Diez incumplimientos electorales de Mariano Rajoy
El 20 de noviembre se cumplen dos años desde que el Partido Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta
El PP incumplió sus promesas de no subir impuestos, no recortar las pensiones ni servicios públicos como la sanidad o la educación
También se ha saltado las referencias a la transparencia de los cargos públicos y al respeto a las instituciones judiciales
"Yo no voy a subir los impuestos, no"
Faltaban cuatro días para que los ciudadanos acudieran a las urnas y Mariano Rajoy lanzó una de sus claves de campaña: "Yo no voy a subir los impuestos, no". Lo hizo en unaentrevista en El País, el 16 de noviembre de 2011, pero fue una de sus consignas en la oposición y durante toda la campaña electoral: "Subir los impuestos hoy significa mas paro y mas recesión. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta más a las maltrechas economías de las familias y las empresas", fue su argumento central.
El primer Consejo de Ministros presidido por Rajoy aprobó una gran subida de impuestos que afectó a las rentas de los trabajadores, del ahorro y al IBI. En meses sucesivos, el Gobierno aumentó otros impuestos, entre ellos el IVA, que por primera vez subió tres puntos de una tacada.
Rajoy incumplió otra de sus promesas al achacar al Ejecutivo de Zapatero la necesidad de esas medidas. "No me voy a quejar de la herencia que reciba", aseguró el candidato del PP en plena campaña, pero justificó sus primeros recortes y subidas impositivas en la brecha del déficit, que fue del 8,51%, mientras los socialistas lo habían situado en el 6%.
"No voy a tocar las pensiones"
Otra de las grandes banderas durante la campaña: "El Partido Popular está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", rezaba el programa. "No voy a tocar las pensiones", concretó Rajoy. Ahora ha reformado el sistema para desligar las pensiones del IPC, lo que en la práctica va a conllevar una pérdida de poder adquisitivo: en 2014 las pensiones solo subirán un 0,25% mientras que el incremento de los precios será mayor. Además, la reforma supondrá un tajo de 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022.
Rajoy cargó contra Zapatero en mayo de 2010 por congelar las pensiones y aseguró que los socialistas habían abandonado el Pacto de Toledo por tomar esa medida. Las decisiones del Gobierno en esta materia han sido rechazadas por los sindicatos y la oposición.
Tampoco tocaría Sanidad y Educación
"Le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y, aunque sea competencia de las Comunidades Autónomas, a la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos". De nuevo Rajoy, en campaña.
En abril de 2012, estas partidas sufrían un recorte de 10.000 millones de euros. Ahora no lo puede achacar al error de las cifras de Zapatero, y la austeridad continúa: Sanidad tendrá un 35,6% menos de presupuesto en 2014 y Educación acumula un recorte del 24% en tres años. A los recortes hay que sumar la privatización que protagonizan los barones en las Comunidades Autónomas –frente a la defensa de la sanidad pública, universal y gratuita que hicieron en campaña– o la subida de las tasas universitarias.
"No voy a introducir el copago en Sanidad"
Lo repitieron hasta la saciedad: "No al copago en Sanidad". Pero la realidad desde la campaña es otra: Ana Mato ha impuesto el copago para el transporte sanitario, para medicamentos depatologías crónicas habituales, como hepatitis C o leucemia, o las prestaciones ortoprotésicas.
La teleasistencia a personas dependientes ha dejado de ser gratuita. El Gobierno ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas que tendrán que pagar hasta 157 euros mensuales por acceder a la cartera básica.
Objetivo: "luchar contra la corrupción"
"La lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos", aseguraba el programa electoral del partido que mantuvo contratados hasta este año a varios implicados en el caso Gürtel, como Jesús Sepúlveda y Luis Bárcenas, y que paga a una empresa de la trama el alquiler de la vivienda en la que se aloja Esteban González Pons.
"La ejemplaridad y la transparencia deben presidir la actuación de quienes asumen responsabilidades públicas", añadía el texto del PP, que utilizó en dos ocasiones su mayoría absoluta para evitar que Rajoy diera explicaciones en el Congreso sobre el presunto cobro de sobresueldos en B y la contabilidad paralela del partido.
Independencia judicial
El programa electoral del PP hacía un guiño a los tribunales y al Ministerio Fiscal, al que había acusado de estar al dictado del PSOE. "Propiciaremos el respeto a su independencia e imparcialidad", decía el programa electoral en referencia a los jueces y fiscales. Un año y medio después, el PP presionó –llamada de Rajoy al CGPJ incluida– para que el juez Gómez Bermúdez no interrogara a Luis Bárcenas y el caso de la presunta contabilidad B se quedara en manos de Pablo Ruz.
"La actuación de la Policía Judicial no puede estar dirigida políticamente como, según muchos indicios, lo está siendo en los últimos tiempos", se quejó Cospedal en septiembre de 2010. Recientemente, el Gobierno de Rajoy ha destituido al comisario encargado de las investigaciones de Gürtel y Bárcenas.
Contra el aborto
El Partido Popular secundó las movilizaciones ultraconservadoras en contra de la ley del aborto durante el Gobierno socialista. "Cambiaremos el modelo de la actual regulación para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores", señalaba su programa electoral.
En el ecuador de la legislatura, Gallardón no ha presentado aún el anteproyecto de ley, que se ha aplazado hasta en cuatro ocasiones y que, como mínimo, no se tramitará en el Parlamento hasta febrero de 2014. La modificación es una de las polémicas en Génova después de que el ministro de Justicia asegurara que la malformación fetal no sería un supuesto para el aborto.
"El PP no pretende abaratar el despido"
En 2011 el PP estaba en contra de abaratar el despido. "No vamos a abaratar el despido, sino a abaratar el coste de la contratación", dijo el entonces portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro. "Hicieron una reforma laboral que ha provocado más paro y ha abaratado el despido", recriminó Rajoy al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante el cara a cara televisivo días antes de las elecciones.
La reforma laboral aprobada apenas un mes y medio después de su toma de posesión redujo la indemnización por año trabajado de 45 días a 33, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.
Sin ampliación del permiso de paternidad
Otra promesa electoral incumplida fue la de ampliar el permiso de paternidad para establecer un "periodo mínimo obligatorio". Al ganar los comicios, Rajoy se comprometió a regular que, a partir del 1 de enero de 2013, el permiso para los padres por el nacimiento de un hijo fuera de cuatro semanas. Pero no lo hizo y ahora vuelve a posponerlo a 2015.
No bajar el sueldo a los funcionarios
"El PP nunca habría bajado el sueldo a los funcionarios. Nunca hay que ajustar en la parte débil del presupuesto". Lo dijo Esteban González Pons en octubre de 2011. El programa electoral del PP era difuso en cuanto a los salarios de los trabajadores públicos y, durante la campaña, Rajoy se limitó a decir que no bajaría un 5% los sueldos de los trabajadores públicos, sin precisar más.
En 2012, el Gobierno dejó sin paga extra de Navidad a los funcionarios, lo que supuso en torno a una reducción del 7% en sus ingresos, que llevan congelados desde 2009.
En el caso de los funcionarios de prisiones, el PP se comprometió a mejorar el estatuto legal de estos funcionarios "otorgándoles mayor responsabilidad en la ejecución de las políticas penitenciarias". Para el PP era necesario abordar el problema de la masificación para mejorar la situación de las cárceles.
Sin embargo, los representantes sindicales siguen denunciando la masificación, que, a su juicio, provoca problemas de seguridad. Además, los sindicatos han protagonizado protestas porque, lejos de otorgarles mayor responsabilidad, el Gobierno mantiene los recortes y contrata seguridad privada en vez de sacar oferta pública.
"Todos los años perdemos de 300 a 400 efectivos nada más en la parte de jubilaciones", aseguró Adolfo Fernández, de CSIF. Comisiones Obreras alertó del "menoscabo del servicio público de Instituciones Penitenciarias al no haber oferta de empleo público y que en el futuro nos llevará a la privatización total del todo el sistema penitenciario".
