Privatizar el agua, ¿sí o no? Los madrileños 'votan' este domingo
Los madrileños podrán 'votar' este domingo en más de 310 mesas constituidas en barrios de la capital y municipios de la región si quieren que el Canal de Isabel II siga siendo "cien por cien público", según ha informado la Plataforma contra la Privatización de Isabel II.
El año pasado, el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo para la privatización del 49% del Canal de Isabel II, una empresa pública que proporciona unos ingresos anuales de más de 100 millones de euros a las arcas madrileñas. Según este 'pacto del agua', la Comunidad sacará a Bolsa el 49% de la actual empresa y con el 51% constituirá una nueva sociedad en la que dará una participación del 10% al Ayuntamiento de Madrid y otro porcentaje similar al resto de municipios de la región. Este mismo mes, la presidenta madrileña confirmó que se privatizará el organismo.
Los planes de privatización provocaron la movilización de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), de Ecologistas en Acción, del comité de empresa del Canal, de CCOO, de Acción en Red, de IU, de Izquierda Anticapitalista y de CECU, entre otros, que decidieron sumar fuerzas para constituir la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.
Esta organización ha planteado la celebración de una consulta popular, sin reconocimiento oficial alguno para que los ciudadanos de la Comunidad puedan responder con un 'Sí' o un 'No' en papeletas homologadas a la pregunta "¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?".
Asimismo, esta plataforma -constituida por diferentes asociaciones medioambientales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y diferentes movimientos sociales- contará con la colaboración de numerosas asambleas populares de barrios y pueblos de Madrid del movimiento 15-M, que consensuaron en asamblea conjunta celebrar esta Consulta Social.
Así, han argumentado que la entidad produce cada año "cuantiosos beneficios" -entre 100 y 150 millones de euros, han estimado- que "revierten en la dotación de infraestructuras", como son el caso de los Teatros del Canal o Metrosur, entre otros. Además, han apuntado a que la privatización produciría "un encarecimiento del servicio y del agua", así como "una disminución de la calidad".
Por último, han criticado que la privatización causaría "daños medioambientales muy importantes", pues han razonado que "una empresa privada no promoverá campañas de ahorro", al ir "contra el espíritu de cualquier empresa privada, lo que a medio plazo dispararía el consumo".
Asimismo, han recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU "definió con claridad el carácter público del agua, como un producto básico considerado fundamental para la vida y la salud", y que en Italia se llegó a realizar un referéndum vinculante sobre la privatización del agua.
"Sin embargo, en Madrid aún no se ha realizado siquiera una consulta a la ciudadanía ante una decisión nunca contemplada en el programa electoral. Ahora es el momento", han concluido.
En el artículo 16 de esta ley se establece la creación de una sociedad anónima a la que se adscribirían los bienes de dominio público necesarios para sus actuaciones, correspondiendo a dicha sociedad mercantil la administración de los bienes, y a la cual también se incorporarían los trabajadores.
Según han apuntado, una vez constituida la sociedad se pondrían a la venta acciones de la misma mediante la enajenación de hasta un máximo del 49% del Canal de Isabel II. "Hasta aquí la ley. El 45% sería de la Comunidad de Madrid y por un pacto fuera de esta ley, los ayuntamientos proclamarían no vender un 6% de su 20%, para mantener por ahora el 51% bajo control público", han dicho.
La "opacidad" con la que, según han dicho, se está desarrollando este proceso, afecta "tanto para la ciudadanía como para los gobiernos municipales", han criticado. "No se dice cuánto valen el 'sinnúmero' de propiedades, tanto en cuanto a terrenos como a infraestructuras, con las que cuenta el CYII, empresa pública desde hace 150 años, ni el precio con el que se va sacar a la venta", han dicho.
El año pasado, el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo para la privatización del 49% del Canal de Isabel II, una empresa pública que proporciona unos ingresos anuales de más de 100 millones de euros a las arcas madrileñas. Según este 'pacto del agua', la Comunidad sacará a Bolsa el 49% de la actual empresa y con el 51% constituirá una nueva sociedad en la que dará una participación del 10% al Ayuntamiento de Madrid y otro porcentaje similar al resto de municipios de la región. Este mismo mes, la presidenta madrileña confirmó que se privatizará el organismo.
Los planes de privatización provocaron la movilización de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), de Ecologistas en Acción, del comité de empresa del Canal, de CCOO, de Acción en Red, de IU, de Izquierda Anticapitalista y de CECU, entre otros, que decidieron sumar fuerzas para constituir la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.
Esta organización ha planteado la celebración de una consulta popular, sin reconocimiento oficial alguno para que los ciudadanos de la Comunidad puedan responder con un 'Sí' o un 'No' en papeletas homologadas a la pregunta "¿Está de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?".
Asimismo, esta plataforma -constituida por diferentes asociaciones medioambientales, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos y diferentes movimientos sociales- contará con la colaboración de numerosas asambleas populares de barrios y pueblos de Madrid del movimiento 15-M, que consensuaron en asamblea conjunta celebrar esta Consulta Social.
'No se justifica'
Los convocantes han aseverado que la privatización del Canal "no se justifica desde el punto de vista técnico", pues esta entidad lleva 150 años dando a los madrileños "un servicio de calidad", ni desde el punto de vista económico.Así, han argumentado que la entidad produce cada año "cuantiosos beneficios" -entre 100 y 150 millones de euros, han estimado- que "revierten en la dotación de infraestructuras", como son el caso de los Teatros del Canal o Metrosur, entre otros. Además, han apuntado a que la privatización produciría "un encarecimiento del servicio y del agua", así como "una disminución de la calidad".
Por último, han criticado que la privatización causaría "daños medioambientales muy importantes", pues han razonado que "una empresa privada no promoverá campañas de ahorro", al ir "contra el espíritu de cualquier empresa privada, lo que a medio plazo dispararía el consumo".
Asimismo, han recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU "definió con claridad el carácter público del agua, como un producto básico considerado fundamental para la vida y la salud", y que en Italia se llegó a realizar un referéndum vinculante sobre la privatización del agua.
"Sin embargo, en Madrid aún no se ha realizado siquiera una consulta a la ciudadanía ante una decisión nunca contemplada en el programa electoral. Ahora es el momento", han concluido.
Acusan de 'total opacidad'
La organización de la consulta ha lamentado la "total opacidad" con la que se está llevando a cabo este proceso, iniciado con la publicación en el BOCM del 30 de diciembre de 2009, la LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.En el artículo 16 de esta ley se establece la creación de una sociedad anónima a la que se adscribirían los bienes de dominio público necesarios para sus actuaciones, correspondiendo a dicha sociedad mercantil la administración de los bienes, y a la cual también se incorporarían los trabajadores.
Según han apuntado, una vez constituida la sociedad se pondrían a la venta acciones de la misma mediante la enajenación de hasta un máximo del 49% del Canal de Isabel II. "Hasta aquí la ley. El 45% sería de la Comunidad de Madrid y por un pacto fuera de esta ley, los ayuntamientos proclamarían no vender un 6% de su 20%, para mantener por ahora el 51% bajo control público", han dicho.
La "opacidad" con la que, según han dicho, se está desarrollando este proceso, afecta "tanto para la ciudadanía como para los gobiernos municipales", han criticado. "No se dice cuánto valen el 'sinnúmero' de propiedades, tanto en cuanto a terrenos como a infraestructuras, con las que cuenta el CYII, empresa pública desde hace 150 años, ni el precio con el que se va sacar a la venta", han dicho.
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