VENEZUELA: DENUNCIAN AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL POR SOBORNOS DE 50 MILLONES DE DOLARES

Demandaron a Diosdado Cabello en Miami 

por recibir u$s50 millones en sobornos

El nombre del presidente de la Asamblea Nacional venezolana aparece en una denuncia por corrupción contra una compañía petrolera. Lo acusan de sobrefacturaciones millonarias en obras públicas

La demanda fue interpuesta a mediados de marzo pasado por Thor Halvorssen Mendoza, venezolano y presidente de la organización Human Rights Foundation (HRF), con sede en Nueva York. En ella, un ex empleado de la firma reveló que "Diosdado Cabello recibió 50 millones de dólares en comisiones ilegales por su conexiones con la empresa Derwick Associates Corporation".

En la denuncia, argumenta "que decenas de millones de dólares fueron pagados por debajo de la mesa a altos funcionarios del régimen de Caracas para que aceptaran enormes sobreprecios facturados por la realización de obras", destacó a su vez el diario El Nuevo Herald.

Los demandados, quienes "han estado a cargo de varios proyectos de electrificación en Venezuela, sostienen que las acusaciones formuladas son absolutamente falsas", añade el diario.  Estas cantidades de dinero habrían sido supuestamente entregadas "a cambio de contratos públicos que los funcionarios sabían que brindaban oportunidades de sobrefacturación".

La defensa de los denunciados replica que los alegatos presentados por la demanda son "totalmente falsos" y que sus clientes construyeron "plantas eléctricas y suministraron electricidad a millones de venezolanos", según la información del periódico.

Joe DeMaría, letrado de los demandados, calificó a Halvorssen de "bloguero engreído que se esconde detrás de su denominada Fundación de Derechos Humanos", en un correo electrónico enviado al Nuevo Herald.

El jueves, el senador Marco Rubio presentó un amplio informe que incluyó fotografías y detalladas descripciones de la represión en Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro aplica sobre la población y los estudiantes que salen a protestar.

En una presentación ante el Senado de los EEUU, Rubio explicó que las manifestaciones venezolanas son una expresión ante la falta de soluciones a la escasez, la inseguridad, la violencia y la represión política, mientras "Nicolás Maduro y todos sus secuaces viven una vida de lujo".

"Este gobierno está rodeado por individuos que viven vidas de lujo, no solamente en Venezuela, también aquí en La Florida... mientras cientos de miles de personas están protestando, estos funcionarios están comprando iPads que están enchapados en oro, yo ni siquiera sabía que existía eso, los compran en Miami. Están invirtiendo en enormes mansiones aquí en La Florida con el dinero que se están robando", dijo Rubio ante la sorpresa de sus pares.

¿Quién es el poderosos Diosdado Cabello?

Nacido en el estado Monagas en abril de 1963, Cabello fue uno de los más influyentes en la campaña que llevó a Hugo Chávez al poder en 1998 y, poco después, ocupó una de las carteras más importantes del momento: el Ministro de la Secretaría de la Presidencia.

Fue en 2002 cuando su fortaleza dentro del proceso chavista sería probada en plenitud. Los sucesos del 11, 12 y 13 de abril tuvieron como consecuencia que fuese Cabello quien asumiera temporalmente la presidencia de Venezuela, hasta la llegada de Hugo Chávez.

Tras varios años más en cargos gubernamentales importantes, Cabello ganó la gobernación de Miranda en 2004. Su gran revés político se dio cuando Henrique Capriles logró arrebatar el estado y convertirlo en uno de los bastiones más fuertes de la oposición.

Durante sus años como gobernador, acumuló decenas de causas judiciales por corrupción... todas frenadas por jueces adictos al poder.

Flavia Martineau, militante de Primero Justicia y una de las personas que investigó  y sigue investigando al chavista, citó como ejemplo algunos casos de irregularidades; entre ellos, "una compra de 10 compactadoras de basura, de las que fue entregada solamente una; la construcción de un baño de 421 millones de bolívares (u$s67 millones); la adjudicación de obras sin que ni siquiera se hubiesen licitado, por el orden de más de 3,5 millones de bolívares (u$s560.000); varios proyectos sin firmas de autorización; pagos dobles en el Hotel Anauco por cancelación de hospedaje a médicos cubanos; todo esto en la gestión de Diosdado Cabello en la gobernación de Miranda".

En 2012, se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional, cargo que ahora repite. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez, en marzo de 2013, se desató la pelea interna en el chavismo por la sucesión. El bolivariano eligió a Nicolás Maduro, un civil que no había sido compañero de armas como él, lo que provocó la ira del ambicioso Cabello.

Inmediatamente se generó una guerra fría intramuros, porque en público siempre se mostraron unidos.

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ESPAÑA: AGUAS DE BARCELONA IMPLICADA POR SOBORNAR A EDILES Y EMITIR FACTURAS FALSAS

Aguas de Barcelona, implicada en el caso Pokemon por sobornar a ediles y emitir facturas falsas

La juez Pilar de Lara detalla en el sumario del caso Pokemon cómo Aquagest, filial de Aguas de Barcelona, pagaba sobornos a ediles de ayuntamientos gallegos, inflaba facturas y colocaba a enchufados políticos con el objetivo de hacerse con contratos millonarios de gestión de aguas. El más clamoroso, el de Santiago, de 18 millones de euros: "si conseguimos renovarlo ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, directivo de la empresa.

Tras muchos meses de instrucción bajo secreto del sumario, la jueza Pilar de Lara ha decidido hacer públicos unos trece tomos del Caso Pokemon, una presunta trama de financiación ilegal del PP y el PSOE de Galicia a través de sobornos, facturas falsas o infladas, enchufes y favores de empresas para la obtención de millonarios contratos públicos.

Lo que comenzó como una investigación centrada en la trama creada por la empresa Vendex para conseguir adjudicaciones públicas se ha extendido ahora a otra gran empresa, Aquagest, filial del gigante Aguas de Barcelona. Según la documentación hecha pública por la jueza tras el levantamiento parcial del sumario, esta empresa presionó y sobornó a ediles y funcionarios gallegos para hacerse con los contratos de aguas de ciudades como Santiago de Compostela y municipios de las provincias de Orense y Lugo.

Según la jueza, la trama de Aquagest no sólo establecía pagos ocultos a representantes públicos para que facilitaran los contratos. También se produjo movimiento de dinero en sentido inverso, es decir, de las arcas públicas a las cuentas de la empresa de gestión de aguas mediante facturas infladas o falsas para enriquecer a los directivos de ésta.

La trama establecía, por un lado, pagos y sobornos a políticos y funcionarios para obtener contratos millonarios, y por otro inflaba facturas con dinero público para engordar las cuentas de Aquagest y la retribución de sus directivos

"Si conseguimos renovar ganaremos una barbaridad de dinero", afirmaba José Luis Míguez, responsable de Aquagest en Santiago de Compostela, en una conversación intervenida por Vigilancia Aduanera que aparece recogida en el sumario. La empresa de aguas presionó para renovar un contrato de 18 millones de euros y la corporación municipal de Santiago, que dirigía el alcalde Gerardo Conde Roa, le correspondió con el intento "fraudulento" de sacar adelante la renovación de tan preciado contrato. Lo que perseguían las dos partes, considera la magistrada De Lara, era "conseguir un aumento de ingresos de muchas personas, con perjuicio de los contribuyentes del Concello".

El contrato más gordo por le que presionó Aquagest, según la jueza De Lara, fue el del servicio de aguas de Santiago, valorado en 18 millones de euros

La instrucción desvela que el objetivo que pretendían era renovar con Aquagest sin sacar el nuevo contrato a concurso público, "con el desvío evidente de los fondos a otros fines que no son los del contrato que tiene la compañía con el Concello de Santiago". Pese a todo, la operación se vino abajo porque Conde Roa se vio obligado a dimitir por fraude fiscal y su sucesor, Ángel Currás, también imputado en el caso Pokemon, no renovó el convenio, informa con detalle el Faro de Vigo.

Según De Lara, los responsables del Concello y algunos funcionarios recibían "atenciones, regalos y contrataciones a través de Aquagest, y al mismo tiempo, la renovación del contrato daría "beneficios a los directivos de Aquagest al presentar su empresa los resultados con la recompensa que eso conlleva". He aquí la doble dirección con la que se movía el dinero en Galicia para enriquecer a las dos partes, los que manejaban el dinero público y los directivos de la empresa beneficiaria.

Conde Roa, por su parte, se batió el cobre para presionar a la interventora y al secretario municipal, que se mostraron reticentes a la firma de la renovación, hasta el punto de que intentó relevarles en sus cargos para así allanar el terreno a la adjudicación a Aquagest. No quedó ahí la cosa. La filial de Aguas de Barcelona no sólo sobornaba, también "estaría realizando la ocultación de facturas" al Concello para cobrar por "servicios no prestados", sospecha la jueza.

Un pinchazo telefónico desvela que el jefe de la empresa en Santiago ordenó cargar al ayuntamiento una factura de 600.000 euros por servicios inexistentes

Un pinchazo telefónico revela que Míguez ordenó cargar al consistorio una factura de 600.000 euros por servicios inexistentes, en diciembre de 2012, cuando Currás ya era alcalde. La decisión se achaca al máximo responsable de Aquagest en Galicia, Henry Laíño, que "metió en el presupuesto 600.000 euros de nuevas instalaciones que no sustenta ningún papel, nada fue al pleno ni está aprobado en ningún sitio", desvela uno de los tomos del sumario.

Durante años, Laíño hacía y deshacía en Galicia: "En la Diputación tú sabes que yo soy el rey, joder", presumía el directivo de Aquagest ante su jefe de producción, Luis Manuel Morón, según las conversaciones telefónicas pinchadas por la jueza, que en su auto considera que el secretario de la Diputación de Ourense,Francisco Cacharro Gosende (hijo del expresidente del PP y de la Diputación de Lugo), habría "firmado casi todos los informes favorables a Aquagest de la provincia de Ourense”, además de otro en el Ayuntamiento de Santiago por el que se pagó una factura “inflada” de 12.000 euros, "cuando el precio real era de 3.000”.

"En la Diputación -de Orense- tú sabes que yo soy el rey, joder", presumía el máximo responsable de Aquagest en Galicia ante su jefe de producción

El sumario desvela también cómo la empresa de aguas enchufó al sobrino del entonces presidente de la Diputación de Orense y del PP en esa provincia, José Luis Baltar, al que se le pidieron supuestos favores para facilitar las adjudicaciones. Dijo Laíño en una ocasión, como recoge el sumario, que iba a llamar a Baltar para que “le dé un toque a los del PP de O Barco de Valdeorras por lo de la subida de tasas”.

La operación Pokemon estalló con la trama de pagos y sobornos del grupo Vendex y ahora se ha extendido a Aquagest. Ya hay más de 100 imputados, entre empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales y otros cargos públicos

La «operación Pokemon», cuyo epicentro gira en torno al grupo Vendex y luego se ha extendido a Aquagest, salpica a varios ayuntamientos repartidos por toda la geografía gallega. Hay más de 100 imputados entre empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales y otros cargos públicos del PP, PSOE y hasta del BNG, en lo que ya representa la mayor trama de corrupción de Galicia.

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JUZGAN A 17 GUARDIAS CIVILES POR ACEPTAR SOBORNOS EN EL AEROPUERTO

Juzgan a 17 guardias civiles acusados de aceptar sobornos en el aeropuerto de Málaga

La Fiscalía solicita para algunos la suspensión de empleo o cargo público durante al menos tres años y multas que van de 30 a 600 euros 

Diecisiete guardias civiles se sentarán a partir de mañana en el banquillo de los acusados para ser juzgados en la Audiencia Provincial por, presuntamente, aceptar sobornos de viajeros en el aeropuerto de Málaga a cambio de agilizar u omitir trámites aduaneros. El juicio se celebrará por el procedimiento de jurado después de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia se declarara incompetente para el enjuiciamiento de los agentes.

La Fiscalía ha pedido en sus conclusiones provisionales la suspensión de los 17 guardias civiles por supuestos delitos de cohecho, que en ocasiones lo eleva a continuado para algunos agentes. Alternativamente, también sustituye esta acusación por la de omisión del deber de perseguir delitos, según el escrito acusatorio, difundido por Efe.

El fiscal solicita para algunos de ellos la suspensión para empleo o cargo público durante un periodo de hasta tres años y nueve meses, así como el pago de multas que oscilan de 30 a 600 euros. En el escrito provisional del Ministerio Público también se acusa a un ciudadano asiático por un delito de cohecho por haber dado supuestamente dinero a algunos de los agentes para pasar alimentos.

Los agentes, adscritos a la sección fiscal del aeropuerto malagueño, habrían solicitado de forma directa o indirecta a determinados viajeros de ciertos vuelos cantidades de dinero bajo amenaza para que los productos alimenticios que llevaban consigo pudiesen entrar por la aduana española, según el Ministerio Público.

El fiscal destaca que los familiares y amigos, sobre todo en la comunidad china, advertían a los viajeros de que tenían que traer un billete de 50 euros en la mano «a fin de evitar problemas con la Guardia Civil a su llegada al aeropuerto de Málaga».

Los imputados fueron detenidos el 12 de febrero de 2006, y durante la investigación se detectó que algunos de los agentes permitieron presuntamente la entrada en territorio español de alimentos prohibidos por seguridad alimentaria, a causa de las alertas de fiebre aftosa y gripe aviar.

La investigación, realizada por la propia Guardia Civil, comenzó meses antes. Ante la sospecha de supuestas irregularidades en el aeropuerto, un equipo de agentes de la Benemérita empezó a indagar en las actividades de la sección fiscal del aeródromo malagueño.

Los agentes que llevaron el caso se enfrentaron a la dificultad añadida de investigar a compañeros en un recinto cerrado de máxima seguridad, como es el aeropuerto. Para ello, se ideó un sistema para filmar a los sospechosos sin que se percataran. Movieron unos centímetros una de las cámaras de seguridad del aeródromo para que enfocara directamente a los guardias, e instalaron una microcámara y un micrófono camuflados en la torre de un ordenador en la habitación donde se inspecciona a los viajeros. Durante 12 días, los investigadores grabaron cada uno de los movimientos de los procesados. Las imágenes captadas permitieron desatar la redada en la que se detuvo a los 17 agentes.

Alimentos de Noruega

Algunos de los agentes imputados supuestamente también exigieron dinero a un matrimonio que traía alimentos de Noruega para su hija que vivía en España, pese a que las mencionadas prohibiciones no regían para ese país. Pero los agentes no sólo habrían reclamado pagos para permitir el paso de alimentos. Otro pasajero de origen indio supuestamente fue requerido para dar dinero a cambio de no retenerle prendas de ropa aparentemente falsificadas que portaba en su equipaje. A otros viajeros paquistaní y asiático les habrían exigido dádivas para dejarles pasar unos dulces, y varias piezas de plata y cuero, respectivamente.

Durante la instrucción del caso, los guardias civiles han mantenido siempre su inocencia. Algunos de sus abogados aseguraron que los agentes desde entonces están muy preocupados por su familia y desorientados por las acusaciones que pesan sobre ellos.

Todos los guardias civiles imputados pertenecen a la escala básica y llevaban destinados en el aeropuerto de Málaga entre diez meses y cerca de veinte años, por lo que algunos estaban a punto de jubilarse. La defensa de uno de los guardias civiles ha señalado que las acusaciones carecen de base porque se les acusa de recibir dinero de personas que en muchos casos no están identificadas, y sin determinar la cuantía económica recibida.

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DOCUMENTO: LA EMPRESA HISPANO ALMERIA TIENE EN SU CONTABILIDAD 8,5 MILLONES EN SOBORNOS

La contabilidad b de Hispano Almería revela 8,5 millones en sobornos

Políticos y técnicos de Diputación y cinco Ayuntamientos recibieron supuestas comisiones

La contabilidad b de la constructora Hispano Almería revela supuestos sobornos que suman, al menos, 8,5 millones destinados a políticos y técnicos de la Diputación de Almería y los municipios de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar y La Mojonera, además del Partido Popular. La empresa estableció un sistema para supuestamente beneficiar a dirigentes y funcionarios responsables de conceder los concursos públicos de obras.

Las decenas de recibos que formaron parte de esa contabilidad b fueron presuntamente pagados entre 1999 y 2009 por el constructor Miguel Ángel Morales Duarte, dueño de Hispano Almería. Este firmaba los comprobantes, en ocasiones junto a los receptores de las cantidades, que eran entregadas en efectivo en sobres blancos con billetes de 500 euros. Los recibos incluyen los nombres de dirigentes del PP como el exdiputado Gonzalo Bermejo o del PSOE como el líder de la oposición municipal en Roquetas, Juan Ortega Paniagua, además de abonos para las elecciones municipales y otros para las autonómicas o nacionales. Mientras que bajo el acrónimo POL se esconden los políticos receptores de las supuestas mordidas del 10% del presupuesto de la obra, la contabilidad refleja que los funcionarios técnicos Javier Macías (1,1 millones), Alfonso Salmerón (504.000 euros), Manuel Bermejo (102.000 euros) y Manuel Rodríguez (12.000 euros) podrían haber obtenido un 4%.

La cifra pagos supera los 8,5 millones contabilizados hasta 2009 porque en la documentación del verano de 2011 se reflejan pagos pendientes a políticos por 156.000 euros. Entre los abonos a dirigentes, destacan pagos muy elevados, de hasta 240.000 euros, a políticos vinculados al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Además, hay otros para costear las elecciones municipales en Níjar y un abono de 5.000 euros pagado en agosto de 2008 a miembros del Ayuntamiento de La Mojonera, presidido por el parlamentario popular José Cara.

A las evidencias de los recibos firmados por el constructor, el contable y en ocasiones los cobradores del dinero negro se le suma un documento hallado en la agenda particular del exsocio de la constructora Ángel Sánchez (ya fallecido). Este escrito detalla las obras de Hispano Almería contratadas con el Ayuntamiento de Níjar (PP) y apuntes manuscritos de Sánchez. Tras los nombres de las obras como un acceso a Níjar (714.000 euros), una guardería (363.000 euros) o una zona comercial (312.000 euros), figura “IMP. Adj.” (importe adjudicado); el 5% de aval ante el banco (estipulado por ley al ser obra pública) titulado “5% AVAL”; el “IMP. Ent” (importe entregado como comisión); y la fecha del mismo, que en dos ocasiones se elevó a 20.000 euros para las elecciones de 2007 y 2008 (“Elec/07 y Elec/08”). Finalmente, en la última columna, el “SALDO” fija si la comisión se ha pagado o figura con saldo negativo por estar pendiente de abonar.

El alcalde de Níjar desde 2007, Antonio Jesús Rodríguez (PP), rechazó que se hayan pagado comisiones ilegales por las obras realizadas por el Ayuntamiento que preside.

El post-it incluido en la primera página de la agenda de Sánchez es esclarecedor sobre la costumbre de pagos ilegales: “Preparar 60.000 euros para A. Salmerón [técnico del Ayuntamiento de Roquetas] para 10/6/07 obra 435”. Sánchez firmó numerosos recibos de la contabilidad b y era considerado por las instituciones y empresas colaboradoras de Hispano Almería como “el alma de la empresa”. Mientras que Miguel Ángel Morales Carillo, hijo del antiguo dueño de Hispano Almería, insiste en negar la veracidad de los recibos, Amat dice que sufre “lo más parecido a acoso psicológico” tras las denuncias ciudadanas y las noticias que cuestionan su política de urbanismo desmedido.

La cantidad de 8,5 millones en sobornos que refleja la contabilidad b de la constructora no incluye los regalos que cada año recibían todos los políticos y técnicos implicados en las obras públicas adjudicadas. El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, fue el más beneficiado por esta costumbre y percibió presentes por 11.085 euros, pero a él se le suman ocho alcaldes, un senador, un diputado y decenas de técnicos y funcionarios. “Al que se portaba mal y no agilizaba un convenio o una obra, se le castigaba al año siguiente sin regalo”, matizan fuentes de la empresa sobre los regalos, que pueden ser tipificados como cohechos en la investigación de la Fiscalía Superior.

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