ESPAÑA: EL NUEVO DIRECTOR DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DESTRUYO PRUEBAS ANTE LA PASIVIDAD DEL JUEZ

El sucesor de Teddy Bautista en la SGAE 

destruyó pruebas ante la pasividad de Ruz

Antón Reixa, sucesor de Eduardo Teddy Bautista tras el descabezamiento judicial de la cúpula directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), destruyó pruebas relevantes para la investigación ante la pasividad de Pablo Ruz. El sucesor de Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordenó en abril de 2013 a la SGAE, a instancias de varios de los imputados en la causa, que adoptase medidas para "la conservación" de esas pruebas. Demasiado tarde: estas ya habían sido eliminadas cuatro meses antes.

Ruz investiga los hechos denunciados en 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción por varias asociaciones de internautas, que acusaron a la SGAE de desviar una parte de los fondos procedentes del canon digital y los derechos de autor a un entramado empresarial encabezado por la mercantil Microgénesis, socio tecnológico de la sociedad de autores desde el año 2000, por unos trabajos inexistentes o valorados muy por encima de los precios de mercado. Los imputados, en cambio, sostienen que esos trabajos (en su mayoríaherramientas informáticas para optimizar la gestión de la SGAE) son reales y se pagaron por ellos precios muy competitivos.

El abogado de José Luis Rodríguez Neri, exdirector general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la filial digital de la SGAE, y mano derecha de Bautista hasta que este fue defenestrado en 2011, alertó a Ruz en varias ocasiones de que uno de los proyectos estrella que Microgénesis desarrolló para la SGAE, el denominado Portal Latino, estaba a punto de ser eliminado por la nueva dirección que encabezaba Reixa. Y con él una de las principales piezas de convicción de la causa.

La SGAE pagó a Microgénesis 11,2 millones de euros entre 2002 y 2009 por los desarrollos tecnológicos dePortal Latino y el mantenimiento de sus múltiples plataformas: la red social Creadores, el canal Creadores TV, el canal de música online La Central Digital... A través de ellas, los socios de la SGAE (casi 100.000 en la actualidad) podían promocionar sus obras y vender su repertoriogracias a los acuerdos sellados con marcas de música en streaming, como la poderosa Spotify, o gigantes como Amazon y iTunes.

Neri, a través de su abogado, comunicó a Ruz el 14 de diciembre de 2012: "Esta parte ha tenido conocimiento, por propias comunicaciones de la SGAE a sus socios, de que esta ha propuesto el cierre definitivo y la cancelación de Portal Latino antes del 31 de diciembre". Y añadía que ese proyecto tecnológico "ha originadogran parte de la facturación del Grupo Microgénesis a la SGAE, por lo que en caso de cierre se verá limitada la capacidad de los peritos informáticos de realizar pruebas de funcionamiento y comprobación de la plataforma".

Los peritos designados por Neri y Bautista remitieron aquel mismo mes un informe a Ruz, incorporado al sumario, en el que solicitaban que "se preserve el funcionamiento de los sistemas que ha comunicado [la SGAE] dar de baja o que se haga una copia se seguridad de los mismos con la finalidad de poder llevar a cabo las comprobaciones oportunas". E incluso los peritos nombrados por Ruz, pertenecientes al Departamento de Ingeniería Informática del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, advirtieron al juez que "resultará necesario que los responsables [de la SGAE] muestren los sistemas [servidores] en funcionamiento".

Ruz y el fiscal del caso, José Miguel Alonso Carbajo, hicieron caso omiso de esas advertencias. Fue en abril de 2013 cuando el juez, finalmente, dictó una providencia en la que reclamaba a la SGAE la "conservación de todos los antecedentes, fuentes y demás elementos afectantes a los referidos servidores, incluyendo, al formar parte de la pericia objeto de autos, los relativos a la mención denominada Portal Latino". Pero para entonces la plataforma desarrollada por Microgénesis ya había sido eliminada.

El Consejo de Dirección de la SGAE, presidido entonces por Reixa, traspasó todo el catálogo musical de Portal Latino a la empresa Altafonte, propiedad del empresario gallego (y amigo de aquel) Fernando Luaces, presidente de la compañía Boa Producciones. Poco después, en julio del pasado año, Reixa fue destituido como presidente de la SGAE después de que 25 de los 39 miembros de su Junta Directiva votaran en contra de su continuidad. Tras su cese, el músico, productor y escritor dijo sentir "alivio, preocupación y agradecimiento", y aseguró que en la SGAE "la lucha por el poder va más allá de lo legítimo".

Reixa señaló ayer a El Confidencial que la decisión de cancelar Portal Latino"fue adoptada por el Consejo de Dirección de la SGAE" porque era "una herramienta muy poco eficiente y que suponía un coste muy alto para la SGAE". Y añadió que la medida "se tomó en defensa de los intereses de los autores".

FUENTE

5 PRUEBAS DESAPARECIDAS EN LA SEDE DEL PP

Las cinco pruebas ‘desaparecidas’ en Génova 13

Los emails de Lapuerta y Páez borrados de los servidores informáticos del PP no son los primeros documentos reclamados por el juez Ruz que han sido destruidos en la sede del partido. Antes sufrieron idéntico destino dos discos duros de Bárcenas, sus agendas, el libro de visitas del edificio y las grabaciones de seguridad.

“He dado orden de que se colabore con la Justicia”. Es el discurso oficial de Mariano Rajoy sobre el llamado 'caso Bárcenas'. Sin embargo, las evidencias que podrían apuntar a la supuesta financiación irregular del partido siguen desapareciendo. La última en esfumarse ha sido una que podría haber contenido los correos electrónicos de dos antiguos responsables del área económica del partido, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, y que la Policía no halló cuando realizó el registro 'de facto' de la sede la pasada semana. Ésta es la batería de evidencias que han desaparecido y la colección de explicaciones o excusas que ha esgrimido Génova. 

• Los discos duros de los ordenadores de Bárcenas: el pasado 20 de agosto, el PP entregaba en la Audiencia Nacional los dos ordenadores portátiles que usaba Bárcenas junto a un escrito en el que reconocía que había destruído el contenido de sus discos duros con el fin de poder asignar ambos equipos a otros trabajadores del partido. Lo había hecho un mes después de que un juez de Plaza Castilla archivara la denuncia por robo que el exsenador había presentado contra la formación por no devolverle ambos. El posterior análisis de las dos computadoras, realizado por peritos de la Policía Científica, reveló que uno de ellos, un Macintosh MacBook Pro, había sufrido el formateo de su memoria el 3 de julio, sólo unos días después de que el extesorero ingresara en prisión. El segundo ingenio informático, un PC de la marca Toshiba Libretto 100 CT, fue entregado a la Audiencia Nacional sin disco duro por "haber sido extraído con anterioridad". Éste último presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujección de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad", según reveló el acta que levantó el secretario judicial cuando los recibió. El pasado mes de septiembre el juez Pablo Ruzdictó un auto en el que apuntaba a la supuesta existencia de un delito de encubrimiento por estos hechos, aunque remitió las pesquisas a los juzgados de instrucción de Madrid al considerar que la Audiencia Nacional no era competente para investigarlo. Mes y medio después, la magistrada que recibió la causa decidió archivarla provisionalmente sin realizar ninguna diligencia. Sin embargo, otro juzgado, que había recibido una denuncia presentada por una de las acusaciones en el caso, el Observatorio DESCH, había decidido sólo unos días continuar con las pesquisas sobre dichos hechos al considerar que la destrucción de estos ingenios informáticos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Esta demanda sigue viva.
• Los libros de visitas de Génova 13: el 31 de mayo, el magistrado dictó un auto por el que reclamaba al entonces jefe de seguridad del PP, Antonio de la Fuente, cuñado del propio Bárcenas, que enviará al juzgado los libros en los que se anotaban las entradas de las visitas en la sede de Génova 13. En concreto, pedía los datos que dichos registros tuvieran sobre ocho de los empresarios que aparecían como presuntos donantes en los apuntes contables del extesorero y que ya entonces habían sido imputados. El magistrado exigía también que se detallara el día, mes, año y persona a visitar por estas personas. De la Fuente respondió dos semanas más tarde que la información que pedía el juez había sido destruida. Aseguraba que esto se hacía periódicamente, en concreto cada 30 días, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de datos sobre sobre Ficheros Automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios, en la que se prohíbe la conservación de los datos personales recogidos en el acceso una vez transcurrido un mes desde el momento en que fueran recabados".  
• Las grabaciones de las cámaras de seguridad: el juez también había reclamado las grabaciones de las cámaras de seguridad con el argumento de que las imágenes permitirían aclarar si los empresarios imputados habían visitado la sede de Génova. Los 'populares' informaron al juez que no conservan esas grabaciones. La respuesta al juez la firmaba el exjefe de seguridad, quien se amparaba precisamente en la ley de protección de datos para justificar la destrucción automática cada mes de estas imágenes, como se hacía con los libros en los que se registraba la entrada en la sede de personas ajena al partido. Sin embargo, cuando De la Fuente acudió a declarar ante el juez el pasado 13 de junio reconoció que el documento en el que se justificaba todo esto y en el que aparecía su firma, no lo había elaborado él, sino el equipo jurídico del PP y que él sólo se limitó a estampar su firma. En una entrevista en televisión, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, aseguró que uno de los ordenadores de su cliente cuyos discos duros fueron destruidos por los responsables del partido contenía"información relativa a agendas, visitas, nombres, circunstancias, e incluso imágenes de personas que visitaron"la sede de la madrileña calle de Génova.
• Las agendas de los extesoreros: el pasado 10 de septiembre, Estrella Domínguez, secretaria en el PP de Luis Bárcenas, acudió a la Audiencia Nacional a declarar como testigo. La mujer, que aseguró haber comenzado a trabajar con el ahora recluso en 1990, reconoció que llevaba unos dietarios con las actividades de su jefe en los que anotaba, por indicación de éste, "todo" lo que hacía, incluidos sus encuentros, cenas y reuniones. La mujer también admitió que los mismos estuvieron en su poder hasta, al menos, diciembre de 2012, cuando, dijo, los tiró a la basura al considerar que ya no tenían ningún valor. La secretaria también reconoció que en 2009, al poco de estallar el 'caso Gürtel', el propio Bárcenas le pidió que guardase dichas agendas en su casa y que en 2011 se las reclamó para devolvérselas tiempo después. Tampoco han llegado al Juzgado las agendas del otro extesorero imputado, Álvaro Lapuerta. Su secretaria, Rosa María López Merinero, también aseguró al juez Ruz el pasado septiembre que ya no conservaba estos documentos ya que las iba eliminando con el "paso del tiempo". Finalmente, a comienzos de noviembre, el abogado de Bárcenas entregó en el Juzgado una serie de anotaciones manuscritas que el extesorero supuestamente había transcrito en 2011 de las anotaciones recogidas en sus agendas de los años 2006 y 2007. Con ellas, el político ahora encarcelado intentaba probar el supuesto pago realizado en 2007 de 200.000 euros por parte del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, a la campaña electoral de la actual secretaria general ‘popular’, María Dolores de Cospedal, para las elecciones autonómicas que se celebraron aquel año.
• Los 'emails' de Lapuerta y Páez: el último episodio se produjo la pasada semana, cuando el magistrado ordenó el registro ‘de facto’ de la sede principal del PP en busca de facturas sobre las obras de reforma del edificio y revisó los servidores informáticos donde estaban alojados los correos electrónicos de los empleados del partido. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir que alguien había ‘borrado’ los emails de dos de los imputados de la causa, Lapuerta y Páez. Según el acta judicial, la eliminación del contenido de los buzones de ambos no pudo ser realizado "por el usuario físicamente debiendo ser solicitado explícitamente". Los representantes del PP que asistieron a la diligencia negaron cualquier implicación en esta maniobra y aseguraron que "ninguna persona de la actual gerencia ni tesorería ha ordenado dicho borrado". Los mismos apuntaron que "lo lógico es pensar que debió ser él mismo [en referencia a Lapuerta y Páez] quien antes de marcharse diera la orden ya que tenía funciones para ello". Curiosamente, sí se conservaban los emails de los dos buzones que tuvo Luis Bárcenas, aunque los agentes policiales constataron que en los mismos no existía ningún “correo electrónico relevante a los fines de la investigación”.

Oficialmente, el PP ha rechazado tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta destrucción de pruebas y ha hablado siempre de “cumplimiento estricto de la ley” o de “coincidencias”. Como aseguraba recientemente el propio Mariano Rajoy, la formación insiste una y otra vez que siempre ha colaborado con la Justicia.

FUENTE

RUSIA ENTREGA PRUEBAS A LA ONU DE QUE LAS ARMAS QUIMICAS SON USADAS POR LOS REBELDES

Rusia entrega a la ONU las pruebas del uso de 

armas químicas en Siria por los rebeldes

Moscú ha entregado al Consejo de Seguridad de la ONU las pruebas de que fueron los rebeldes los que usaron las armas químicas contra la población civil en Siria.

"Hay pruebas de que no solo el Gobierno sirio, sino también los rebeldes cuentan con armas químicas y que estos en numerosas ocasiones las han usado. Moscú dispone de tales pruebas y las acaba de entregar al Consejo de Seguridad", ha puntualizado el director del Comité para Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa, Alexéi Pushkov , este miércoles ante los parlamentarios rusos.

Al mismo tiempo, Pushkov advirtió que después de plantearse la posibilidad de que las autoridades sirias entreguen sus arsenales químicos bajo control internacional, la situación en el ámbito internacional se va a encender más que nunca ya que en muchos países árabes "existen fuerzas que insisten en que un escenario militar es el único posible". Puntualizó que ahora se puede esperar todo tipo de provocaciones.

Pushkov acentuó que también dentro de EE.UU. está muy fuerte 'el partido de la guerra' interesado en atentar contra la iniciativa diplomática de pacificación, pero insistió en que ceder el control sobre las armas químicas sirias a la comunidad internacional es una oportunidad para Barack Obama de salvar su prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. "Le permitiría no involucrar a EE.UU. en un nuevo conflicto bélico, no perder en el Congreso y no convertirse en un tercer Bush", comentó. Según Pushkov, una acción militar extranjera contra Siria puede desembocar en una guerra regional a gran escala.

FUENTE

LAS ACUSACIONES SE QUERELLAN CONTRA EL PP POR DESTRUIR PRUEBAS, DISCOS DUROS, GRABACIONES Y LIBROS DE VISITA

La querella contra el PP acusará a Génova de destruir tres pruebas: disco duros, grabación de cámaras de seguridad y libros de visitas a Génova

Los abogados de las cuatro acusaciones del caso Bárcenas están manteniendo contactos para acusar al PP como organización de "obstrucción a la Justicia". La acusación de destrucción de pruebas no se ciñe sólo a los ordenadores de Bárcenas. Incluye también el borrado de las cámaras de seguridad de la sede y la destrucción de los libros de visitas de Génova. 

Las acusaciones del caso Bárcenas han coordinar su actuación para acusar al PP de "obstrucción a la Justicia", según revelan fuentes de sus equipos jurídicos. Las acusaciones han comenzado a mantener reuniones esta misma semana. El detonante ha sido la comunicación por parte del PP de que ha destruido los discos duros de los ordenadores del ex tesorero, Luis Bárcenas. Sin embargo, según esas mismas fuentes, los equipos jurídicos pretenden extender la acusación, al menos, a otras dos pruebas para demostrar que Génova obstaculiza la investigación judicial: el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad y la destrucción del libro de visitas de Génova.

"Es increíble pensar que la decisión del borrado se ha tomado a nivel técnico sin la responsabilidad de los máximos órganos del Partido”, afirma uno de los abogados

Las acusaciones pretenden establecer la veracidad de la presunta contabilidad B del PP elaborada por Bárcenas. Para ello, buscaban fijar la coincidencia entre las fechas en que se registran los donativos con las fechas en que ciertos empresarios visitaron Génova 13, la sede del PP en Madrid. Según el ex tesorero, sus ordenadores contenían una agenda con los días en que presuntos donantes ilegales habían acudido a la sede a hacer entregas de dinero. Sin ese ordenador, la reconstrucción de las visitas dependía de las grabaciones de las cámaras de seguridad y del acta de visitas de Génova que tamibén han sido destruidas, según el Partido Popular.

• Actas de visitas: El juez Ruz solicitó el pasado 31 de mayo al Partido Popular que le entregara los registros de entrada de la sede popular comprendidos entre los años 2001 y 2008. Los letrados del PP respondieron al juez que no podía dárselos "porque son eliminados cada mes en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos".
• Cámaras de seguridad: Esas mismas visitas podrían reconstruirse con la imagen de los empresarios entrando en la sede de Génova. Los populares informaron al juez que no conservan esas grabaciones.

Las acusaciones buscan responsabilidades en la dirección

Los equipos jurídicos consultados sostienen que el borrado de esos documentos "sólo puede producirse con el conocimiento y la instrucción de la dirección del partido". Por ese motivo, Izquierda Unida ha anunciado ya que pretende ampliar su querella para acusar o bien a la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, o bien a los vicesecretarios Carlos Floriano y Javier Arenas de “destrucción de pruebas, encubrimiento y obstrucción a la Justicia”. Según el abogado de la formación, Enrique Santiago, no resulta creíble pensar que “esa decisión se ha tomado a nivel técnico sin la responsabilidad de los máximos órganos del Partido”.

El PP como organización podría enfrentarse a una multa todavía por determinar. Los partidos pueden ser considerados responsables ante la Justicia tras la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos que permite la acusación institucional.

Por su parte, Cospedal, Floriano o Arenas podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel, segú el artículo 451 del Código Penal, afirman los abogados consultados.

FUENTE

ANONYMUS PUBLICA LOS DOCUMENTOS QUE PRUEBAN LOS VINCULOS DEL PP AL NARCOTRAFICO MUNDIAL (AQUI ENLACES)

Anonymous publica los documentos que prueban los vínculos del PP con narcotráfico mundial

Como parte del compromiso adquirido ante el pueblo de España, Anonymous da inicio a #OpSecretFiles2 y saca a luz pública el caso de corrupción del Gobierno de España, con pruebas contundentes donde se muestra su vinculación con narcotraficantes del mundo entero...

#OpSecretFiles2 by #Anonymous0

Como parte del compromiso adquirido ante el pueblo de España, Anonymous da inicio a #OpSecretFiles2 y saca a luz pública el caso de corrupción del Gobierno de España, con pruebas contundentes donde se muestra su vinculación con narcotraficantes del mundo entero y como se hace uso del poder del Presidente para que jefes de policía, jefes de aduanas y todo el sistema judicial español sean cómplices de Mariano Rajoy; mientras que el gobierno concede impunidad a los narcotraficantes, estos responden financiando la carrera política de Mariano Rajoy.

http://www.mediafire.com/download/iy1i85xgipgw899/2010-05-24_Informe_Escoito_Venezuela.doc

http://www.mediafire.com/download/1098kb1n9tv38t5/documentos_oficiales.zip

http://www.mediafire.com/download/tdnzg3dvb5hjr9l/espa%C3%B1a1.zip

http://www.mediafire.com/download/s26w9d4pe5m2r96/espa%C3%B1a2gravaciones.zip

http://www.mediafire.com/download/ppc8ril0raaxhw4/Operaci%C3%B3n_columna_02.pdf

http://www.mediafire.com/download/vlte18mjlauapa3/ppgoteras2.zip

http://www.mediafire.com/download/y1sd0o85rf7w4dt/secretfiles_2_.rar

http://www.mediafire.com/download/jqww1piucvkbi1z/SINGAPUR_DOCUMENTAL.pdf

https://mega.co.nz/#!oRpSnChB!VdeUYFy52S-zvYa7F8GNuxU4tPpTfDH3_15wLC1gxXw
pruebas de corrupción:

http://clandelarosa.blogspot.com.es/search/label/Talaso%20Atlántico

Que caigan los corruptos de España y que se sepa quien es Mariano Rajoy y sus alianzas, #OpSecretFiles2!!..
Atentamente vuestras madres.

http://www.laverdadnosharalibres.es/anonymous-publica-los-documentos/

FUENTE

LA GUARDIA CIVIL APORTA MAS PRUEBAS DE QUE LAS ACTAS DE CAJA NAVARRA SE FALSEARON

La Guardia Civil aporta más pruebas de 

que las actas de CAN se falsearon

El informe pericial de la Guardia Civil sobre las actas de la Permanente ha acreditado que no hay constancia de esas reuniones en los ordenadores de la caja hasta un año después de celebrarse y después de que el escándalo saliera a la prensa. Además, 12 de las 16 actas fueron manipuladas después de ser creadas. La última alteración se hizo después de que Kontuz presentara la denuncia y la versión en papel de ese documento lleva la firma de Yolanda Barcina.

Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

El informe pericial de la Guardia Civil confirma las sospechas de Kontuz sobre la autenticidad de las actas de la Permanente de la Junta de Entidades de CAN. Las 16 actas aparecen por primera vez en los servidores de la entidad más de un año después de las reuniones. Y, además de eso, la mayoría de ellas (12) sufrieron modificaciones. El dato más llamativo es que las dos últimas actas fueron modificadas después de que la denuncia de Kontuz llegara a los juzgados.

A pesar del carpetazo del Supremo al presunto cohecho en los cobros de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Enrique Maya y Álvaro Miranda, la investigación sobre esta comisión no ha terminado. Seguía viva en Iruñea a la espera de este informe y, con su llegada, parece revivir con fuerza. En su escrito, la Guardia Civil no ha podido determinar cuáles fueron los cambios efectuados en esas actas modificados y hasta qué punto fueron sustanciales. Asimismo, tampoco ha conseguido averiguar si esos archivos existían antes de su aparición en los servidores de la entidad. Pero tan solo con el hecho de que doce actas estén manipuladas y el desfase en la cronología, se desmonta la versión oficial dada en los juzgados. Resulta bastante significativo que todas las actas de las reuniones aparezcan por primera vez en los servidores de CAN después de que el escándalo saltara a la prensa.

Extraoficialmente, el secretario de CAN, Alberto Pascual, asegura que él realizó las actas en el ordenador de casa y que no las volcó hasta tiempo después a los ordenadores de CAN. Es decir, las actas se elaboraron en tiempo y forma, y el desfase se debería a esa forma de trabajar tan poco diligente. Pero esto no explica por qué esos documentos se volvieron a abrir cuando estaban en la CAN para ser alterados. Y esta versión tampoco cuadra con el hecho de que las actas aparecieran en los servidores de CAN de forma gradual. ¿Si tenía todas las actas en casa, por qué van apareciendo de una y con intervalos de varias semanas y no las volcó de golpe?

En principio, lo más grave es la manipulación de estos documentos. La Guardia Civil ha constatado que se modificaron doce de los 16. Es decir, alguien accedió al documento, lo abrió, lo cambió y le dio a guardar. La gravedad de esta revelación parece explicar el por qué de la resistencia de la entidad a entregar esos archivos. Basta recordar que la juez se vio en la necesidad de enviar hasta en cuatro ocasiones a la Guardia Civil a la sede de CAN, porque los responsables no atendían a sus requerimientos de entregar las actas en soporte informático.

El papel de Barcina y de Sanz

Además de sembrar unas dudas enormes sobre la autenticidad de las actas presentadas a juicio, esta nueva prueba pericial abre una vía nueva de investigación, y la clave estará en las firmas. Para que las actas de la Permanente tuvieran validez, estas tenían que ser firmadas por el propio Pascual y el presidente de la Permanente (Sanz y Barcina). Ahora queda por determinar cuándo se firmaron y si se trata de los documentos originales o de los manipulados.

Durante la primera etapa (las diez reuniones que van desde el 31 de agosto de 2010 hasta el 30 de junio de 2011) el presidente de la Permanente fue Sanz. Las cuatro últimas reuniones (celebradas en los días 30 de agosto y 26 de setiembre de 2011) fueron presididas por Yolanda Barcina. El primer punto a dilucidar es si los presidentes firmaron los documentos que se sabe que fueron modificados, porque de esos sí que se conoce a ciencia cierta la fecha de su creación.

En el caso concreto de Barcina y de las dos actas manipuladas después de que Kontuz pusiera la denuncia, si el documento que firmó Barcina en papel coincide con el alterado el día 25 de enero de 2013, cabe interpretar que la presidenta habría intentado validar a un documento manipulado crucial para la investigación y, además, cuando ni siquiera ostentaba el cargo de presidenta de la Permanente. Independientemente de que el Supremo no vea cohecho, esto podría ser interpretado como la presentación de documento falso a juicio.

De otra parte, la nueva revelación desprende otras dudas, como quién fue el que modificó otros documentos y por qué lo hizo. Asimismo, una serie de indicios hacen más que cuestionable la versión «extraoficial» de Pascual que, por cierto, poco o nada tiene que ver con lo que declaró el secretario ante la juez María Paz Benito (que es la única versión que tiene validez a efectos legales) y también dista con el testimonio de la vicesecretaria CAN, Amaya Rández.

¿Testimonios falsos?

La versión que Pascual ha dado a «Diario de Navarra» es que él elaboró las actas en el ordenador de su casa a partir de unos Power Points que mostraba a los miembros de la Permanente. Sin embargo, el secretario ocultó a la juez este hecho tan relevante, limitándose a asegurar que los documentos generalmente los hizo él, pero que en ocasiones los pudo elaborar Rández. De lo que sí se acuerda Pascual es que se solían firmar en la sesión siguiente. Por su parte, Rández aseguró -según consta en su declaración- que a ella «le correspondía elaborar materialmente el acta conforme a las presentaciones que realizaba el secretario a los integrantes. Que ella lo pasaba a papel y se pasaba a la firma». Es evidente que, al menos, uno de los dos testigos mintió. Y eso es delito.

Además, Rández (militante de UPN al igual que Pascual) también queda en evidencia en otro punto de su declaración. A preguntas de Kontuz, Rández aseguró que cuando ella resolvió su contrato con la CAN las actas «iban a ser encuadernadas». Con los últimos datos conocidos, eso es imposible. La vicesecretaria resuelve su contrato el 23 de noviembre de 2012 y el último acta no apareció en los servidores de la CAN hasta semanas después, el 7 de diciembre.

El último testimonio vinculado a las actas de la Permanente es el de Sanz. La juez interrogó al expresidente sobre cuándo firmaba él las actas, pero Sanz fue víctima de una laguna. «Preguntado cundo se firmaban las actas, manifiesta que no recuerda con exactitud, que ha firmado muchas», reza textualmente la transcripción judicial.

La defensa trata de acreditar que las reuniones se celebraron a través de las fechas de creación de los documentos Power Point que, supuestamente, se pasaban a los miembros de la Permanente. La defensa asegura que es la prueba de que las reuniones se celebraron. Pero esta afirmación es incierta. Esos documentos Power Point se elaboraron para las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras y de ningún modo justifican los encuentros de la Permanente.

El Supremo, en evidencia por un carpetazo antes de tiempo

El Tribunal Supremo no quiso seguir adelante con la investigación que había iniciado la juez de Iruñea, María Paz Benito, que había instruido todo a la espera tan solo de dos cosas: el interrogatorio a Barcina y conocer el resultado de la pericial de la Guardia Civil. Y los jueces sabían que faltaba esta prueba. Los datos que ahora aporta la Guardia Civil -dejando en entredicho las versiones de los secretarios de la caja, la existencia de las actas antes de que el escándalo saliera a la prensa e, incluso, la celebración de esas reuniones por las que los políticos se embolsaban entre 57 y 89 euros por minuto- se vuelven ahora contra la integridad del tribunal, haciendo que el «caso CAN» no sea un escándalo navarro, sino un escádalo estatal. El archivo de la causa de la CAN se produjo la misma semana en que el Alto Tribunal daba carpetazo a dos casos que salpicaban al exministro, Pepe Blanco y al expresident Balear, Jaume Matas. A.I.

FUENTE

ASI GRABABA BARCENAS AL PP HACE 30 AÑOS

Así grababa Bárcenas al PP hace 30 años

Cuando Rubalcaba interpelaba a Rajoy el jueves en el Senado sobre si era posible que Bárcenas hubiera estado treinta años prefabricando pruebas contra el Partido Popular e intentaba ridiculizar al presidente sobre la imposibilidad de que hubiera sido así; a la memoria de un veterano dirigente del PP regresó una escena de la que fue testigo directo y que desmontaba el argumento del líder de la oposición. Sí, ha sido posible, pensaba, no sin cierta desazón.

Sucedió hace ahora veinte o treinta años en un despacho de la sede del PP en la calle Génova de Madrid y es una de las pruebas más fehacientes de que el extesorero Luis Bárcenas se ha pasado toda la vida grabando conversaciones y espiando al partido. Como me dice este testigo directo de los tejemanejes de Bárcenas, “compró el manual del perfecto delincuente” y lo lleva aplicando toda la vida.

En el escenario del crimen, y nunca mejor dicho, se encontraba el entonces gerente, Luis Bárcenas, el tesorero, Rosendo Naseiro, y mi interlocutor. Bárcenas y Naseiro acababan de llegar de visitar a un político y empresario y se jactaban de haber grabado la conversación que habían tenido con él. Mi interlocutor se tomó a broma esta bravuconada de Naseiro y éste, supongo que incomodado por la chanza de este veterando dirigente, se dirigió a Bárcenas y le dijo: “Luis, ponle la cinta”. Bárcenas sacó de su bolsillo una grabadora con una cinta chiquitita (“que entonces no había”) y, para asombro de este veterano dirigente, comenzó a oir la voz del político y empresario.

Su sorpresa fue mayúscula y desde entonces comprendió el peligro que entrañaba un personaje como Bárcenas y la premeditación y alevosía con la que ha dirigido todas sus actuaciones: “Sí, ha estado grabando toda la vida al PP. Me consta, no me lo ha contado nadie. Era su manera de actuar y lleva prefabricando pruebas toda la vida para tener al partido enganchado” .

Y hay más. Micrófonos escondidos detrás de cuadros y toda una película de terror de quién ahora, como dice mi interlocutor, está aplicando su otro manual, el de “cómo robar y salir vivo del empeño”. Pero eso será otra historia.

FUENTE

DESIMPUTAN AL EXSUBDIRECTOR CATALAN SOBRE EL CASO DE LAS ITV

Desimputan al exsubdirector catalán de Seguridad Industrial por falta de pruebas en el caso ITV

El TSJC mantiene imputado a Oriol Pujol y le sitúa presuntamente "al frente" de la trama

   BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que lleva el caso ITV ha desimputado al exsubdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat Isidre Masalles, por no poder acreditar "suficientemente" los hechos delictivos que se le atribuyen en la supuesta trama para la concesión irregular de estaciones de ITV en Catalunya.

   En una interlocutoria de este miércoles, el TSJC mantiene la imputación por tráfico de influencias del exsecretario general de CDC y diputado del Parlament Oriol Pujol; de su amigo íntimo y empresario Sergi Alsina; del encargado del gobierno catalán de elaborar un nuevo mapa de ITV Josep Tous, y de los empresarios del sector de las ITV Sergi Pastor y Ricard Puignou; y, por un delito de soborno, también mantiene imputados a Alsina, Tous y Puignou.

   El magistrado Enric Anglada ha acordado continuar la instrucción por el procedimiento del Tribunal del Jurado, lo que supone que las diligencias deberán ser solicitadas, desde este momento, por el fiscal y las partes personadas --la acusación de Itevelesa y la de Manos Limpias--, por lo que les cita el 2 de julio a las 10 horas para que concreten las imputaciones y nuevas diligencias a realizar.

   Según informa el TSJC, pese a que ahora las diligencias seguirán por el procedimiento del Tribunal del Jurado, todavía se encuentran en fase de instrucción y por lo tanto no se ha decidido si la causa llegará a juicio o se sobreseerá.

DESCONOCÍA EL PLAN

   En su escrito, el juez considera respecto a Masalles que, pese a ser calificado como una persona 'obediente' por parte de los otros imputados y singularmente por Josep Tous, "no queda suficientemente acreditado que haya realizado ningún acto ni dictado ninguna resolución que se pueda considerar relevante penalmente".

   Concluye que tampoco conocía el "plan presuntamente ilícito relativo a la formación de la entidad Upprime Energy", una empresa creada por Sergi Pastor y Sergi Alsina, en la que estaba previsto que participaran Oriol Pujol y los empresarios Pedro Navarrete y Maria Jesús Muro, con el que querían recibir un lote de ITV con el nuevo plan que estaba diseñando la presunta trama.

   Según la interlocutoria del juez, "el objetivo de los imputados, al frente de los cuales parece que se encontraba Oriol Pujol, era dejar sin efecto el concurso de ITV que ya estaba resuelto y convocar otro", para lo que crearon Upprime Energy.

   "De esta sociedad formaban parte Ficosa Internacional en un 70% de su capital, y Coriander, de Sergio Pastor, en un 30%", prosigue el juez, que indica que posteriormente Pastor pretendía ceder el 50% de su parte a Sergi Alsina y éste a su vez su mitad a Oriol Pujol; el otro 50%, Pastor lo cedería al Navarrete y Muro, siendo el propio Pastor el director general de esta sociedad.

   Para lograr hacerse con el lote de ITV, nombraron a Josep Tous como mediador en el conflicto del sector, que tenía paralizadas las últimas adjudicaciones de la época del tripartito por dos recursos de las empresas Certio y Oca.

   Según el magistrado, en su nombramiento "influye Oriol Pujol", y desde el cargo, Tous trata de alinear el partido, la Conselleria de Empresa y Empleo y el Govern, con la finalidad de conseguir la hoja de ruta dictada por el empresario de Certio Ricard Puignou.

   Esta hoja de ruta consistía en denegar la autorización a la empresa Itevelesa --competidora de Puignou-- y hacer una revisión de oficio que permitiera ampliar en 24 estaciones más el mapa actual de ITV, compensando con nuevas estaciones a aquellos operadores que retiraran los recursos interpuestos o a quienes quedaran afectados por las medidas.

SUELDOS

   Para que defendiera sus intereses, Puignou pagaba mensualmente a Sergi Alsina 12.000 euros, "siendo plenamente conocedor de la relación de amistad íntima entre Alsina y Pujol", y a su vez Alsina retribuía a Josep Tous con 2.000 euros mensuales desde que le designaron como pacificador del sector para, en palabras del juez, velar por los intereses de Certio y conseguir la revisión de oficio para poder optar, por medio de Upprime, a un lote de ITV.

   Además, Alsina, especializado en la consultoría y con quien había trabajado la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, intervino en las negociaciones con Xavier Pujol, de Ficosa, para la constitución de Upprime Energy --que fue debidamente constituida teniendo como uno de sus objetos sociales el mercado de las ITV--.

   "El vértice de ambos comportamientos ilícitos --impulsar una nueva hoja de ruta que permitiera ampliar el número de estaciones favoreciendo los intereses de Certio y la creación de la empresa Upprime para conseguir un lote de ITV-- puede recaer en la persona de Oriol Pujol", recalca el magistrado.

   Para ello, "no solo influye en el secretario general de Empresa en la fecha, Enric Colet, para que nombre a Josep Tous como mediador a instancias de Sergi Alsina, sino que también indica a Tous y a Alsina el camino a seguir, siendo en todo momento informado por ambos de las negociaciones que cada uno lleva a cabo".

FUENTE