El fiscal pide la imputación de los consejeros de Caja Segovia
Quiere que expliquen por qué acordaron conceder prejubilaciones multimillonarias a los directivos de la entidad antes de su integración en Bankia
El fiscal ha pedido que se tome declaración como imputados a los miembros que formaban el consejo de administración de Caja Segovia y la comisión de retribuciones que acordaron conceder prejubilaciones multimillonarias a los directivos de la entidad, antes de su integración en Bankia, lo que está tramitando el Juzgado número 2 de Segovia, tras una denuncia de Unión Progreso y Democracia (UPyD), presentada hace dos años.
Luciana Miguel, portavoz del partido de Rosa Díez en Segovia y miembro de su comité de dirección nacional, ha calificado de “muy positivo” el escrito de la Fiscalía porque, a su juicio, demuestra que “la Justicia, aunque lenta, termina avanzando y nos llevará a conocer todos los extremos de lo que ocurrió, podremos escuchar a los exconsejeros y que asuman sus responsabilidades, si las tienen, y devuelvan el dinero”. UPyD sostiene que unos nueve miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros.
La investigación judicial se centra en los acuerdos del consejo de administración de Caja Segovia, a propuesta de la comisión de retribuciones, adoptados el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010. Entre los llamados a declarar, además de quien presidía la entidad, Atilano Soto, del PP, y de su vicepresidente, Manuel Agudíez, del PSOE, figuran aforados, como es el caso del senador popular Javier Santamaría y del portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz.
UPyD sostiene que unos nueve miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros
Además declararán los vicepresidentes de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino, del PP; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, independiente en las listas del PSOE; el presidente de la patronal, Pedro Palomo, y quien era entonces vicesecretaria del PP provincial Elena García Gil, ahora miembro de la fundación que gestiona el escaso patrimonio de lo que fue la Obra Social y Cultural de Caja Segovia. Asimismo ha sido llamado por el Ministerio Público el exdirector de la entidad Manuel Escribano, uno de los que percibieron la prejubilación, a quien estaba encomendada la presentación de las propuestas a la comisión, donde intervenía con voz pero sin voto, y el secretario general Antonio Luis Tapìas.
Para De Miguel, el problema en cajas como la de Segovia, que han desaparecido, ha sido una consecuencia de la politización de sus órganos de gobierno, lo que hacía primar intereses políticos por encima de los de los ciudadanos, con consejos ocupados en otras cosas o que, sabiendo lo que pasaba, consintieron elevados desembolsos en indemnizaciones y prejubilaciones.
La dirigente de UPyD ha calificado como “muy preocupante” el panorama político de Segovia por el hecho de que continúen en política muchos de los que han sido llamados ahora a declarar, sin haber dado explicaciones ni asumido responsabilidades. Tras manifestar el respeto a presunción inocencia, ha pedido la dimisión de personas que tienen “gran relevancia política” y que, en su opinión, “no están en disposición de seguir desempañando el cargo público para el que fueron elegidos”.
