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domingo, 15 de septiembre de 2013

ESPAÑA: 2º PAIS EUROPEO CON MAYOR DESTRUCCION DE EMPLEO, 1º CHIPRE


España, segundo país europeo con mayor destrucción de empleo

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España, tras Chipre, es el segundo país de la Unión Europea (UE) que ha registrado la mayor cifra de destrucción de empleo en el segundo trimestre del año, informó el viernes la oficina estadística comunitaria, Eurostat. 

La oficina estadística cifró en 0,5 % el porcentaje de los españoles que perdió su trabajo durante el mencionado período, mientras que en Chipre el empleo se redujo el 2,1 % tras recibir un ingente rescate financiero. 

No obstante, la cifra de paro en el país Ibérico supera de largo a Chipre con un 26,3 % frente al 17 %. Grecia adelanta a estos dos países en cuanto a desempleo, con un 27,9 %. 

Eurostat informa, además, de que el empleo se redujo el 0,4 % en Holanda, Eslovenia y Eslovaquia en el mismo período. 
FUENTE

viernes, 6 de septiembre de 2013

LAS ACUSACIONES SE QUERELLAN CONTRA EL PP POR DESTRUIR PRUEBAS, DISCOS DUROS, GRABACIONES Y LIBROS DE VISITA


La querella contra el PP acusará a Génova de destruir tres pruebas: disco duros, grabación de cámaras de seguridad y libros de visitas a Génova

Los abogados de las cuatro acusaciones del caso Bárcenas están manteniendo contactos para acusar al PP como organización de "obstrucción a la Justicia". La acusación de destrucción de pruebas no se ciñe sólo a los ordenadores de Bárcenas. Incluye también el borrado de las cámaras de seguridad de la sede y la destrucción de los libros de visitas de Génova. 

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedad y Javier Arenas al inicio de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido.



Las acusaciones del caso Bárcenas han coordinar su actuación para acusar al PP de "obstrucción a la Justicia", según revelan fuentes de sus equipos jurídicos. Las acusaciones han comenzado a mantener reuniones esta misma semana. El detonante ha sido la comunicación por parte del PP de que ha destruido los discos duros de los ordenadores del ex tesorero, Luis Bárcenas. Sin embargo, según esas mismas fuentes, los equipos jurídicos pretenden extender la acusación, al menos, a otras dos pruebas para demostrar que Génova obstaculiza la investigación judicial: el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad y la destrucción del libro de visitas de Génova.
"Es increíble pensar que la decisión del borrado se ha tomado a nivel técnico sin la responsabilidad de los máximos órganos del Partido”, afirma uno de los abogados
Las acusaciones pretenden establecer la veracidad de la presunta contabilidad B del PP elaborada por Bárcenas. Para ello, buscaban fijar la coincidencia entre las fechas en que se registran los donativos con las fechas en que ciertos empresarios visitaron Génova 13, la sede del PP en Madrid. Según el ex tesorero, sus ordenadores contenían una agenda con los días en que presuntos donantes ilegales habían acudido a la sede a hacer entregas de dinero. Sin ese ordenador, la reconstrucción de las visitas dependía de las grabaciones de las cámaras de seguridad y del acta de visitas de Génova que tamibén han sido destruidas, según el Partido Popular.
  • Actas de visitas: El juez Ruz solicitó el pasado 31 de mayo al Partido Popular que le entregara los registros de entrada de la sede popular comprendidos entre los años 2001 y 2008. Los letrados del PP respondieron al juez que no podía dárselos "porque son eliminados cada mes en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos".
  • Cámaras de seguridad: Esas mismas visitas podrían reconstruirse con la imagen de los empresarios entrando en la sede de Génova. Los populares informaron al juez que no conservan esas grabaciones.

Las acusaciones buscan responsabilidades en la dirección
Los equipos jurídicos consultados sostienen que el borrado de esos documentos "sólo puede producirse con el conocimiento y la instrucción de la dirección del partido". Por ese motivo, Izquierda Unida ha anunciado ya que pretende ampliar su querella para acusar o bien a la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, o bien a los vicesecretarios Carlos Floriano y Javier Arenas de “destrucción de pruebas, encubrimiento y obstrucción a la Justicia”. Según el abogado de la formación, Enrique Santiago, no resulta creíble pensar que “esa decisión se ha tomado a nivel técnico sin la responsabilidad de los máximos órganos del Partido”.
El PP como organización podría enfrentarse a una multa todavía por determinar. Los partidos pueden ser considerados responsables ante la Justicia tras la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos que permite la acusación institucional.
Por su parte, Cospedal, Floriano o Arenas podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel, segú el artículo 451 del Código Penal, afirman los abogados consultados.

jueves, 29 de agosto de 2013

EL PP DESTRUYO EL DISCO DURO DE BARCENAS


El PP destruyó el disco duro que Bárcenas instaló en su ordenador en 2012

Solo uno de los ordenadores entregados por el PP contiene información pero no es la que guardó el extesorero

El PP explica al juez que eliminaron los archivos cuando el portátil paso a otro empleado

Cospedal aseguró ante el juez que estaban custodiados


El magistrado Pablo Ruz, que instruye el caso Bárcenas, reclamó al PP la entrega de dos ordenadores. El primero (Toshiba), que ha sidoanalizado esta mañana en la Audiencia Nacional, carecía de disco duro e información relevante. En el segundo (Mac), hay 467 gigas ocupados que están siendo volcados para ponerlo a disposición de todas las partes personadas en el caso. El PP remitió un escrito ayer, miércoles, explicando al juez que el ordenador fue formateado cuando luis Bárcenas abandonó el PP, de manera que la información que había guardado el extesorero en el portátil fue borrada para que otro empleado pudiera utilizar el aparato.
El PP alega que, en octubre de 2012, Luis Bárcenas sustituyó el disco duro de uno de los ordenadores con los que trabajaba habitualmente e instaló otro disco duro. En su escrito, los populares aseguran que destruyeron ese disco duro para que otro empleado pudiera utilizar el ordenador portátil. Mantienen que lo hicieron "de conformidad con el protocolo habitual de utilización y reciclaje de material informático". Y que ese es el procedimiento que se sigue cuando los equipos han sido utilizados "por personas que hubieran podido manejar información sensible".

En la diligencia en la que el magistrado reclamó los ordenadores indicó que su práctica era posible "sin perjuicio del tiempo transcurrido desde la falta de disponibilidad de tales ordenadores por parte del imputado, al haberse afirmado en la testifical practicada el 14 de agosto por la actual secretaria general del Partido Popular, a preguntas de una de las acusaciones personadas, que los referidos ordenadores continúan custodiados por la referida formación política, permitiendo de este modo la verificación de la diligencia propuesta".
En la diligencia en la que el magistrado reclamó los ordenadores indicó que su práctica era posible "sin perjuicio del tiempo transcurrido desde la falta de disponibilidad de tales ordenadores por parte del imputado, al haberse afirmado en la testifical practicada el 14 de agosto por la actual secretaria general del Partido Popular, a preguntas de una de las acusaciones personadas, que los referidos ordenadores continúan custodiados por la referida formación política, permitiendo de este modo la verificación de la diligencia propuesta".
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, llegó a denunciar a su partido por no devolverle los dos ordenadores personales portátiles con los que trabaja en su despacho de la calle de Génova. En su última declaración ante el juez Pablo Ruz volvió a referirse a ellos para explicar que había guardado en los dos ordenadores información relevante para demostrar que todas sus denuncias eran ciertas.
El ex tesorero del PP ha confesado en la Audiencia Nacional que estuvo pagando sobresueldos a toda la cúpula de su partido durante casi 20 años; que grandes constructores donaron al partido hasta 8 millones de euros en esos años que no fueron declarados a Hacienda ni al Tribunal de Cuentas; que se pagó a media docena de dirigentes en dinero negro para distintos servicios; que la mayoría de las organizaciones territoriales del PP seguían la misma fórmula para ocultar los donativos ilegales que recibían y que de toda esta operativa eran perfectamente conscientes los máximos responsables que ha tenido su partido desde 1990 hasta ahora.
Tres de los secretarios generales del PP en el periodo, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Dolores de Cospedal, negaron haber cobrado sobresueldos y aseguraron que no tenían control directo sobre las donaciones que recibía el partido y el uso que se hacía de ellas.