La Guardia Civil aporta más pruebas de
que las actas de CAN se falsearon
El informe pericial de la Guardia Civil sobre las actas de la Permanente ha acreditado que no hay constancia de esas reuniones en los ordenadores de la caja hasta un año después de celebrarse y después de que el escándalo saliera a la prensa. Además, 12 de las 16 actas fueron manipuladas después de ser creadas. La última alteración se hizo después de que Kontuz presentara la denuncia y la versión en papel de ese documento lleva la firma de Yolanda Barcina.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
El informe pericial de la Guardia Civil confirma las sospechas de Kontuz sobre la autenticidad de las actas de la Permanente de la Junta de Entidades de CAN. Las 16 actas aparecen por primera vez en los servidores de la entidad más de un año después de las reuniones. Y, además de eso, la mayoría de ellas (12) sufrieron modificaciones. El dato más llamativo es que las dos últimas actas fueron modificadas después de que la denuncia de Kontuz llegara a los juzgados.
A pesar del carpetazo del Supremo al presunto cohecho en los cobros de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Enrique Maya y Álvaro Miranda, la investigación sobre esta comisión no ha terminado. Seguía viva en Iruñea a la espera de este informe y, con su llegada, parece revivir con fuerza. En su escrito, la Guardia Civil no ha podido determinar cuáles fueron los cambios efectuados en esas actas modificados y hasta qué punto fueron sustanciales. Asimismo, tampoco ha conseguido averiguar si esos archivos existían antes de su aparición en los servidores de la entidad. Pero tan solo con el hecho de que doce actas estén manipuladas y el desfase en la cronología, se desmonta la versión oficial dada en los juzgados. Resulta bastante significativo que todas las actas de las reuniones aparezcan por primera vez en los servidores de CAN después de que el escándalo saltara a la prensa.
Extraoficialmente, el secretario de CAN, Alberto Pascual, asegura que él realizó las actas en el ordenador de casa y que no las volcó hasta tiempo después a los ordenadores de CAN. Es decir, las actas se elaboraron en tiempo y forma, y el desfase se debería a esa forma de trabajar tan poco diligente. Pero esto no explica por qué esos documentos se volvieron a abrir cuando estaban en la CAN para ser alterados. Y esta versión tampoco cuadra con el hecho de que las actas aparecieran en los servidores de CAN de forma gradual. ¿Si tenía todas las actas en casa, por qué van apareciendo de una y con intervalos de varias semanas y no las volcó de golpe?
En principio, lo más grave es la manipulación de estos documentos. La Guardia Civil ha constatado que se modificaron doce de los 16. Es decir, alguien accedió al documento, lo abrió, lo cambió y le dio a guardar. La gravedad de esta revelación parece explicar el por qué de la resistencia de la entidad a entregar esos archivos. Basta recordar que la juez se vio en la necesidad de enviar hasta en cuatro ocasiones a la Guardia Civil a la sede de CAN, porque los responsables no atendían a sus requerimientos de entregar las actas en soporte informático.
El papel de Barcina y de Sanz
Además de sembrar unas dudas enormes sobre la autenticidad de las actas presentadas a juicio, esta nueva prueba pericial abre una vía nueva de investigación, y la clave estará en las firmas. Para que las actas de la Permanente tuvieran validez, estas tenían que ser firmadas por el propio Pascual y el presidente de la Permanente (Sanz y Barcina). Ahora queda por determinar cuándo se firmaron y si se trata de los documentos originales o de los manipulados.
Durante la primera etapa (las diez reuniones que van desde el 31 de agosto de 2010 hasta el 30 de junio de 2011) el presidente de la Permanente fue Sanz. Las cuatro últimas reuniones (celebradas en los días 30 de agosto y 26 de setiembre de 2011) fueron presididas por Yolanda Barcina. El primer punto a dilucidar es si los presidentes firmaron los documentos que se sabe que fueron modificados, porque de esos sí que se conoce a ciencia cierta la fecha de su creación.
En el caso concreto de Barcina y de las dos actas manipuladas después de que Kontuz pusiera la denuncia, si el documento que firmó Barcina en papel coincide con el alterado el día 25 de enero de 2013, cabe interpretar que la presidenta habría intentado validar a un documento manipulado crucial para la investigación y, además, cuando ni siquiera ostentaba el cargo de presidenta de la Permanente. Independientemente de que el Supremo no vea cohecho, esto podría ser interpretado como la presentación de documento falso a juicio.
De otra parte, la nueva revelación desprende otras dudas, como quién fue el que modificó otros documentos y por qué lo hizo. Asimismo, una serie de indicios hacen más que cuestionable la versión «extraoficial» de Pascual que, por cierto, poco o nada tiene que ver con lo que declaró el secretario ante la juez María Paz Benito (que es la única versión que tiene validez a efectos legales) y también dista con el testimonio de la vicesecretaria CAN, Amaya Rández.
¿Testimonios falsos?
La versión que Pascual ha dado a «Diario de Navarra» es que él elaboró las actas en el ordenador de su casa a partir de unos Power Points que mostraba a los miembros de la Permanente. Sin embargo, el secretario ocultó a la juez este hecho tan relevante, limitándose a asegurar que los documentos generalmente los hizo él, pero que en ocasiones los pudo elaborar Rández. De lo que sí se acuerda Pascual es que se solían firmar en la sesión siguiente. Por su parte, Rández aseguró -según consta en su declaración- que a ella «le correspondía elaborar materialmente el acta conforme a las presentaciones que realizaba el secretario a los integrantes. Que ella lo pasaba a papel y se pasaba a la firma». Es evidente que, al menos, uno de los dos testigos mintió. Y eso es delito.
Además, Rández (militante de UPN al igual que Pascual) también queda en evidencia en otro punto de su declaración. A preguntas de Kontuz, Rández aseguró que cuando ella resolvió su contrato con la CAN las actas «iban a ser encuadernadas». Con los últimos datos conocidos, eso es imposible. La vicesecretaria resuelve su contrato el 23 de noviembre de 2012 y el último acta no apareció en los servidores de la CAN hasta semanas después, el 7 de diciembre.
El último testimonio vinculado a las actas de la Permanente es el de Sanz. La juez interrogó al expresidente sobre cuándo firmaba él las actas, pero Sanz fue víctima de una laguna. «Preguntado cundo se firmaban las actas, manifiesta que no recuerda con exactitud, que ha firmado muchas», reza textualmente la transcripción judicial.
La defensa trata de acreditar que las reuniones se celebraron a través de las fechas de creación de los documentos Power Point que, supuestamente, se pasaban a los miembros de la Permanente. La defensa asegura que es la prueba de que las reuniones se celebraron. Pero esta afirmación es incierta. Esos documentos Power Point se elaboraron para las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras y de ningún modo justifican los encuentros de la Permanente.
El Supremo, en evidencia por un carpetazo antes de tiempo
El Tribunal Supremo no quiso seguir adelante con la investigación que había iniciado la juez de Iruñea, María Paz Benito, que había instruido todo a la espera tan solo de dos cosas: el interrogatorio a Barcina y conocer el resultado de la pericial de la Guardia Civil. Y los jueces sabían que faltaba esta prueba. Los datos que ahora aporta la Guardia Civil -dejando en entredicho las versiones de los secretarios de la caja, la existencia de las actas antes de que el escándalo saliera a la prensa e, incluso, la celebración de esas reuniones por las que los políticos se embolsaban entre 57 y 89 euros por minuto- se vuelven ahora contra la integridad del tribunal, haciendo que el «caso CAN» no sea un escándalo navarro, sino un escádalo estatal. El archivo de la causa de la CAN se produjo la misma semana en que el Alto Tribunal daba carpetazo a dos casos que salpicaban al exministro, Pepe Blanco y al expresident Balear, Jaume Matas. A.I.
