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martes, 19 de noviembre de 2013

LA POLICIA DETIENE A 2 GERENTES DE IKEA POR ESPIAS



La Policía detuvo a dos gerentes de IKEA Francia por espiar a los trabajadores y clientes




En Francia la Policía detuvo para ser interrogados al director ejecutivo, Stefan Vanoverbeke, y al director financiero, Dariusz Rychert, de IKEA Francia bajo la acusación de espionaje.

Los gerentes de la compañía han sido detenidos este lunes por la mañana después de la revisión de la oficina de IKEA en Versalles, según informan los medios locales.

El caso penal por espionaje en contra de IKEA Francia fue iniciado en abril de 2012 cuando se reveló que el Departamento de Seguridad recogía de manera ilícita información personal sobre sus clientes, así como de sus trabajadores.

Antes de esta detención ya habían sido interrogados otros gerentes de IKEA y también cuatro empleados de la Policía Civil, sospechosos de la venta de archivos con información personal.
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EL PAPA ENCARGA A ERNST & YOUNG QUE AUDITE SUS CUENTAS


El papa encarga a Ernst & Young que vigile las finanzas vaticanas

Francisco muestra así su determinación de acabar de una vez con los escándalos del IOR


El domingo, como jefe espiritual de los católicos, el papa Franciscosorprendió a los asistentes al ángelus en la plaza de San Pedro repartiendo 20.000 dosis de Misericordina. Se trataba de pequeñas cajas de cartón, como la de los medicamentos, conteniendo un rosario y un prospecto para usar los sacramentos contra los males del alma. El lunes, como jefe de un Estado tradicionalmente opaco, Jorge Mario Bergoglio volvió a sorprender al respetable al encargar a la auditora Ernst & Young, una de las cuatro más importantes del mundo, “la comprobación y el asesoramiento de las actividades económicas y los procesos de gestión” del Governatorato, el gobierno de la Ciudad del Vaticano.
Si lo primero se puede atribuir al carácter extrovertido de Francisco —“quiero aconsejaros una medicina, pero no porque el Papa se haya convertido en farmacéutico”—, lo segundo no hay más remedio que enmarcarlo en su determinación de acabar de una vez por todas con el pozo negro de las finanzas vaticanas. No hay que olvidar que, a los viejos escándalos del IOR —el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el banco del Vaticano— se han unido en los últimos tiempos los del propio Governatorato, cuyas prácticas corruptas fueron denunciadas por monseñor Carlo Maria Viganò y filtradas entre la documentación robada a Benedicto XVI, o los del APSA, el servicio que administra el ingente patrimonio inmobiliario de la Santa Sede, cuyo responsable, monseñor Nunzio Scarano, aún continúa en prisión tras intentar llevar desde Suiza a Italia 20 millones de euros a bordo de un jet privado…
De ahí que Francisco, que suele decir que en el Vaticano hay gente estupenda y otras… no tanto, haya preferido que sean ojos ajenos los que, a partir de ahora, supervisen el manejo del dinero. “La documentación con los resultados de la asesoría de Ernst & Young”, explica una nota de la Santa Sede, “servirá para proponer eventuales recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos económicos y administrativos del Governatorato”. Unos procesos que fueron puestos en duda con palabras gruesas por monseñor Carlo Maria Viganò, quien durante su etapa al frente de la institución llegó a alertar a Benedicto XVI de la “corrupción, prevaricación y mala gestión” que presidían la administración vaticana. En un documento que se filtró durante el llamado escándalo Vatileaks, Viganò pedía a Joseph Ratzinger respaldo para continuar su labor de limpieza, pero finalmente se impuso la decisión del exsecretario de Estado Tarcisio Bertone de enviarlo lejos del Vaticano.
Coincidiendo con el anuncio de auditoría externa, Francisco publicó el motu proprio (decreto) por el que aprueba el nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera (AIF) para vigilar, prevenir y contrarrestar las potenciales actividades ilícitas en materia financiera que se puedan estar llevando cabo en el Vaticano.

EL GOBIERNO SANCIONARA CON 600.0000 EUROS LAS CONCENTRACIONES FRENTE AL CONGRESO


Interior quiere sancionar con 600.000 euros las concentraciones frente al Congreso

Prostitutas y clientes serán castigados si negocian en centros educativos o arcenes


Interior tiene ya redactado el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Se sacan muchas faltas del Código Penal y se convierten en infracciones administrativas. Entre otras cosas Interior propone sancionar hasta con 600.000 euros las concentraciones frente al Congreso de los Diputados y los escraches, para los que se legisla una zona de seguridad. Prostitutas y clientes serán castigados si negocian y acuerdan servicios en centros educativos o arcenes. Este anteproyecto de ley, que puede sufrir modificaciones, reformará el que está vigente desde 1992.
25-S manifestación en el Congreso
Es un borrador y tiene que pasar por muchas manos pero Interior ya ha redactado las líneas maestras. Es el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana y a falta de las modificaciones que propongan otros ministerios como el de Hacienda y Administraciones Públicas podría ser llevado al Consejo de Ministros este viernes.
Se sacan muchas faltas del Código Penal y se convierten en infracciones administrativas. Las infracciones se van a dividir en faltas muy graves, graves y leves. De esta forma queda derogada la Ley Corcuera del año 1992. Los que han trabajado en esta ley son fundamentalmente guardias civiles y policías. También se han recogido demandas de asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y cuestiones que solicitaba la Defensora del Pueblo sobre la responsabilidad de los padres en cuestiones protagonizadas por sus hijos menores de edad. La nueva ley orgánica tiene cinco capítulos, con uno primero de disposiciones generales que encuadra y define la situación y la seguridad ciudadana y estable los fines de los poderes públicos en la materia.
Entre otras cosas Interior propone sancionar hasta con 600.000 euros las concentraciones frente al Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas legislativas de las CCAA siempre y cuando no se comuniquen previamente e independientemente estén o no los diputados reunidos. A partir de ahora y si el borrador sale adelante esto será infracción administrativa muy grave. Las reuniones prohibidas en lugares que se consideren infraestructuras sensibles como centrales nucleares y aeropuertos. Serán también infracción administrativa muy grave el uso de imágenes y fotografías de miembros y cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado. Las infracciones administrativas muy graves serán penadas con sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros.
Las infracciones administrativas graves pueden ser castigadas entre 1.001 euros y 30.000 euros. Serán consideradas infracciones administrativas graves por ejemplo la participación de la alteración del orden público utilizando capuchas o gorros que impidan la identificación. También las amenazas, las coacciones o las vejaciones que se produzcan a un policía encargado de velar por el orden público. En esta misma categoría se castiga también la negociación de los servicios sexuales. No se castiga la prostitución pero si la contratación de servicios sexuales en centros educativos o arcenes. Se castiga a prostitutas y a clientes. El consumo de alcohol cuando no esté autorizado administrativamente y altere la tranquilidad ciudadana también será castigado.
Hay otra novedad. Se regula una zona de seguridad para evitar los escraches. Hasta ahora no estaba regulado. Se le da cobertura legal aunque no se establece exactamente los metros de distancia que hay que mantener. Dependerá del jefe del operativo policial.

LA MINISTRA DE SANIDAD NO ACUDE A COMISION DE SANIDAD DESDE EL 27 DE ABRIL DE 2012


Bethencourt denuncia que la ministra de Sanidad no ha acudido a la Comisión de Sanidad a pesar de que ha sido solicitada su comparecencia en quince ocasiones desde el 27 de abril de 2012









Comunicado
Bethencourt denuncia que la ministra de Sanidad no ha acudido a la Comisión de Sanidad a pesar de que ha sido solicitada su comparecencia en quince ocasiones desde el 27 de abril de 2012
El nuevo secretario de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado, José Vicente González Bethencourt, al estudiar el funcionamiento y asuntos pendientes  de dicha Comisión, ha observado que desde el 27 de abril de 2012 hasta la actualidad ha sido solicitada la comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en quince ocasiones, nueve veces por el Grupo Socialista,  tres  por el Grupo Entesa del Progrés de Cataluña, y en otras tres ocasiones por el Grupo de Convergencia I Unió, por lo que en la sesión de control al Gobierno del martes 19 de noviembre el senador tinerfeño preguntará a la Ministra por las causas de esta ausencia reiterada para comparecer en dicha Comisión.

Las cuestiones por las que se solicita la comparecencia de la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, son muy diversas, pero en todos los casos de gran importancia para el Sistema Nacional de Salud, como el gasto sanitario y farmacéutico, las ayudas y subvenciones  para fines de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), valoración del ámbito del consumo, el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, la aplicación futura de la Ley de la Discapacidad, el deterioro de la valoración ciudadana en la Sanidad Pública, el copago de fármacos de dispensación hospitalaria, o el plan presupuestario del Ministerio en 2014. 

Para el senador socialista, que espera mañana  una explicación convincente de la Ministra en el Pleno del Senado ante lo que en principio parece un claro desprecio al trabajo de dicha Comisión por parte de Ana Mato, en cualquier caso considera una grave deficiencia en la relación del Gobierno con el Senado, una cámara que como el Congreso, entre otros cometidos, tiene encomendada por la Constitución la alta responsabilidad del control de la acción del Gobierno,  que en este caso está impidiendo la ministra.

ESPAÑA: 1 AÑO DE CARCEL POR ROBAR UN JAMON Y TETRA-BRIK DE VINO


Un año de cárcel para un lucense que robó un jamón y un cartón de vino en una casa de Barreiros en el 2007

El fiscal pedía tres años de prisión al calificar el delito como un robo con fuerza en las cosas



Un año de cárcel. Y pudieron haber sido tres. Esa es la pena que aceptó ayer en Lugo un hombre de 61 años que estaba procesado por robar un jamón deshuesado, un cartón de vino y algunos embutidos y conservas en una casa. El fiscal encargado del caso calificó los hechos como un delito de robo con fuerza en las cosas y pidió que le fuese impuesta una pena de tres años de cárcel.
No fue posible precisar la fecha exacta en la que el acusado cometió los hechos, pero en todo caso ocurrieron entre los días 1 y 3 de diciembre del año 2007. El acusado fue a una vivienda familiar de San Pedro de Benquerencia, en el municipio mariñano de Barreiros y forzó una ventana del exterior del inmueble. Por ella se coló al interior de otras dependencias de la casa. Intentó forzar otra ventana que da a la cocina y, al no conseguirlo, rompió el cristal con un objeto contundente similar a un destornillador, según las investigaciones.
Finalmente, el hombre logró entrar y una vez dentro de la cocina se apoderó del jamón deshuesado, así como de varios envases de embutidos y de conservas, y de un cartón de vino. Todo el material sustraído en la casa fue valorado por el propietario de la vivienda en unos 30 euros, mientras que evaluó en 75 euros los daños causados por el asaltante.
Retraso de seis años
El acusado evitó una pena superior como consecuencia del retraso en la resolución del caso, de nada menos que seis años. El fiscal reconoció que hubo dilaciones indebidas, y ayer, en los prolegómenos del juicio, planteó la rebaja de pena al letrado del acusado, que reconoció los hechos imputados y dio por buena la condena de un año de prisión.

TV FRANCESA EMITE UN DOCUMENTAL SOBRE EL REY DE ESPAÑA Y SU FAMILIA



Canal Plus Francia emite el reportaje de investigación sobre el Rey


Avance del documental de Canal Plus sobre el Rey

Madrid. (Redacción).- "El palacio de Marivent en las Baleares. Es la residencia de verano de la familia mas célebre de España: la familia Real. Todos posan en la foto tradicional de cada verano. Se trata de una familia ideal. Todos unidos en torno a una figura: el Rey Juan Carlos, considerado una salvaguarda de la democracia europea. Esta foto, sin embargo es de 2007, y fue la ultima que se hicieron todos juntos." Así arranca el reportaje de investigación que ayer se emitió en Canal Plus Francia y que lleva por título Juan Carlos, el crepúsculo de un Rey. En él se analiza la situación de Monarquía en España y se lanzan duras acusaciones contra una institución "que hasta hace pocos años contaba con el apoyo del 90% de la sociedad".

El documental, grabado durante los meses de verano, hace un seguimiento de los últimos acontecimientos que han salpicado a la Familia Real. Sobre el Rey se dice "que da la vuelta al mundo para ir matando elefantes en cacerías", la Reina es descrita como una "mujer humillada por las supuestas infidelidades de Juan Carlos" -mientras se ven fotografías de Corinna zu Sayn-Wittgenstein- y por último se habla del yerno de Rey que "tiene que enfrentarse a pagar 10 millones de euros si no quiere ir a la carcel". 

Los periodistas Caroline du Saint e Ibar Aïbar han sido los encargados de recopilar toda la información sobre la caída de popularidad de la Monarquía en España. Para la elaboración del mismo no dudan en hacerse eco de algunos rumores sin contrastar como los que apuntan a un desajuste alimentario de la Princesa de Asturias. Durante casi una hora la radiografía elaborada por los reporteros galos recorre diversas zonas de la geografía española, entrevista a periodistas y cronistas del corazón e incluso cubre algún acto de la Familia Real. 
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URDANGARIN NEGOCIA UN PACTO CON EL FISCAL PARA NO IR A JUICIO


Urdangarin negocia un pacto con el fiscal para eludir el juicio

  • El duque aceptaría menos de dos años y Torres cuatro si exoneran a su mujer

  • Horrach exige el encarcelamiento de ambos y el reintegro del dinero público sustraído




Iñaki Urdangarín y Diego Torres saludan a la alcaldesa de Valencia,...
El duque de Palma y su socio, Diego Torres, negocian un acuerdo de conformidad con Anticorrupción que tendría como primera consecuencia la no celebración del juicio previsto por el caso Urdangarin.
El marido de la Infanta Cristina quiere, además, que se le imponga una pena de cárcel inferior a dos años, lo que podría evitar que ingresara en prisión. Diego Torres es más realista y se muestra dispuesto a aceptar una condena de cuatro años que haría inevitable su encarcelamiento.
La rebaja sería notable, ya que los seis delitos que les imputan el juez y el Ministerio Público (prevaricación, fraude, falsedad, malversación, tráfico de influencias y delito fiscal en 2007 y 2008) totalizarían condenas de entre 15 y 20 años de cárcel.
Iñaki Urdangarin y Diego Torres han hecho llegar durante las últimas semanas a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares su intención decerrar un acuerdo de conformidad -aceptación de una pena concreta para evitar el juicio- antes de que finalice la instrucción del procedimiento judicial del denominado caso Nóos.
Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a las defensas, tanto el que fuera presidente del Instituto Nóos como su mano derecha han decidido volver a dar un paso hacia adelante antes de que el Ministerio Público elabore su escrito de acusación definitivo.
Después de un primer intento frustrado en abril de 2012, cuando Urdangarin y Torres llegaron a fijar fechas concretas para abordar un acuerdo, los contactos se reanudaron hace varios meses y se han intensificado de manera reciente.
Urdangarín aceptaría menos de dos años y Torres cuatro si exoneran a su mujer
En primera instancia, el mensaje trasladado por ambos a través de sus letrados fue el de que estaban dispuestos a admitir su responsabilidad en la trama, pero sólo como responsables a título lucrativo. Intentaban así saldar el proceso con el pago de una cuantiosa cantidad que resarciera el daño ocasionado por Nóos a las arcas públicas de Valencia y Baleares, planteando convertirse en una especie de meros responsables civiles subsidiarios del escándalo.
Tras ser rechazada de plano la propuesta, que llegó a ser calificada, según apuntan las mismas fuentes, de "irrisoria" por parte de la Fiscalía, Urdangarin y Torres han vuelto a la carga.

El dúo se ofrece a aceptar su culpabilidad

En esta ocasión, el dúo se ofrece a aceptar por primera vez su culpabilidad y una pena de prisión por su participación en la trama vinculada a Nóos. Según el entorno de Torres, la condena debería estar próxima a los cuatro años de cárcel, y en palabras del de Urdangarin, cercana a dos.
Eso sí, Torres exige que su mujer, Ana María Tejeiro, que está imputada, salga indemne, al igual que de momento ha ocurrido con la esposa de su socio. La satisfacción de las exigencias de Diego Torres es aún más factible gracias al escrito que entregó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción.
Además de oponerse a la imputación de la Infanta "por falta de indicios", recalcó que no sólo la hija del Rey, sino también la esposa de Torres, no tuvieron participación alguna en la trama de desvío de fondos públicos. Algo que choca con lo que ha mantenido el Ministerio Público respecto a la cónyuge de Torres en los últimos dos años y que se interpreta como un primer gesto para acercar posturas.
Saldado este extremo, el debate se concentra ahora en la cantidad de delitos que Urdangarín y Torres se encuentran dispuestos a asumir. Tras advertir Anticorrupción la comisión por parte de ambos de los de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, delito fiscal, blanqueo de capitales o tráfico de influencias, el escenario supera con creces una condena para ambos que llevaría aparejado su ingreso en prisión. En el peor de los escenarios, podrían llegar a ser condenados a cerca de 20 años de cárcel.

Reintegro del dinero público sustraído

No obstante, las pretensiones de la Fiscalía distan en estos momentos considerablemente de las de los principales implicados. No en vano, tras los primeros contactos, el Ministerio Público ha contestado que no está dispuesto a profundizar en las conversaciones si no se dan previamente tres circunstancias: que Urdangarin y Torres revelen dónde se encuentra la parte del botín que todavía no ha sido hallada por los investigadores, que admitan por primera vez su culpabilidad y que devuelvan una parte importante de los fondos públicos distraídos.
No en vano, ya ha sido trasladado a las defensas de Urdangarín y de Torres que nunca se cerrará un acuerdo que no implique el encarcelamiento de ambos. La intención del Ministerio Público pasa por que la pena sea idéntica para los dos principales imputados.
En cuanto a la cifra a devolver, está todavía por cuantificar, pero debería ir precedida de una entrega de un millón de euros que tendría que ser depositada de manera inmediata en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.
Torres amenana con cinco tandas más de correos electrónicos
El principal inconveniente que tiene la negociación en marcha pasa por la oposición del Ministerio de Justicia, en general, y de la Fiscalía General, en particular, que no quieren un acuerdo que transmita la sensación de que se dispensa un trato de favor al yerno del Rey y a su socio. Es más, Eduardo Torres-Dulce ya se ha pronunciado públicamente en este sentido. Justicia considera que un acuerdo sería perjudicial para la imagen de la institución monárquica.

Torres tiene intención de abandonar el silencio

Mientras tanto, Torres pretende dar una vuelta más de tuerca a su estrategia de defensa y amenaza ya con "cinco tandas más de correos electrónicos". La mayoría de ellos, presume su defensa, son nuevamente de contenido personal. Pero en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, se trataría de conversaciones de alto contenido íntimo mantenidas entre Urdangarin y su mujer.
Por su parte, el socio del duque de Palma ya ha transmitido a su letrado su intención de abandonar el silencio que se ha impuesto desde el estallido del escándalo. Para ello quiere mantener una conversación con un grupo reducido de periodistas con el objetivo de explicar de primera mano su versión. La intención de Torres es que el encuentro se celebre esta misma semana.

'Es sorprendente la no imputación'

  • >El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, que también es portavoz del Foro Judicial Independiente, considera "sorprendente" que la Infanta Cristina no haya sido todavía imputada en el denominado 'caso Nóos'.
  • >En una entrevista concedida ayer a Radio Zaragoza, Dolado declaró al respecto: "Cualquier mujer española en estas circunstancias habría sido imputada desde el primer día. Si posteriormente se demuestra que no ha tenido una participación directa en los hechos, se anulan las faltas, pero el que no haya imputación, e incluso acusación, parece sorprendente".
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30.000 EUROS DE MULTA POR INSULTAR O AMENAZAR A UN POLICIA EN UNA MANIFESTACION


SE CONSIDERARÁ INFRACCIÓN GRAVE

Insultar o amenazar a un policía en una manifestación se sancionará con hasta 30.000 euros

Agentes Antidisturbios Ante El Palacio De Gobierno De La Rioja

Los padres pagarán los daños que ocasionen sus hijos en la calle y la Policía podrá establecer "zonas de seguridad" contra los escraches

   MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
   Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

   En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

   Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías.

   En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

   La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros medios de transporte como aviones.

   En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.

PROHIBIDA LA PROSTITUCIÓN CERCA DE MENORES

   Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.

   El Ministerio lleva trabajando en este Anteproyecto desde el inicio de la legislatura para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados.

   En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce  como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.

   Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

COPIA LA MEDIDA CONTRA LA 'KALE BORROKA'

   Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer "zonas de seguridad". El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de 'kale borroka' y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave.

   En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.

   El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Este anteproyecto regula como infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas "cundas", es decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y se consume droga.

MISMAS SANCIONES, NUEVAS PROHIBICIONES

   Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.

   Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática.

   Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.
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lunes, 18 de noviembre de 2013

LA MEJOR FOTO DE LA CRISIS


Una foto que debería ver todo el mundo para entender la crisis.

  
   
Menú del congreso de los diputados. 
Dos platos, postre, bebida y café, todo 
                 3'55 € 
  


Nuestros niños, 
sólo por utilizar este comedor para sus "tuppers", 
3,80 €. al día.



En un programa de radio
Hace unos días, el periodista de ABC Punto Radio, Melchor Miralles, en una entrevista telefónica al presidente de la Patronal Madrileña, Arturo Fernández, que a su vez es el concesionario de los servicios de restaurante del Senado, el Congreso de los Diputados y de la Asamblea de Madrid, le preguntaba cómo es posible poder dar menús a sus señorías por la ridícula cantidad de 3,55?.

El señor Fernández comenzó por negar la mayor, diciendo que no era cierto, que esa cantidad no era correcta, y que como cualquiera podía comprender, era imposible poder servir un menú por ese precio, con los gastos que ello conlleva de personal, etc., y poder obtener unos beneficios como cualquier otra empresa o negocio.

Lo que no sabía este señor es que el periodista tenía en la mano un tiket en el que figuraba dicho importe, cosa que corroborraron el resto de tertulianos que le acompañaban.

La respuesta del Sr. Fernández fue ceder, pero sólo a medias, diciendo. "Puede ser ese el precio, pero sólo de un plato, o medio menú. El menú completo cuesta más, como el de un restaurante normal y corriente". 

De nuevo el periodista volvió a insistir: "En el tiket que yo tengo pone: Dos platos, postre, bebida y café".

Ante esta aseveración, el presidente de la patronal, sin querer dar su brazo a torcer, respondió que no estaba al corriente del precio, que a pesar de ser él mismo el concesionario, no conocía el importe de los menús que se servían a sus señorías en los restaurantes de estas tres instituciones.

Ante la perplejidad de los periodistas por esta respuesta, vino a decir que:

"De otra manera, su negocio sería una ruina, y por eso, esos servicios ESTÁN SUBVENCIONADOS CON FONDOS PÚBLICOS.

Nos hemos enterado, pues, que sus señorías, a pesar de cobrar suculentas dietas, que justifican en tener que vivir en una ciudad que no es la suya de residencia habitual, sólo pagan por sus comidas una tercera parte de lo que cuesta el menú más barato a cualquier otro trabajador que tiene que mantenerse de su bolsillo.

Nos enteramos también de que le cuesta menos la comida a un senador o diputado de lo que paga cualquier escolar en Madrid por llevar su comida de casa en una fiambrera, que paga 3,80 € por el uso del comedor y del horno microondas en que se la calienta.

Nos hemos enterado, de paso, que a costa del dinero de todos, cuando una empresa es ruinosa, que vendiendo a precios por debajo del costo se podría ir a pique, es rescatada con los dineros de todos, incluidos de los que están en el paro, de los que no llegan a fin de mes, de los que tienen que hacer ingeniería financiera para repartir el sueldo de miseria que cobran al llegar el primero de cada mes.

Ya conocemos el motivo por qué el anterior Presidente del gobierno, Sr. Zapatero, cuando le preguntaron en TV el precio de un café en un bar cualquiera, no supiera el importe. Si tenemos en cuenta que dos platos, postre, bebida y café valen 3,55 € el café sólo debe andar bastante por debajo de los 80 céntimos que este "señor" aseguró que costaba.

Basta ya de casta de privilegiados que sólo conocen la crisis porque han oído hablar de ella.

Basta ya de vividores del cuento que se reservan para ellos unos derechos que están quitando al pueblo.

Basta ya de gentes sin escrúpulos, sin cultura muchos de ellos y sin vergüenza todos, que están viviendo a costa de robar y quitar derechos a los demás, para crearse para sí mismos los que les viene en gana.

                PÁSALO...Que se entere cuanta más gente mejor........ 

FUENTE: ESPAÑA AHORA

EL BCE EXPLICA HOY A LA BANCA ESPAÑOLA LAS NUEVAS PRUEBAS DE RESISTENCIA


El BCE explica hoy a la banca española las nuevas pruebas de resistencia

Ejecutivos de la banca española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa y estonia acudirán a esta cita a puerta cerrada


El presidente del BCE, Mario Draghi, explicará este lunes a los principales banqueros españoles y de otros cinco países europeos las pruebas de resistencia a las que se someterán en 2014 las entidades que pasarán a estar supervisadas por el organismo, según fuentes financieras consultadas por Efe.
La cita, a puerta cerrada, tendrá lugar en Fráncfort (Alemania), en la sede del BCE, y a ella acudirán los primeros ejecutivos de la banca española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa y estonia, además de los representantes de sus bancos centrales.
El encuentro forma parte de una serie de reuniones para profundizar sobre las futuras pruebas de evaluación europeas, compuestas de una valoración del riesgo de los activos, un análisis de la calidad de los mismos y un test de resistencia.
Las reuniones del BCE con la banca europea comenzaron el pasado miércoles, cuando se congregaron en la sede del organismo banqueros de Bélgica, Chipre, Alemania, Malta y Luxemburgo, junto a sus distintos supervisores nacionales.
En esa ocasión, según fuentes financieras en Fráncfort, Draghi fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes en la reunión, precedida de un almuerzo, y el vicepresidente del BCE, Vítor Constancio, presentó los detalles del ejercicio.
El turno de las entidades españolas llega hoy y por parte del Banco de España asistirá el subgobernador, Fernando Restoy, mientras que de los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, irán sus consejeros delegados, Javier Marín y Ángel Cano, respectivamente.
En el caso de CaixaBank, se espera la presencia también de su consejero delegado, Juan María Nin, en tanto que de Bankia acudirá su director general de presidencia, José Sevilla.
El Banco Sabadell y el Popular estarán representados directamente por sus presidentes, Josep Oliu y Ángel Ron.
La idea del BCE es trasladar a las distintas entidades las peculiaridades de las nuevas pruebas de estrés y comenzar a trabajar en la preparación de las mismas, a las que se someterán todos los bancos con un volumen de activos superior a 30.000 millones.
En el caso de España, esto significa que será examinado por el BCE prácticamente todo el sector financiero español, encabezado por Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular.
Además, también se evaluará la capacidad de resistencia de Bankinter, Unicaja-CEISS, BMN, Liberbank, Ibercaja-Caja 3, KutxaBank, el grupo liderado por Cajamar y Caja Laboral.
A esta lista, aunque no parece muy probable, se podrían sumar Novagalicia y Catalunya Banc si, tras sus subastas, no acaban integrándose en otros grupos financieros españoles.

CATALUÑA: ELIMINAN COOPERACION INTERNACIONAL PARA SUBIR SALARIOS Y DIETAS


El 44% del presupuesto recortado de Cooperación se va en dietas y salarios

La Generalitat desmantela el sector de las ONGD con un tijeretazo del 71%


La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), el ente que gestiona las políticas de cooperación, sufrirá, según el proyecto de Presupuestos para 2014, un gran tijeretazo. De los 15,2 millones destinados en 2012 —en 2013 se prorrogaron los Presupuestos— se pasará a 6,2. Pero el impacto del recorte para las ONGs es aún más sangrante si se atiene a que la Agencia utiliza el 44% de su partida en gasto corriente. La ACCD destina 2,8 millones a ese capítulo —2,7 millones se van en sueldos de sus 49 trabajadores y en dietas— y 3,4 millones a proyectos en el exterior. “Viendo el dinero destinado a estructura de la Agencia y cuánto a proyectos se ve que el sistema es ineficiente”, avisa Alex Guillamón, presidente de Entrepobles,
Las ONGs han puesto el grito en el cielo ante el desplome de la partida para proyectos en países en vías de desarrollo, que sufren un recorte del 71% respecto a 2012 cuando se destinaron 11,9 millones frente a los 3,4 de ahora. La presidenta de la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo (FCONGD), Miriam Acebillo, considera esas cifras de “miseria” y lamenta que suponen el desmantelamiento de la cooperación catalana en el exterior. Fuentes de la Agencia señalan que nadie escapa a los recortes y apunta que pese a que en 2012 manejó 15 millones, aseguran que al final la suma se redujo a 9 millones y a 5,6 millones en 2013.
Las cifras, en cualquier caso, se quedan en anécdota si se comparan con el recorte aplicado desde 2010. Aquel año el presupuesto total de la ACCD fue de 39,3 millones de euros, 31,6 para proyectos de las ONGs. Las cifras de 2014 confirman un recorte del 86% en un periodo de 4 años. Los 3,4 millones en proyectos ya están comprometidos. No habrá convocatoria pública para 2014. Tampoco la hubo en 2013. “Es evidente que la política exterior del Gobierno no apuesta por la cooperación”, denuncia Acebillo. Y avisa que las ONGD que se financian con dinero público están en una situación precaria desde hace un año: “Nos preocupa la falta de compromiso cuando Cataluña había sido un referente de cooperación. El Gobierno tiene una responsabilidad que no asume”.
Las ONG lamentan que el Ejecutivo catalán no apueste por la cooperación
Carles Llorens, director de la ACCD, rechazó hacer declaraciones pero fuentes de la Generalitat afirman que el gasto se ha reducido como en cualquier área y que su intención es avanzar en la financiación público-privada. Acebillo es escéptica respecto al patrocinio privado. “Ya no estuvimos de acuerdo cuando se lanzó la idea y constatamos que no ha funcionado", señala. Lo que ha ido mejor es la captación de fondos en los países donde se desarrollan los proyectos. Es una fórmula que exploran cada vez más ONG ante el fin de la financiación pública. “Nuestra única opción es lograr el dinero en el terreno. Ecuador ya destina importantes fondos para el desarrollo en su país”, dice Miquel Carrillo, de la ONG Engenyeria sense fronteres.
El director de Intermón Oxfam en Cataluña, Francesc Mateu, tilda la situación de “enorme retroceso”. “Cataluña ha pasado de ser la punta de lanza de la cooperación a ser la primera en desmantelarla”, lamenta Mateu, que prevé que este año será de subsistencia para algunas ONG y de cierre para otras. De hecho, muchas ya efectuaron fuertes recortes de personal entre 2011 y 2013. Intermón Oxfam redujo su plantilla en cerca de 85 personas mientras la propia ACCD formalizó un ERE en el que despidió a 38 de sus 94 trabajadores.
“Nos hemos quedado sin políticas públicas de cooperación, quitando algún pequeño presupuesto a nivel municipal o de diputaciones”, asegura Miquel Carrillo, que define el presupuesto como “un jarro de agua fría” porque creían que se repetirían al menos los de 2012. “No nos ha sorprendido”, explica Mateu, de Oxfam. “En 2012 no hubo convocatorias públicas y este tampoco. Es la desaparición del sector público catalán”, abunda Carrillo.
“Es un error político la falta de inversión en cooperación. Todos los países europeos entienden que la diplomacia necesita cooperación, es una parte de ella. El gobierno catalán no lo entiende así. No hemos sabido hacerselo ver”, lamenta Gillamon. Las ONG subrayan su preocupación por la paralización de proyectos que estaban en marcha. “En cooperación cuenta trabajar a largo plazo con proyectos constantes y no sabemos si volveremos a tener fondos”, remacha. Mateu corrobora que las ONG que no saben “cuál es la intención de la Generalitat a largo plazo”. “Lo más triste de todo es que no se dé la cara”, afirma Carrillo, “nos están respondiendo con medias verdades y en vez de reconocer la decisión. Al Gobierno la cooperación no le cuadra”.