FILIALES DE BNP Y DEUTSCHE BANK DEMANDAN A ESPAÑA ANTE EL BANCO MUNDIAL POR LOS RECORTES DE LAS RENOVABLES

Ofensiva contra España por las renovables

RREEF y Antin, dos grandes fondos vinculados a Deutsche Bank y BNP, demandan a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por los recortes a la termosolar

La reforma eléctrica se complica cada vez más. Los grandes fondos de inversión internacionales han pasado de las amenazas a los hechos. Por primera vez, han demandado a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje que forma parte del Banco Mundial. España tendrá que defenderse ante el principal centro de arbitrajes contra Estados para la protección de inversiones. Es el mismo organismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF. El Estado español se jugará cientos de millones de euros en los tribunales por los recortes a las renovables.

De momento, los inversores internacionales han presentado dos solicitudes de arbitraje en el Ciadi frente a España. La primera la suscriben RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure II Lux. La segunda ha sido presentada por las sociedades Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar BV.

RREEF Infrastructure es un vehículo de inversión promovido por Deutsche Bank que tiene en España inversiones en energías renovables, tanto eólica como solar. Antin es una firma francesa de inversión en infraestructuras en la que BNP es socio de la gestora y el principal inversor del fondo con el que arrancó su actividad. Tiene inversiones en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, entre otros países. En España controla Axión (competidor de Abertis en el negocio de torres de comunicaciones) y también tiene inversiones en energía solar, las que provocan el pleito.

España se juega cientos de millones en los pleitos de las renovables

RREEF y Antin compraron a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y Andasol 2, en una operación que supuso una valoración en torno a los 830 millones de euros, deuda incluida. Cada uno de los inversores compró el 45% del capital, mientras que la empresa presidida por Florentino Pérez retuvo el 10% restante. Según las cuentas anuales de ACS de 2012, Andasol 1 y 2 tenían en 2012 unos activos de 620 millones y una cifra de negocio de 101 millones. Las dos plantas están situadas en Guadix, Granada, a unos 1.100 metros de altitud, y empezaron a operar en 2008 y 2009.

Las demandas de arbitraje se deben a los recortes en la retribución de las actividades termosolares. En la información sobre los activos de RREEF, Deutsche Bank señalaba para justificar su inversión que “ambas plantas se benefician de un marco regulatorio transparente, estable y atractivo con la venta de su producción garantizada durante sus vidas operativas”. RREEF y Antin pagaron un alto precio por Andasol 1 y 2 a ACS contando con la rentabilidad asociada a las primas a las renovables. Consideran que el recorte de la rentabilidad viola la seguridad jurídica de sus inversiones y supone un cambio retroactivo de las reglas del juego.

Según fuentes del Ciadi, ambas presentaron sus solicitudes de arbitraje el pasado 22 de noviembre. Ambas están representadas por la oficina londinense de Allen & Overy, el despacho de abogados más activo en las demandas contra España por los recortes en las renovables. Por parte del Estado español será la Abogacía General del Estado y la Dirección del Servicio Jurídico del Estado quienes tengan que hacer frente al pleito.

El sector espera una oleada de nuevas reclamaciones

España solo había recibido hasta ahora otras dos demandas de inversores internacionales ante el Ciadi en los 19 años en que ha formado parte del organismo. La primera fue en 1997, cuando el argentino Agustín Maffezini demandó por una inversión en el sector químico a España, que acabó siendo condenada a pagar unos 350.000 euros. La segunda fue una demanda presentada el año pasado por una firma venezolana (IGB) por inversiones inmobiliarias en Las Rozas (Madrid) por unos 25 millones de euros.

Los países más demandados ante el Ciadi son con frecuencia los que tienen más problemas de seguridad jurídica. A la cabeza se encuentran Venezuela (que ha decidido dejar el organismo tras la avalancha de reclamaciones) y Argentina, por las frecuentes expropiaciones e incumplimientos de contratos.

Pero España afronta ahora el riesgo de recibir también un aluvión de demandas ante el Ciadi y otros organismos internacionales de arbitraje, no solo por los recortes a la retribución de las renovables ya realizados, sino también por los que están en marcha a punto de aprobarse.

Pleitos contra México y Egipto

Cuatro de las últimas cinco solicitudes de arbitraje registradas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial, tienen sello español. Junto a las dos demandas de fondos internacionales contra España por los recortes en las renovables, hay también dos pleitos entablados por empresas españolas contra otros países.

El pasado 6 de noviembre, Cemusa, filial de FCC especializada en mobiliario urbano, presentó una demanda contra México en la que actúan como asesores de la española los abogados mexicanos de Von Wobeser y Sierra. El pasado 17 de noviembre, las partes acordaron nombrar como árbitro al argentino Horacio Grigera Naón.

Por su parte, Cementos La Union y Áridos Jativa han presentado una solicitud de arbitraje contra Egipto para proteger sus inversiones en el país del norte de África. La firma valenciana invirtió más de 110 millones en una fábrica en Egipto después de comprar una firma local.

Empresas españolas mantienen muchos otros pleitos abiertos en el Ciadi. El más importante es el de Repsol contra Argentina por la expropiación de YPF, pero la demanda será retirada si se cierra un acuerdo sobre la expropiación.

Los recortes a la retribución de la energía fotovoltaica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya provocaron algunas demandas internacionales que denunciaban la violación del Tratado de la Carta de la Energía al aplicar, en su opinión, recortes con carácter retroactivo. Alegando esa violación, un grupo de 16 inversores (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energía Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) presentaron en noviembre de 2011 una demanda contra España bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, que fuentes del sector cifraban en unos 600 millones.

Este año, Abengoa, a través de su filial CSP Equity Investment Sarl, ha demandado al Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía por lo que considera una “expropiación” de sus legítimos intereses en las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2. El arbitraje será realizado en La Haya de acuerdo con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, según desveló Abengoa en un folleto de emisión registrado en Estados Unidos.

Pero fuentes del sector consideran que la ofensiva no ha hecho más que empezar y esperan muchas más demandas de los inversores, tanto por los recortes de primas a las renovables de finales del pasado año como por los que llegarán cuando se empiece a aplicar el concepto de “rentabilidad razonable” previsto en la reforma del sector, contestada también en los tribunales españoles por las empresas nacionales. España se juega cientos, si no miles, de millones en una reforma del sector eléctrico que se ha convertido en un gran negocio para los abogados.

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DOCUMENTO: EL JEFE DE ABOGADOS DE HACIENDA RECHAZO LAS FACTURAS QUE SALVAN A LA INFANTA

El abogado de Hacienda rechazó las facturas que salvan a la Infanta

• Señala que los gastos de Aizoon 'consistieron en pagar al matrimonio Torres-Tejeiro'

• Hacienda otorga validez a tres justificantes de "consultoría" que ascienden a 69.900 euros

El jefe del servicio jurídico de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel Herrero de Egaña, emitió un informe en enero en el que rechazaba taxativamente las tres facturas falsas de Aizoon que ahora da por buenas Hacienda para salvar a la Infanta Cristina de un delito fiscal.

El jefe de la Abogacía de la Agencia Tributaria afirma que los pagos a Torres que recogen esos justificantes «no se compadecen con las actividades que Aizoon decía realizar». El director de la AEAT, Santiago Menéndez, obvia éste y otros informes al asegurar que siempre se consideraron deducibles.

El director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria rechazó el pasado mes de enero de forma contundente las facturas falsas que Hacienda ha dado ahora por buenas para salvar a la Infanta Cristina del delito fiscal.

'No se compadece con las actividades'

Juan Manuel Herrero Egaña Espinosa de los Monteros confeccionó un informe el pasado 17 de enero, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que sentenciaba sin ningún tipo de matices que «el análisis de los gastos de Aizoon SL no se compadece con las actividades que decía realizar».

Pero iba todavía más allá. Recalcaba que «los gastos de Aizoon en esos ejercicios [2007 y 2008] consistieron básicamente en pagar al matrimonio Torres-Tejeiro por ayudar al Sr. Urdangarin en sus labores de consejero», entre otras cuestiones.

Bien, pues apenas 10 meses después, Hacienda ha aceptado como válidas precisamente tres facturas abonadas por la empresa familiar de los duques de Palma a la sociedad Intuit Strategy Innovation Lab SL, propiedad de Diego Torres y de su esposa y anteriormente denominada Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica, que albergan precisamente ese cometido ficticio.

Informe del jefe jurídico de Hacienda del pasado 17 de enero.

Es decir, el de ayudar al duque de Palma a «preparar» los consejos de administración a los que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, ni siquiera asistía. No en vano, Hacienda ha concluido siempre en sus dictámenes que «ni en el sumario ni en el expediente administrativo de inspección figuran testimonios de ningún documento, producto o resultado de las actividades de asesoramiento o consultoría pretendidamente desarrollados por Aizoon en beneficio de sus clientes».

Cambio de criterio

Pese a ello, Hacienda otorga ahora validez a tres justificantes de «consultoría» (emitidos todos ellos en 2007) que ascienden a 69.900 euros. Gracias a este injustificado cambio de criterio, la Agencia Tributaria ha concluido en su último informe que la sociedad participada al 50% por la Infanta Cristina no incurrió en delito fiscal.

De haber mantenido la misma postura que su departamento jurídico el pasado mes de enero, la cuota defraudada por la empresa pantalla de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin habría ascendido exactamente a 120.757 euros, transformándose el fraude de Aizoon en un delito fiscal.

El máximo responsable jurídico del Fisco proseguía su informe subrayando que «los gastos deducidos por Aizoon en su Impuesto de Sociedades no estaban relacionados con los contratos de los que derivaban los ingresos por prestaciones de servicios». «O dicho de otro modo», añadía Herrero de Egaña, «no aparecen gastos relacionados con el normal desempeño de la actividad de asesoría que tendría cualquier sociedad que realmente se dedicara a esa actividad».

«La única actividad que realizaba la sociedad», apostillaba el abogado jefe, «era la del alquiler de inmuebles y por un importe anual (30.576,12 euros en 2007 y 27.329,56 euros en 2008) muy inferior a los importes facturados por la supuesta actividad de asesoría (645.453,40 euros en 2007 y 494.156,22 euros en 2008)».

En ese mismo documento, el responsable jurídico de Hacienda apuntaba que «lo anterior pone claramente de manifiesto» que «la existencia de Aizoon sólo se justifica como pantalla de la cual se servía el Sr. Urdangarin para ocultar esas retribuciones personales derivadas de su propia actividad personal, deducirse gastos no relacionados con la actividad y sujetarlas a una tributación inferior».

Pero es que todavía obran en poder de Hacienda más informes emitidos por su Delegación Especial de Cataluña que certifican el reciente cambio de criterio para exonerar a la hija del Rey.

Gastos 'no relacionados con contratos'

El 14 de enero de este mismo año, una de las inspectoras elaboró otro informe en el mismo sentido que los descritos anteriormente. Tras analizar exhaustivamente los gastos declarados por Aizoon en 2007 procedentes de grandes empresas privadas como Mixta África, el grupo Lagardere o Havas Sport, sentenciaba lo siguiente (de nuevo sin realizar ningún tipo de distinciones): «El análisis de los gastos declarados por la sociedad evidencia que no están relacionados con contratos como los mencionados».

Por si fuera poco, la Fiscalía Anticorrupción corroboró estos mismos argumentos en un informe presentado ante el juez José Castro el 18 de enero. En él hacía suyas las conclusiones del jefe de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria.

El fiscal subrayaba, parafraseando a Herrero de Egaña, que «la única actividad que realizaba la mercantil Aizoon era la de alquilar inmuebles». Pedro Horrach concluía que «el análisis de los gastos de Aizoon pone de manifiesto que los mismos no están relacionados con los contratos de los que se derivan los ingresos por prestaciones de servicios». Una aseveración que impide por completo que puedan llegar a ser considerados deducibles.

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5 CLAVES PARA ADJUDICAR CONCURSOS PUBLICOS A DEDO SIN VIOLAR LA LEY

Cinco consejos para adjudicar concursos públicos a dedo sin violar la ley

¿Eres un político al margen de moral relajada? ¿No te convence eso de hacer concursos públicos? ¿Tienes amigos empresarios (a los que ahora llamas emprendedores) deseosos de llevarse tus contratos pero temes a esos jueces que pueden descubrir el pastel? ¿A veces (sólo a veces) tienes remordimiento de conciencia? ¿Sabes que tus trapicheos están mal, pero te da alergia la ley y toda la burocracia que conlleva?

Pues no seas mentecato, hombre. Actualmente, la propia ley te proporciona una serie de mecanismos para poder ser corrupto de acuerdo a las normas y sin que tu conciencia te moleste siquiera un segundo. Te ofrezco cinco prácticos consejos que deberás seguir la próxima que quieras adjudicar un contrato a dedo:

1.- Convoca el concurso público dándole una difusión muy discreta, la que marque estrictamente la ley (documentos oficiales y poco más). En cuanto a la cantidad de dinero que recibirá la empresa adjudicataria por la ejecución del contrato, no te pases mucho, fija un importe bajo. Con esto, de entrada, reducirás la lista de candidatos a un contrato que no parece ser un gran negocio. No obstante, con toda probabilidad habrá varios aspirantes.

2.- Seguro que, más o menos, sabrás a qué tipo de empresas les puede interesar el contrato que ofreces, ¿verdad? Haz lo siguiente: habla con ellas antes de que formalicen su solicitud y hazles saber directamente que no van a ganar. Esa adjudicación ya tiene dueño (tu empresario amigo, al que ahora llamas emprendedor); si se lo dices a sus rivales alto y claro desde el principio, lo más seguro es que ni se presenten, para no perder el tiempo.

Si este paso sale bien, los trámites del concurso finalizarán mucho antes de lo previsto y tu empresa amiga podrá firmar el contrato antes de dos semanas.

Viñeta cortesía del ilustrador Fito Vázquez (humorfitovazquez.blogspot.com)

3.- No obstante, pese a los avisos de amaño, es probable que haya alguna empresa que esté empeñada en participar en el concurso aunque sepa que no lo va a ganar. Si eso sucede, establece un pliego de condiciones imposible y al que casi nadie pueda acceder. Una buena forma de hacer esto es fijar una (costosa) cuota o aval que tendrán que abonar todas las empresas sólo por concursar, con independencia de si ganan o no. Eso hará que algunos rivales se retiren, ya que no querrán gastarse el dinero en un concurso que saben que van a perder.

¿Sigue habiendo empresas interesadas en presentarse pese al pago de la cuota? No te preocupes: vuelve a acudir al pliego de condiciones. En él, desarrolla unos requisitos lo suficientemente explícitos para que sólo los cumpla tu empresario amigo. Un ejemplo: si tu amigo lleva poco tiempo en esto, explica en el pliego de condiciones que tu institución busca ayudar a las empresas emergentes, con lo que la compañía adjudicataria no podrá tener más de tres años de vida.

Una vez que el concurso público se haya declarado desierto, ya puedes cargártelo sin problemas. La ley establece que si un concurso público no tiene candidatos, la institución adjudicataria puede eliminarlo y conceder el proyecto mediante procedimiento negociado.Si, por el contrario, lleva toda la vida en esto, explica en el pliego que la adjudicación es de vital importancia para tu institución, con lo que sólo se pueden presentar compañías con más de diez años de experiencia. Si el contrato es puramente urbanístico y la empresa de tu amigo lo más que ha hecho es amueblar un colegio, aclara en el pliego de condiciones que el proyecto de tu contrato está enmarcado dentro de un proyecto de desarrollo integral, con lo que se valorará positivamente a las empresas que también hayan trabajado en sectores como la educación.

4.- A estas alturas de vida, y si has hecho todo bien, el concurso público ya sólo tendrá como potencial aspirante a tu empresario amigo. Pues bien, dile que tampoco se presente. Sí, has leído bien. Dile que él tampoco se presente. El concurso, por tanto, no tendrá ningún aspirante a la adjudicación.

5.- Una vez que el concurso público se haya declarado desierto, ya puedes cargártelo sin problemas. La ley establece que si un concurso público no tiene candidatos, la institución adjudicataria puede eliminarlo y conceder el proyecto mediante procedimiento negociado. Es ahora cuando, con total libertad, puedes sentarte tranquilamente con tu empresario amigo y ofrecerle la adjudicación. En el nuevo contrato negociado, no te olvides de modificar el presupuesto que estipulaba el contrato público inicial y multiplicarlo por dos.

Fin. Para volver a empezar, vuelve al punto número 1.

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EL GOBIERNO HARA DEVOLVER LAS AYUDAS A LA VIVIENDA DE FORMA RETROACTIVA

El Gobierno estudia eliminar la desgravación por vivienda de forma retroactiva




El Gobierno español está estudiando eliminar la desgravación para la compra de vivienda habitual de forma retroactiva, según publica hoy El Mundo citando fuentes próximas al Ejecutivo. 

El diario dice que el Gobierno estudia la eliminación de esta desgravación dentro de la reforma fiscal que prepara para primeros del próximo año, que supone para 2014 un coste de 1.800 millones de euros y que el Ejecutivo del Partido Popular quiere retirar de forma retroactiva. 

Según el diario, unos 5,8 millones de españoles se benefician de este tipo de deducción, que ya fue retirada para aquellos que comprasen nuevas viviendas a partir de 2013. La retirada de esta medida se enmarcaría dentro una reforma más amplia que reduciría los impuestos al trabajo y elevaría los gravámenes al consumo, en consonancia con las recomendaciones de Bruselas. 

El Gobierno español tiene por delante una dura lucha en los tribunales internacionales por otras medidas que los colectivos afectados consideran retroactivas, como la remuneración a las energías renovables, por cuyos recortes varias empresas han presentado demandas en los tribunales internacionales del Ciadi.
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EL CHOLLO DE LOS CURSOS DE UGT: "TENGO UN TITULO DE UN CURSO DE 300 HORAS DE UGT AL QUE NO ASISTI"

'Tengo un título de un curso de 300 horas de UGT al que no asistí'

• Un ex secretario comarcal asegura que hay cursos que no se hacen y se cobran

• Me dijeron 'firma como si hubieses venido todos los días y lo tienes'"

Se llama José Miguel Montoro, trabajó en la UGT hasta que le despidieron, hace ocho años y no tiene ningún problema en autoinculparse con tal de sacar a la luz las irregularidades del sindicato. «Tengo un título de un curso de técnico en prevención de riesgos laborales, de 300 horas presenciales, al que no asistí». revela el ex sindicalista, quien también acusa a la organización de pagar en B.

«Yo me autoinculpo y digo cómo se hacían las cosas». José Miguel Montoro Ruiz Míchel, 55 años, habla sin tapujos con EL MUNDO de las presuntas irregularidades que se cometen en el seno de la UGT. El sindicato le despidió hace ocho años y Míchelacudió a un tribunal para denunciarlo, pero sin éxito. Incluso, remitió un escrito a la Agencia Tributaria para dar detalles de una presunta contratación fraudulenta por parte de UGT, pero nunca tuvo respuesta de este organismo.

Llamadas anónimas

Míchel empezó a recibir llamadas de teléfono anónimas y tuvo que abandonar su hogar en Novelda (Alicante) -tiene mujer y tres hijos- para emigrar a otro pueblo, del que prefiere no revelar su nombre y donde lleva dos años viviendo. «Desde entonces, nuestra vida no ha ido nada bien. Estoy en una lista negra y no puedo trabajar en ninguna empresa de la construcción, porque en el momento que aparece mi nombre salta una alarma y me dicen que no puedo seguir».

«Se contratan personas allegadas que no puedan irse de la lengua»

Este sindicalista fue secretario de Organización de MCA-UGT en la comarca del Valle del Vinalopó y la Montaña, en Alicante, además del responsable de Acción Sindical y el encargado de organizar cursos de formación para delegados sindicales. Estuvo vinculado a UGT durante 22 años y presenció «muchas, muchas situaciones irregulares».

- ¿Se cometían irregularidades en la realización de los cursos?

- Sí, claro. Los cursos conllevaban unos gastos y había veces que terminábamos a mediodía y no nos quedábamos a comer. Pero como había que justificar una serie de gastos, yo, cuando iba a un restaurante, pedía una nota por 30 o 40 menús, cuando estaba comiendo yo solo. Esa nota se pasaba a Madrid.

José Miguel responde sin miedo, pese a haber sido el responsable de la programación de esos cursos. Es más, reconoce que, a veces, se buscaban personas de confianza para que actuasen como alumnos y poder justificar las ayudas que llegaban para formación.

«El hecho es que hay ocasiones en las que no se hacían todos los cursos solicitados, y para no devolver el dinero conseguido se buscaba a afiliados de otras comarcas para que cumplimentaran la información, ya que si no justificas la ayuda, el dinero hay que devolverlo».

- ¿Por qué permitía que se firmasen cursos que no se realizaban?

Inmerso en un 'mercadeo'

- Porque estaba en un engranaje donde todas las piezas tenían que encajar. Si tú eras díscolo y esa pieza no encajaba bien, lo que se hacía era apartar la pieza, es decir, cambiar la pieza por una nueva.Estabas inmerso en ese mercadeo.

- El dinero que llegaba para esos cursos ¿era dinero público?

- Por supuesto. Podían venir financiados por el Gobierno autonómico, por el Gobierno central, incluso se podía dar la paradoja de que viniesen financiados por la Unión Europea. Al sindicato de Valencia se le llegó a pedir la devolución de dinero porque no podía justificarlo.

Míchel cuenta que por cada curso podía haber 15 alumnos y que, «a veces, se hacía la jornada continua y se terminaba a las tres [del mediodía] para evitar gastos», ya que «cuanto más justifiques, pero menos gastes, el beneficio siempre es mayor», advierte.

Las ganancias

- ¿Cuánto se puede sacar por un curso de formación sindical?

«El caso de los ERE es una práctica habitual y cotidiana en el sindicato»

- Mucho dinero.

- ¿Eso cuánto es?

- Depende del curso. Por ejemplo,técnico en prevención de riesgos laborales, nivel intermedio, es un curso de unas 600 horas. Yo tengo un título de este curso, de 300 horas presenciales, y yo no he asistido. Este curso no es verdad. Yo no he estado allí presente para tener esta titulación, pero la tengo. A mí se me dijo: 'Aquí tienes una plaza, si quieres el título, firmacomo si hubieses venido todos los días y lo tienes'. Me tiré una tarde firmando papeles de días y días. El curso se financió con fondos de la Unión Europea.

«Este curso tenía un coste importante», prosigue Míchel, que detalla que por cada alumno que terminara el curso eran unas 266.000 de las antiguas pesetas, es decir, unos 1.600 euros por cada persona. El curso se realizó en la sede de UGT de Alicante, en junio de 2003.

- En estos años que tuvo un cargo en el sindicato, ¿se cometieron más irregularidades?

- Sí, por supuesto. Tener personas contratadas a media jornada que estaban trabajando todo el día. Una parte del salario se les pagaba en limpio, con la nómina, y la otra parte se les pagaba en negro, más unos complementos.

Dinero negro

- Ese presunto dinero en negro ¿de dónde salía?

- De muchos sitios, pero hay que pensar que salía de la formación.

El proceso de contratación dentro del sindicato se basa en buscar apersonas «muy allegadas, un familiar o un amigo, alguien de confianza que después no pudiera irse de la lengua y contar las intimidades y lo que se hacía», denuncia Montoro, que asegura que «cuando se hacía este tipo de irregularidades se usaba a gente así, gente que no pudiera hablar».

Míchel optó por hablar y contar lo que sabe y lo que vio cuando estuvo en UGT. En este sentido, no pasa por alto el caso de los EREdestapado en Andalucía. «A mí no me suena de nuevas, porque eso ya se estaba haciendo», asegura. «Lo que está saliendo a la luz en Andalucía es algo que se está haciendo en otros sitios y se ha hecho en otros sitios, aunque no a ese nivel tan elevado y con tantas personas implicadas. Hay gente que dentro de esa negociación se lleva siempre un dinero. Es una práctica habitual y cotidiana».

- ¿Cómo permitía todo esto?

- Si no lo hacía, no podía continuar.

'Quien diga que no sabe, miente'

«Estoy convencido de que las conoce». Así responde 'Míchel' cuando se le pregunta si cree que Cándido Méndez es consciente de las presuntas irregularidades que afloraron en el seno de UGT. Es más, no duda al asegurar que «cualquier persona que haya estado en el sindicato durante un tiempo, con un cargo de responsabilidad, sabe lo que se está haciendo dentro. Y quien diga que no, está mintiendo». Este ex sindicalista reconoce que UGT «tiene una estructura bastante compleja, donde cada sindicato se supone autónomo, pero todo se supedita a lo que dictamina el confederal». La comunicación en la estructura de UGT se rige de la siguiente manera, atendiendo a la descripción que realizó a este diario José Miguel Montoro: «Se canaliza como en un régimen militar, de una escala inferior, a una superior. Del sindicato comarcal pasa al regional -en este caso, el valenciano-; de ahí, a los máximos responsables de la organización en Madrid; y de ahí, al confederal». «Es como una dictadura. Nadie sale del sillón, todos mueren en la cama y Cándido Méndez dice que morirá en la cama».

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MINISTRO MONTORO: " EL PP VOLVERA A GANAR LAS ELECCIONES PORQUE LOS MERCADOS NO SON GILIPOLLAS "

Montoro: "El PP volverá a ganar las elecciones porque los mercados no son gilipollas"

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, asegura que "jamás" ha dado una orden política en la Agencia Tributaria y advierte de que tomará como una "ofensa personal" que se insinúe que el Gobierno pretende dar ese uso al organismo.

En una entrevista en forma de crónica que publica hoy el periódico El Mundo, el ministro insiste en que "el lío" de las últimas dimisiones en la AEAT le ha servido para "conocer lo que desconocía: que estaba trufada de gentes del PSOE en puestos de responsabilidad".

Montoro confía en sus profesionales "a pies juntillas" y "desafía" a que alguien demuestre que él ha dictado "orden política alguna" en la Agencia.

Por otra parte, recalca que España está saliendo de la crisis económica "aunque no lo reconozcan algunos insensatos" y afirma que "es doloroso" que "algunos de los tuyos" no se enteren.

Montoro tiene claro además que el PP va a volver a ganar las elecciones en 2015 "porque los mercados no son gilipollas" y "si vuelven los otros perderemos todo lo ganado".

También lamenta que no tiene interlocución en el PSOE, "quizá Rubalcaba", y que en el principal partido de la oposición "se oponen a todo, incluso a la Ley de Factura Electrónica".

El ministro se muestra descontento con los que "sólo utilizan argumentos ad hominem como si yo fuera la encarnación del mal" e insiste en que tenía que "salvar a España, enferma de tanto endeudamiento".

Recuerda que la intención del Gobierno es bajar el IRPF en 2015 y se pregunta si alguien en su "sano juicio" puede pensar que a él le gusta subir impuestos, pero "no había más remedio y volvería a hacer lo mismo", asegura.

"Prefiero incumplir mi programa electoral que ver a mi país en un rincón, deshecho y envuelto en andrajos", resume Montoro.

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TECNICOS DE INDUSTRIA DETECTAN QUE LAS FACTURAS DE ELECTRICIDAD DE FENOSA SON IRREGULARES

Técnicos de Industria detectan más facturaciones irregulares de Fenosa

La Xunta descarta expedientar a la compañía porque el afectado no la denunció

Los técnicos de la Xunta extienden a Pontevedra las sospechas sobre facturaciones millonarias realizadas por Unión Fenosa Distribución de forma presuntamente irregular en A Coruña. Mientras el Gobierno gallego evalúa si castiga a la compañía por reclamar indebidamente a empresas y Administración pagos por cinco millones de euros para dar suministro al polígono industrial de Morás (Arteixo), técnicos de la Consellería de Industria han propuesto expedientar de nuevo a la compañía por intentar facturarle 1,2 millones de euros a una firma eólica para abonar unas obras de conexión que ya estaban realizadas y que además, según la legislación, deben ser financiadas por la eléctrica. La consellería ha informado a este periódico que no atenderá la recomendación que sus funcionarios emitieron en septiembre para que tramite un expediente sancionador a Fenosa porque la sociedad afectada, Energía de Galicia, SA (Engasa), no ha presentado denuncia.

 Engasa se puso en contacto con la Xefatura Territorial de la Consellería de Industria en Pontevedra en mayo de 2012 para comunicarles que Fenosa condicionaba el abastecimiento eléctrico de la ampliación del parque eólico de Xiabre, un monte que se reparten los municipios de Vilagarcía, Catoira y Caldas, al pago de unas obras valoradas en 1,2 millones de euros. Fenosa reclamó a Engasa el abono de varias ampliaciones de la red que, tal y como averiguó posteriormente la eólica, ya había sido ejecutadas por la eléctrica dentro de las inversiones que le obliga la ley y que luego le retribuye el Estado. “Hicimos nuestras averiguaciones y hablamos con ellos”, recuerda el administrador único de Engasa, Benito Fernández, quien después de unas “duras negociaciones” consiguió rebajar mucho la aportación económica que pondrá su empresa para garantizar la conexión eléctrica del parque.

Al responsable de Engasa no le sorprende el incidente con Fenosa. “Por sistema, la eléctrica intenta siempre aprovechar y, de paso que te cobra a ti [por la conexión], pagar obras que ella está obligada a hacer”, explica Fernández. “Si el tema fuese lo suficientemente grave, lo hubiéramos denunciado ante la Administración, pero no fue el caso. Lo arreglamos a nuestra manera”. Los técnicos de Industria consideran, sin embargo, que aunque los cobros indebidos no llegaron a ejecutarse por parte de Fenosa, la eléctrica debe ser expedientada porque su actuación “está totalmente al margen de la legislación vigente”.

Los técnicos de la Xunta apuntan que Fenosa ha podido cometer varias infracciones administrativas —graves o muy graves— al intentar cobrarle a Engasa la conexión eléctrica al parque eólico de Xiabre, entre ellas una presunta alteración de precios superior a 300.000 euros, un incumplimiento de sus obligaciones por omitir información o proporcionarla de manera confusa y la inclusión en el presupuesto de conceptos indebidos. “No se ha abierto ningún tipo de expediente sancionador porque no hubo ningún tipo de reclamación ante la Xefatura Territorial de Pontevedra”, justifica la consellería para no atender la demanda de sus técnicos.

Xestur paraliza todos sus pagos

Xestur, la empresa pública de la Xunta a la que Fenosa facturó cobros indebidos, según los técnicos de Industria, ha paralizado todos los pagos pendientes con la eléctrica por dar suministro a polígonos industriales “hasta que se aclare la situación”. Así lo aseguró hace unos días en el Parlamento gallego el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Agustín Hernández, en referencia al expediente sancionador que se ha incoado contra la compañía por estas presuntas irregularidades. “No vamos a pagar ni a Fenosa ni a nadie lo que no le corresponde”, afirmó Hernández.

El expediente sancionador fue reclamado durante todo un año por los técnicos de la Consellería de Industria a sus superiores en reiterados informes. Sin embargo, la Xefatura Territorial de la consellería en A Coruña impulsó el castigo solo cuando las presuntas irregularidades fueron destapadas en el Parlamento gallego por AGE bajo la amenaza de acudir a la fiscalía.

El expediente únicamente se incoó por los presuntos pagos indebidos exigidos por Fenosa a Xestur y a dos empresas privadas para dar suministro al polígono de Morás, en Arteixo, pese a que los funcionarios detectaron también posibles infracciones en el abastecimiento al parque empresarial de Bértoa (Carballo). En este último polígono, según los informes oficiales, Fenosa intentó hacer pagar a Xestur un millón de euros por unos transformadores usados de 1992.

Los pagos de la empresa pública a la eléctrica en Bértoa también están paralizados, admite el conselleiro de Infraestruturas, aunque Industria ha evitado incoar un expediente sancionador como piden los técnicos. “Ahora solo nos falta saber cuánto dinero entregó Fenosa a las cuentas del PP”, replicó la diputada de AGE Consuelo Martínez al escuchar cómo Hernández defendía el comportamiento de la eléctrica respecto a la colocación de infraestructuras de segunda mano en Bértoa.

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DIMITE EN BLOQUE EL CONSEJO TERRITORIAL DE UPyD POR DISCREPANCIAS CON LA DIRECCION

Dimite el Consejo Territorial de UPyD en Galicia por discrepancias con la dirección

«Algunos afiliados de UPyD de Galicia que han dado a conocer todo esto consideran que Rosa Díez y su Consejo se están cargado el partido en Galicia», denuncian

Los miembros del Consejo Territorial de Galicia de Unión Progreso y Democracia (UPyD) --incluido el coordinador en la Comunidad, Gonzalo Fernández Piñeiro-- han presentado su dimisión en protesta«por el trato recibido por parte de dirigentes» del partido de Madrid. Según han explicado a Europa Press fuentes próximas a la organización en Galicia, aunque los hasta ahora miembros de la cúpula gallega de UPyD dimiten, «manifiestan que siguen siendo afiliados», y esperan que «su gesto sirva para que el Consejo de Dirección de UPyD tome medidas que rectifiquen la marcha del partido».

El Consejo Territorial (CT) que acaba de dimitir, había sido elegido en diciembre de 2012 por los afiliados gallegos de UPyD, pero desde el principio «contó con la oposición de la dirección de UPyD de Madrid, que intentó que siguiera dirigiendo el partido una Gestora elegida por ellos», han indicado las mismas fuentes. Y es que, según han remarcado, desde su elección hace un año, el Consejo Territorial ha denunciado «falta de colaboración y críticas de Madrid» así como «silencio y falta de respuesta» a la «múltiples solicitudes presentadas» al responsable de Organización de Madrid, Juan Luis Fabo. Según estas mismas fuentes, se acusa a la dirección del partido en Madrid de poner «trabas a sus trabajos para promocionar UPyD en Galicia y llevar a cabo iniciativas», todo ello debido a la «permanente actitud negativa y destructiva de los miembros del Consejo de Dirección de UPyD».

«Algunos afiliados de UPyD de Galicia que han dado a conocer todo esto consideran que Rosa Díez y su Consejo se están cargado el partido en Galicia, y que probablemente no han nombrado aún una Gestora porque no les queda ya ningún afiliado gallego en quien confiar», denuncian. Así, según ha podido saber Europa Press, dejan su cargo el coordinador territorial de UPyD en Galicia, Gonzalo Fernández Piñeiro; así como la responsable de Organización, Ana Alonso; el encargado de Comunicación, Pablo Alborés; el responsable de Acción institucional y de Redes Sociales, Carlos Casar; y la responsable de Expansión del Consejo Territorial, Elisa Pumar.

Tras la disolución del Consejo Territorial de Galicia, el Consejo de Dirección de UPyD debe nombrar una gestora --sería la tercera en cuatro años-- así como gestoras locales y provinciales, han indicado las mismas fuente. Estas dimisiones se producen a dos meses de que se celebren elecciones para elegir nuevos consejos locales en La Coruña y en Vigo, únicas ciudades gallegas que cuentan con más de 15 afiliados. Además, estas dimisiones llegan después de que en mayo de 2012 abandonase la formación el anterior coordinador territorial, Andrés Mosquera; a esto le siguieron denuncias de fraude por afiliados vigueses en la celebración de las elecciones internas de UPyD de septiembre de 2012, realizadas en Santiago. Tras ello, en mayo de 2013 abandonó el partido quien fue su candidato a la Xunta, el santiagués José Canedo.

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CHINA IMPLANTA COMO 2ª MONEDA EL RUBLO RUSO

El rublo será la primera divisa extranjera que circulará en China junto con el yuan

En la ciudad china de Suifenhe, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, se ha permitido la libre circulación del rublo ruso.

Según la prensa local, tras la decisión correspondiente del Consejo Estatal de China, Suifenhe será la primera plataforma desde la creación de la República China en 1949 para la implementación de la circulación de una moneda extranjera a la par que la nacional, el yuan, lo que permitirá depositar fondos y realizar pagos de servicios y bienes con rublos.

Suifenhe, ciudad que muchos denominan la 'capital' del comercio entre Rusia y China, es un importante canal para la cooperación económica entre los dos países. Junto con el rápido desarrollo del comercio transfronterizo y el creciente flujo de turistas rusos, en esta ciudad crece el volumen de uso del rublo en efectivo.

Anteriormente, en 2002, el Banco Central de Rusia y el Banco Popular de China firmaron un acuerdo sobre la introducción de asentamientos interbancarios en las zonas fronterizas.
  
En cuanto a las estadísticas, el primer semestre de este año el comercio entre Rusia y la provincia de Heilongjiang, a la que pertenece Suifenhe, fue de más de 10.000 millones de dólares.

En agosto de este año se organizó la primera exposición internacional de comercio transfronterizo, cuyo objetivo era el desarrollo de la cooperación ruso-china.
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