ESPAÑA: HACIENDA IMPONE UNA SANCION A LA EMPRESA CEMEX DE 455 MILLONES

La Agencia Tributaria impone dos sanciones a Cemex por valor de 455 millones

La Agencia Tributaria ha notificado a la multinacional cementera Cemex dos sanciones por importe de 455 millones de euros tras la revisión de los ejercicios de 2006 y 2009, según ha informado la compañía en un comunicado en el que ha dicho que planteará los recursos pertinentes.

Cemex ha subrayado que las sanciones "no son firmes" y que se reserva "plantear recursos ante las correspondientes instancias administrativas y, en su caso, judiciales".

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RUSIA: SI LA UE SANCIONA, PERDERA UN BILLON DE EUROS

Consejero presidencial ruso: "La UE perdería un billón de euros tras sancionar a Rusia"

En el caso de activar las sanciones contra Rusia las pérdidas de la UE podrían llegar a un billón de euros, dijo el consejero presidencial ruso para la integración económica regional, Serguéi Gláziev.

"La gran pregunta sigue siendo: ¿Quién será la principal víctima de estas sanciones? Si los estadounidenses trataran de poner en práctica el modelo que fue aplicado contra Irán, es decir, cortar el país del sistema financiero mundial en su parte de dólares y parte del euro, según nuestros cálculos, la pérdida de la Unión Europea alcanzará un billón de euros", dijo Gláziev a RT. 
Para Europa las sanciones son un suicidio económico
Según él, en este caso Alemania perderá 200 millones de euros. "Por extraño que parezca, Ucrania, que supuestamente les preocupa tanto, también perderá mucho, al igual que los países bálticos que se comportan de una manera más agresiva", añadió el consejero de Vladímir Putin. Según Gláziev, los países bálticos podrían perder "una suma prácticamente comparable con su PIB". 

"Así que para Europa las sanciones son un suicidio económico", afirmó el político ruso. Según sus palabras, en el caso de una desestabilización del sistema financiero europeo el mundo estaría al borde de una guerra mundial. 

En sus declaraciones a RT Gláziev también criticó a la prensa europea, que "se comporta como si fuera estadounidense". "Incluso ni siquiera como los propios ciudadanos estadounidenses, sino como un filial de estos halcones viciosos", concluyó el economista. 
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ESPAÑA: BANCO ESPIRITU SANTO SANCIONADO CON 1,11 MILLONES DE EUROS

Sanción de 1,11 millones al Banco Espirito Santo

El BOE recoge dos multas impuestas por el Ministerio de Economía y Competitividad al Banco Espirito Santo, de 960.000 y 150.000 euros. El Gobierno considera que la sucursal española del banco portugués es responsable de dos infracciones muy graves porincumplimiento del deber de comunicación vinculado a prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En concreto, le aplica el artículo 51.1.a de la ley, que se refiere a casos en los que “algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo” pero, aún así, la entidad no avisó a las autoridades competentes.

La multa se aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de mayo de 2013, pero no se hizo pública en rueda de prensa ni en lasreferencias publicadas en la página web de Moncloa. La entidad recurrió ante el Tribunal Supremo, que acordó la suspensión temporal de la sanción monetaria. Eso sí, el alto tribunal rechazó otra petición del Banco Espirito Santo, que había reclamado que la multa no se publicara en el BOE. El auto considera que existe claro interés público en este asunto, en aras de la transparencia bancaria.

No es la primera vez que se intenta esquivar el BOE. Hace pocos días se hizo público que Jaime Botín, multado por ocultar sus acciones en Bankinter, había realizado la misma petición a la Audiencia Nacional. En su caso tampoco fue atendida.

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LA UE Y EE.UU. IMPONE SANCIONES A FUNCIONARIOS RUSOS Y UCRANIANOS

La Unión Europea y Estados Unidos 

anunciaron sanciones a funcionarios 

rusos y ucranianos

Incluyen la prohibición de viajar y el congelamiento de activos como respuesta contra la intromisión de Moscú en asuntos de Ucrania y el impulso a favor del referéndum separatista de Crimea

Un día después de que la consulta popular en la península de Crimea -desconocida por Kiev y sus aliados occidentales- confirmara la voluntad mayoritaria de la población de la península de pasar a formar parte de Rusia, se concretan las sanciones con las que los Estados Unidos había advertido a Moscú.

La Unión Europea dispuso el congelamiento de activos y la prohibición de viajar a los EEUU para 21 funcionariosque han tenido un rol central en la decisión de Crimea de independizarse de Ucrania y pasar a formar parte de la Federación Rusa.

Los nombres de las personas sancionadas no han sido dados a conocer de inmediato.

Las medidas no son una sorpresa, sino que se esperaban después del referéndum y de que el Parlamento peninsular le solicitara oficialmente a Moscú su anexión, al mismo tiempo que comunicaba su independencia de Ucrania y pedía el reconocimiento mundial a su decisión.

Máxima distancia desde 1989

En las sanciones más amplias contra Moscú desde la Guerra Fría, Obama congeló el lunes los activos en Estados Unidos de siete funcionarios rusos, incluyendo a importantes asesores del mandatario Vladimir Putin, después del referendo en el que Crimea aceptó separarse de Ucrania para anexarse a Rusia.

La orden ejecutiva del mandatario estadounidense emitida el lunes nombra a siete funcionarios del gobierno ruso.Estados Unidos también dijo que está trabajando para identificar a individuos y activos que no están en el gobierno, pero que lo apoyan.

"Hay consecuencias por las acciones que violan la integridad de Ucrania"

El Departamento del Tesoro también está imponiendo sanciones a cuatro ucranianos, incluido el ex presidente Viktor Yanukovich y dos líderes separatistas de Crimea.

Funcionarios del gobierno estadounidense dijeron que Putin no fue sancionado a pesar del apoyo al referendo en Crimea porque Estados Unidos por lo general no comienza con los jefes de estado. Pero las fuentes señalaron que los sancionados son muy cercanos a Putin y que los castigos están "diseñados para pegar cerca de casa". Los funcionarios hablaron con los reporteros a condición de no ser citados por nombre.

"Las sanciones de hoy envían un fuerte mensaje al gobierno ruso de que hay consecuencias por sus acciones que violen la integridad soberana y territorial de Ucrania, incluyendo sus acciones para apoyar el referendo ilegal para la separación de Crimea", informó la Casa Blanca en un comunicado.

"Las acciones también sirven de aviso a Rusia de que a menos que cumpla con sus obligaciones internacionales y regrese sus fuerzas militares a sus bases originales, y respete la integridad soberana y territorial de Ucrania, Estados Unidos está preparado para tomar medidas adicionales para imponer más sanciones económicas y políticas".

El anuncio de Estados Unidos se conoció poco después de que la Unión Europea anunciara restricciones en viajes y la congelación de activos de 21 personas.

Las sanciones ya se esperaban después de que los habitantes de Crimea votaron abrumadoramente el domingo a favor de la separación.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros han manifestado que el referendo viola la Constitución ucraniana y la ley internacional, y se llevó a cabo en la estratégica península bajo intervención militar rusa. El presidente Vladimir Putin asegura que la votación fue legal y congruente con la autodeterminación, de acuerdo con el Kremlin.

Funcionarios dijeron que el gobierno estadounidense estará buscando sanciones adicionales si Rusia anexa a Crimea o hace algo más. Los afectados verán sus activos congelados en Estados Unidos y nadie del país puede hacer negocios con ellos, de acuerdo con la orden presidencial.

En la orden ejecutiva de Obama se incluye a:

- Vladislav Surkov, asesor de Putin.

- Sergei Glazyev, asesor de Putin.

- Leonid Slutsky, legislador estatal del Parlamento ruso o Duma.

- Andrei Klishas, integrante del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa.

- Valentina Matviyenko, jefa del Consejo de la Federación.

- Dimitri Rogozin, viceprimer ministro de la Federación Rusa.

- Yelena Mizulina, legisladora estatal de la Duma.

Los cuatro sancionados por el Departamento del Tesoro son:

- Viktor Yanukovich, ex presidente de Ucrania que huyó a Rusia y apoya el envío de tropas rusas a su país.

- Viktor Medvedchuk, líder del grupo separatista crimeo Opción Ucraniana y amigo de Putin.

- Sergei Aksyonov, primer ministro del gobierno regional crimeo.

- Vladimir Konstantinov, líder del Parlamento de Crimea.

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ESPAÑA: PRIMERA SANCION DE PROTECCION DE DATOS POR EL USO DE COOKIES

Primera sanción de la AEPD por el uso 

de ‘Cookies’

Por María González Moreno y Teresa Pereyra Caramé, asociadas del área de ‘Information Technology de ECIJA’

Las cookies han dado mucho que hablar en los últimos tiempos, existiendo diversidad de interpretaciones en cuanto a los requerimientos exigidos para el cumplimiento normativo de su implantación. En este contexto, la pasada semana vio la luz la primera resolución sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos(R/02990/2013 del procedimiento PS/00321/2013), de fecha 14 de enero de 2014, por el uso de cookies sin cumplir los requisitos legales establecidos en materia de información y consentimiento por parte de dos entidades.

La citada resolución supone un hito importante en el criterio e interpretación a seguir por los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando instalen y utilicen cookies, respetando y protegiendo el derecho a la privacidad de los usuarios de conformidad con lo establecido por la normativa nacional y comunitaria.

La regulación vigente en materia de cookies se recoge en el artículo 22.2 de la LSSI (Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico), modificado por el Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas, y en materia de comunicaciones electrónicas, que establece que:

”Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado suconsentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

En el caso analizado por la Resolución 02990/2013 de la Agencia Española de Protección de Datos se presta especial atención a la interpretación de las dos principales obligaciones impuestas por la normativa: el deber de información y el de obtención del consentimiento.

Deber de información: En relación con el deber de información, la Agencia Española de Protección de Datos en la Resolución analizada, establece claramente los requisitos a cumplir. Así, se hace referencia a la denominada puesta a disposición de la información por capas. La Agencia Española de Protección de Datos considera válido que la información requerida por la normativa pueda ser facilitada al usuario a través de diversas capas, siempre y cuando la información facilitada sea clara, completa, y la misma se encuentre accesible al usuario, estableciendo el contenido mínimo que ha de contener cada una de las capas.

A) Primera Capa: La primera capa de información debe ser facilitada al usuario en el primer acceso que se realice al site del prestador, bien a través de la barra de encabezamiento, pie de página o ventana emergente accesible desde la propia home del sitio web.

“En esta primera capa deberá incluirse la siguiente información mínima:

- Advertencia sobre el uso de cookies no exceptuadas que se instalan en al navegar por los sitios web o al utilizar el servicio solicitado.

- Identificación de las finalidades de las cookies que se instalan, con información de si las cookies son propias o de terceros.

- Advertencia, en su caso, de que se si realiza una determinada acción (clicar en un “acepto”, seguir navegando en el “site”, etc.) se entenderá que el usuario acepta el uso de las cookies.

- Un enlace a la segunda capa informativa en la que se indica la información más detallada.”

B) Segunda Capa (Política de Cookies): La segunda capa de información debe corresponderse con lo que denominamos Política de Cookies. La Agencia Española de Protección de Datos ha venido recomendando que esta información específica sobre el uso de cookies se facilite a través de una política o documento especifico, distinto de las Condiciones de Uso, Aviso Legal o Política de Privacidad del site, en cuanto que su independencia facilita su localización por parte del usuario, y en consecuencia, el cumplimiento de los requerimientos de información exigidos.

El contenido de esta segunda capa de información también es definido por la Agencia Española de Protección de Datos en la Resolución 02990/2013:

“En la segunda capa se debería incluir la siguiente información:

- Definición y función de las cookies.

- Tipo de cookies que utiliza la web y su finalidad.

- Forma de desactivar o eliminar las cookies descritas y forma de revocación del consentimiento ya prestado.

- Identificación de quienes utilizan las cookies, incluidos los terceros con los que el editor haya contratado la prestación de un servicio que suponga el uso de cookies”.

Las entidades sancionadas por la Resolución 02990/2013, según la Agencia Española de Protección de Datos, no precisan con suficiente claridad si la tipología de las cookies incluidas en el documento se corresponde con las realmente utilizadas y con las finalidades descritas en las mismas, o lo que es lo mismo, que no se identifica inequívocamente las cookies instaladas ni sus finalidades de menara que permita conocer al usuario de una forma apropiada el uso que se dará a la información almacenada. Tampoco se identifica claramente quien es el responsable de su uso, si el propio editor del site o un tercero que también deben ser identificados.

Es, por tanto, fundamental que los prestadores de servicios de la sociedad de la información que utilicen cookies en sus sites, identifiquen claramente en sus políticas de cookies de forma clara y completa, la siguiente información: tipología, nombre, finalidad, tiempo que permanecen activadas y responsable.
Igualmente, deberá ponerse a disposición de los usuarios información completa acerca de cómo proceder a la revocación del consentimiento prestado, ya sea través del propio site o a través de la configuración de los distintos navegadores.

Obtención del consentimiento: Para la instalación y utilización de cookies se exige contar con el consentimiento del usuario, que podrá obtenerse mediante fórmulas expresas (“consiento”, “acepto”, etc.), o bien a través de una determinada acción realizada por el usuario (configuración del navegador). En cualquier caso, para que el consentimiento obtenido sea válido es necesario que sea informado, es decir, que el responsable del sitio haya facilitado toda la información exigida en los términos comentados anteriormente. En el presente supuesto, ninguna infracción fue entendida cometida por la Agencia Española de Protección de Datos en su Resolución.

En definitiva, las entidades han sido sancionadas por haber quedado acreditada la instalación de cookies en los equipos terminales de los usuarios que visitan las páginas web de su titularidad sin que éstas proporcionen a los mismos una información clara y completa sobre el uso y finalidades de las cookies que se descargan en sus terminales, si bien han visto atenuada la sanción al considerar la Agencia Española de Protección de Datos que “se considera acreditada la falta de intencionalidad”.

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LA GUARDIA CIVIL SANCIONA A 3 MILITANTES DE IU CON 2 MILLONES DE EUROS POR UNA ASAMBLEA EN LA CALLE

La Guardia Civil sanciona a tres militantes de IU con multas que podrían llegar a casi 2 millones de euros

Los tres militantes, vecinos de Espartinas, fueron multados cuando realizaban una asamblea. A pesar de que otras personas fueron identificadas, solo los miembros de IU han recibido los informes de sanciones

Tres vecinos de Espartinas (Sevilla) podrían tener que pagar hasta 1.920.000 euros (sí, casi dos millones de euros) si prosperan las siete multas interpuestas por la Guardia Civil durante el transcurso de una asamblea vecinal contra la subida del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), llevada a cabo por el ayuntamiento de dicha localidad, gobernado por el PP. Los tres vecinos sancionados, militantes de Izquierda Unida, recurrieron ayer las multas ante la Delegación del Gobierno, que tendrá que decidir si finalmente prosperan las sanciones y la cuantía, dependiendo de la gravedad de cada acusación.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de octubre, en una explanada situada junto a la plaza de toros municipal. “En otras ocasiones nos reunimos en dependencias municipales, pero ese día celebramos la asamblea en la calle, sin cortar tráfico ni nada. Era una asamblea, una reunión”, detalla María Carretero, integrante de la Asamblea vecinal contra este IBI, Espartinas, colectivo creado después de la subida del impuesto municipal, a finales de 2012. Una subida que “multiplicó por dos esta tasa”, denuncian desde la asamblea.

Asamblea vecinal contra la subida del IBI

Pero para los guardias civiles desplazados hasta el lugar no se trataba de una asamblea. Según consta en las multas, los denunciados participaban “en calidad de promotores en una concentración no comunicada a la Autoridad“. Las sanciones previstas conllevarían multas que oscilan entre los 300 y los 601.012 euros.

Tres de las sanciones son por celebrar una protesta sin comunicarlo previamente a la autoridad (la sanción prevista va de los 30.050 a los 601.012 euros). Para otras tres multas los agentes indicaron que los denunciados se negaron a disolver al grupo de personas reunidas (de 300 a 30.050 euros). Y una última en la que el denunciado es acusado de hacer fotos a los agentes y de arengar contra ellos a los asistentes.

UNA ASAMBLEA Y UNA NOVILLADA

Según varios miembros de la asamblea, el concejal de Urbanismo de Espartinas y teniente alcalde, Javier Jiménez, fue el encargado de llamar a la Guardia Civil y señalar a los supuestos promotores: el coordinador de IU en Espartinas, José María Calado; el único concejal de la formación en el Ayuntamiento, Juan Antonio Rodríguez; y un militante de base de la formación de izquierdas. A pesar de que otros miembros de la asamblea contra la subida del IBI, sin filiación política alguna, también fueron identificados, solo los integrantes de IU han sido multados.

José María Calado explica que, a diferencia de otras ocasiones, ese día el teniente de alcalde estaba en la plaza de toros. “Al día siguiente su hijo daba su última novillada, antes de su alternativa. Al vernos poner una pancarta entre dos farolas se puso nervioso, pensando que queríamos boicotear la novillada. Nos llamó sinvergüenzas. Llamó a la Guardia Civil y nos señaló a nosotros”.

Una semana antes de la asamblea vecinal, el 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, el Ayuntamiento de Espartinas cedió, de forma gratuita, la caseta municipal para una comida de celebración de la Guardia Civil, según detallaron desde la asamblea.

Desde el Ayuntamiento de Espartinas han rehusado dar su versión sobre estos hechos. “No vamos a alimentar esta polémica”, explicaron fuentes oficiales de consistorios a andalucesdiario.es

EL PP IMPIDIÓ TRATAR LAS SANCIONES EN EL PLENO MUNICIPAL

En el último pleno municipal de noviembre en Espartinas, celebrado el 28 de noviembre, IU llevó una moción, por la vía de urgencia, para reclamar a la Subdelegación del Gobierno el archivo de las sanciones. La moción no fue debatida al no superar el trámite de urgencia como consecuencia de la abstención del Partido Popular.

Durarante el acto de entrega de los recursos, los tres sancionados han estado acompañados por miembros de la asamblea ciudadana contra la subida del IBI y cargos de IU, como la parlamentaria Marina Segura y el coordinador provincial, Manuel Gutiérrez Arregui. Desde la asamblea denunciaron el “miedo” que existe en el pueblo al Gobierno local.

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EL BANCO DE ESPAÑA SANCIONA CON 115.000 EUROS A UN EXDIRECTOR DE CAJA CASTILLA LA MANCHA

El Banco de España sanciona a Ildefonso Ortega, exdirector de Caja Castilla La Mancha

CIVIO // Ya es firme. El Banco de España ha impuesto una multa de 115.000 euros y cinco años de inhabilitación para trabajar en entidades financieras a Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias, exdirector general de Caja Castilla La Mancha (CCM). Después de que la Audiencia Nacional rechazara el recurso del directivo el pasado mes de julio, la sanción propuesta por el Banco de España en 2010 ya se puede ejecutar.

Ortega ha sido sancionado por cometer dos infracciones consideradas muy graves: por un lado, porque CCM presentó “deficiencias” en su estructura organizativa o en sus mecanismos de control interno que pusieron en peligro la solvencia de la entidad; por otro lado, por “insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos”.

CCM fue rescatada por el gobierno de Zapatero en 2009 gracias a una importante inyección de dinero público. Ortega no fue el único alto cargo de la caja de ahorros a quien el Banco de España propuso sancionar en 2010: Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de la entidad, así como otros consejeros, aparecieron entonces en la lista de sanciones.

Tras la desestimación de los recursos por parte de la Audiencia Nacional, el BOE empieza a recoger las sanciones en firme para responsables de las cajas de ahorros que fueron multados hace años por el Banco de España. Así pasó también con Miguel Contreras, que fue consejero de Cajasur y a cuya sanción en firme -39.000 euros de multa- apareció en el BOE el pasado mes de agosto.

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LA EMPRESA CEMEX SANCIONADA POR HACIENDA EN 450 MILLONES DE EUROS

Cemex se enfrenta a una sanción tributaria de unos 450 millones de euros

La sociedad puede recurrir la multa ante el Tribunal Económico Administrativo

La cementera registró pérdidas fiscales incluso en los años del auge inmobiliario

• La inspección en Cemex provoca un revuelo en la Agencia Tributaria

La multinacional cementera Cemex, cuya inspección ha provocado una crisis en la Agencia Tributaria, se enfrenta a una multa tributaria de unos 450 millones de euros. El fisco le abrió un expediente de sanción por simular supuestamente pérdidas contables para rebajar su factura tributaria, según relatan varias fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria (AEAT). Como consecuencia de ello, la institución pública estatal habría dictaminado que la empresa, de capital mexicano y domiciliada en España, tiene que minorar sus créditos fiscales en unos 3.000 millones de euros, lo que habría provocado la sanción tributaria, según explican más de tres fuentes internas de la Agencia Tributaria, que admiten que la multa podría ser incluso mayor.

La empresa declinó este jueves ofrecer su versión sobre su situación tributaria. Pero aún puede recurrir al Tribunal Económico Administrativo Central para eludir el pago de la multimillonaria sanción. Incluso podría acudir a los tribunales contenciosos administrativos para tratar de esquivar la decisión de la Agencia Tributaria.

El fisco investigó la situación fiscal de la empresa entre 2006 y 2009

Las últimas cuentas anuales depositadas por la multinacional en el Registro Mercantil, correspondientes a 2012, revelan que la sociedad acumula unos créditos fiscales de 7.410 millones de euros derivados de operaciones entre empresas del grupo. Los altos gastos financieros, de 656 millones, originados en su mayoría entre filiales, apuntan a una planificación fiscal para reducir al mínimo la factura fiscal al menos hasta 2030. Muchas multinacionales utilizan una estructura societaria parecida para trasladar las pérdidas a la matriz y rebajar el pago al fisco.Tanto la Agencia Tributaria como el Ministerio de Hacienda rechazan comentar la situación concreta de un contribuyente alegando que lo impide la Ley.

Una inspectora de Hacienda de la oficina técnica de la dependencia de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria desestimó hace unas semanas un recurso de reposición presentado por la empresa contra la sanción. La inspectora adoptó la decisión en contra del criterio de la dirección, lo que provocó su destitución “fulminante”, según la versión de varios inspectores de Hacienda consultados por este diario. La inspectora rechazó el recurso porque la empresa había presentado las mismas alegaciones que ya fueron denegadas por otros inspectores de Hacienda cuando propusieron la sanción. Este cese ha provocado una grave crisis en la institución.

La cementera, con filiales por todo el mundo, acumula unos créditos fiscales por bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades de 7.410 millones de euros, lo que le permite reducir su base imponible sujeta al impuesto al mínimo y escapar al pago de impuestos. El Gobierno limitó esta deducción el año pasado.

Hacienda evita hacer comentarios sobre casos concretos de contribuyentes

Solo en el año 2009, la cementera se anotó créditos fiscales por 3.729 millones de euros por las pérdidas de las participaciones en sociedades del grupo y por plusvalías exentas por la venta de sociedades del grupo, según se refleja en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Precisamente el año 2009 es uno de los investigados por la Agencia Tributaria. Incluso en 2007, punto álgido del boom inmobiliario que impulsó al sector del cemento, la empresa facturó 12.560 millones de euros y también se anotó unos créditos fiscales por bases imponibles negativas de 1.103 millones de euros por lo que no tuvo que pagar a Hacienda.

Después de tres años de investigación, los inspectores consideran que unos 3.000 millones de los 7.400 millones de bases imponibles negativas son supuestamente simuladas y corresponden a operaciones entre empresas del grupo, según detallan varios inspectores. Esta planificación fiscal origina una sanción del 15% de la base imponible acreditada. Según este baremo, la multa impuesta a la empresa ascendería a unos 450 millones de euros.

El gigante cementero tiene abierta un acta de inspección desde el 7 de julio de 2011 en todos los impuestos que le son aplicables entre 2006 y 2009, según explica la propia empresa en sus cuentas anuales de 2012. La sociedad contabilizó una provisión de siete millones de euros al cierre del ejercicio pasado por la inspección en el IRPF y el IVA, en el que se incluyen los intereses de demora y las posibles sanciones.

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EL GOBIERNO SANCIONARA CON 600.0000 EUROS LAS CONCENTRACIONES FRENTE AL CONGRESO

Interior quiere sancionar con 600.000 euros las concentraciones frente al Congreso

Prostitutas y clientes serán castigados si negocian en centros educativos o arcenes

Interior tiene ya redactado el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Se sacan muchas faltas del Código Penal y se convierten en infracciones administrativas. Entre otras cosas Interior propone sancionar hasta con 600.000 euros las concentraciones frente al Congreso de los Diputados y los escraches, para los que se legisla una zona de seguridad. Prostitutas y clientes serán castigados si negocian y acuerdan servicios en centros educativos o arcenes. Este anteproyecto de ley, que puede sufrir modificaciones, reformará el que está vigente desde 1992.

Es un borrador y tiene que pasar por muchas manos pero Interior ya ha redactado las líneas maestras. Es el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana y a falta de las modificaciones que propongan otros ministerios como el de Hacienda y Administraciones Públicas podría ser llevado al Consejo de Ministros este viernes.

Se sacan muchas faltas del Código Penal y se convierten en infracciones administrativas. Las infracciones se van a dividir en faltas muy graves, graves y leves. De esta forma queda derogada la Ley Corcuera del año 1992. Los que han trabajado en esta ley son fundamentalmente guardias civiles y policías. También se han recogido demandas de asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y cuestiones que solicitaba la Defensora del Pueblo sobre la responsabilidad de los padres en cuestiones protagonizadas por sus hijos menores de edad. La nueva ley orgánica tiene cinco capítulos, con uno primero de disposiciones generales que encuadra y define la situación y la seguridad ciudadana y estable los fines de los poderes públicos en la materia.

Entre otras cosas Interior propone sancionar hasta con 600.000 euros las concentraciones frente al Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas legislativas de las CCAA siempre y cuando no se comuniquen previamente e independientemente estén o no los diputados reunidos. A partir de ahora y si el borrador sale adelante esto será infracción administrativa muy grave. Las reuniones prohibidas en lugares que se consideren infraestructuras sensibles como centrales nucleares y aeropuertos. Serán también infracción administrativa muy grave el uso de imágenes y fotografías de miembros y cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado. Las infracciones administrativas muy graves serán penadas con sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros.

Las infracciones administrativas graves pueden ser castigadas entre 1.001 euros y 30.000 euros. Serán consideradas infracciones administrativas graves por ejemplo la participación de la alteración del orden público utilizando capuchas o gorros que impidan la identificación. También las amenazas, las coacciones o las vejaciones que se produzcan a un policía encargado de velar por el orden público. En esta misma categoría se castiga también la negociación de los servicios sexuales. No se castiga la prostitución pero si la contratación de servicios sexuales en centros educativos o arcenes. Se castiga a prostitutas y a clientes. El consumo de alcohol cuando no esté autorizado administrativamente y altere la tranquilidad ciudadana también será castigado.

Hay otra novedad. Se regula una zona de seguridad para evitar los escraches. Hasta ahora no estaba regulado. Se le da cobertura legal aunque no se establece exactamente los metros de distancia que hay que mantener. Dependerá del jefe del operativo policial.

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30.000 EUROS DE MULTA POR INSULTAR O AMENAZAR A UN POLICIA EN UNA MANIFESTACION

SE CONSIDERARÁ INFRACCIÓN GRAVE

Insultar o amenazar a un policía en una manifestación se sancionará con hasta 30.000 euros

Los padres pagarán los daños que ocasionen sus hijos en la calle y la Policía podrá establecer "zonas de seguridad" contra los escraches

   MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

   En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

   Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías.

   En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

   La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros medios de transporte como aviones.

   En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.

PROHIBIDA LA PROSTITUCIÓN CERCA DE MENORES

   Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.

   El Ministerio lleva trabajando en este Anteproyecto desde el inicio de la legislatura para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados.

   En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce  como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.

   Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

COPIA LA MEDIDA CONTRA LA 'KALE BORROKA'

   Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer "zonas de seguridad". El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de 'kale borroka' y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave.

   En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.

   El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. Este anteproyecto regula como infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas "cundas", es decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y se consume droga.

MISMAS SANCIONES, NUEVAS PROHIBICIONES

   Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.

   Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática.

   Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.

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