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martes, 25 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA FISCALIA ABRE DILIGENCIAS PARA INVESTIGAR A LOS MINISTROS DE FOMENTO DESDE EL AÑO 2003


Fiscalía de Asturias abre diligencias para investigar a los ministros de Fomento desde 2003 por la Variante de Pajares


La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia del Sindicato Manos Limpias contra los sucesivos Ministros del Gobierno de España titulares del actual Ministerio de Fomento, en sus distintas denominaciones, desde el año 2003 en que por el Consejo de Ministros se aprobaron las obras de la denominada 'Variante Ferroviaria de Pajares' entre Asturias y León, hasta el momento actual, y en su caso contra los responsables que se pudieran determinar en el transcurso del procedimiento.
Denuncian la "dejadez en sus responsabilidades públicas; falta de rigor en sus decisiones; y desprecio al interés público, en favor del propio interés electoral, partidista o incluso particular; que vienen ocasionando un importante sobrecoste en las obras, notables defectos en su ejecución y futura operatividad, continuos retrasos para su terminación y daños medioambientales de gran impacto en la zona", sostiene el sindiocato en su escrito.
Manos Limpias explica que los continuos retrasos, la indefinición de los proyectos, los cambios en función de intereses políticos y/o electorales, la ausencia del elemental rigor técnico y tal vez otros problemas de mayor gravedad aún, junto a las evidentes dificultades orográficas, "han ido lastrando económicamente las obras, de manera que en la actualidad hay ya un desfase de más de 1.342 millones de euros, lo que supone nada menos que un desvío del 72 por ciento".
Añaden que dicho desvío es prácticamente el doble que el existente en la línea Madrid-Barcelona que según un Informe del Tribunal de Cuentas estaba en un 31,4 por ciento más. "La gravedad del sobrecoste es aún mayor, por cuanto se estima que aún faltan dos años al menos para que la actuación quede terminada, con lo que además su duración habrá superado la década pues empezaron en febrero de 2004 y con la actual dinámica nuevos sobrecostes".
Por entonces, la inversión se presupuestó en 1.858 millones de euros y la última cantidad manejada supera los 3.200 millones, según las últimas consignaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
"Esta desviación económica supera con creces, de forma lamentable, a la existente en otra obra pública asturiana como es la de la ampliación de El Musel, que sumó 251 millones de sobrecoste y supuso un gasto superior en un 40 por ciento al presupuestado, siendo un ejemplo más del manejo irresponsable de los fondos públicos", señalan desde Manos Limpias.
FONDOS DE LA UE
Un problema adicional, --añaden- es que las obras de la Variante entre los años 2007 y 2013 se benefician de financiación comunitaria a través del fondo de cohesión Feder para la ejecución en concreto de la plataforma de los subtramos La Robla-Túneles de Pajares y Túneles de Pajares-Pola de Lena, así como para el suministro y montaje de vías e instalaciones, con una ayuda que se estima en 388,9 millones de euros. Además, Europa también va a cofinanciar las obras adicionales y de mejora en los túneles centrales bajo la cordillera Cantábrica.
Y apuntan que el desfase en Pajares se suma a los que se registran en otras grandes obras asturianas. "Dejando a un lado el puerto gijonés, el nuevo Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) presenta un desvío de 90,5 millones de euros; la 'Y' de Bimenes de 45 millones; el tramo Muros de Nalón-Las Dueñas de la Autovía del Cantábrico de 20,4; y el de Navia a Tapia, de 10,3 millones.

ESPAÑA: VIDEO: LA DGT YA HA INSTALADO NUEVOS SENSORES CON CAMARAS DE VIDEO


Descubrimos los nuevos controles de velocidad que está instalando la DGT

No se trata de radares ‘sancionadores’. Al menos, así lo asegura la DGT. Pero los nuevos sensores para detectar el flujo de tráfico ya se pueden encontrar en carreteras españolas. Principalmente, en las de mucha afluencia de vehículos. Su instalación ha despertado la sospecha de muchos conductores, sobre todo por la presencia de cámaras de vídeo en su ubicación. Vea cómo son.
Desde el pasado verano, la Dirección General de Tráfico ha instalado en las principales vías españolas unos sensores con forma cuadrada, y agrupados en grupos de seis, que son fácilmente apreciables sobre el asfalto.
En un principio, los usuarios de estas carreteras creyeron que estaban viendo un nuevo tipo de radar, que detectaba la velocidad en el propio pavimento, y enviaba la señal a las cámara instaladas junto encima de los sensores. Sin embargo, desde la Dirección General de Tráfico explican que el cometido de los nuevos medidores no es sancionar a los conductores.
Según explican a El Confidencial Digital fuentes de la DGT, los sensores de carretera tienen como objetivo medir el flujo de tráfico de las vías en las que se han instalado. También anotan la velocidad en la que transitan los vehículos, pero no para poner multas, sino para hacer una media de la velocidad a la que se transita en esa autopista o autovía.

Desde la Dirección General de Tráfico apuntan que estos nuevos medidores son ya más de 2.000 en toda España, desde que se empezaron a instalar el pasado verano. Vea, a continuación, imágenes de los citados sensores:

ESPAÑA: PACTO DE SILENCIO DE COCA-COLA ANTE EL IMPACTO DEL NO CONSUMO DE SUS PRODUCTOS


Pacto de silencio sobre el impacto del boicot a Coca-Cola


La multinacional reconoce que el ERE anunciado por el embotellador, Iberian Partners, está afectado a la imagen de la marca. Los sindicatos aseguran que su campaña instando a no consumir los productos está teniendo gran acogida. La compañía niega un descenso de ventas y Pepsi, principal competidor, no quiere hacer comentarios.


Una trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada se manifiesta contra el cierre de la fábrica en la Puerta del Sol de Madrid.
¿Están respondiendo los consumidores a la llamada para boicotear Coca-Cola? Es una pregunta con difícil y diferente respuesta, que varía, evidentemente, en función de a quién se le formule. La decisión de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) -empresa resultado de la fusión de las siete embotelladoras de España y la de Portugal en una única compañía- de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 1.253 ó a 1.190 trabajadores y supondrá el cierre de cuatro de las once fábricas que hay en España ha desatado una agresiva campaña de los sindicatos instando a no consumir ni el famoso refresco ni ninguno de la gama de productos de Coca-Cola Company mientras no se retiren los despidos y los cierres.
Desde hace un mes, grupos de trabajadores se concentran en las puertas de los supermercados repartiendo octavillas con el lema "Si Madrid no fabrica, Madrid no consume". Hace referencia al cierre de la planta de Fuenlabrada, la segunda más grande de España, una de las más productivas del grupo y que da trabajo a 571 empleados, según los sindicatos. Lo mismo ocurre en Alicante, Palma de Mallorca y Colloto (Asturias), las otras plantas pendientes de bajar la persiana.
"La sociedad esta rechazando los productos de Coca-Cola", asegura a Público Francisco Bermejo, representante sindical de CCOO en la fábrica Madrileña. Él mismo cifró en un 40% el descenso de las ventas de estos refrescos en Madrid durante la primera semana de huelga indefinida en la fábrica. Ahora asegura que la cifra se mantiene. Sin embargo, fuentes del embotellador único lo desmienten y asegura que el impacto no es significativo en las ventas salvo "puntos anecdóticos" por problemas en la distribución, fruto del bloqueo de los camiones de reparto. Fuentes de la sección española de la multinacional han explicado que se han solicitado los informes de ventas de este mes, pero que los datos aún no son definitivos, pero adelantan que no ha habido un impacto notable a priori.
La multinacional asegura que no hay incidencia en el volumen de ventas
Los rumores se disparan cada día en los medios de comunicación y las redes sociales, pero las grandes superficies tampoco ofrecen datos sobre las ventas de Coca-Cola. Ni siquiera Pepsi, el competidor inmediato de la bebida de Altlanta (Estados Unidos), quiere pronunciarse al respecto. Fuentes de Pepsico, fabricante de Pepsi, Kas, Gatorade y otras marcas; han asegurado a Público que no hacen comentarios ni facilitan información sobre sus ventas en el contexto actual, una especie de pacto de no agresión.

Impacto en la marca 

Donde sí que hay impacto es en la imagen de marca de la multinacional. Aunque fuentes de la compañía no pueden cuantificarlo porque no ha habido aún un análisis en profundidad, el presidente de la empresa en España y Portugal, Marcos de Quinto, reconoció en un foro público los estragos que una campaña así provoca. Coca-Cola Company ni fabrica ni vende los productos de Coca-Cola en España. De eso se encargan las franquicias embotelladoras, que tras la integración son sólo una empresa con predominio catalán. La multinacional en España sólo vende imagen, marca. Se encarga del marketing, de la publicidad y de la política de Responsabilidad Social Corporativa, como su instituto Coca-Cola de la felicidad. Coca-Cola es una de las marcas más conocidas del mundo, y su imagen se asocia a conceptos positivos. Al menos hasta que las palabras despidos, cierres o familias en paro han comenzado a acompañar al logotipo más famoso. Por eso, la sección ibérica de la empresa estadounidense no comprende por qué los sindicatos no han aceptado la última oferta de la embotelladora antes de finalizar el periodo de negociaciones del ERE.
 El director Fernando Trueba sostiene una pegatina contra el ERE de Coca-Cola durante la gala de los premios Goya. -EFE 
Para forzar otra salida a la reestructuración solicitada por Atlanta, los trabajadores han llevado el eslogan de boicot a todos los campos de fútbol madrileños y a cualquier evento destacado, como la gala de los premios Goya, en la que algunos directores y actores se dejaron fotografiar con las pegatinas que repartían los empleados de Fuenlabrada. Algunos gobiernos regionales, como el del Principado de Asturias, han renunciado al patrocinio de la marca en determinados eventos para solidarizarse con los trabajadores y criticar el cierre de fábricas rentables.
Madrid está abastecido por las fábricas de Catalunya, Sevilla y Portugal
Pero de la percepción mediática a la realidad hay un gran salto. Comprar Coca-Cola en Madrid sigue siendo perfectamente posible. "La producción está totalmente parada y de la fábrica [de Fuenlabrada] no sale ni una botella", ha asegurado Francisco Bermejo. Pero la capital, uno de los focos más activos del conflicto y uno de los puntos de consumo más importantes de Europa, está abastecida por la producción de las plantas portuguesa, catalana o sevillana. Incluso se puede ver alguna lata francesa en varios establecimientos. "Ya lo hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo porque es una práctica de esquiloraje que vulnera del derecho a la huelga", ha recordado Bermejo. De hecho, el Alicante, donde también se denunció esta práctica, las autoridades laborales han dado la razón a los trabajadores  y ha requerido a CCIP que requiere "no realice actos lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución por otros". "No debe sustituir el trabajo de la planta de Alicante reenviando productos de otras factorías de Iberian Partners", aseguraba en la respuesta a la denuncia de los sindicatos.

ESPAÑA: DE GUINDOS PREPARA SU FUGA COLOCANDO A SUS 30 SECUACES DE CONFIANZA EN DESTINOS ESTRATEGICOS


LOS TÉCNICOS COMERCIALES SE QUEJAN DE QUE EL MINISTRO NO HA RESPETADO EL CRITERIO DE ANTIGÜEDAD Y LE VEN DE RETIRADA

Guindos alienta su fuga de Economía con el reparto de 30 destinos entre sus hombres de confianza

La carrera de Luis de Guindos hacia la presidencia permanente del Eurogrupo, un cargo pendiente de creación, está dejando un reguero de premios y castigos que ahora detiene su foco en el reparto de una docena de instituciones financieras y veinte oficinas comerciales en el extranjero. Los técnicos que han quedado fuera tienen miedo a represalias y entre ellos se ha impuesto la ley del silencio.

Los ministros Luis de Guindos y Miguel Arias Cañete, en el banco azul del Congreso.
Una de las agraciadas ha sido Beatriz de Guindos, sobrina del ministro de Economía, que el pasado septiembre ocupó durante unas pocas horas la dirección de Competencia del nuevo regulador. El ruido que provocó su ascenso llevó a Luis de Guindos a aconsejarle su dimisión y ahora le ha buscado como recompensa un puesto como directora ejecutiva del Banco Mundial. Fuentes conocedoras del embrollo explican que el ministro no llegó a defender su valía profesional y sus cualidades cuando realmente pudo hacerlo hace cinco meses, pues ni siquiera el nombramiento tuvo connotaciones políticas, y, sin embargo, ahora sí que tiene más difícil explicar por qué ha elegido a su sobrina para un cargo de libre designación. La verdad es que ni siquiera lo ha intentado.
Guindos no peleó hace cinco meses por mantener a su sobrina en Competencia y ahora ni siquiera se molesta en explicar su decisión de compensarla con el Banco Mundial
El miedo a las represalias ha impuesto la ley del silencio entre los técnicos comerciales que han quedado orillados en la selección de los 20 que serán destinados a otras tantas oficinas comerciales y los 10 que han sido propuestos por Luis de Guindos para ocupar altas responsabilidades en diversos organismos financieros multilaterales. En teoría, el criterio que prevalece para las primeras es el de la idoneidad, que puede verificarse a través de la experiencia en altos cargos, y el de la antigüedad en el escalafón. Para las instituciones financieras solo rige la decisión personal del ministro de Economía. El enfado de los técnicos orillados proviene de dos motivos: opinan que ha existido una absoluta arbitrariedad en la elección de los nominados y, en segundo lugar, que va a quedar despoblado parte del staff del Ministerio de Economía cuando solo se han consumido dos años de legislatura. Esta forma de actuar ha causado asombro, incluso, en el PSOE, donde se reconoce que un cierto capricho en el reparto de los premios lo ha habido en todos los gobiernos. “Sólo entendemos que al secretario de Estado de Economía se le haya enfilado hacia el Fondo Monetario Internacional si el propio ministro se considera ya de retirada”, aseguran fuentes socialistas en relación al envío de Fernando Jiménez Latorre a Washington.
Los técnicos comerciales que se han quedado fuera de la lista opinan que ha existido una gran arbitrariedad en la elección de los nominados
Esta es también la convicción que prevalece dentro del Gobierno. “Conociendo la amistad que une a Guindos a su secretario de Estado, la única interpretación razonable de que se le haya puesto a este últimofecha de caducidad en noviembre es que el ministro ya le ha confesado que se marcha. Lo malo es que vamos a tener en funciones durante nueve meses a un cargo tan importante”, asegura una fuente ministerial. La presidencia permanente del Eurogrupo, el cargo al que aspira Guindos en Europa, aun no ha sido creado.
En el Gobierno se admite que no es lógico mantener durante nueve meses en funciones al secretario de Estado de Economía
Hay muchos más ejemplos que abonan también esta misma versión. Mariano Muñoz Carpena, consejero de Guindos, ya prepara su equipaje para viajar al Banco Africano de Desarrollo. Otro de sus consejeros, Rafael Domingo Pabón, ha sido propuesto como ejecutivo del Banco Mundial; Esther Arias y Alberto Carlos Sabido, ahora en Economía y en la Dirección General del Tesoro, han entrado en la terna del Banco Interamericano de Desarrollo. En la lista de agraciados figuran también María Rodríguez de la Rúa, jefe de Gabinete del ministro de Industria, Juan Fernández Cuervo, de la Oficina Económica de Moncloa y Emma Navarro, asesora en el Gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En las oficinas comerciales se ha encontrado hueco también paraLucinio Muñoz, destinado ahora en el Tesoro, que irá a la de Berlín. La de la OCDE en París la ocupará Alberto Soler, destinado en la dirección general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Guindos. Para la de Tokio ha sido elegida María del Coriseo González, consejera delegada del Instituto de Comercio Exterior. Y para la de Ginebra, a Fernando Varela, director ejecutivo alterno del FMI. De todos los laureados, el único que tiene cierta sintonía con anteriores administraciones socialistas es Ángel Torres, destinado a la oficina comercial de Roma.
El elegido para ir a la oficina comercial en Roma es el único que se considera cercano a anteriores gobiernos socialistas
Algunos miembros del cuerpo de técnicos se han planteado la posibilidad de recurrir el concurso, pero han echado marcha atrás por temor a represalias. “Si esto fuera Alemania, el recurso estaba cantado y se tumbaría el concurso. Lo malo es que aquí no hay tradición entre los principales partidos de respetar criterios objetivos para el reparto de estos cargos y suele prevalecer el amiguismo”, aseguran fuentes conocedoras de cómo se han hecho las selecciones en este Gobierno y en el anterior.
Los destinos en oficinas comerciales y altos organismos internacionales quintuplican, en ocasiones, los sueldos que se cobran en España
Los premios acarrean multiplicar por dos, tres, cuatro y, en algunos casos, hasta cinco veces los sueldos que los elegidos cobran en España, dentro de un amplio abanico de complementos que guardan relación en cada país de destino con el coste de la vida, de la vivienda, la divisa o los niveles de seguridad.

ESPAÑA: EL PODER JUDICIAL DESMONTA LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA


El Poder Judicial desmonta la ley de seguridad ciudadana por inconstitucional

 





LA POLÉMICA 'LEY FERNÁNDEZ' »


El Poder Judicial desmonta la ley de seguridad ciudadana por inconstitucional




El Consejo del Poder Judicial considera de dudosa constitucional muchos de los artículos más controvertidos del anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana y propone su supresión o una nueva redacción. El informe elaborado por dos vocales (el conservador Wenceslao Olea y la progresista Victoria Cinto), y que dentro de un mes votará el pleno del Consejo, plantea que el texto elaborado por el Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, establece criterios “excesivamente amplios” para justificar la intervención policial y rechaza que la mera sospecha sobre la posibilidad de que se produzcan perturbaciones justifique la denuncia de una autoridad o empleado público.

Los redactores del informe sostienen que la regulación de la identificación de personas, es de “dudosa constitucionalidad” así como la posibilidad de practicar detenciones por “faltas penales o infracciones administrativas”. Los vocales cuestionan que se pueda realizar un cacheo “para sancionar una infracción”, además de considerar “incompleta e imprecisa” esta práctica, al no excluir “los desnudos, siquiera parciales”. También rechaza que empresas y empleados de seguridad privada colaboren en disolver reuniones y manifestaciones. Y para los menores de edad se recomiendan sanciones reeducadoras, no económicas. Y ve excesivo penalizar los llamados escraches.

Derecho penal de peligrosidad. Consideran los redactores del informe que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana sigue la línea de la también anunciada reforma del Código Penal en el sentido de situarla en el marco del llamado derecho penal de peligrosidad, pues convierte la seguridad en una prioridad de la política criminal y al Estado en el espadachín que ha de defenderla con todos los medios a su alcance. Así, la reforma intensifica la acción preventiva, no solo del delito, sino también de las infracciones administrativas y, por tanto, incrementa notablemente las infracciones contra la seguridad ciudadana.

Cacheos e identificaciones. El anteproyecto regula las diligencias de cacheo e identificación realizadas con ocasión de controles preventivos de ciudadanos. Entienden los redactores del informe del Poder Judicial que es cuestionable que se establezca un cacheo para “sancionar una infracción” y critican la imprecisa redacción normativa, puesto que no se sabe qué se quiere decir en ella y si ha de entenderse que ya existe un proceso penal o un procedimiento sancionador. Además, la diligencia de cacheo que recoge la norma es incompleta e imprecisa. No define el cacheo. No lo limita al registro externo y superficial, y no excluye, en consecuencia, la práctica de desnudos, siquiera parciales. El informe echa en falta una referencia más precisa a cómo ha de llevarse a cabo el cacheo, por lo que considera que la nueva norma debería indicar expresamente el respeto a la dignidad e intimidad de la persona sometida al mismo y su carácter reservado, limitando los cacheos en la vía pública a supuestos de necesidad. Del mismo modo, señala el informe, debería recogerse la indicación del cacheo por una persona del mismo sexo que la cacheada, y con el máximo respeto a su identidad sexual.

Disoluciones de reuniones. El anteproyecto, en su artículo 22.3, incluye como causa de disolución de reuniones que “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros medios de acción violenta”. Señala el informe que esto supone una expansión de los supuestos de disolución de las reuniones y manifestaciones que resulta inadmisible.

Intervención de la seguridad privada. El informe rechaza también la obligación de empresas y empleados de seguridad privada las colaborar eficazmente con la policía. Y recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa se atribuye en exclusiva a las citadas fuerzas estatates.

Los artículos cuestionados

Artículo 16. Los policías podrán requerir la identificación de las personas y realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento.(...) Podrán inmovilizar a quienes se negaren o no pudieran ser identificados (...) y requerirles para que les acompañen a comisaría.

Artículo 17. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en una acción ilegal (...) se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos (...) para identificar a las personas que transiten o se encuentren en ellos, el registro de los vehículos y el control superficial de los efectos personales.

Artículo 19. Las diligencias de cacheo e identificación en controles preventivos (...) tendrán la consideración de medidas preventivas policiales de carácter administrativo no sujetas a las mismas formalidades que la detención.

Artículo 42. Con el fin de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas (...) se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

Artículo 47. Los policías podrán efectuar denuncias por la comisión de infracciones (...) teniendo sus manifestaciones valor probatorio de los hechos denunciados.

Artículo 54. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas.

Disposición final. Cuando los infractores sean extranjeros (...), podrá aplicarse, además de la multa, la expulsión del territorio español.

Responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. El artículo 29.3 de la nueva norma establece la responsabilidad conjunta de los organizadores y promotores de las reuniones y manifestaciones. Esto contraviene, según el informe, el principio juridico de personalidad de la sanción, por lo que debería suprimirse esta norma.

Faltas y delitos. Algunas de las nuevas infracciones incorporan conductas que actualmente son faltas penales. El informe indica que, ante la supresión de esta clase de infracciones penales en la ley orgánica que proyecta el Gobierno para el Código Penal, hay que tener en cuenta las siguientes consecuencias: a) la sanción no se impone por un órgano judicial, sino por la Administración, a quien corresponderá la valoración del comportamiento, sin perjuicio de la posibilidad de revisión ante órganos jurisdiccionales; b) para la revisión judicial de la sanción administrativa, será necesario el pago de tasas judiciales, que no existen en el actual procedimiento penal. También hay que analizar que, en el procedimiento sancionatorio administrativo, las declaraciones de los agentes que formulen denuncia gozan de valor probatorio de los hechos denunciados, mientras que en el procedimiento penal tienen el valor de simples declaraciones. Además, siempre según el informe, la multa penal se impone ahora por un juez y teniendo en cuenta la capacidad económica del denunciado, mientras que para la determinación de la multa administrativa no se atiende a esta circunstancia. Y no solo eso: según el anteproyecto, la sanción firme administrativa será inscrita en un Registro Central de Infracciones, mientras que ahora la condena por falta no es susceptible de inscripción en registro alguno.

Ultraje a la bandera. Otras de las nuevas infracciones que plasma el anteproyecto se refiere a conductas que ya están tipificadas y sancionadas como delito. Por ejemplo, las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades autónoma, o a sus símbolos o emblemas o las manifestaciones públicas, escritas o verbales. En este caso, según el informe, no se establece en ningún caso la diferencia entre el delito y la infracción administrativa, lo que plantea problemas relacionados con el principio de non bis in ídem (nadie será sancionado dos veces por el mismo hecho).

El informe también critica que la nueva norma tipifique conductas que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública y, por tanto, no está justificada su previsión como infracción. En algunas infracciones se aprecia una falta de proporcionalidad, llegándose a sancionar conductas insignificantes. El informe destaca, además, que la supresión de los criterios de graduación de las sanciones que se hace en el anteproyecto resulta desafortunada y puede dar lugar a sanciones injustas.

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lunes, 24 de febrero de 2014

ESPAÑA: 4 FAMILIAS LLEVAN 11 DIAS ACAMPADAS EN LA CALLE PARA EVITAR UN DESAHUCIO


Cuatro familias de La Zubia llevan 11 días acampadas en la calle





Este lunes cumplen once días de acampada los integrantes de cuatro familias de la localidad granadina de La Zubia que quieren negociar su hipoteca con Banco Mare Nostrum, la entidad en la que está integrada CajaGranada. Aseguran que cumplen con los requisitos para acogerse al Decreto de Exclusión Social y que en tres ocasiones les han rechazado su solicitud.

Mientras tanto siguen acampados en una plaza de La Zubia para que se visualice su situación y denunciar públicamente un caso que, según la Plataforma Stop Desahucios, afecta en toda la provincia a 84 familias que mantienen una deuda similar con la entidad de CajaGranada. 

De momento, pese a la dureza del frío y las inclemencias del tiempo, están recibiendo todo tipo de apoyos. 

La Plataforma Stop Desahucios está preparando para esta semana nuevos actos de protesta para denunciar el caso de estas familias.

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