La familia del niño que trate sus libros mal perderá la beca si no los repone
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma aprobó ayer, a propuesta de su consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, el convenio suscrito con la Dirección Provincial del Ministerio de Educación (MECyD) para poner en marcha desde ya un programa de reposición de libros de texto y material didáctico en los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria públicos y concertados de Ceuta al que la Administración local dedicará más de un millón de euros, casi el doble de lo que invirtió en sus becas de estudio para estos niveles el año pasado.
El acuerdo, según destacó en rueda de prensa el portavoz gubernamental, Emilio Carreira, servirá para atender, sumado a las cerca de 6.000 ayudas de 105 euros del Ministerio que se pueden solicitar hasta el 19 de septiembre sin ningún tipo de incompatibilidad, al 65% de la población escolar de entre 3 y 16 años de la ciudad, el porcentaje del alumnado con mayores dificultades de índole socioeconómico para afrontar el año académico en igualdad de condiciones con los más pudientes.
Las ayudas serán equivalentes a 120 euros para los estudiantes de Infantil, a 130 para los de Primaria y a 140 para los de Secundaria. Estas cantidades, sumadas a las del Ministerio, cubrirán, estima la Ciudad, los gastos necesarios no sólo para atender la compra de los libros de las materias “troncales”, sino también el resto de libros de texto, material fungible e incluso uniformes (para los más pequeños).
El cambio de programa implica que el dinero ya no llegará, ni en metálico ni en forma de vales, a las familias, sino a los centros educativos, que “con la asistencia de la Dirección Provincial” y previa consulta “a cada Consejo Escolar” podrán adquirir los libros de texto “más adecuados” para cada uno de los cursos con el fin de “prestarlos” a los estudiantes beneficiarios, que serán los que ya recibieron beca el curso pasado y aquellos que lo soliciten por incorporarse al sistema en Ceuta o por haber visto perjudicada su situación económica.
El texto del convenio, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, establece que los libros comprados “quedarán en depósito, siendo propiedad de la Ciudad Autónoma” y que el alumnado beneficiario “dispondrá de los mismos gratuitamente en régimen de préstamo”. Los textos “podrán ser renovados total o parcialmente cada cuatro cursos salvo los del primer ciclo de Primaria, que lo serán todos los años”.
Los alumnos que los reciban sin coste quedarán sujetos a “la obligación” de hacer un uso “adecuado y cuidadoso de ellos” y a “reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja en el centro”. Así, “el deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros y el resto del material escolar” conllevará para “los representantes legales del alumno” la obligación de “reponerlos”. “En caso contrario, el beneficiario no podrá beneficiarse del programa durante un periodo de dos años académicos”.
A tal efecto, todos los libros serán “registrados e identificados” y los datos del usuario se mantendrán “actualizados”.
Para acogerse a las ayudas se exige, además de que las unidades familiares no superen determinados niveles de renta (los mismos que en 2012, cuyos beneficiarios serán renovados automáticamente como tales), que todos los integrantes vivan aquí, que los estudiantes hayan asistido “de forma continuada” al centro y que estén matriculados en uno de la ciudad autónoma el próximo curso.
La compra, “en librerías de Ceuta”
A. Q. ceuta
El convenio rubricado entre la Ciudad Autónoma y la Dirección Provincial recoge negro sobre blanco, tal y como había avanzado Deu que sucedería, que los centros adquirirán los libros y materiales escolares financiados por el programa de la Administración “en papelerías y librerías de la ciudad autónoma”. El acuerdo deja claro, eso sí, que el importe de la compra “no podrá exceder la dotación económica que le haya sido transferida” a cada colegio o instituto “para cada curso económico”.
El convenio rubricado entre la Ciudad Autónoma y la Dirección Provincial recoge negro sobre blanco, tal y como había avanzado Deu que sucedería, que los centros adquirirán los libros y materiales escolares financiados por el programa de la Administración “en papelerías y librerías de la ciudad autónoma”. El acuerdo deja claro, eso sí, que el importe de la compra “no podrá exceder la dotación económica que le haya sido transferida” a cada colegio o instituto “para cada curso económico”.
En la factura deberá figurar “el concepto, además de la denominación del centro y la identificación detallada de los libros de texto adquiridos”. “En ningún caso”, subraya el documento, “el precio de adquisición excederá del establecido para la venta general al público de los libros y materiales”.
Los libros de texto “no podrán ser sustituidos, siempre que sea posible, durante un periodo mínimo de cuatro años contados a partir de la entrada en vigor del programa”, para el curso 2013/2014.
La Administración local transferirá las cantidades correspondientes a cada centro (se calcula que unos 60.000 euros a los colegios con mayor número de becados) y estos quedarán obligados a “justificar los fondos recibidos y utilizados antes de la finalización de cada curso académico”.
Los trabajadores del Convenio, claves del proceso
El texto del convenio suscrito en el Ministerio y la Ciudad Autónoma atribuye a los trabajadores de su otro acuerdo un papel fundamental en este programa de reposición de libros. Literalmente, este colectivo se encargará de “constatar” qué alumnos “pueden merecer la consideración de beneficiarios” mediante sus propuestas y su asistencia. Estos trabajadores harán “un seguimiento de las familias de los centros educativos para detectar cambios en su situación socioeconómica, incluidos aquellos alumnos que acceden al primer curso de Educación Infantil de 0 a 3 años, así como para determinar nuevas necesidades que puedan surgir, bien por nuevas incorporaciones de alumnos que no estuvieran al inicio del curso, bien por situaciones socioeconómicas sobrevenidas”. Las dos Administraciones justifican la puesta en marcha de este proyecto como una forma de articular “un procedimiento ágil y eficaz para ayudar a las familias más desfavorecidas a sufragar los gastos que requiere la Educación de sus hijos”. El programa pretende también “fomentar entre el alumnado actitudes de respeto y corresponsabilidad en el uso de bienes financiados con fondos públicos” y fomentar la colaboración “entre familias y centros”.
