Un pueblo de Tarragona alquilará terrenos para cultivar cannabis
El consistorio tiene previsto aprobar hoy la cesión para que les saque de la crisis
Una calle de Rasquera, en Tarragona, un pueblo de unos 900 habitantes. / JOSEP LLUÍS SELLART
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Rasquera, un pueblo agrícola de Tarragona de apenas 900 habitantes, ha visto en el cultivo de cannabis una salida a la crisis. El Ayuntamiento votará hoy en el pleno municipal si alquila terrenos a una asociación de autoconsumo de marihuana para que tengan sus plantas. Es la polémica forma que han encontrado para intentar paliar una deuda municipal de 1,3 millones de euros, crear puestos de trabajo y conseguir ingresos.
El alcalde, Bernat Pellisa, de Esquerra Republicana, lleva ocho meses negociando con la Asociación
Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), un club con fines lúdico-terapéuticos, formada por 5.000 socios. Pero no está solo: la oposición le apoya, según ha explicado él mismo. Por eso espera superar sin problemas la votación hoy en pleno. El terreno pertenece a un particular, que se lo cederá al Ayuntamiento, que a su vez creará un ente público que se hará cargo de la plantación. Una suerte de banco de terrenos.
“Es un plan anticrisis, nos permitirá poder seguir ofreciendo servicios municipales, como el reciclaje, que se ha tenido que suspender”, explica Pellisa. Fue él mismo quien se puso en contacto con la ABCDA. En principio, la entidad pagará 36.000 euros por la firma del convenio y después se ha comprometido a abonar 550.000 euros anuales por el alquiler de los campos y sufragar los gastos jurídicos y de seguridad del proyecto. Ayer se reunieron con abogados y un representante de la Generalitat. Pero todavía no han decidido cuántos metros tendrá la plantación.
“Todo el mundo nos mira con recelo, pero crearemos una empresa pública destinada a la investigación del cannabis, y después se determinará qué cantidad de marihuana será para los socios”, dice el alcalde. Asegura que se están llevando a cabo proyectos similares en otras partes de España, y que todos los estatutos están revisados por la fiscalía.
Según los primeros cálculos, el cultivo de marihuana creará en Rasquera alrededor de 50 puestos de trabajo directos e indirectos. “La población está muy envejecida, queremos frenar la fuga de vecinos y dar trabajo a la gente joven”, afirma Pellisa. Pero, en el proyecto, según el alcalde, hay un trasfondo mayor: “Servirá para medir la hipocresía de la sociedad, los niños de 14 años ya acceden a las drogas, mientras que si se legalizase el consumo racional de cannabis para los mayores de 21, las mafias dejarían de lucrarse y se podrían investigar los beneficios terapéuticos que genera esta industria, además de revertir en la Seguridad Social”.
El departamento de Interior catalán guarda silencio, a la espera de que le llegue formalmente la propuesta. Pero el encaje de la plantación choca con el artículo 368 del Código Penal, que prohíbe el cultivo, la elaboración o el tráfico de drogas. “Es complicado. Jurídicamente, con el Código Penal en la mano, sería difícil”, asegura el letrado penalista Javier Rodrigálvarez. Aunque deja una puerta abierta: “Si se puede demostrar que cada una de las parcelas es individualizada para el autoconsumo...”. Aun así, conllevaría una gestión compleja: “¿Quién manipularía y sacaría la marihuana? ¿Quién la cultivaría?”.
Por no mencionar el precedente que puede suponer. “Aquellos con intereses de otra índole podrían intentar constituirse como una asociación para hacer lo mismo”, augura el letrado. E incluso podría tener eco internacional y que España fuese un foco de atracción.
Las asociaciones cannábicas lo ven con buenos ojos. “Habrá que estudiar bien el convenio, requerirá un protocolo de actuación que tenga en cuenta a la policía, a salud y a justicia, pero es muy positivo”, defiende el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), Iker Val. Aunque aseguran que esa no es su vía, porque se basa en asociaciones demasiado grandes (ABCDA no forma parte de la FAC).
Además, son conscientes de los problemas derivados del limbo legal en el que se encuentran las asociaciones de consumo cannábico. “La jurisprudencia del Supremo sobre cultivo y consumo compartido se refiere a consumo de ciertas personas y cerrado. La fiscalía en el País Vasco [donde más avanzado está el debate] nos dice que en un círculo cerrado no caben lecturas de 4.000 socios”, explica Aitor Brión, letrado de la federación. Y añade: "Alquilar el terreno no tiene problema. ¿Pero en base a qué previsión de cultivo se va a trabajar? ¿Quiénes serán los empleados? Interpretando la jurisprudencia a pie juntillas tienen que ser socios y ha de haber una previsión”.
El alcalde, Bernat Pellisa, de Esquerra Republicana, lleva ocho meses negociando con la Asociación
Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), un club con fines lúdico-terapéuticos, formada por 5.000 socios. Pero no está solo: la oposición le apoya, según ha explicado él mismo. Por eso espera superar sin problemas la votación hoy en pleno. El terreno pertenece a un particular, que se lo cederá al Ayuntamiento, que a su vez creará un ente público que se hará cargo de la plantación. Una suerte de banco de terrenos.
“Es un plan anticrisis, nos permitirá poder seguir ofreciendo servicios municipales, como el reciclaje, que se ha tenido que suspender”, explica Pellisa. Fue él mismo quien se puso en contacto con la ABCDA. En principio, la entidad pagará 36.000 euros por la firma del convenio y después se ha comprometido a abonar 550.000 euros anuales por el alquiler de los campos y sufragar los gastos jurídicos y de seguridad del proyecto. Ayer se reunieron con abogados y un representante de la Generalitat. Pero todavía no han decidido cuántos metros tendrá la plantación.
“Todo el mundo nos mira con recelo, pero crearemos una empresa pública destinada a la investigación del cannabis, y después se determinará qué cantidad de marihuana será para los socios”, dice el alcalde. Asegura que se están llevando a cabo proyectos similares en otras partes de España, y que todos los estatutos están revisados por la fiscalía.
Según los primeros cálculos, el cultivo de marihuana creará en Rasquera alrededor de 50 puestos de trabajo directos e indirectos. “La población está muy envejecida, queremos frenar la fuga de vecinos y dar trabajo a la gente joven”, afirma Pellisa. Pero, en el proyecto, según el alcalde, hay un trasfondo mayor: “Servirá para medir la hipocresía de la sociedad, los niños de 14 años ya acceden a las drogas, mientras que si se legalizase el consumo racional de cannabis para los mayores de 21, las mafias dejarían de lucrarse y se podrían investigar los beneficios terapéuticos que genera esta industria, además de revertir en la Seguridad Social”.
El departamento de Interior catalán guarda silencio, a la espera de que le llegue formalmente la propuesta. Pero el encaje de la plantación choca con el artículo 368 del Código Penal, que prohíbe el cultivo, la elaboración o el tráfico de drogas. “Es complicado. Jurídicamente, con el Código Penal en la mano, sería difícil”, asegura el letrado penalista Javier Rodrigálvarez. Aunque deja una puerta abierta: “Si se puede demostrar que cada una de las parcelas es individualizada para el autoconsumo...”. Aun así, conllevaría una gestión compleja: “¿Quién manipularía y sacaría la marihuana? ¿Quién la cultivaría?”.
Por no mencionar el precedente que puede suponer. “Aquellos con intereses de otra índole podrían intentar constituirse como una asociación para hacer lo mismo”, augura el letrado. E incluso podría tener eco internacional y que España fuese un foco de atracción.
Las asociaciones cannábicas lo ven con buenos ojos. “Habrá que estudiar bien el convenio, requerirá un protocolo de actuación que tenga en cuenta a la policía, a salud y a justicia, pero es muy positivo”, defiende el vicepresidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), Iker Val. Aunque aseguran que esa no es su vía, porque se basa en asociaciones demasiado grandes (ABCDA no forma parte de la FAC).
Además, son conscientes de los problemas derivados del limbo legal en el que se encuentran las asociaciones de consumo cannábico. “La jurisprudencia del Supremo sobre cultivo y consumo compartido se refiere a consumo de ciertas personas y cerrado. La fiscalía en el País Vasco [donde más avanzado está el debate] nos dice que en un círculo cerrado no caben lecturas de 4.000 socios”, explica Aitor Brión, letrado de la federación. Y añade: "Alquilar el terreno no tiene problema. ¿Pero en base a qué previsión de cultivo se va a trabajar? ¿Quiénes serán los empleados? Interpretando la jurisprudencia a pie juntillas tienen que ser socios y ha de haber una previsión”.
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