EL PSOE PAGA 10 MILLONES POR UN CUADRO DE GOYA QUE NO VALE NI LA MITAD

El PSOE pagó 10 millones de euros por un óleo de Goya que no vale ni la mitad

El Gobierno aragonés, presidido entonces por el actual portavoz socialista en el Senado y ex número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, pagó 10 millones de euros en 2006 por un cuadro de Francisco de Goya que no vale ni la mitad de esa cantidad, según han reconocido a El Confidencial varios tasadores y expertos en patrimonio artístico. "Es una auténtica barbaridad", sostienen fuentes del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte.

La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) asegura que el Retrato de Don Luis María de Borbón y Vallabriga, que Goya pintó en 1783, "fue adquirido por más del doble de su valor real", y advierte que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si hubo malversación de caudales públicos en la operación de compraventa del óleo.

El retrato lo compró en noviembre de 2006 la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), uno de los mayores centros logísticos de Europa, creada seis años antes por el Ejecutivo autonómico de Iglesias. El Gobierno aragonés es el accionista mayoritario (51,5%), y el resto de las participaciones se lo reparten el Ayuntamiento de Zaragoza (en aquella época también controlado por el PSOE) e Ibercaja. El cuadro está ahora a nombre de la Fundación Plaza, responsable de los "programas de responsabilidad social corporativa" de la plataforma logística.

Precisamente, el pasado lunes el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza levantó el secreto de sumario del llamado caso Plaza, en el que se investiga elpresunto desvío de más de 50 millones de euros en el proyecto de construcción de la plataforma logística. De momento hay cinco imputados por malversación, cohecho y blanqueo, entre ellos el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y dos directivos de Acciona, una de las empresas encargadas de las obras.

El caso de presunta corrupción fue destapado por un extrabajador de Acciona, que informó de las irregularidades al actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El pasado mes de mayo, el gerente denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió de inmediato una investigación. Y en agosto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía practicó las primeras detenciones.

Obras similares

Según fuentes del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte, el precio del retrato de Goya adquirido por Plaza debería haber rondado los 2 millones de euros, no los 10 que se pagaron. Ese cálculo se basa en las operaciones de compraventa de obras de similares características (autor, formato, época...) en el mercado. En 2007, por ejemplo, la casa de subastas Sotheby's vendió por 1,7 millones el Retrato de la actriz Rita Luna, de Goya; y en 2009 el Retrato del príncipe Alois Wenzel von Kaunitz, también de Goya, por 1,4 millones.

El pasado mes de febrero, Sotheby's sacó a subasta el último retrato que el pintor aragonés hizo de su nieto preferido. Pero la puja más alta por el Retrato de Mariano Goya fue de 4,1 millones de euros, por debajo del precio mínimo establecido por el vendedor, por lo que el cuadro se quedó sin comprador. Finalmente fue adquirido, a comienzos de este mes, por el Museo Meadows de Dallas (EEUU), que no quiso desvelar el precio pagado.

El catedrático Arturo Ansón, que imparte Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y está considerado uno de los mayores expertos en la obra de Goya, aseguró ayer a este diario que el precio del Retrato de Don Luis María de Borbón y Villabriga "es desorbitado y está claramente sobrevalorado". Y añadió: "No me cabe la menor duda de que se pagó por él mucho más de lo que se debería haber pagado". 

El cuadro fue encargado a Goya en 1783 por el infante Luis de Borbón, y a la muerte de este pasó a su viuda, María Teresa de Vallabriga. La última propietaria del retrato fue María del Rosario Álvarez de Toledo, quien encomendó su venta a la galería madrileña Caylus Anticuario, que hizo de intermediaria en la venta del óleo al Gobierno aragonés. Enrique Gutiérrez de Calderón, uno de los directores de Caylus, aseguró ayer a El Confidencialque los 10 millones pagados fueron "un precio correcto, porque el cuadro lo valía". 

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LA COMISION EUROPEA MAS CERCA DEL PARAISO FISCAL DE GIBRALTAR

La Comisión Europea estrecha el cerco sobre el paraíso fiscal de Gibraltar

La Comisión Europea alberga "dudas graves" sobre sus posibles ventajas a algunas empresas

La pesquisa, anunciada por Almunia, responde a una denuncia de España de junio de 2012

La Comisión Europea quiere escudriñar a fondo el sistema fiscal de Gibraltar. Ya no se trata solo del procedimiento abierto este miércoles por las autoridades de Competencia —que se limita a estudiar la legalidad de las exenciones a ciertas rentas que generan las empresas—. En paralelo a la investigación formal que acaba de nacer, el departamento que encabeza el comisario Joaquín Almunia ha iniciado una inspección más amplia, por ahora de carácter informal, sobre la aplicación de las normas fiscales que ejercen las autoridades del Peñón. Como ya ocurrió con Holanda, Luxemburgo e Irlanda, los servicios de Competencia europeos han enviado a las autoridades británicas un cuestionario para que expliquen si Gibraltar ha llegado a acuerdos bilaterales con empresas para favorecer su tributación, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del proceso.

La notificación recibida por Londres recuerda a la que envió la Comisión los pasados meses de junio y julio a Holanda, Irlanda y Luxemburgo. En estas misivas, las autoridades de Bruselas pedían explicaciones sobre las ventajas que estos tres países conceden a grandes multinacionales y que permiten que gigantes como Apple paguen en impuestos menos del 2% de sus ingresos.

Ahora el foco se amplía al territorio gibraltareño. Los dos procesos se hallan en una fase primigenia para analizar la ley del impuesto sobre la renta que Gibraltar aprobó en 2010. El primero, el que este miércoles recibió el visto bueno del Colegio de Comisarios, se inicia ahora concediendo el derecho a réplica de las autoridades afectadas. Terceras partes —como el Gobierno español o empresas afectadas— podrán exponer también sus argumentos. Este procedimiento, que nace a raíz de la queja planteada por España en junio del año pasado, podría derivar en la devolución de las ayudas que se consideren contrarias a la normativa comunitaria. En este momento de la investigación, el equipo de Almunia estima que la exención fiscal por intereses pasivos y rentas por cánones puede equivaler a una forma de ayuda estatal contraria a la ley, porque se separa del sistema general de impuesto de sociedades. Según interpretan en Bruselas, este aspecto podría suponer una ventaja especial para las empresas que generan este tipo de rentas.

El segundo procedimiento, por ahora con un carácter informal, observará de una forma más general la fiscalidad gibraltareña. Por una parte, Bruselas quiere analizar la forma en la que se está aplicando el principio de territorialidad, según el cual pagan impuestos todas las actividades derivadas de Gibraltar o acrecentadas ahí. La idea es examinar si se conceden ayudas de Estado contrarias a la legislación comunitaria. Por otra parte, en Competencia están interesados en la posibilidad de que las autoridades del Peñón hayan llegado a acuerdos bilaterales con determinadas compañías para atraerlas a cambio de pagar menos impuestos, tal y como se investiga en Irlanda, Holanda y Luxemburgo.

La Comisión niega que la apertura de la investigación formal esté relacionada con el aumento de la tensión entre España y Gibraltar. Al lanzamiento por parte del Peñón de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras siguió la respuesta española de endurecer los controles fronterizos. “No hay ningún vínculo entre las dos cosas”, respondió el portavoz de Almunia, que dijo que la Comisión se ha limitado a seguir el procedimiento habitual.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tildó de “magnífica noticia” la decisión de Bruselas de investigar a Gibraltar por su impuesto de sociedades. “Viene a compensar los esfuerzos que la diplomacia española lleva haciendo en este terreno durante mucho tiempo. Espero que termine con un procedimiento de infracción. Es decir, que se conmine a Gibraltar a acabar con un régimen que es claramente injusto y claramente perjudicial para las sociedades españolas”, dijo el ministro, según informa Efe. El Gobierno de Gibraltar, por su parte, dijo estar “satisfecho” con la investigación, ya que solo se refiere “a dos aspectos limitados” de su régimen fiscal de ayuda estatal a las empresas. “Se pueden adoptar medidas legislativas con rapidez con el fin de resolver los problemas que preocupan a la Comisión”, añadió.

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50 JUECES DECIDIRAN LA PRIVATIZACION SANITARIA DE MADRID

50 jueces decidirán si se reactiva la privatización sanitaria en Madrid

El PSOE recusará al magistrado que presidirá el pleno por su relación con el PP

Martínez Tristán aspira a formar parte del Consejo del Poder Judicial

Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el éxito o el fracaso del mayor proceso de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España. La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judiciala la espera de que haya sentencia firme. Lo que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia.

La decisión, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto —tienen solo uno, incluido el presidente— determinarán si se reactiva el proceso de privatización. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro.

El PSOE anunció ayer que va a recusar a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación recordó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también es, según subrayó ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deberá elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”.

La sección tercera, en su auto de septiembre pasado, ordenó la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales. Explicitó que se debía mantener la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia, lo que podía suponer entre año y medio y dos años. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicación. Estimaba así el recurso de la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, que había denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambió las condiciones del concurso y redujo a casi una décima parte la garantía que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La sección tercera afirmó en el auto que el cambio “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.

La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”.

Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jurídicos consultados por este diario se han mostrado extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias.

Miguel Ángel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar “sorprendido” porque se haya tomado la medida ahora, “justo cuando la sección tercera tenía que resolver los recursos de reposición que habían presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias”, y no al principio de los procesos judiciales. “No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados”, añadió. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, “estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la sección correspondiente, o debería tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los demás hasta que se dicte sentencia”.

El acuerdo de Martínez Tristán se adopta en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia”.

“Lo lógico sería que, por apariencia de conflicto de interés, o por conflicto de interés potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que también, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales”, señaló el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. “La Justicia no puede estar al servicio de un partido político”, afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente imprescindible” la decisión de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrileño, Ignacio González, afirmó en la Asamblea de Madrid que la medida es “razonable”, que espera que “se resuelva todo de una vez” y señaló que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación”, ya que es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”, informa EP.

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EL JUEZ ABRE UNA VIA PARA QUE LOS EX-DIRECTIVOS DE LA CAM PAGEN DE SU BOLSILLO A LOS CLIENTES ESTAFADOS

Gómez Bermúdez abre una vía para que los exdirectivos de la CAM paguen de su bolsillo a los 'clientes estafados'

La Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas) espera que en diciembre concluya la instrucción del caso.

Los afectados por los títulos tóxicos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cada vez tienen más opciones de recuperar sus ahorros perdidos después de que el juez Gómez Bermúdez haya decretado el embargo de varios inmuebles de la antigua cúpula de la entidad a fin de garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento penal que se instruye en la Audiencia Nacional.

En concreto, al expresidente de la CAM Modesto Crespo se le ha decretado el embargo de tres inmuebles y dos plazas de garage (Elche) y 600 acciones de Telefónica; al exdirector general Roberto López Abad, un inmueble en Alicante y otro en Madrid e inversión en deuda pública del estado; a la también directora general Dolores Amorós, un Garage y dos viviendas en San Vicente, cinco cuentas, obligaciones del Estado, dos planes de ahorro y dos planes de pensiones.

Al exdirector de la CAM Vicente Soriano se le embargan dos viviendas, dos plazas de garage y un trastero en Alicante, así como cuatro imposiciones de plazo fijo, tres cuentas corrientes, dos fondos de inversión, tres planes de pensiones, dos seguros y tres coches (Golf, Lexus y Toyota). Por último, a Teófilo Sogorb, que también ostentó este cargo, dos inmuebles urbanos en Alicante y otros dos en Biar, el 50% de seis cuentas y un Mercedes. 

Se trata de los bienes designados por los cinco miembros de la excúpula de la CAM imputados por su actuación en la entidad para hacer frente a la fianza solidaria de 35 millones de euros que les impuso el magistrado en junio.

En declaraciones a EL BOLETÍN, Carlos Pena, asesor de la Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas), ha señalado que estos bienes bloqueados ya darían “ampliamente” para cubrir los 13 millones de euros que reclaman los afectados para poder recuperar el 100% de sus ahorros.

Esta tarde la Plataforma CAM celebrará una reunión informativa en Alicante, en la que se informará a todos los afectados de la actualidad de estos asuntos. Si se cumplen los plazos que manejan los afectados, en diciembre se terminaría la instrucción del caso y posteriormente se celebraría la vista, que en principio se realizaría a través de un juicio rápido. 

Los juicios rápidos se aplican a los delitos castigados con pena de prisión que no exceda de cinco años, o con otras penas, como multa, arresto, privación del permiso de conducir vehículo a motor, prohibición de aproximarse a la víctima, etc. cualquiera que sea su cuantía, cuya duración no exceda de diez años, que se impongan como pena única, o bien conjunta o alternativamente”, según explica el Poder Judicial en su página web. 

Asimismo, es indispensable que se trate de un “delito flagrante” y que el proceso se inicie por un atestado policial y que la policía haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia o que, sin detenerla, la haya citado ante dicho juzgado en calidad de denunciada.
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7 DIRECTIVOS DE CAJA CASTILLA LA MANCHA IMPUTADOS POR DELITO DE ADMINISTRACION DESLEAL

El juez imputa a siete directivos de Caja Castilla La Mancha por un presunto delito de adminitración desleal

La Fiscalía considera que siete miembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja aprobaron una serie de "operaciones singulares" que perjudicaron a la entidad.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados a siete miembros de la Comisión Ejecutiva de la desaparecida Caja Castilla La Mancha. Se les acusa de aprobar una serie de operaciones que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial en la entidad.

Así lo recoge un auto que se ha dado a conocer este martes y al que ha tenido acceso Efe. Los imputados ahora son los vocales de la citada comisión Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Hernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante y el secretario de la misma, José Fernando Sánchez Bódalo. 

El magistrado les cita para tomarles declaración los próximos días 20 y 21 de noviembre y ofrece al actual Banco de Castilla La Mancha personarse como perjudicado. Ruz requiere también a los peritos para que “confirmen, amplíen o, en su caso, modifiquen” las conclusiones alcanzadas en un informe fechado en septiembre de 2012. 

Según la Fiscalía, la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva de la caja de las citadas "operaciones singulares" podría constituir un delito societario de administración desleal. 

Hasta ahora, el único miembro de la ejecutiva imputado en la causa era el expresidente de la entidad Juan Pedro Hernández Moltó, pero el juez señala que los ahora imputados también participaron “en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada”.
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EE.UU. EL SENADO PONE FIN AL CIERRE DEL GOBIERNO

El Senado acuerda poner fin al 'cierre' del Gobierno federal

Los líderes del Senado alcanzaron un acuerdo para evitar el impago de deuda y poner fin al 'cierre' del Gobierno federal, informa AP.


Kelly Ayotte, el senador republicano para New Hampshire, dijo a AP que los líderes de su Cámara llegaron a un acuerdo que pondría fin al cierre, que dura ya más de dos semanas. 

El nuevo plan debería prolongar el límite de la deuda federal hasta el 7 de febrero y mantener el Gobierno abierto y proporcionar su financiación hasta el 15 de enero, dando tiempo a que el Congreso inicie un debate sobre el gasto y reducción del déficit. 

Se trata de una medida provisional que se extenderá hasta el 15 de enero del próximo año. 

Más información en breve.
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MONSANTO PIERDE FRENTE A LOS CAMPESINOS DE BRASIL

Campesinos de Brasil ganan un juicio contra Monsanto




La Unión Rural Sinop, el sindicato que representa los intereses de los agricultores del estado brasileño de Mato Grosso, ganó un juicio contra Monsanto. La empresa no podrá imponer condiciones a los compradores de las semillas de su soja transgénica.


La sentencia, dictada el sábado, bloqueó el intento de la compañía de obligar a los agricultores a firmar acuerdos restrictivos antes de permitirles adquirir las nuevas semillas genéticamente modificadas de soja Intacta RR2. Estas semillas se postulan como resistentes a las orugas que se han atacado últimamente en los cultivos de muchas zonas del país, causando graves pérdidas de cosecha. 

En el momento de hacer la compra de las semillas 'milagrosas', los campesinos firmaban un contrato que no ofrecía garantía alguna del aumento de la cosecha pero incluía el pago de regalías por parte del comprador, daba a Monsanto el derecho a entrar e inspeccionar la propiedad del agricultor en cualquier momento, afirmaba que la empresa podía subir las tasas de regalías o confiscar una parte de la cosecha y estipulaba que el comprador en ningún momento podía poner un pleito contra la compañía.

Con el mismo acuerdo, el granjero también aceptaba "el derecho de propiedad intelectual sobre las tecnologías agrícolas". Cabe destacar que esta última fórmula contradice la ley brasileña, que protege el derecho de los agricultores a guardar semillas y utilizar o vender productos de su propio cultivo. 

Según la justicia de Mato Grosso, Monsanto se aprovecha de su posición favorable en el mercado como único proveedor de Intacta RR2 para obligar a los granjeros a "cumplir unas cláusulas que son excesivas, si no ilegales". A partir de ahora, la compañía tendrá que pagar una multa de 400.000 dólares cada vez que no cumpla con la sentencia, vigente en todo el territorio del estado de Mato Grosso, y emprenda un nuevo intento de promover este tipo de acuerdos.
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EL ALCALDE DE ALHAURIN CONDENADO POR COHECHO Y VITOREADO

Juan Martín Serón: Condenado por cohecho y vitoreado

Los vecinos mostraron su devoción al alcalde de Alhaurín al asumir su dimisión por el fallo por el «caso Troya»

El adiós de Juan Martín Serón a la Alcaldía de Alhaurín el Grande dejó en la tarde de ayer imágenes para el análisis... y la reflexión. El exregidor del PP cedió la vara de mando a su compañera de partido Antonia Ledesma para después entregarse a un nutrido grupo de seguidores que siguen sin creer que el hombre al que entregaron la mayoría absoluta año tras año pueda ser un corrupto. Ni la reciente ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia del «caso Troya» impidió el estallido de júbilo cuando el que durante años ha sido su alcalde confirmó que volverá a situarse al frente del Ayuntamiento cuando cumpla el año de suspensión recogido en la condena por un delito de cohecho. Un anuncio que estuvo precedido de duros ataques a la Fiscalía, a quien exigió que pidiera perdón «por el daño cometido», y una investigación que entiende que fue dirigida por el PSOE.

La plaza del Consistorio revivió instantáneas de un pasado no muy lejano con protagonistas como Jesús Gil en Marbella, Juan Sánchez en Casares o José Manuel Martín Alba en Alcaucín. Ayer, Martín Serón. Centenares de vecinos jaleando la inocencia de su alcalde frente a la «Injusticia Suprema» -como rezaba una de las cuidadas pancartas que se desplegaron ayer- de los tribunales.

Un escenario, un micro y discursos en los que no se dejaron títeres con cabeza. Ledesma fue la primera en dirigirse a un público que aplaudió cuando el exalcalde pidió total apoyo para su sustituta, que también se sitúan al frente del PP local. Nada fuera de guión. Muchas loas y buenas palabras para quien durante 14 años ha sido un seguro de victoria en las urnas. Declaraciones que rayaban la devoción y que siguieron la línea de las que horas antes había realizado a la cadena SER: «Soy creyente; pero si Dios baja y me dice que Juan es culpable, no le creería».

El siguiente en tomar la palabra fue el exedil de Urbanismo, Gregorio Guerra, también condenado y suspendido por «Troya». Tras dar las gracias a Martín Serón por haber confiado en él, lamentó que personas en el sistema judicial que «se creen dioses» y que «se equivocan de forma consciente».

Martín Serón habló de «francotiradores» y situó en el centro de la diana al entonces fiscal Anticorrupción -hoy fiscal jefe de Málaga- Juan Carlos López Caballero. «Debería pedir perdón porque ha hecho mucho daño a este pueblo y nos ha destrozado la vida», dijo.

Serón fue condenado en enero de 2012, a una multa de 200.000 euros y suspensión de empleo y cargo público durante un año, al igual que a Gregorio Guerra, al considerar probado que exigieron 122.000 euros a un empresario de la construcción para concederle una licencia de obras para un edificio de viviendas.

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