El sector eléctrico está siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza del Ministerio de Industria. Su titular, José Manuel Soria, en las últimas semanas se ha visto obligado a dar marcha atrás y cambiar de planes en uno de sus grandes proyectos: el nuevo sistema de facturación del precio de la electricidad.
Lo que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo es una normativa que pondría las bases para una facturación horaria. Comercializadoras, usuarios y partidos de la oposición han mostrado en repetidas ocasiones su total rechazo ante este sistema, que, además de requerir una infraestructura en forma de contadores inteligentes con la que todavía no cuenta el país, provocaría, aseguran, la "alarma social" ante la volatilidad de los precios. 
Asimismo, lejos de abaratarse, el precio del servicio podría verse incrementado como consecuencia de una carga de impuestos que no para de crecer y, por supuesto, la complejidad del nuevo recibo también va a en aumento. Estos son los tres pilares de una factura de la luz que el Gobierno no acaba de resolver cómo aplicar. 
Los ‘peajes’
Fluctúan de año en año, pero, en el cambio de facturación propuesto, no sufrirían grandes modificaciones. Los llamados peajes componen el 47% de la factura. En 2013, estos han supuesto más de 21.000 millones de euros, una parte de los cuales son costes del sistema y, otros, costes asociados: son estos la parte más 'política' de la factura, ya que el peso de cada uno de sus componentes está ligado a las decisiones del Gobierno de turno. 
Y, dentro de ellos, diferentes tipos de subvenciones forman la mitad de los costes. 
Un 75% son subvenciones al llamado Régimen Especial: con esa cantidad se cubre la diferencia existente entre lo que los productores de renovables reciben por la energía vendida, con respecto a lo que el Gobierno se comprometió a abonarles en las diferentes legislaciones promulgadas para incentivar la energía renovable.
Otro 15% corresponde a los costes de generación de electricidad ‘extrapeninsular’. A pesar del debate sobre la posibilidad de incluir estas cantidades en los Presupuestos Generales del Estado, los diferentes Ejecutivos han apostado por cargarlo en las facturas. Con esta aportación, los españoles que vivan en las islas pagan como todos los demás y no se abonan sobrecostes por las dificultades añadidas que implica llevar la electricidad hasta sus hogares.
Un 6% sirve para garantizar la ‘interrumpibilidad’: se paga a los grandes productores de energía (principalmente grandes fábricas) para que estén listos para cortar su suministro de energía en el caso de que hubiera una sobrecarga en la red. Otro factor que se incluye en la factura y que, sin embargo, está estrechamente ligado a las políticas territoriales es el 2% que se utiliza para mantener a flote la producción del carbón nacional. Con esta subvención se evita que se compre, a un precio menor, el carbón extranjero.
Y, finalmente, un último 2% acaba en el "bono social", que garantiza la luz a precios asequibles a las familias más necesitadas. Sin embargo, puede acceder a él también a todo aquel que contrate menos de 3 Kw. Esta cantidad, a día de hoy, puede ser útil cualquiera que tenga un piso de menos de 50 metros cuadrados y con electrodomésticos básicos.
El coste de la energía
Algo más de un 37% de la factura que el Gobierno ha sido incapaz de implementar corresponde al coste propio de la energía, cuyo nuevo modelo de cálculo ha sido, precisamente, el principal foco de quejas por parte de comercializadoras y asociaciones de usuarios. Con la nueva reforma, el precio que los ciudadanos tendrán que pagar por su consumo variará horariamente: será el resultado de una subasta que el Operador del Mercado Eléctrico (OMEL) llevará a cabo para cubrir el total de la energía requerida.
Asociaciones y comercializadoras han señalado en repetidas ocasiones la alarma social que podrá despertar la volatilidad de la nueva factura, muy sensible a factores tan impredecibles como la climatologíaEn este proceso, las energías renovables, hidráulica y nuclear tienen prioridad absoluta, por lo que toda la generación que provenga de estas tres fuentes entra en su totalidad en el sistema y, muy importante, lo hace a coste cero. La cantidad variará, entre otras cosas, ante factores como el viento que mueve los molinos eólicos o la cantidad de agua que estén desalojando las centrales hidroeléctricas de presas en ese momento.
Cuanto mayor sea la energía producida por estas dos fuentes, menor será la cantidad a abonar por el coste de energía. En cambio, si el día es seco y sin viento, mayor será la parte de la subasta que tendrá que ser completada con energía proveniente del carbón importado, nacional y de los ciclos combinados, fuentes todas ellas que sí tienen un coste para el cliente.
Por ello, desde distintas asociaciones y comercializadoras se ha señalado en repetidas ocasiones la "alarma social" que podrá despertar la volatilidad de la nueva factura, muy sensible a factores tan impredecibles como la climatología.
Además, para poder llevar a cabo la facturación horaria todos los usuarios deberán contar con un contador inteligente que, según los últimos cálculos, sólo están activos en los hogares de siete de los 27 millones de consumidores. De esta manera, el Gobierno se ha visto obligado a retrasar la entrada en vigor de la nueva factura hasta junio, fecha que se podría ampliar hasta julio, según publicó Cinco Días el pasado viernes. Esta decisión, según la misma información, podría ir acompañada de una nueva suspensión de este nuevo modelo de cálculo de la energía consumida hasta el año próximo.
Los impuestos
Los impuestos representan el 26,6% de los costes de una factura. A esta se aplica un 5% inicial en concepto de impuestos especiales, a partir del cual se cobra el 21% de IVA. El tercer impuesto eléctrico es un ulterior 5% que se destina a las comunidades autónomas. Sin embargo, no está claro a qué fines los diferentes Gobiernos regionales destinarían esta cantidad: ni desde el sector ni desde el Ministerio se ha podido explicar a este diario su objetivo.