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sábado, 29 de marzo de 2014

EL VATICANO: HABLA EL EXBANQUERO DESPEDIDO INJUSTAMENTE


El contraataque de un ex banquero 

vaticano injustamente destituido

Ettore Gotti Tedeschi dejó la presidencia del IOR bajo acusaciones de lavado. Ahora, la Justicia dice que fue al revés: él quiso poner a la institución en línea con las normas antiblanqueo y por eso lo echaron

Tras dos años de vía crucis, el destituido presidente del Instituto de las Obras de Religión (IOR), nombre oficial del banco vaticano, ha sido rehabilitado por los jueces italianos, que, en un fallo muy duro, apuntan contra la junta del banco –manejada por el cuestionado ex secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, a quien Francisco reemplazó pormonseñor Pietro Parolin, en octubre del año pasado–.
La denuncia por lavado de dinero se inició en 2010 a causa de una transacción que involucró a una cuenta del Vaticano y que originó una incautación de 23 millones de euros (31,5 millones de dólares). Por esta denuncia, fueron investigados Gotti Tedeschi y el gerente general del banco.
Ahora, tras su absolución en febrero, el ex gerente difundió una declaración firmada por sus abogados. Allí se informa que el juez de Roma declaró que el ex titular del IOR no tuvo nada que ver con las operaciones diarias del Instituto de Obras Religiosas y que, por el contrario, trabajó para adecuar el banco a los estándares internacionales en materia de lavado de dinero.
El comunicado también anuncia que el banquero iniciará acciones legales contra quienes lo difamaron y acusaron falsamente.
La investigación de la Justicia italiana exculpa a Gotti Tedeschi, pero no al resto de los directivos del banco: al contrario,considera demostrado que "la violación de la normativa por parte de los dirigentes operativos del IOR no era episódica" y que los miembros de la junta "tenían consciencia sobre los problemas que la no aplicación (de las normas antilavado) podía acarrear".
La Justicia también sostiene que "Ettore Gotti Tedeschi no sólo era totalmente ajeno al modus operandi" de la dirigencia operativa del Instituto, sino que había "actuado claramente para llegar a un régimen jurídico siguiendo criterios y reglas" que evitarían la repetición de estos comportamientos.
Lo sucedido con Gotti Tedeschi es digno de una trama conspirativa. Y el banquero tiene razón cuando acusa a los miembros de la junta del banco de causar "grave daño" a la Santa Sede al despedirlo.
Vale recordar que Gotti Tedeschi fue convocado por Benedicto XVI para sanear las finanzas y transparentar el funcionamiento del banco, siempre sospechado de dar cobertura a operaciones de lavado de dinero, al amparo de la soberanía vaticana.
El banquero contó para esta tarea con el respaldo del cardenal Attilio Nicora, entonces    presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, pero chocó de inmediato con la resistencia del entonces secretario de Estado, Bertone.
De todos modos, puso manos a la obra y elaboró una nueva normativa, para cuya redacción convocó a dos grandes expertos italianos, Marcello Condemi y Francesco De Pasquale, ambos con experiencia en el Banco de Italia. El resultado fue la ley 127, que entró en vigor el 1º de abril de 2011. Inmediatamente después, Benedicto XVI creó por decreto una Autoridad de Información Financiera, al frente de la cual nombró al cardenal Nicora, y la dotó de poderes sobre todos los movimientos de dinero de la Santa Sede.
Pero esta iniciativa generó una inmediata contraofensiva de quienes vieron afectados sus privilegios. La dirección del IOR, la Secretaría de Estado y la Gobernación (administración vaticana) alegaron que la normativa de Gotti Tedeschi lesionaba la soberanía vaticana y la dejaba a merced de poderes externos, tanto bancarios, como políticos y judiciales.
No se quedaron en la crítica, sino que hicieron elaborar una nueva ley, con la cual remplazaron la anterior y limitaron los poderes de inspección de la Autoridad de Información Financiera, sometiéndolos a los de la Secretaría de Estado.
Tanto Nicora como Gotti Tedeschi señalaron que esto constituía "un paso atrás" y advirtieron que le costaría a la Santa Sede la no admisión a la "white list", es decir, al grupo de Estados que respetan las normas antilavado.
El siguiente paso fue la denuncia contra Gotti Tedeschi, que acarreó su salida de la presidencia del IOR en medio de un escándalo.
Ahora, la Justicia lo ha rehabilitado y en el IOR ha habido grandes cambios, en el marco de una reforma financiera global emprendida por Francisco.
En una entrevista con el diario italiano Il Messaggero, el secretario del papa Benedicto XVI, Georg Gänswein, aseguró que Gotti era muy apreciado por Joseph Ratzinger.
Entre las muchas especulaciones sobre la renuncia del anterior Papa, una de las causas señaladas fue precisamente la resistencia que la Curia romana opuso a los cambios que Benedicto XVI deseaba llevar adelante. Una de ellas, la del Banco Vaticano, le costó el cargo a Gotti Tedeschi y afectó su prestigio, que era muy alto y que fue precisamente una de las razones por las cuales fue convocado por el Papa de entonces a la presidencia del IOR.

VENEZUELA: DENUNCIAN AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL POR SOBORNOS DE 50 MILLONES DE DOLARES


Demandaron a Diosdado Cabello en Miami 

por recibir u$s50 millones en sobornos

El nombre del presidente de la Asamblea Nacional venezolana aparece en una denuncia por corrupción contra una compañía petrolera. Lo acusan de sobrefacturaciones millonarias en obras públicas

La demanda fue interpuesta a mediados de marzo pasado por Thor Halvorssen Mendoza, venezolano y presidente de la organización Human Rights Foundation (HRF), con sede en Nueva York. En ella, un ex empleado de la firma reveló que "Diosdado Cabello recibió 50 millones de dólares en comisiones ilegales por su conexiones con la empresa Derwick Associates Corporation".
En la denuncia, argumenta "que decenas de millones de dólares fueron pagados por debajo de la mesa a altos funcionarios del régimen de Caracas para que aceptaran enormes sobreprecios facturados por la realización de obras", destacó a su vez el diario El Nuevo Herald.
Los demandados, quienes "han estado a cargo de varios proyectos de electrificación en Venezuela, sostienen que las acusaciones formuladas son absolutamente falsas", añade el diario.  Estas cantidades de dinero habrían sido supuestamente entregadas "a cambio de contratos públicos que los funcionarios sabían que brindaban oportunidades de sobrefacturación".
La defensa de los denunciados replica que los alegatos presentados por la demanda son "totalmente falsos" y que sus clientes construyeron "plantas eléctricas y suministraron electricidad a millones de venezolanos", según la información del periódico.

Joe DeMaría, letrado de los demandados, calificó a Halvorssen de "bloguero engreído que se esconde detrás de su denominada Fundación de Derechos Humanos", en un correo electrónico enviado al Nuevo Herald.
El jueves, el senador Marco Rubio presentó un amplio informe que incluyó fotografías y detalladas descripciones de la represión en Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro aplica sobre la población y los estudiantes que salen a protestar.
En una presentación ante el Senado de los EEUU, Rubio explicó que las manifestaciones venezolanas son una expresión ante la falta de soluciones a la escasez, la inseguridad, la violencia y la represión política, mientras "Nicolás Maduro y todos sus secuaces viven una vida de lujo".

"Este gobierno está rodeado por individuos que viven vidas de lujo, no solamente en Venezuela, también aquí en La Florida... mientras cientos de miles de personas están protestando, estos funcionarios están comprando iPads que están enchapados en oro, yo ni siquiera sabía que existía eso, los compran en Miami. Están invirtiendo en enormes mansiones aquí en La Florida con el dinero que se están robando", dijo Rubio ante la sorpresa de sus pares.
¿Quién es el poderosos Diosdado Cabello?
Nacido en el estado Monagas en abril de 1963, Cabello fue uno de los más influyentes en la campaña que llevó a Hugo Chávez al poder en 1998 y, poco después, ocupó una de las carteras más importantes del momento: el Ministro de la Secretaría de la Presidencia.
Fue en 2002 cuando su fortaleza dentro del proceso chavista sería probada en plenitud. Los sucesos del 11, 12 y 13 de abril tuvieron como consecuencia que fuese Cabello quien asumiera temporalmente la presidencia de Venezuela, hasta la llegada de Hugo Chávez.
Tras varios años más en cargos gubernamentales importantes, Cabello ganó la gobernación de Miranda en 2004. Su gran revés político se dio cuando Henrique Capriles logró arrebatar el estado y convertirlo en uno de los bastiones más fuertes de la oposición.
Durante sus años como gobernador, acumuló decenas de causas judiciales por corrupción... todas frenadas por jueces adictos al poder.
Flavia Martineau, militante de Primero Justicia y una de las personas que investigó  y sigue investigando al chavista, citó como ejemplo algunos casos de irregularidades; entre ellos, "una compra de 10 compactadoras de basura, de las que fue entregada solamente una; la construcción de un baño de 421 millones de bolívares (u$s67 millones); la adjudicación de obras sin que ni siquiera se hubiesen licitado, por el orden de más de 3,5 millones de bolívares (u$s560.000); varios proyectos sin firmas de autorización; pagos dobles en el Hotel Anauco por cancelación de hospedaje a médicos cubanos; todo esto en la gestión de Diosdado Cabello en la gobernación de Miranda".
En 2012, se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional, cargo que ahora repite. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, en marzo de 2013, se desató la pelea interna en el chavismo por la sucesión. El bolivariano eligió a Nicolás Maduro, un civil que no había sido compañero de armas como él, lo que provocó la ira del ambicioso Cabello.
Inmediatamente se generó una guerra fría intramuros, porque en público siempre se mostraron unidos.

viernes, 28 de marzo de 2014

ESPAÑA: LA POLICIA GRABO LA CONVERSACION DE LOS CONSTRUCTORES DE LA GURTEL CON AMEDO



La Policía grabó la cita de Amedo con uno de los constructores de la Gürtel


El exsubcomisario José Amedo. (EFE)

El subcomisario José Amedo fue sometido a un seguimiento policial tras ponerse en contacto con Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica. El expolicía de los GAL, a finales de 2012, entró en contacto con el constructor de la trama Gürtel para cobrar una supuesta deuda de 1,8 millones de euros en nombre del antiguo jefe de obras del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

El policía, que había sido requerido por el ingeniero Leopoldo Gómez para que hiciera de intermediario, se presentó sin avisar en el domicilio familiar de García Pozuelo en el barrio de Salamanca de Madrid. Como ya publicó El Confidencial, el constructor se hallaba fuera de casa y fue atendido por su mujer. Tras abandonar la vivienda, el policía recibió una llamada del constructor una hora más tarde en la que le emplazó para unos días después. Y el constructor cumplió su promesa: el 27 de septiembre le mandó un mensaje y acordó con él una cita para el 3 de octubre, a las 18 horas, en la cafetería del hotel Miguel Ángel de Madrid.

A partir de ese momento, el expolicía Amedo era mordido por sus antiguos compañeros de Cuerpo. Varios agentes de la Unidad de Asuntos Internos, grupo dependiente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la  Policía, siguieron durante días los pasos del expolicía de los GAL. Amedo se convirtió en objetivo policial desde que pisó el establecimiento hotelero ubicado en la calle Miguel Ángel de la capital. Los agentes lo fotografiaron entrando y saliendo del local y grabaron su conversación con el constructor de la Gürtel.
El empresario García Pozuelo. (EFE)El empresario García Pozuelo. (EFE)Pero Amedo no sólo ocupó el punto de mira de la policía aquella tarde, sino que fue investigado durante días. Los agentes de la DAO lo siguieron hasta su domicilio en una población próxima a Madrid y marcaron sus pasos para averiguar si, realmente, quien estaba detrás de aquella operación era el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, otro de los imputados de la trama Gürtel.
Días después, el subcomisario fue fotografiado y grabado cuando se presentaba por sorpresa ante García Pozuelo mientras este desayunaba en una cafetería próxima a su casa. El policía de los GAL veía al constructor para entregarle, como este le había requerido, los documentos en los que, supuestamente, se demostraba la deuda contraída por el constructor con el ingeniero del ayuntamiento.

Pesquisas no judicializadas

En aquellas fechas, García Pozuelo, que tras el escándalo Gürtel atravesaba por una grave situación financiera, se había visto obligado a desprenderse de Constructora Hispánica para poder saldar una deuda de casi 20 millones de euros con la Agencia Tributaria. Incluso, algunos medios de comunicación publicaban que el constructor mantenía negociaciones con la Policía para obtener un trato especial a cambio de tirar de la manta y desvelar sus tratos con Francisco Correa y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Las pruebas contra García Pozuelo, que se acumulaban en el sumario instruido por el juez Ruz, eran contundentes: un pendrive que los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) habían intervenido a José Luis Izquierdo, el contable de la Gürtel, revelaba pagos por valor de 4,2 millones de Constructora Hispánica a Francisco Correa, el cerebro de la trama. Los informes de la Brigada de Blanqueo de la UDEF afirmaban que "parte de la comisión pagada por Alfonso García Pozuelo a la organización de Francisco Correa para sufragar los gastos de las elecciones gallegas constan como entradas en el sistema de contabilización".

Por tanto, García Pozuelo se beneficiaba de las buenas relaciones que sus colaboradores habían establecido con la Policía para conocer cuáles eran las pretensiones de Amedo y en nombre de quién mediaba. Los agentes de Asuntos Internos desarrollaron un operativo contra Amedo que nunca fue judicializado, según ha podido saber El Confidencial. Una fuente de un sindicato policial manifestó que la Unidad de Asuntos Internos, en teoría, está diseñada para realizar otros cometidos.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas. (EFE)El extesorero del PP, Luis Bárcenas. (EFE)En la web oficial de la Dirección General de la Policía, se especifican los cometidos de la Unidad: "Investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el Centro Directivo".

José Amedo dejó de pertenecer a la Policía desde que fue condenado en julio de 1998 a nueve años y seis meses de prisión, junto a otros altos cargos del Ministerio del Interior, por su pertenencia a los GAL y por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey. La condena se sumaba a otra anterior de 108 años.
Amedo, que en ningún momento sospechó ni detectó los seguimientos policiales, se enteró poco después, gracias a una filtración, de las maniobras de García Pozuelo. Tras tener conocimiento de que había sido grabado en imagen y audio pidió a su abogado que hiciera una visita al constructor. El colega le confirmó sus sospechas: la policía había seguido a Amedo a requerimiento de García Pozuelo desde el momento que se entrevistó con él en el hotel Miguel Ángel.    
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ESPAÑA: LA MUJER DE BARCENAS INGRESA 500.000 EUROS EN BANKIA Y EL DIRECTOR LO VE NORMAL



IGNORÓ LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALES

Bankia no controló a la mujer de Bárcenas pese a ingresar 500.000 euros en ventanilla


Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, a la salida de la Audiencia Nacional. (EFE)

El director de la sucursal de Bankia (entonces Caja Madrid) en la que el matrimonio Bárcenas tenía una cuenta reconoció ayer al secretario judicial enviado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que no procedió a ningún examen cuando la esposa del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, hizo un ingreso en efectivo de 500.000 euros a pesar de ser esta ama de casa.

Así consta en el acta redactada por el secretario, a la que ha tenido acceso El Confidencial, que refleja cómo la sucursal no aplicó la ley de prevención de blanqueo de capitales, “a pesar de ser un ingreso no habitual y extraordinario, y la titular de la cuenta ser ama de casa”. Durante el acto de ayer, el secretario judicial ordenó al actual director de la sucursal que identificara a la persona que estaba al mando el 19 de enero 2006, fecha que se hizo el ingreso.

Una vez localizado, se le hizo trasladarse a la madrileña calle Príncipe de Vergara, donde explicó que ese ingreso de 500.000 euros fue comunicado con anterioridad por parte de Luis Bárcenas de manera verbal. 

Le dijo que su esposa se personaría en la sucursal para hacer esa imposición en la cuenta de ella. Es más, en los datos informáticos registrados aparece ella como la ordenante y la persona que hizo el ingreso físicamente, y en la sucursal se explicó al secretario, que estaba acompañado de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y funcionarios de la Agencia Tributaria, que en caso de que hubiera sido otra persona la que hubiera entregado el dinero tendría que aparecer de forma expresa.

Ese documento denominado “boleta” de ingreso no consta ya en la sucursal, tal y como aseguró la actual directora, quien explicó que ese tipo de papeles se almacenan en cajas y se envían a una nave en la localidad de Nuevatejada (Madrid). Aseguró la responsable que esa caja que fue archivada ha sido buscada, pero que finalmente no la han encontrado.
Ruz envía a la Policía a la sede de Bankia para requerirle documentos sobre operaciones de Rosalía Iglesias.Ruz envía a la Policía a la sede de Bankia para requerirle documentos sobre operaciones de Rosalía Iglesias.Ante la respuesta, el secretario judicial se desplazó ayer mismo hasta el archivo de Bankia en busca de tal objeto. Allí, le entregaron una caja con los movimientos bancarios del día del ingreso. Dentro de ella había tres archivadores, cada uno con carpetas agrupadas por fechas. En el acta correspondiente, el funcionario explica que una vez analizados todos los archivos, en una carpeta color naranja aparece un folio con anotaciones manuscritas que dicen: “Bonificación: Luis Bárcenas Gutiérrez. Rosalía Iglesias Villar. Día 19 de enero. Pago efectivo: su mujer. 500.000 euros”, con un número de móvil junto al nombre de Luis Bárcenas.

Por otro lado, en el requerimiento realizado por el secretario, también se preguntó a la sucursal por un cheque cargado a la cuenta de Rosalía Iglesias, del que confirmaron que fue presentado el 12 de abril de 2005 por una oficina en Barcelona del Banco Santander. Ante esta respuesta, Ruz envió un requerimiento a esta entidad para que en el plazo de 24 horas le entregue toda la información respecto a ese cheque, ya que Bankia no pudo certificar más datos sobre la cuenta o persona que efectuó el ingreso o cobro de dicho cheque.
El Santander solicitó unos días de plazo para encontrar esa información, pero el magistrado, en una providencia dictada hoy mismo, lo ha rechazado recordando que se trata de una causa con preso y urge la documentación.

Mano dura contra los bancos

Ruz está poniendo mano dura a las entidades bancarias, que no están entregando los datos que se les requiere oficialmente desde el juzgado. En un informe de la Agencia Tributaria remitido hace unos días al juez, calificaba de muy grave el comportamiento del Banco Popular por negarse a aportar una serie de documentación sobre unas cuentas relacionadas con un imputado del caso Gürtel, Amando Mayo, desde la que se han movido en cuatro años más de 460 millones de euros.
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ESPAÑA: ITALIA SE HARA CON EL CONTROL DEL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA


Italia, a punto de hacerse con el control del aceite de oliva español

La venta de la mayor empresa aceitera española, Deoleo, abre la puerta para que el fondo soberano Fondo Estratégico Italiano recupere el control sobre la producción española del aceite de oliva.
La consejera andaluza de Agricultura hace "un llamamiento al sector" para que el 31% del capital de la aceitera en venta "se quede en manos andaluzas".
Su principal competidor, el grupo portugues Sovena, reconoce que la toma de control de Deoleo por Italia "sería una marcha atrás".

España encabeza proyecto sobre percepción de productos denominación de origen
La salida al mercado de un 31% del capital de Deoleo abre una nueva oportunidad al sector productor de aceite de oliva andaluz. Llega en el momento oportuno, en un año record de producción que generará buenos ingresos para los olivareros andaluces, lo que posibilita su participación en la operación.
La española Deoleo se disputa con la portuguesa Sovena el liderazgo mundial en la comercialización de aceite de oliva, un negocio que está en muy pocas manos. Las cifras resumen muy bien la concentración del sector: En 2013 el aceite de oliva tuvo uno de sus peores años, si 2012 fue record histórico de producción con más de 1,6 millones de toneladas, el año pasado se superaron a duras penas las 600.000. Pues nada menos que 200.000 toneladas de aceite fueron comercializadas por el grupo portugués Sovena en 2013.
"En España somos los primeros envasadores de aceite. En el mercado nacional hemos envasado casi cien mil millones de litros de aceite de oliva, vendidos aquí en España. Y hemos exportado más de 80.000 mil toneladas de aceite de oliva desde España", afirma con orgullo el máximo responsable de aceite de oliva del Grupo Sovena, Luis Folque. En total, el grupo aceitero portugués comercializó cerca de 200.000 toneladas de aceite el año pasado, en el que su facturación consolidada superó los mil millones de euros, frente a los 813 del grupo Deoleo.
En cambio, la producción está totalmente atomizada entre pequeños olivareros y cooperativas, que históricamente se han quejado de estar en manos del sector industrial del aceite que lo refina, envasa y vende. En ese contexto, una cooperativa de origen malagueño, Hojiblanca, ha conseguido ir uniendo cooperativas a su alrededor para crear Dcoop, que en la actualidad ya controla en torno al cuarto de millón de toneladas de aceite de oliva.
El tamaño hace la fuerza. Hace ahora justo un año desde que la Comisión Nacional de la Competencia aprobó la entrada de Dcoop en Deoleo con un paquete del 9,63% de su capital. Pero su voluntad no era quedarse ahí: "Es poner un pie, si en el futuro algunos accionistas venden podrémos aumentar nuestra participación", decía entones a eldiario.es/andalucia el director general de Dcoop, Antonio Luque.
Hoy ese momento ha llegado y Luque mantiene sus opciones: "Nos gustaría llegar al 25% del capital", asegura un Antonio Luque que explica que cuenta con el musculo financiero suficiente para ello: "El año pasado facturamos 530 millones de euros con una cosecha corta. Este año vamos a facturar entre 650 o 750. Así que llegar a una inversión de hasta 50 millones no es disparatado".
La idea, además, es contar con algún otro grupo andaluz que participe en la operación. En el sector se asegura que ya hay negociaciones en marcha, pero Luque no quiere desvelarlo todavía. Ese grupo, sumado al 10,6% en manos de la única entidad financiera andaluza que queda, Unicaja, daría por fin el control del sector a la región de la que sale la gran mayoría del aceite que se produce en el mundo, Andalucía (De 1,7 millones de toneladas producidas en España este año, 1,4 salen de los olivares andaluces).
La consejera de Agricultura andaluza, Elena Víboras, reconoce que su objetivo coincide con el de Luque: "Nos gustaría que las acciones que ahora mismo están por ahí danzando las compren empresas de aquí de Andalucía". Y lo explica. "Si estamos hablando de la atomización que supone la existencia de 800 cooperativas, o de 5.400 agroindustrias.; Si estamos hablando de las dificultades de las propias cooperativas, que tienen una facturación media que llega escasamente a cinco millones de euros, cuanto más potentes, cuanto más fuertes mejor. Hago un llamamiento al sector, hagamos que el capital se quede en nuestra tierra".
Pero Víboras, que asegura que Deoleo se ha puesto en contacto con ella, pero afirma que aún no ha hablado ni con Unicaja ni con Dcoop, no parece dispuesta a ir más allá del apoyo institucional y acompañar las declaraciones con aportaciones presupuestarias a la operación. "Ese tema no se ha contemplado, espero que sea puramente de carácter empresarial, que sea el sector privado quien asuma, quien trabaje, quien financie…" responde a las preguntas de eldiario.es

Fondo soberano italiano

La operación es, en principio, financiera. Deoleo contrata al gigante de la banca de inversiones estadounidense JP Morgan & Chase, para que coloque en el mercado los paquetes accionariales de la compañía en manos de Bankia, Caixabank, Marenostrum y Kutxabank, que suman un 31% del capital.
Sin embargo, esconde la posibilidad de que Italia recupere el control perdido sobre el sector. Deoleo es española y propietaria de las tres principales marcas de aceite italianas, Bertolli, Carapelli y Sasso, que a su vez controlan el mercado estadounidense de aceite de oliva. Pues bien, entre las tres ofertas hechas públicas hasta ahora, destaca la del fondo soberano Fondo Estratégico Italiano, creado por su gobierno para intervenir en operaciones que se consideren esenciales para su economía.
El problema para los intereses del sector aceitero español es que el procedimiento legal puesto en marcha obliga al comprador a lanzar una OPA, es decir debe hacer una oferta no sólo sobre el paquete del 31% en venta, sino por el 100% del capital. A 40 céntimos de euro la acción, el valor bursátil de la compañía ronda los 500 millones de euros.
La capacidad financiera para una operación así excede claramente de las posibilidades del sector español del aceite, que tampoco cuenta con un fondo soberano dispuesto a defenderlo como sector estratégico para el país. "Nuestra posición es esperar a ver qué pasa", explica Antonio Luque: "Es lo único que podemos hacer".
Si se realiza la operación (En diez días se cumple el plazo para presentar las ofertas vinculantes), su esperanza es negociar a posteriori con el comprador con el fin de controlar un paquete de acciones suficiente para tener voz en la gestión del día a día de la empresa. Si la operación de OPA no se llevase a cabo, podría también negociar independientemente un precio a la medida de sus posibilidades con alguno de los actuales socios que han manifestado su voluntad de vender. "Pero también existe la posibilidad de que vendamos nuestro paquete si llega alguien y paga caro", dice Luque.
Si fuera así, el sueño de un sector aceitero español, primer productor mundial, que envasa y vende el aceite para quedarse con el valor añadido apenas habría durado unos meses. El propio Luis Folque del grupo portugués Sovena, principal competidor de Deoleo, contesta sin dudar cuando se le pregunta que le parece la entrada de Italia en la aceitera española: "Es una vuelta atrás".
Folque, además, asegura que su grupo no participará en la operación porque le parece cara: "No nos parece oportuno con lo que está puesto encima de la mesa".

ESPAÑA: COLECTIVO DE JUECES VE INCONSTITUCIONAL LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA


Los jueces españoles ven inconstitucional la ley de seguridad ciudadana


El órgano de gobierno de los jueces criticó el jueves la futura ley de seguridad ciudadana, con la que el Gobierno español trata de frenar los desórdenes públicos en un país acostumbrado en los últimos años a frecuentes protestas en la calles, habitualmente pacíficas, contra los recortes. En la imagen, policías antidisturbios durante una huelga en la Universidad Complutense de Madrid, el 27 de marzo de 2014. REUTERS/Andrea Comas
MADRID (Reuters) - El órgano de gobierno de los jueces criticó el jueves la futura ley de seguridad ciudadana, con la que el Gobierno español trata de frenar los desórdenes públicos en un país acostumbrado en los últimos años a frecuentes protestas en la calles, habitualmente pacíficas, contra los recortes.
En el informe del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por unanimidad, los magistrados cuestionan la constitucionalidad del proyecto de ley, y piden que se le realicen cambios en la tramitación parlamentaria.
"Los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son excesivamente amplios y (el CGPJ) recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana", dijo el organismo en una nota de prensa.
El anteproyecto, que el Gobierno del Partido Popular podrá aprobar sin problemas en el Parlamento dada su mayoría absoluta, establece, entre otras cosas, multas más elevadas para actos como manifestaciones no autorizadas que degeneren en violencia o la perturbación de la seguridad en actos públicos, deportivos o religiosos.
Además, los manifestantes que oculten su rostro podrían ser multados con hasta 30.000 euros, mientras que las pancartas "ofensivas" contra España, las comunidades autónomas o los ayuntamientos y sus símbolos también son consideradas infracciones graves y sancionables con esa misma cantidad.
El Gobierno ha defendido la norma, afirmando que hay que castigar a los grupos violentos que ponen en peligro la seguridad de ciudadanos y agentes de policía, pero la oposición y los defensores de los derechos humanos la califican de "patada en la boca".
"(El CGPJ ve) excesivamente amplio el deber de denuncia establecido en el anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, sin que baste la mera sospecha o la posibilidad", según la nota de los jueces.
Las manifestaciones y las huelgas se han multiplicado desde el inicio de la crisis y la aplicación de las primeras políticas de recortes en 2010, que han afectado áreas delicadas como la sanidad y la educación.
Pese a pequeños focos violentos, las protestas han sido mayoritariamente pacíficas en un país con un desempleo oficial del 26 por ciento y una reforma laboral que ha facilitado a las empresas despedir atrabajadores.
Tras una masiva marcha ciudadana en Madrid el sábado pasado, que transcurrió de forma pacífica hasta que un pequeño grupo de manifestantes se enfrentó violentamente con los agentes antidisturbios, la Delegación del Gobierno abrió un "expediente sancionador" contra los organizadores, alegando que eran los responsables de que la manifestación transcurriera dentro del "buen orden"

ESPAÑA: LA EMPRESA FCC REFINANCIA SU DEUDA POR 4.600 MILLONES DE EUROS


FCC firmará el lunes una refinanciación de deuda por 4.600 millones



MADRID (Reuters) - FCC tiene previsto firmar el lunes el acuerdo de refinanciación de una deuda financiera de 4.600 millones de euros, dijo el viernes una fuente conocedora de la situación, después de que constructora española anunciara que se encuentra en la fase final de negociación.
"En el momento en el que dicho proceso este cerrado se procederá a dar comunicación en hecho relevante de todos los términos del mismo", dijo la compañía en un comunicado al supervisor bursátil después de que El País publicase que la refinanciación era inminente y que el acuerdo contemplaría la capitalización de hasta 1.500 millones de euros de deuda en determinados supuestos.
La fuente dijo a Reuters que, en línea con lo que dijo recientemente el consejero delegado, Juan Béjar, se forzará un proceso de homologación en caso de que alguno de los bancos no firme.
"El lunes está previsto firmar con los bancos la refinanciación, que cuenta con un respaldo superior al 95 por ciento a día de hoy", dijo la fuente.