Los papeles de Bárcenas callan a Feijóo
El PP decreta el cerrojazo informativo sobre sus donaciones opacas de 1,8 millones
Hubo un tiempo en que el tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y Alberto Núñez Feijóo luchaban mano a mano contra la corrupción. Corría el invierno de 2008 y el PP había salido con toda la caballería contra el bipartito de Emilio Pérez Touriño a propósito de la autovía del Barbanza. Feijóo repetía que la infraestructura se había encarecido en 30 millones de euros con el cambio sobre el proyecto original, que él mismo había dejado pendiente de aprobación cuando abandonó la vicepresidencia de la Xunta, en 2005. Tras muchas semanas de denuncia, el PP decidió llevar el supuesto “amaño” del contrato a los tribunales.
Tan pronto como el juez admitió a trámite la denuncia, los populares acusaron al bipartito de prevaricar y exigieron la dimisión de la conselleira de Obras Públicas, la socialista María José Caride. La querella que usó el PP para destapar “la corrupción del Gobierno de Touriño” llevaba la firma de Luis Bárcenas. Y fue él propio Bárcenas el que actuó como representante legal del partido en la demanda. Como líder de la oposición, Feijóo siguió de cerca aquel proceso judicial. Y con cada nuevo paso del juez, recrudecía los ataques. Llegó a recriminar a los funcionarios de la Xunta imputados que se negasen a declarar y ni siquiera dio el brazo a torcer con el archivo de la causa. “Hay delitos que no se pueden probar”, se lamentó entonces.
Cinco años más tarde, la sombra de la corrupción vuelve a juntar a Bárcenas y a Feijóo, ahora en bandos separados. El hombre que manejó las finanzas del PP durante 20 años ratificó ante el juez Pablo Ruz, el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional, documentos supuestamente elaborados en 2006 —cuando Feijóo ya lideraba el partido— por el exgerente en Galicia Modesto Fernández y en el que se detallan ingresos extraordinarios por 1,8 millones de euros para el PP, procedentes de donaciones realizadas por adjudicatarias de la Xunta en tiempos de Manuel Fraga.
En las antípodas de su beligerancia de antaño, Feijóo guarda silencio. Igual que sus escuderos en el partido: ni el secretario general, Alfonso Rueda, ni la hiperactiva portavoz, Paula Prado, han querido dar explicaciones. Tanto ella como el vicesecretario general, Agustín Hernández, repitieron esta semana que el PP “es el partido más transparente” y pidieron que se deje actuar a la justicia. Hernández es el mismo que, como ingeniero, firmó el informe técnico que avaló la querella contra el bipartito. El portavoz parlamentario en Galicia, Pedro Puy, justifica la negativa de su grupo a que Feijóo comparezca en el hemiciclo con el argumento de no interferir en la labor del juez. Los medios públicos obvian también las ramificaciones gallegas del caso Bárcenas.
La estrategia de Feijóo de escabullirse de todo lo que huela a corrupción viene de lejos. Ya en los inicios del caso Gürtel, cuando se supo de los manejos de Pablo Crespo, uno de los cerebros de la trama y secretario de organización del PP gallego a finales de los noventa, se apresuró a aclarar que por aquella época él “ni siquiera era militante”. Ahora, los papeles de Bárcenas recogen apuntes de cuando Feijóo ya era el responsable máximo del partido en Galicia. Las donaciones supuestamente ilegales fueron para la campaña autonómica de 2005. Entonces Feijóo aún no controlaba el PP, Pero era el vicepresidente primero de Fraga y adjudicaba las mayores obras públicas. Y el silencio de ahora choca sus soflamas en la oposición y con los consejos que daba hasta hace nada a la dirección nacional del PP.
Desde que estalló el escándalo, Feijóo fue uno de los barones que se mostró más firme contra la corrupción y llegó a criticar públicamente algunas prácticas de su partido. En sus constantes apariciones en los medios nacionales demandó primero de la ministra de Sanidad, Ana Mato, “explicaciones contundentes” sobre las fiestas, el confeti y los regalos que presuntamente le pagó la red Gürtel al matrimonio Mato-Sepúlveda. Al referirse al tesorero endureció el lenguaje. “Me avergüenza Bárcenas tanto o más que a usted”, replicó a la portavoz de Alternativa Galega de Esquerdas, Yolanda Díaz, en el Parlamento el pasado febrero. Y durante una entrevista en Cuatro, a principios de marzo, recomendó a su partido “contundencia sin desviarse ni un ápice de lo que hay que hacer para aclarar a los españoles lo ocurrido”. “Como español y como político me entristece bastante que un personaje como este sea uno de los más importantes de España”, dijo entonces del abogado que le firmaba sus querellas. Esas constantes incursiones en la política nacional llegaron a molestar a algunos compañeros de partido. El día en que admitió que al Gobierno de Rajoy “le falta relato”, fue el portavoz del PP nacional, Carlos Floriano, quien le replicó: “El relato es claro y está centrado en la economía y el empleo”.
Su plan para ejercer de verso suelto del PP — algunos correligionarios lo interpretan como un intento de asegurarse un buen puesto en la carrera sucesoria— se resquebrajó cuando él mismo se vio en apuros tras destaparse su vieja amistad y sus excursiones en yate con el contrabandista Marcial Dorado. En un primer momento, el presidente gallego presumió de transparencia, concedió continuas entrevistas sobre el caso y se enfrentó durante una hora a las preguntas de una veintena de periodistas en su rueda de prensa más desastrosa. Dirigentes del PP gallego interpretaron el gesto como otra forma de marcar distancias con Rajoy, que por entonces llevaba ocho meses sin comparecer ante los medios. Pero el resultado no fue ni mucho menos el esperado. Feijóo incurrió en varias contradicciones a la hora de explicar sus vínculos con Dorado. Surgieron nuevas preguntas. Pero la Xunta y el PP decretaron el cerrojo informativo.
Los contratos que toda la oposición exigió sobre adjudicaciones de equipos informáticos y combustibles en el Sergas a finales de los noventa para detectar posibles encargos a las empresas del contrabandista nunca llegaron al Parlamento. Hubo explicaciones de la Xunta para todos los gustos: desde que los expedientes anteriores a 2000 habían sido destruidos hasta que la documentación era demasiado voluminosa e “inmanejable”. Las peticiones a la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, para que se cumpla el Reglamento y fuerce al Gobierno a entregar esos papeles siguen en el aire. Como la comparecencia que han exigido todos los partidos del hemiciclo, salvo el PP, para que el presidente vaya a la Cámara a detallar ahora las donaciones de las empresas a su partido. El PSOE lo reclamó a mediados de julio, cuando este diario destapó la contabilidad opaca de los populares registrada en 2006. Y ha vuelto a demandarla esta semana. El adalid de la transparencia en el PP también ha enmudecido con los papeles de Bárcenas.
El gestor del día a día
El primer curso político de la segunda era Feijóo ha empezado como acabó el anterior: los recortes al presupuesto lastran los grandes proyectos y en estos primeros meses de su segunda legislatura como presidente ha mandado la gestión del día a día. Las reuniones de Gobierno de cada jueves despachan asuntos de trámite: son recurrentes la centralización de proveedores para ahorrar en las facturas energéticas de los hospitales y pequeñas licitaciones en obras de saneamiento o para extender Internet de alta velocidad a los núcleos rurales.
Las grandes líneas políticas siguen aparcadas a la espera de tiempos mejores: no hay rastro de la “Galicia única” que pretendía el presidente: el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, de su mismo partido subvenciona vuelos a Alvedro por su cuenta, y desde Vigo, el socialista Abel Caballero mantiene una guerra sin cuartel contra la Xunta, a la que acusa de relegar a Peinador. La fusión de ayuntamientos que anunció con pompa en el último debate sobre el estado de la autonomía se quedó en la unión de Oza y Cesuras, sobre la que además pesa un recurso del PSdeG ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ni siquiera los alcaldes del PP ven con buenos ojos la integración de municipios. Infraestructuras como el hospital de Vigo y la autovía de la Costa da Morte siguen empantanadas por los problemas de financiación que no han resuelto los programas de colaboración público-privada. El déficit va mejor que en otras comunidades, pero el Consello de Contas ha ratificado que la Xunta desvía gastos de un año para otro. En el último ejercicio auditado, el de 2010, fueron 411 millones de euros.
Algunos dirigentes relevantes del PP asumen que los tiempos no son los mejores y se consuelan pensando que “en Galicia no hay alternativa” y que si el Gobierno es pobre, “a la oposición le va todavía peor”.
