pena impuesta fuera inferior a dos años de cárcel, podría acordarse como medida de seguridad que se le tratara en un centro de desintoxicación.

En las reformas propuestas se introducen nuevos criterios para determinar si un sujeto merece o no conmutar la pena de cárcel por una medida preventiva. Entre ellos, la probabilidad de que vaya a cometer nuevos delitos. “Esto implica que no se está juzgado un hecho concreto (como se hacía hasta ahora), sino que el juez o tribunal tienen que adivinar cuál va a ser el desarrollo de esa persona en el futuro”, explican desde la plataforma.

Además, cuando se adopta esta medida de seguridad, no solo deberá ser proporcional al delito cometido, sino también a los posibles delitos que el juez prevea que el sujeto va a cometer, condición ésta que lesiona la presunción de inocencia contenida en la Constitución Española, según la plataforma.

Para luchar contra el fraude

Yáñez ha querido desmentir uno de los argumentos más recurrentes del Gobierno para defender la introducción de reformas en el Código Penal, y que pasa por endurecer la lucha contra el fraude. “No hay más que fijarse en los artículos que se refieren a esto en el proyecto para darse cuenta de que es falso”, reprocha la letrada, que recuerda que, ya en diciembre del año pasado, se aprobó la Ley Orgánica 7/2012 que separaba los delitos de fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.

Por un lado, para que el fraude fiscal (Hacienda) se considere delito es necesario que la cifra defraudada supere los 120.000 euros. “Está claro que una persona con pocos recursos no se puede permitir estafar tal cantidad. Ni siquiera una Pyme puede hacerlo”, aclara Yáñez. De la otra parte están los delitos contra la Seguridad Social, que pueden ser cometidos por empresas (fraude en el pago de cuotas) o por ciudadanos individuales (fraude por apropiación indebida de prestaciones).

En el caso del fraude en el pago de cuotas, la empresa tiene que dejar de pagar, al menos, 50.000 euros para que pueda ser perseguible. Sin embargo, si una persona que cobra una pensión no contributiva de 400 euros realiza trabajos que se cobran en negro para poder llegar a fin de mes, solo será necesario defraudar un euro para que su comportamiento se considere delito. Yáñez añade que “las penas por cometer delitos de cohecho, malversación y administración desleal o se han mantenido o se han rebajado”.

Estas modificaciones, entre otras, son las que han llevado a la plataforma a denunciar que se trata de una reforma que criminaliza en función del autor, que atenta contra los derechos de la ciudadanía al limitar su libertad de expresión, asociación y reunión (derechos fundamentales y recogidos en la Constitución como tales) y que pretende castigar la pobreza.

“Hemos lanzado ahora esta campaña porque el texto aún se está debatiendo y estamos a tiempo de frenar su aprobación”, cuenta Yáñez. “Cuanta más gente se rebele contra esta filosofía penal injusta, más presión ejerceremos y más probabilidades habrá de evitar volver a un estado represivo más propio del franquismo que de una democracia“.

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IRLANDA: NUEVO IMPUESTO PARA LOS BANCOS EN LUGAR DE SUBIR EL IVA

Irlanda introduce un nuevo impuesto para los bancos en lugar de subir el IVA al turismo

El ministro de Finanzas, Michael Noonan, explicó que la nueva exacción para la entidades financieras generará entre 150 y 200 millones de euros anuales

El Gobierno irlandés anunció hoy que aplicará a partir de 2014 una nueva tasa para todos los bancos y mantendrá el IVA reducido del turismo, dentro de unos presupuestos generales encaminados a ahorrar 2.500 millones de euros.

El ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan, explicó que la nueva exacción para la entidades financieras nacionales y para las extranjeras que operan en el país generará entre 150 y 200 millones de euros anuales.

Noonan confirmó que, gracias a un acuerdo de última hora, decidió mantener el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el sector servicios en el 9%, después de que se rebajase desde el 13,5% provisionalmente hace dos años para impulsar este área de la economía nacional.

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LA EUROCAMARA EXIGE AL GOBIERNO QUE DEVUELVA LA TOTALIDAD DE LOS AHORROS A LOS ESTAFADOS POR LAS PREFERENTES

La Eurocámara exigió al Gobierno que devolviera la “totalidad de los ahorros” a los estafados por las preferentes

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó, en una carta enviada al ministro de Economía, Luis De Guindos, que les “sea devuelta la totalidad de sus ahorros” a los afectados por las preferentes.

Los afectados por las preferentes de Caja España-Duero se echan a las calles contra la oferta de Unicaja


La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó, en una carta enviada al ministro de Economía, Luis De Guindos, que les “sea devuelta la totalidad de sus ahorros” a los afectados por las participaciones preferentes de las cajas rescatadas.

En la misiva, recogida por la asociación ‘15MpaRato’ y firmada por Erminia Mazzoni, presidenta de la Comisión de Peticiones, se recoge que dicha comisión trató, durante una reunión el 24 de abril un total de once peticiones presentadas por ciudadanos españoles “que se han visto afectados por los abusos cometidos en la venta de instrumentos financieros, especialmente, de participaciones preferentes”.

Durante dicha reunión, los peticionarios explicaron que, como clientes de cajas de ahorros españolas, “se les aconsejó invertir en acciones que creían ser depósitos a plazo fijo, de elevada rentabilidad y bajo riesgo”. A estos clientes, explica la carta, “se les aseguró que podrían retirar sus activos en todo momento. Sin embargo, tras firmar los depósitos, los peticionarios se percataron de que en realidad les habían vendido acciones expuestas a mayores riesgos y a las que sólo es posible acceder mediante su venta”.

En esta reunión un representante de la Comisión Europea recordó a los asistentes que las entidades tienen la obligación de observar la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID). En esta directiva se establece que la información dirigida a los inversores debe ser “imparcial, clara y no engañosa”, así como que la entidad “se cerciore de la idoneidad o aptitud del cliente con respecto a un determinado producto de inversión”.

Los miembros de la Comisión de Peticiones prometen que “seguirán esta cuestión con sumo interés” y, “visto que compete prioritariamente a las autoridades y los tribunales nacionales”, avisan de que “desean conocer a fondo las acciones tomadas por el Ministerio con el objetivo de solventar la situación de los peticionarios y de asegurar que les sea devuelta la totalidad de sus ahorros”.
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PORTUGAL ANUNCIA MAS RECORTES Y MAS IMPUESTOS PARA 2014

Portugal anuncia nuevos recortes y más impuestos para el 2014

La ministra de Finanzas, María Luis Albuquerque, anunció que el país necesita ahorrar al menos el 2,3 por ciento del PIB (unos 5 mil 272 millones de dolares). La autoridad también dijo que "los sacrificios que se piden son necesarios para asegurar el futuro".

El Gobierno de Portugal presentó este martes su proyecto de presupuesto para 2014, el cual recoge recortes severos en los gastos públicos y agrava la carga fiscal con el aumento de algunos impuestos.

Según el documento, el recorte es de 3 mil 900 millones de euros (unos 5 mil 272 millones de dolares), es decir 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La ministra de Finanzas, María Luis Albuquerque, explicó que estos esfuerzos son necesarios para completar con éxito el programa de ayuda que se termina en junio de 2014.

"Los sacrificios que se piden son necesarios para asegurar el futuro", dijo.

Con esta medida, los funcionarios y cargos públicos con un sueldo mensual superior a 600 euros (unos 800 dólares) sufrirán un recorte de entre el 2,5 por ciento y el 12 por ciento de su salario.

El proyecto también contempla la creación de una tasa especifica para los vehículos diesel y la suspensión de las pensiones vitalicias a políticos con rendimientos que sobrepasen los 2 mil euros (unos 2 mil 700 dólares) al mes.

Recoge además la pretensión del Gobierno de reducir en un 3 por ciento el numero de trabajadores en las empresas públicas, entre otras medidas.

En 2011, Portugal comenzó a recibir un préstamo de 78 mil millones de euros concedido por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del cual se comprometió a severas reformas económicas y al saneamiento de sus cuentas.

El desempleo en Portugal alcanza el 16 por ciento, y la nación está inmersa en una larga recesión.

Recientemente, el inicio de clases en Portugal se vio gravemente afectado por recortes educativos. Medios locales reseñaron que en el país no solo hay escuelas sin suficientes profesores sino que a la vez miles de maestros están sin trabajo o en paro.

Posteriormente se comprometió con sus acreedores a bajar su déficit público a 4 por ciento del PIB en 2014, contra 5,5 por ciento en 2013.

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EDUCACION PROHIBE A 2 PROFESORES IR A UN DEBATE SOBRE ENSEÑANZA A CANAL 9

Educación prohíbe a dos profesores ir a un debate sobre enseñanza a Canal 9

Uno de los afectados es Jaume Fullana, director del CEIP Gabriel Miró de Calp. La Conselleria niega los vetos

Escola Valenciana ha denunciado que la Conselleria de Educación ha negado el permiso a dos directores de centros educativos para participar en una tertulia de Televisión Valenciana sobre enseñanza.

En un comunicado, esta entidad ha informado de que los dos directores habían sido invitados a la tertulia del matinal "De nou" de hoy para hablar sobre temas de educación, como los resultados del Informe Pisa de Adultos o la aplicación de la LOMCE en la Comunitat Valenciana.

Según Escola Valenciana, los directores pidieron permiso a la inspección educativa la semana pasada y no obtuvieron contestación hasta ayer, cuando se les dijo que se dirigieran a la Dirección General de Centros y Personal Docente.

A Laura Font, del CEIP Malvar-rosa de Valencia le dijeron telefónicamente que no le daban permiso por "defecto de forma, porque había marcado la casilla de formación"; y el director del CEIP Gabriel Miró de Calp, Jaume Fullana, "ha recibido por respuesta el silencio administrativo".

Escola Valenciana señala que esta situación podría provocar que expedientaran a los dos directores, que decidieron no participar en el debate televisivo.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han negado que se haya "vetado a nadie" y han señalado que sólo "se ha cumplido la legislación en cuanto a permisos para ausentarse de la jornada escolar, ya que la prioridad son siempre es la atención a los alumnos".

Según las fuentes, el artículo 17 del Decreto del Consell que marca las condiciones de trabajo del personal docente señala que la Administración podrá conceder, con un máximo de seis días al año, licencia para la asistencia a conferencias, seminarios, congresos, jornadas o similares "previo informe de la dirección del centro y siempre que no lo impidan las necesidades del servicio".

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3 MILLONES DE ESPAÑOLES VIVEN CON MENOS DE 307 EUROS AL MES

Tres millones de españoles viven con menos de 307 euros al mes

España se encuentra la cabeza de Europa en desigualdad y la institución familiar corre el riesgo de desbordamiento, según un informe de Cáritas

La pobreza severa, aquella que afecta a los que viven con menos de 307 euros al mes, alcanza ya a tres millones de personas, según el VIII Informe de la Realidad Social de Cáritas, organización que sostiene que está proporción se ha duplicado desde 2007, antes de la crisis, hasta ahora.

Por añadidura, Cáritas constata un crecimiento de la desigualdad, que en España trepa a los valores más altos de Europa. Así, el 20% de la población más pudiente acapara 7,5 más riqueza que el 20% más pobre. La entidad dependiente de la Iglesia ha alertado del riesgo de fractura social y del peligro de desbordamiento de la familia, institución que sigue siendo el principal instrumento de supervivencia para afrontar la recesión. No obstante, el sostén familiar está dando síntomas de agotamiento, como subrayó el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.

“Vivimos en un modelo de sociedad en el que aumenta la desigualdad cuando hay recesión económica y no se reduce cuando hay expansión”, destaca el estudio, que pone de manifiesto que la pobreza más aguda ha aumentado del 3,5% en 2007 al 6,4% en 2012.

La sociedad está más empobrecida porque, entre otras cosas, ha descendido el umbral que mide este fenómeno. Si en 2009 se podía hablar de que una persona era pobre si tenía menos de 7.980 euros al año, ahora la cantidad se cifra en 7.355 euros por adulto. De esta manera, la pobreza, hablando en términos generales, ha evolucionado del 19,7% al 21,1%, es decir, si en 2007 los pobres eran 8,9 millones de personas, en 2011 representaban 10,5 millones.

Mora ha denunciado que existe "una situación de abandono, injusticia y desposesión de los derechos más básicos de las personas", al tiempo que ha abogado por "no permanecer indiferente ante el dolor ajeno".

Los más vulnerables a la crisis, y también los más atendidos por Cáritas, son los parados, inmigrantes, titulares de hogares monoparentales y personas sin techo. La desprotección social se agrava porque, además de producirse una caída de la renta media, se han restringido las condiciones de acceso a la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia.

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AENA PAGA 3,5 MILLONES EN TASAS POR 16 ANTENAS QUE NO HAN SIDO INSTALADAS

AENA paga 3,5 millones de euros en tasas por 16 antenas en Canarias que no han sido instaladas

El sindicato CSI-F en la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea denuncia este despilfarro desde 2006 a la actualidad. La entidad, adscrita al Ministerio de Fomento, abona los tributos radioeléctricos por el uso de las frecuencias asignadas. El Grupo de CiU en el Senado ha preguntado al Gobierno sobre este gasto.

No son tasas aéreas, sobre las que el Gobierno ha decidido ahoraaplicar descuentos para captar más pasajeros, sino radioeléctricas, las que suponen un despilfarro de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en su gestión en las Islas Canarias. Así lo denuncia la delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en la entidad adscrita al Ministerio de Fomento, sección Aeropuerto Madrid-Barajas.

En concreto, el sindicato afirma que AENA dispone en la dirección regional de Navegación Aérea en Canarias de "16 radioenlaces que no están instalados aún" en el archipiélago, pero "por los que se está pagando tasas radioeléctricas desde el año 2006". Sobre ello, CSI-F especifica que lo que la empresa pública abona realmente es el uso de las frecuencias asignadas por el Ministerio de Industria para estos radioenlaces (interconexión entre dos o más estaciones base de telecomunicaciones para la que se emplean ondas de radio).

La sección Aeropuerto Madrid-Barajas del sindicato ha tenido acceso a documentación confidencial en la que se relacionan más de una treintena de radioenlaces distribuidos por diferentes islas canarias y donde se incluyen las 16 antenas o anillos "en instalación". La lista contiene el nombre de cada radioenlace (con los puntos geográficos interconectado) y su correspondiente número de expediente, otorgado por la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria. 

En cuanto al pago de tasas por las frecuencias de estas antenas, el sindicato toma como ejemplo los abonos que se efectuaron en 2009 y que ascendieron a 561.831,32 euros. En relación a ello, CSI-F indica que en los años anteriores (desde 2006) las cantidades fueron incluso superiores, hasta superar los 700.000 euros anuales. Con posterioridad, añade el sindicato, los importes han bajado, situándose la media en 500.000 euros al año (lo que se traduce en 3,5 millones en total al tomar en cuenta los siete años que van desde 2006 hasta 2013).

Entre los anillos de mayor coste figuran los que conectan Pico La Gorra en Gran Canaria con Temejereque en Fuerteventura (112.502 euros, en 2009); Pico La Gorra con Corral Bermejo, en Pajara, Fuerteventura (76.666,94 euros) y Cruz de Gala (Tenerife) con Apto. La Palma (62.125,78 euros). Algunos de los otros radioenlaces que conforman la treintena no tiene asginado expediente, como el que une El Goro y El Burrero, en Gran Canaria, o la antena militar TWR La Palma-Cuartel Guinchos.

"Hemos llegado a una deuda de miles de millones de euros no por la nómina de ninguno de los empleados, sino por una gestión pésima que viene arrastrando AENA desde hace mucho tiempo y con gobiernos de todos los colores", critican fuentes de CSI-F

No obstante, la cuantía asumida por AENA ha podido ser mayor, ya que este cómputo no registra los propios equipos que no han llegado a usarse y que podrían encontrarse ya obsoletos, señala el CSI-F. Desde el sindicato se preguntan: "¿Quiénes han sido los responsables de pagar por unas tasas de enlaces radioeléctricos quenunca se han puesto en marcha?" o "¿Qué dinero se ha gastado AENA en equipamientos de esos radioenlaces?".

Tales cuestiones han sido trasladadas por la delegación sindical a la portavoz del Grupo Parlamentario de CiU en la Comisión de Fomento del Senado, Montserrat Candini, quien ya se ha dirigido al Gobierno para obtener respuesta sobre las mismas. De esta manera, fuentes sindicales apuntan que su único propósito es que "la gestión del dinero público sea leal y, sobre todo, transparente". Y añaden: "Hemos llegado a una deuda de miles de millones de euros no por la nómina de ninguno de los empleados, sino por una gestión pésima que viene arrastrando AENA desde hace mucho tiempo y con gobiernos de todos los colores". 

Recortes en materia laboral

El gestor aeroportuario obtuvo el año pasado unas pérdidas por valor de 68,97 millones de euros, casi tres veces más que en el ejercicio anterior. Con todo, Fomento puso en marcha un plan de eficiencia aeroportuaria, con un ahorro previsto cercano a los 100 millones de euros. El Ejecutivo implantó, entre otras medidas, la reducción de los horarios operativos de 17 aeropuertos de la red de AENA, aquellos de menos de 500.000 pasajeros, y dos helipuertos. El plan también conllevó un ajuste de personal que AENA y los sindicatos UGT, CC.OO. y USO firmaron en octubre del año pasado y que contemplaba un ERE voluntario para 1.600 trabajadores, además de otras medidas de "flexibilidad interna".

Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014, AENA obtendrá un beneficio de 436 millones de euros en 2014, lo que supondría multiplicar por más de cuatro sus cifras en comparación con los 108 millones de euros previstos para este año. Asimismo, el Ejecutivo estima que la facturación del grupo alcanzará los 3.628 millones de euros. 

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EL GOBIERNO CATALAN SE SIENTE ENGAÑADO POR RECIBIR 1.700 MILLONES MENOS

El Gobierno catalán se siente "engañado" por recibir 1.700 millones menos del Fondo de Liquidez



  El consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha dicho este martes que se sienten "engañados" tras la decisión del Gobierno de destinar a Cataluña 1.700 millones de euros menos de los solicitados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para el 2013.

   "Nos sentimos engañados. No es lo que nos habían dicho, y esto es lo que genera incertidumbre y daña la economía real", ha sostenido en rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, donde les ha acusado de dejar en un gran interrogante a decenas de proveedores, detrás de los cuales hay trabajadores que quieren cobrar.

   Todo ello después de que el Ministerio de Hacienda haya comunicado a la Consejería de Economía que el plan de proveedores, para afrontar las facturas pendientes de la Administración autonómica, y el fondo de liquidez no son complementarios, por lo que las cantidades destinadas a pagar a proveedores se descontarán de la adhesión al FLA.

   A su juicio, es grave que el Estado genere expectativas en las comunidades de poder pagar más puntualmente a sus proveedores y luego las deje "colgadas", y les ha pedido seriedad en lo relativo a los pagos y la tesorería.

   Para Homs, la decisión del Gobierno afecta "a la economía real y a la credibilidad de España", y ha advertido de que también puede llevar a Cataluña a tener que posponer algunos pagos, una fase que más o menos se había normalizado, ha apuntado.

   Es más, ha remarcado que será el sector público español, y no las comunidades, quien puede "quedar mal" porque habrá compromisos de pago que no se podrán realizar cuando tocan.
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