Hay que tener 15 hijos para recibir las mismas ayudas que da Alemania con dos
Una familia española necesitaría tener quince hijos y ganar menos de
35.620 euros al año para disfrutar de las mismas ayudas que recibiría una
familia alemana con dos hijos independientemente de los ingresos que entraran en
casa. Este es uno de los ejemplos que ha utilizado el Instituto
de Política Familiar (IPF) para ilustrar la difícil situación que viven las
familias en nuestro país.
En un informe que analiza varios parámetros, este organismo llega a
una contundente conclusión: «Las familias españolas están en
bancarrota». Porque perciben menos ingresos; porque los gastos, aunque se
han restringido, superan el sueldo que llega al hogar; porque han perdido poder
adquisitivo; porque no existen prácticamente ayudas para ellas y cuando
las hay son exiguas y muy limitadas... Y porque, en definitiva, ningún Gobierno se ha preocupado
por articular una verdadera política de familia. «Han sido abandonadas
por las diferentes administraciones», afirma Eduardo Hertfelder, presidente de
esta entidad.
España está a la cola en política familiar en Europa
Por ejemplo, la
prestación por hijo a cargo (25,24 euros al mes), la única ayuda que, en
principio, se extiende a todas las familias, es de las más bajas de la UE, está
muy alejada de la media europea (125 euros/mes). Por si fuera poco, lleva congelada trece años.
«De hecho, si se hubiera actualizado tan solo el IPC desde el año 2000,
la cuantía ahora sería de 35,75 euros/mes (416,71 euros/año)», explica
Hertfelder.
Además son muy
pocos los que pueden recibirla, ya que está condicionada a un límite de
renta muy bajo (11.490 euros al año), cuando en la mayor parte de los países
europeos se trata de una prestación universal, es decir la recibe todo aquel que
tenga un hijo o más, gane lo que gane. Esta ayuda tampoco tiene en cuenta la
situación actual que viven los jóvenes. Muchos países extienden esta
medida más allá de los 18 años, pues bien por estudios o por dificultades
para emanciparse, los hijos siguen dependiendo de los padres después de la
mayoría de edad. España es uno de los pocos Estados que no lo hace.
Muy lejos de los mejores
Para hacerse una idea, el IPF dice que una familia donde ambos
miembros de la pareja trabajen y perciban el salario mínimo interprofesional
(752 euros al mes), es decir entre ambos 18.068 euros al año,
no podrían acceder a la prestación por hijo a cargo. Y eso le ocurre a
nueve de cada diez familias españolas. De hecho, solo 1,1 millones de menores de
los 8,3 millones que hay en España recibieron esta ayuda.
Solo teniendo en cuenta este parámetro, se comprueba que nuestro país
está muy alejado de otros que cuidan mucho más a las familias, como Luxemburgo que concede 216,15
euros por hijo de forma universal, al igual que Alemania (184) o Irlanda
(140).
También para los casos muy específicos las ayudas están condicionadas
Y a todo eso hay que sumar el gran impacto de la crisis
que ha reducido el poder adquisitivo de las familias, ahogando a muchos
hogares que no pueden llegar a final de mes. Por ejemplo, y como término medio,
hace cuatro años una familia gastaba unos 32.000 euros anuales, lo que se ha
reducido a 29.400 euros en 2011. Es decir, las familias han conseguido privarse
de necesidades para gastar 2.500 euros menos cada año. Pero ese esfuerzo ha
venido contrarrestrado por una reducción de los ingresos: los hogares han pasado
de disponer de unos 26.000 euros de media en 2007 a 24.609 en 2011. Las cifras
reflejan que por muchos sacrificios que están haciendo las familias gastan más
de lo que ingresan.
Solo el 0,09% del PIB
Cuando el IPF repasa lo que suponen las ayudas a la familia para las
arcas del Estado, también llega a una tajante conclusión: «son insignificantes»,
hasta el punto que ni siquiera alcanzan el 0,1% del PIB. En 2011, las ayudas
directas se tradujeron en mil millones de euros (0,09% del PIB).
«Las
administraciones españolas no pueden seguir ignorando y abandonando a la familia
—se queja el IPF—. Sobre todo en época de crisis económica, que es cuando
más necesitada está de esa ayuda. No se puede pedir que la familia sea una
instancia responsable y cumpla con unos deberes frente a los hijos, los
enfermos, los jóvenes, los ancianos o los discapacitados, en definitiva, con la
sociedad y, al mismo tiempo, negarle la ayuda que necesita para desempeñar esas
funciones».
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