Perdió el móvil y acabó en prisión
Un preso lleva año y medio en la cárcel por dos robos que, asegura, no
cometió
Días antes del delito denunció el extravío de su teléfono, la prueba que lo
condenó
Aquel 19 de febrero de 2010, Fernando Enrique Muñoz llamó a su compañía
telefónica para denunciar la pérdida de su móvil y bloquearlo. El teléfono
desapareció de su bolsillo durante la celebración de su cumpleaños y este joven
de 22 años, empleado de un taller, no quería que los ladrones pudieran usarlo.
Dos días después, el 21 de febrero, la Policía de Elda (Alicante) lo devolvió a
su padre. Había aparecido entre algunos objetos robados esa misma madrugada.
Unos individuos, a bordo de un coche robado, habían embestido varios vehículos.
Cuando sus víctimas bajaron para comprobar los daños o hacer el papeleo, las
desvalijaron. A los pocos días, la policía detuvo a Fernando y una juez lo
condenó a 10 años de cárcel por esos robos basándose, precisamente, en que su
móvil estaba allí. Ningún juez le creyó cuando aseguró que previamente lo había
perdido. Hoy, cuando lleva un año y medio en prisión, está en grado de
demostrarlo.
Durante el proceso seguido en el juzgado de lo Penal número 8 de Alicante y
en el recurso que se estudió en la Audiencia de esa provincia, el anterior
abogado de Fernando intentó en vano que los jueces aceptaran como prueba la
factura telefónica del fijo de sus padres en la que se recogía la llamada del 19
de febrero al número de información de Orange (su compañía de teléfonos) con la
que Fernando solicitó el bloqueo del teléfono. “No tiene eficacia alguna el
documento aportado para justificar un presunto extravío (...) al no constar dato
alguno que permita asegurar que ha sido emitido por una compañía telefónica”,
aseguraron los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Alicante,
que no creyeron conveniente hacer ninguna otra gestión con la compañía.
Un certificado de Orange prueba que pidió el bloqueo dos
días antes del asalto
Después de enormes esfuerzos con la empresa, el pasado 7 de mayo, el nuevo
defensor de Fernando, Santiago Talavera, y los padres de este, Fernando y
Teresa, obtuvieron otro documento de la compañía en el que se confirma lo que el
joven siempre ha mantenido y nadie ha querido escuchar. Que el 19 de febrero,
dos días antes de los robos por los que se le condenó, según él, injustamente,
llamó a Orange para solicitar el “bloqueo por hurto” de su móvil como dice el
propio certificado. El documento recoge también otra llamada del 21 de febrero
—el día en que se produjeron los robos y el que la policía le devolvió el
teléfono— solicitando que lo reactivaran al haberlo recobrado. Las siguientes
llamadas de Fernando a la compañía son ya para tratar de demostrar su inocencia.
El 21 de abril solicita un comprobante de que pidió el bloqueo de su teléfono el
19 de febrero para demostrar que se lo quitaron antes de los robos, algo que,
hasta ahora, no había logrado.
Para poder condenar a Fernando, además de la presencia del móvil entre los
enseres robados que los ladrones abandonaron, los jueces tuvieron en cuenta el
testimonio de varias víctimas que lo señalaron como autor. Las primeras fueron
las tres mujeres que encontraron el teléfono del joven a cinco kilómetros del
lugar donde habían sido atracadas. Las víctimas aseguraron que entre las fotos
grabadas en el aparato estaba la de Fernando y lo identificaron como uno de los
ladrones. Después ratificaron esa identificación en el juicio “sin dudas”, según
la sentencia.
Otras dos asaltadas también señalaron a Fernando como uno de los
delincuentes, aunque su acusación fue mucho más dudosa. Ambas aseguraron que se
correspondía con una de las fotos que les enseñó la policía pero, al verlo
durante el juicio, la primera sostuvo que aunque “no podía” reconocerlo, estaba
segura de que “tenía mechas rubias”, como él. Su compañera mantuvo que el rubio,
es decir, Fernando, se parecía mucho al que los agentes le habían enseñado en
foto. “El rubio se parece muchísimo al de la foto”, declaró. “Por su altura no
lo sé, pero por la cara sí era él”, añadió. Y luego: “Parecía más de mi altura”.
Es decir, la cara de Fernando se parecía a la del ladrón, sobre todo por las
mechas rubias, pero ambos diferían en su envergadura.
No solo Fernando, sus padres -que incluso iniciaron
una
recogida de firmas presencial y en change.org- y su abogado sostienen su
inocencia. Feliciano Crelgo, el director de la prisión en la que permanece
internado, la de Villena, inició una investigación por su cuenta ante la
sospecha de que hubiera sido injustamente encarcelado. Crelgo habló con la
pesona que fue condenada junto a Fernando por los robos, Israel Torres, y este
le dijo que tanto Fernando como otro sentenciado, Juan de Dios Díaz Moreno, no
habían participado en los hechos y que al primero no lo conocía de nada. Así lo
declaró el propio Crelgo en el juzgado de Instrucción 6 de Alicante ante cuyo
titular aseguró que no era habitual que hiciera gestiones de este tipo: “En 33
años que llevo trabajando, es la primera vez que pienso que un penado no ha
participado en los hechos por los que ha sido condenado”. Crelgo añadió que
Fernando no tenía “nada que ver” con el resto de internos. “Tiene un caracter
apocado y su entorno y circunstancias personales no tienen nada en común con el
resto”.
Una de las testigos dijo que se parecía en el pelo al
ladrón, pero no en la altura
Otro preso que no fue condenado por esos delitos, José Antonio Amador, envió
una carta al juzgado que condenó Fernando y a Israel, su supuesto cómplice, en
la que decía: “Juan de Dios Díaz Moreno y Fernando Enrique Muñoz, fueron
injustamente condenados, dicho sea con respeto, al haberse equivocado la testigo
en el reconocimiento que efectuó”. Después añadía que el delito lo había
cometido él mismo junto con Israel Torres, sentenciado junto a Fernando, y otro
preso que no fue juzgado por esos hechos, José Manuel Cortés, que también se
dirigió al juzgado para asegurar que Fernando y Juan de Dios eran inocentes de
esos robos, aunque sin asumir él mismo la culpa.
Con todos esos testimonios, Santiago Talavera, el abogado de Fernando, inició
los trámites del recurso extraordinario de revisión en la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo (el trámite que sirve para revocar sentencias manifiestamente
injustas). Pero el pasado 22 de febrero, los magistrados Juan Saavedra, Joaquín
Giménez y José Manuel Maza denegaron la autorización para presentarlo al
considerar que las manifestaciones de los presos carecían de “aptitud
suficiente” para acreditar la inocencia.
En mayo, Fernando obtuvo, finalmente, una nueva prueba que difícilmente podrá
ser considerada, como las otras, insuficiente: el documento de Orange que
certifica que solicitó el bloqueo de su teléfono al haberlo perdido dos días
antes de que se produjeran los robos por los que fue condenado. Con él, su
abogado pedirá de nuevo al Tribunal Supremo, el mes que viene, que autorice la
revisión de su condena. Porque, como dice el letrado, es imposible que él dejara
allí entre otros objetos robados, el aparato cuya desaparición había denunciado
dos días antes.
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