7 DIRECTIVOS DE CAJA CASTILLA LA MANCHA IMPUTADOS POR DELITO DE ADMINISTRACION DESLEAL

El juez imputa a siete directivos de Caja Castilla La Mancha por un presunto delito de adminitración desleal

La Fiscalía considera que siete miembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja aprobaron una serie de "operaciones singulares" que perjudicaron a la entidad.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados a siete miembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja Castilla La Mancha. Se les acusa de aprobar una serie de operaciones que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial en la entidad.

Así lo recoge un auto que se ha dado a conocer este martes y al que ha tenido acceso Efe. Los imputados ahora son los vocales de la citada comisión Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Hernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante y el secretario de la misma, José Fernando Sánchez Bódalo. 

El magistrado les cita para tomarles declaración los próximos días 20 y 21 de noviembre y ofrece al actual Banco de Castilla La Mancha personarse como perjudicado. Ruz requiere también a los peritos para que “confirmen, amplíen o, en su caso, modifiquen” las conclusiones alcanzadas en un informe fechado en septiembre de 2012. 

Según la Fiscalía, la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de la caja de las citadas "operaciones singulares" podría constituir un delito societario de administración desleal. 

Hasta ahora, el único miembro de la ejecutiva imputado en la causa era el expresidente de la entidad Juan Pedro Hernández Moltó, pero el juez señala que los ahora imputados también participaron “en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada”.
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EE.UU. EL SENADO PONE FIN AL CIERRE DEL GOBIERNO

El Senado acuerda poner fin al 'cierre' del Gobierno federal

Los líderes del Senado alcanzaron un acuerdo para evitar el impago de deuda y poner fin al 'cierre' del Gobierno federal, informa AP.


Kelly Ayotte, el senador republicano para New Hampshire, dijo a AP que los líderes de su Cámara llegaron a un acuerdo que pondría fin al cierre, que dura ya más de dos semanas. 

El nuevo plan debería prolongar el límite de la deuda federal hasta el 7 de febrero y mantener el Gobierno abierto y proporcionar su financiación hasta el 15 de enero, dando tiempo a que el Congreso inicie un debate sobre el gasto y reducción del déficit. 

Se trata de una medida provisional que se extenderá hasta el 15 de enero del próximo año. 

Más información en breve.
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MONSANTO PIERDE FRENTE A LOS CAMPESINOS DE BRASIL

Campesinos de Brasil ganan un juicio contra Monsanto




La Unión Rural Sinop, el sindicato que representa los intereses de los agricultores del estado brasileño de Mato Grosso, ganó un juicio contra Monsanto. La empresa no podrá imponer condiciones a los compradores de las semillas de su soja transgénica.


La sentencia, dictada el sábado, bloqueó el intento de la compañía de obligar a los agricultores a firmar acuerdos restrictivos antes de permitirles adquirir las nuevas semillas genéticamente modificadas de soja Intacta RR2. Estas semillas se postulan como resistentes a las orugas que se han atacado últimamente en los cultivos de muchas zonas del país, causando graves pérdidas de cosecha. 

En el momento de hacer la compra de las semillas 'milagrosas', los campesinos firmaban un contrato que no ofrecía garantía alguna del aumento de la cosecha pero incluía el pago de regalías por parte del comprador, daba a Monsanto el derecho a entrar e inspeccionar la propiedad del agricultor en cualquier momento, afirmaba que la empresa podía subir las tasas de regalías o confiscar una parte de la cosecha y estipulaba que el comprador en ningún momento podía poner un pleito contra la compañía.

Con el mismo acuerdo, el granjero también aceptaba "el derecho de propiedad intelectual sobre las tecnologías agrícolas". Cabe destacar que esta última fórmula contradice la ley brasileña, que protege el derecho de los agricultores a guardar semillas y utilizar o vender productos de su propio cultivo. 

Según la justicia de Mato Grosso, Monsanto se aprovecha de su posición favorable en el mercado como único proveedor de Intacta RR2 para obligar a los granjeros a "cumplir unas cláusulas que son excesivas, si no ilegales". A partir de ahora, la compañía tendrá que pagar una multa de 400.000 dólares cada vez que no cumpla con la sentencia, vigente en todo el territorio del estado de Mato Grosso, y emprenda un nuevo intento de promover este tipo de acuerdos.
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EL ALCALDE DE ALHAURIN CONDENADO POR COHECHO Y VITOREADO

Juan Martín Serón: Condenado por cohecho y vitoreado

Los vecinos mostraron su devoción al alcalde de Alhaurín al asumir su dimisión por el fallo por el «caso Troya»

El adiós de Juan Martín Serón a la Alcaldía de Alhaurín el Grande dejó en la tarde de ayer imágenes para el análisis... y la reflexión. El exregidor del PP cedió la vara de mando a su compañera de partido Antonia Ledesma para después entregarse a un nutrido grupo de seguidores que siguen sin creer que el hombre al que entregaron la mayoría absoluta año tras año pueda ser un corrupto. Ni la reciente ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia del «caso Troya» impidió el estallido de júbilo cuando el que durante años ha sido su alcalde confirmó que volverá a situarse al frente del Ayuntamiento cuando cumpla el año de suspensión recogido en la condena por un delito de cohecho. Un anuncio que estuvo precedido de duros ataques a la Fiscalía, a quien exigió que pidiera perdón «por el daño cometido», y una investigación que entiende que fue dirigida por el PSOE.

La plaza del Consistorio revivió instantáneas de un pasado no muy lejano con protagonistas como Jesús Gil en Marbella, Juan Sánchez en Casares o José Manuel Martín Alba en Alcaucín. Ayer, Martín Serón. Centenares de vecinos jaleando la inocencia de su alcalde frente a la «Injusticia Suprema» -como rezaba una de las cuidadas pancartas que se desplegaron ayer- de los tribunales.

Un escenario, un micro y discursos en los que no se dejaron títeres con cabeza. Ledesma fue la primera en dirigirse a un público que aplaudió cuando el exalcalde pidió total apoyo para su sustituta, que también se sitúan al frente del PP local. Nada fuera de guión. Muchas loas y buenas palabras para quien durante 14 años ha sido un seguro de victoria en las urnas. Declaraciones que rayaban la devoción y que siguieron la línea de las que horas antes había realizado a la cadena SER: «Soy creyente; pero si Dios baja y me dice que Juan es culpable, no le creería».

El siguiente en tomar la palabra fue el exedil de Urbanismo, Gregorio Guerra, también condenado y suspendido por «Troya». Tras dar las gracias a Martín Serón por haber confiado en él, lamentó que personas en el sistema judicial que «se creen dioses» y que «se equivocan de forma consciente».

Martín Serón habló de «francotiradores» y situó en el centro de la diana al entonces fiscal Anticorrupción -hoy fiscal jefe de Málaga- Juan Carlos López Caballero. «Debería pedir perdón porque ha hecho mucho daño a este pueblo y nos ha destrozado la vida», dijo.

Serón fue condenado en enero de 2012, a una multa de 200.000 euros y suspensión de empleo y cargo público durante un año, al igual que a Gregorio Guerra, al considerar probado que exigieron 122.000 euros a un empresario de la construcción para concederle una licencia de obras para un edificio de viviendas.

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MULTAS DE 500 EUROS A LOS PADRES DE ESCOLARES QUE HAGAN NOVILLOS

Multas de 500 euros a los padres de 

escolares que hagan novillos

• La Policía Local identificará a los que estén en la calle en horario escolar
• Cualquier infracción de un menor la pagará su tutor

Hacer novillos en educación obligatoria les puede salir por un buen pellizco a padres y tutores si la Policía Local sorprende al menor en la vía pública. Así lo contempla el extenso borrador de más de un centenar de páginas de la ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia cívica del Ayuntamiento de Palma que clarifica la responsabilidad directa que tendrán los progenitores en las infracciones que cometan sus hijos. Eneste caso el texto prevé multas de hasta 500 euros para aquellos que no sean capaces de garantizar la asistencia diaria de sus hijos a los centros de enseñanza en edad de escolarización obligatoria.En concreto es el apartado 7 del artículo 91 de la nueva disposición municipal, actualmente en su fase final de redacción, el que deja bien claro el compromiso directo del núcleo familiar para evitar la presencia de menores en la calle en horario escolar.

«Los padres, madres, tutores o guardadores serán responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la inasistencia de éstos a los centros educativos».

En estos casos, «cuando concurra culpa o negligencia, incurrirán en una infracción leve, y podrán ser sancionados con multa desde 100 hasta 500 euros». Además la nueva norma precisa las funciones de los agentes de la Policía Local sobre el particular.

«Intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de edad transiten o permanezcan en espacios públicos en tiempo lectivo». Ante estas situaciones «solicitará su identificación, averiguará cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el centro de enseñanza, y le conducirá a su domicilio o al centro escolar poniendo en conocimiento de sus padres o/y de la autoridad educativa competente que el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en horario escolar».

Y sin perjuicio de que se pueda acudir a fórmulas de mediación para resolver estas conductas, a los padres se les considerará responsables y podrán ser multados. No será el único caso, ni mucho menos. Una vez que la nueva disposición entre en vigor, cualquier acto vandálico de un menor contra el mobiliario urbano u otras infracciones que acarreen una sanción económica, correrán a cargo de los padres.

Si hasta la fecha, como admiten fuentes oficiales de la Policía Local, las multas a menores en general, a excepción de delitos penales o en el caso de contravenir la ordenanza del botellón, quedaban sin cobrar, con la nueva normativa serán sus progenitores o cuidadores los responsables civiles subsidiarios «de los daños producidos por las infracciones cometidas por menores que dependan de ellos». Aunque el Código Civil, según apuntan las mismas fuentes policiales fija la responsabilidad civil de los progenitores, en Palma el asunto no estaba muy controlado.«El Ayuntamiento iniciaba acciones contra los menores, pero si era una multa quedaba en nada, a excepción de la ordenanza del botellón que sí prevé que los padres la puedan pagar, pasaba con el menor como con el insolvente», abundan, «se les sanciona, pero como no la paga, es muy complicado derivarla hacia el padre a no ser que lo diga una ordenanza cosa que hasta ahora no sucedía».

Una vez en vigor el nuevo texto antes de la próxima temporada turística, la cosa cambiará: tendrán que asumir su culpa en cualquier infracción que cometa su hijo. «Serán responsables directos y solidarios siempre que conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia».

Hay que recordar que en 2009 el Ayuntamiento de Valldemoro aprobó una medida similiar, cuando el consistorio votó a favor (por unanimidad) de una ordenanza que permite multar con sanciones de 750 a 3.000 euros a los padres de los alumnos que hagan novillos. Igual ocurre en otros ayuntamientos como el de San Sebastián de los Reyes o Los Alcáceres (Murcia).

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LA JUEZ DECRETA RESPONSABILIDAD CIVIL A UGTY CCOO Y 722.000 EUROS DE FIANZA PARA LOS SINDICALISTAS DETENIDOS

CASO ERE | 722.000 euros de fianza a los sindicalistas 

detenidos

La juez decreta la responsabilidad civil 

susbsidiaria de UGT y CCOO

La juez instructora de los ERE ha impuesto una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al de CCOO Roberto Carmona, en sendos autos en los que decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos. Mera y Carmona fueron detenidos en la segunda fase de la 'operación Heracles', llevada a cabo la semana pasada por la Guardia Civil.

La juez Mercedes Alaya, en dos autos, acuerda además la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España, para lo cual deberán depositar su pasaporte, así como presentarse en el juzgado dos veces al mes.

La fianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de Uniter durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y se ha establecido tras la declaración que prestaron como imputados el pasado jueves.

Afirma Alaya que Mera, como secretario general de UGT en Cádiz, y Carmona, como secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, pidieron a González Mata que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero.

Comisiones con fondos públicos

Ambos hicieron su solicitud "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos" y afirmaron que ese pago debía "paliar los gastos que, según decían, habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la Faja Pirítica de Huelva".

La realidad, según la juez, es que "ninguno de esos conceptos respondía a gastos necesarios soportados realmente" y González Mata "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".

Los sindicalistas llegaron al acuerdo de que cada uno percibiría 180.000 euros, aunque según las cantidades realmente percibidas, incrementadas en el tercio que prevé la ley, la fianza civil queda fijada en 251.041 euros para UGT y 471.352 para CCOO. En el caso de UGT, Mera pidió que el pago se efectuase a través de la sociedad mercantil Temiqui, propiedad del sindicato.

Los sindicatos cobraron 7,6 millones de euros

Alaya recuerda en su auto que UGT y CCOO cobraron de Uniter, según lo investigado hasta ahora, 3.253.031 euros, y de la mediadora Vitalia 4.251.384 euros a lo largo de la década pasada, lo que hace un total de 7.648.815 euros. Se trataba de comisiones que a veces "se cobraban doblemente, en Madrid y Andalucía", como sucedió con CCOO en la empresa Delphi, afirma el auto. Añade que se trataba de "comisiones a veces altísimas, según la documentación recabada", en alguna ocasión de hasta un 200% por encima de la media de mercado.

Los autos les imputan un delito de malversación de caudales públicos y dada "la extraordinaria gravedad de los hechos que se le imputan, las penas elevadas a las que podría enfrentarse y la compleja instrucción que se está llevando a cabo", así como la posibilidad de que aparezcan nuevos actos delictivos imputables a los acusados, la juez acuerda respecto a ellos una serie de medidas restrictivas. Así, les impone la obligación de personarse en el juzgado dos veces al mes, la "prohibición absoluta" de salir de España y la obligación de depositar su pasaporte.

También acuerda la responsabilidad subsidiaria de sus respectivos sindicatos a la hora de hacer frente a la fianza civil.

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UNO DE CADA 2.000 BRITANICOS PORTA EL VIRUS DE LAS VACAS LOCAS

Uno de cada 2.000 británicos porta proteínas 

causantes del 'mal de las vacas locas'

• Expertos en RU han hecho una estimación del número de personas infectadas
• Se ha hecho a partir del análisis de apéndices retirados entre 2000 y 2012
• Portar priones anormales no significa desarrollar la enfermedad degenerativa

Una de las enfermedades que marcaron el final del siglo XX en Europa fue, sin duda, la conocida como 'mal de las vacas locas'. A mediados de los 90, Reino Unido descubrió que el consumo de carne de reses afectadas por una encefalopatía espongiforme estaba generando en la población una nueva enfermedad que resultaba letal.

La variante de Creutzfeldt-Jakob -como se bautizó la patología- provocó en pocos años decenas de muertos y muchos cambios en la industria ganadera y alimentaria. Pero también dejó sobre el tapete varias incertidumbres: ¿cuánta gente había estado expuesta a la contaminación a través de la comida? ¿Podrían desarrollar la enfermedad tiempo más tarde? Hasta la fecha, el número de personas que ha desarrollado la enfermedad ha sido bajo -177 casos en Reino Unido y 51 en el resto del mundo-, pero sigue siendo una incógnita hasta qué punto se extendió la infección con las proteínas causantes de la enfermedad.

Un trabajo publicado en la revista 'British Medical Journal' (BMJ)acaba de arrojar un poco más de luz en este sentido y estima que uno de cada 2.000 británicos podrían ser portadores de los priones responsables de la neurodegeneración.

Sin embargo, este trabajo no ha determinado cuántos de ellos son realmente 'candidatos' a desarrollar la variante de Creutzfeldt-Jakob a lo largo de su vida.

"Da la impresión de que hay muy pocas personas susceptibles de desarrollar la enfermedad", explica Jesús de Pedro, que dirige un equipo de investigación sobre enfermedades neurodegenerativas en el departamento de Epidemiología Aplicada del CIBERNED.

Sin embargo, continúa el especialista, que hasta el momento se hayan registrado poco más de 200 casos y que los portadores detectados no hayan desarrollado la enfermedad "no permite asegurar qué pasará en el futuro".

En su opinión, dado que no se conoce a ciencia cierta la evolución de la enfermedad, es necesario mantener las medidas de control [por ejemplo en las transfusiones de sangre o en el uso de instrumental quirúrgico] para evitar riesgos futuros.

La investigación

Para llevar a cabo su investigación, los científicos británicos -dirigidos por Sebastian Brandner, del Instituto de Neurología UCL de Londres- analizaron más de 32.000 apéndices retirados entre 2000 y 2012 en 41 hospitales del país. De todas las muestras estudiadas (procedentes de personas nacidas entre 1941 y 1960 y entre 1961 y 1985), encontraron 16 casos positivos de priones anormales, lo que les ha permitido realizaruna estimación general.

La presencia de los priones responsables de la enfermedad no parecía tener ninguna relación con la edad de los afectados ni con su procedencia geográfica, según los resultados del trabajo.

Del mismo modo, tampoco existía una asociación clara entre la presencia de priones y un determinado perfil genético.

Según las investigaciones realizadas hasta la fecha, los casos que sí han desarrollado la enfermedad presentan dos copias de una determinada variante en el gen que determina la sensibilidad a los priones responsables de la patología (portaban metionina en el codón 129 en ambos alelos).

Sin embargo, el trabajo dirigido por Brandner ha descubierto que también eran portadores de los priones personas con otros perfiles genéticos. De hecho, los afectados presentaban porcentualmente un determinado perfil genético (eran homocigotos para la valina en el codón 129) en mayor medida que la población general.

En su trabajo, los investigadores ignoran si estos perfiles genéticos confieren a los portadores una protección frente a la enfermedad o si, en cambio, lo único que hacen es prolongar el periodo de 'incubación'. Para Joaquín Castilla, investigador del programa de Enfermedades Infecciosas (unidad de proteómica) del CIC bioGUNE

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La Universidad de Castilla-La Mancha, contra Cospedal: “Nos debe 83 millones”

A la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, le ha salido un duro enemigo en la espiral de recortes de la región: su propia universidad. Y es que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha anunciado que emprenderá acciones legales para reclamar los 83 millones de euros que, asegura, le debe el Gobierno autonómico.

El anuncio procede del rector universitario, Miguel Ángel Collado, que además, ha pedido comparecer en las Cortes de Castilla-La Mancha para explicar la situación actual de la universidad regional y la necesidad de apoyo que reclaman al Gobierno.

83 millones y 300 trabajadores menos

El malestar de la UCLM con el Gobierno de Cospedal es evidente, sobre todo a raíz de los impagos que el Ejecutivo mantiene con la entidad universitaria. Según Collado, el dinero adeudado asciende a 83 millones de euros, una cantidad que será reclamada por la universidad mediante vías legales y que, para el rector, es responsable de los últimos 'tijeretazos' que han hecho que la UCLM haya despedido “a más de 300 trabajadores en los dos últimos años”.

Hasta ahora, y pese a las tensiones, el Gobierno regional y la universidad mantenían una especie de entente cordiale desde el pasado 12 de marzo, cuando Cospedal, Collado y el consejero de Educación, Marcial Marín, se reunieron en Toledo para debatir la asignación nominativa que la Junta concedería a la UCLM. Una reunión de la que el rector salió satisfecho, ya que, según sus propias palabras, el Gobierno regional se comprometió a dar “una asignación de unos 112 millones de euros para 2014 y unos 126 millones para 2015”. Sin embargo, el problema vino a principios de este mes, cuando elProyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2014 programó una asignación de 103 millones de euros, nueve por debajo de los 112 esperados por Collado.

Unos enfrentamientos que vienen de lejos

Los encontronazos entre la UCLM y el Gobierno de Cospedal no son nuevos, ni mucho menos, ya que no es la primera vez que Collado critica los recortes que se vienen sucediendo en Castilla-La Mancha desde la victoria del PP en mayo de 2011. En su momento, el rector ya denunció que el descenso del presupuesto universitario aplazase las obras pendientes hasta 2014. Sin embargo, la asignación actual tampoco permitirá que las obras continúen en 2014, dejando en la estacada la construcción de la Facultad de Farmacia de Albacete, la de Arquitectura en Toledo o la de Medicina en Ciudad Real, entre otras. Esta paralización, según Collado, sitúa a la UCLM ante “posibles reclamaciones de indemnizaciones millonarias por parte de las empresas adjudicatarias de las obras”.

También se produjo un serio enfrentamiento cuando, en junio de 2012, la Junta eliminó, mediante decreto, la exención de pago de residencia universitaria para los alumnos tutelados por los servicios de Bienestar Social, los que demostrasen carencia de recursos o aquellos que no optasen a la beca del Ministerio y cuyos padres estuviesen en paro.

Adiós a las ayudas para estudiantes y para investigación

Los recortes también impedirán que la UCLM lleve a cabo la instauración de una bolsa de ayudas económicas para estudiantes sin recursos, una iniciativa que la entidad universitaria había planteado este año ante la subida de las tasas universitarias. Sin embargo, la rebaja de la asignación presupuestaria lo hace imposible. “Con estas cantidades no podemos hacer frente a esas medidas”, asegura Collado, que en la apertura de este curso ya denunció, en un discurso ante toda la comunidad universitaria, la situación de “necesidad extrema” de algunos alumnos.

Esta serie de recortes se suman a la supresión de todos los programas de investigación, que fueron eliminados en abril de 2012, dando así el pistoletazo de salida a una lista de medidas de austeridad que la UCLM viene sufriendo hasta ahora.

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