EL RESCATE A LOS BANCOS YA ASCIENDE A CASI 250.000 MILLONES DE EUROS, SEGUN EL FMI, LA MAYOR PARTE NO SE DEVOLVERA

El dinero que el Estado le ha entregado a la banca para su rescate asciende ya a casi 250.000 millones de euros. Según el FMI, la mayor parte no se devolverá

El FROB dio por perdidos 36.000 millones de los 52.000 que se le inyectó a la banca el año pasado. El Fondo Monetario Internacional advierte que los contribuyentes solamente vamos a recuperar 60.000 millones del total entregado desde el inicio de la crisis sistémica, ni el 25% de los 250.000 inyectados, avalados o prestados a las entidades financieras.

Los mecanismos de ayuda a la banca comenzaron durante la pasada legislatura, y según economistas como Eduardo Garzón, "fueron ejecutadas de muy diversas formas: algunas fueron a fondo perdido (el Estado regaló directamente ese dinero), otras tomaron la forma de inversión (si la cosa salía bien el Estado podía ganar dinero; si salía mal, perdía), otras de préstamo, otras de garantías (los bancos pidieron dinero prestado a otros bancos o al Banco Central Europeo con el respaldo del Estado, de forma que si llegado el momento no pueden devolver el dinero, quien debe pagar es el Estado), etc".

Ambos ejecutivos (el de Zapatero y el de Rajoy) aseguraron que estas ayudas serían temporales, y que el dinero entregado a las entidades financieras se recuperaría. Así lo declaró, por ejemplo, Mariano Rajoy en un pleno del Senado de octubre de 2012 tras entregar 40.000 millones a la banca: "Lo de los 40.000 millones es un préstamo a las entidades financieras y son ellas las que tienen que devolverlo. En un caso podrían contar como deuda pública, en otros no, pero eso nunca lo iba a pagar el Estado español. Por tanto no dé la sensación de que no se sabe las cosas diciendo que están en juego 40.000 millones porque no es así".

El dinero de la Unión Europea se prestó al FROB -una entidad pública- y no directamente a la banca. Desde el Fondo de Reestructuración Bancaria se realizaron inyecciones de capital a las Cajas y bancos en la mayor parte de los casos, no préstamos. Así lo diagnostica Eduardo Garzón: "que el Estado termine contabilizando una pérdida depende de la evolución económica de las entidades financieras ayudadas: si a éstas su actividad les va muy bien, podrán devolver el dinero recibido; si les va mal, no podrán hacerlo y el Estado tendrá que admitir que perderá el dinero que en su día desembolsó. Esto último es precisamente lo que se reconoció el pasado viernes [26 de julio]: determinadas cajas de ahorros no podrán devolver el dinero que recibieron y por lo tanto el Estado (es decir, el contribuyente) perderá el dinero".

Se dijo que las entregas desde el FROB tenían un interés del 8% y que se tendrían que devolver en cinco años. José Carlos Díez, profesor de Economía en ICADE, apunta que a día de hoy "ya hemos reconocido 35.000 millones de euros de pérdida y la crisis aún no ha acabado".

Pero los 35.000 millones son sólo la última entrega voluminosa. El FMI cifra en casi 250.000 millones, una cuarta parte del PIB de España, las entregas a la banca. Esta cifra colosal se divide entre los 63.000 millones de inyecciones de capital, avales por 134.000 millones, y 50.000 millones que ha costado el Sareb (banco malo). Para el organismo neoliberal, esas ayudas de cerca de 250.000 millones de euros en muchos casos serán pérdidas, por lo que el camino de vuelta sólo lo harán 60.000 millones, y el Estado perdería casi 190.000 millones.

La cifra ofrecida por el FMI y dividida por organismos de carácter público la ofrece el diario económico Expansión. Según esta fuente, las entidades han recibido en los últimos cinco años 61.400 millones en ayudas de capital, a través del Frob (Fondo de Reestructuración), el fondo de rescate europeo y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Aunque éste se financia con aportaciones del sector, su comisión gestora está controlada por el Banco de España, lo que le da un perfil público. Adicionalmente, el Estado ha aportado 2.192 millones en capital a Sareb, el banco malo.

El dinero comprometido a través de Esquemas de Protección de Activos (EPA), seguros contra morosidad futura, se eleva a 28.600 millones. La factura se completa con los avales que el Estado ha dado a la banca y a Sareb, por 155.000 millones.

Los “beneficios resultantes” de todo este apoyo se limitan, a día de hoy, a 60.824 millones.

Por la parte de los avales, ya han vencido 49.563 millones, quedando vivas garantías a la banca por 53.873 millones y los 50.781 millones de Sareb. Por lo se refiere a las ayudas de capital, CaixaBank ha reintegrado 977 millones de Banca Cívica, a lo que hay que sumar el valor de mercado de las participaciones accionariales de en torno al 70% que el Frob tiene en los cuatro bancos "nacionalizados" temporalmente: Bankia (6.195 millones); BMN (918 millones); Catalunya Banc (1.628 millones); y NCG (1.543 millones).

El valor total de estas cuatro participaciones se eleva a 10.284 millones, frente a las ayudas de 45.000 millones aportadas a estos bancos desde el año 2009.

En EEUU bancos como Morgan Stanley, JP Morgan o Bancorp ya devolvieron las ayudas recibidas. Pero ese no es el caso de España. "En España se utilizó muy poco dinero y muy tarde sin reconocer los problemas", explica Fernando González, periodista especializado en economía. Unas ayudas a la banca que ya han costado mucho, y que todavía podrían costar más.

A estas enormes pérdidas hay que sumar que este año el Estado ha estimado que pagará sólo en concepto de intereses por la deuda pública 38.590 millones de euros (3,86% del PIB), la segunda partida presupuestaria sólo por detrás de las pensiones. Según apunta Garzón, el 76% de esta deuda se debe precisamente a entidades financieras, tanto españolas (38,74%) como extranjeras (37,29%), que consiguen fondos al 1% desde el BCE. El mismo Banco Central Europeo que no puede prestar dinero a los Estados porque lo tiene prohibido en el artículo 123 del Tratado de Lisboa. Esta deuda sí se paga puntualmente, y tiene "prioridad absoluta" según la reforma de la Constitución (art. 135) aprobada tras acuerdo de PP y PSOEen el tiempo de descuento de la legislatura anterior;

"Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta".

Para hacernos una idea de lo disparatadas que son estas cifras, baste recordar que en 2012 el Gobierno estimó en 10.000 millones de euros -7.000 para sanidad y 3.000 para educación- el ahorro que el estado obtuvo con los recortes en ambos pilares del Estado del bienestar que aprobó entonces.

*Con información de Expansión, de La Sexta y artículos de Eduardo Garzón.

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Irresponsabilidad bancaria libre de cárcel

La prisión bajo fianza de 2,5 millones de euros dictada para Miguel Blesa el pasado jueves fue sin duda una de las noticias de la semana además de por su importancia, por lo inhabitual. Pocos han sido los banqueros que han pasado al menos una noche entre rejas a pesar de que muchos han tenido que dar cuentas ante un juez en los últimos años por la dudosa responsabilidad de su gestión.

La acusación particular de Manos Limpias por supuestas irregularidades en la compra entre 2008 y 2010 del City National Bank of Florida acabó con el expresidente de Caja Madrid en Soto del Real. El auto del juez marcaba que esa adquisición, además de suponer una pérdida de 500 millones de euros (se compró por mil millones cuando valía la mitad) se hizo intentando eludir “el preceptivo control de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid” e “ignorando” la realidad económica imperante, lo que llevó a Caja Madrid a una situación crítica. Además, por el préstamo de los 26,6 millones de euros, o más, a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y dueño del Grupo Marsans, ambos están imputados por delito societario y falsedad documental.

Blesa (en una imagen de EP), excompañero de estudios de José María Aznar cuando ambos se formaban como inspectores fiscales de Hacienda y elegido por el expresidente del Gobierno para el cargo en Caja Madrid, se sumó, aunque menos de 24 horas, a la lista de banqueros que han pisado la cárcel, pero apenas la engrosa. Solo Mario Conde ingresó en prisión tras declarar ante un juez. Fue por el ‘caso Banesto’, en el año 2002. Apropiación indebida, estafa y falsedad hicieron que el Tribunal Supremo ampliara en 2002 a 20 años de cárcel la condena de diez que la Audiencia Nacional había puesto al exbanquero en el 2000. Además, se dictó una responsabilidad civil de más de 20 millones de euros de los que sólo han sido abonados siete. Desde 2005 disfruta del tercer grado y al menos una de sus fincas saldrá a subasta para seguir cubriendo la deuda.

España no es Islandia

Ningún banquero más ha sido metido entre rejas. Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, podría haber estado en esa lista si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –ya en funciones- no le hubiera indultado a finales de 2011. El vicepresidente y consejero delegado del Santander se libró así de los tres meses de cárcel que dictó el Tribunal Supremo en 2011 por acusación falsa contra unos acreedores en 1994, cuando era presidente de Banesto. El indulto, uno de los más polémicos de los últimos tiempos, acabó siendo anulado parcialmente por ese mismo tribunal y Sáenz renunció en abril de 2013 a sus cargos en el Grupo Santander. Eso sí. Su historia no ha terminado del todo mal: la entidad le pagará una pensión de 88 millones de euros.

Suma y sigue. Juan Pedro Hernández Moltó, imputado por supuestas irregularidades al frente de Caja Castilla-La Mancha, que tuvo que ser rescatada en 2009 con más de 7.000 millones de euros. Modesto Crespo, expresidente de la CAM, imputado junto con otros cuatro exdirectivos de la caja por apropiación indebida, administración desleal, falsificación de cuentas y falsedad documental, además de manifestarse irregularidades y mano suelta a la hora de conceder créditos y pensiones vitalicias. Se impuso a la cúpula una fianza de casi 26 millones de euros. Apropiación indebida y administración desleal fueron las razones por las que el exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, fue imputado por el juez Santiago Pedraz junto a otros dos miembros de la cúpula. Un informe del FROB les acusó de defraudar hasta 137 millones de euros. Las prejubilaciones millonarias, entre las que estaba incluida la suya, llevaron a Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixagalicia, hasta la imputación y el embargo de bienes por no depositar la fianza de más de siete millones de euros. Además, tiene pendiente el juicio por la comercialización de las preferentes.

Y llegó BFA-Bankia

El mayor escándalo financiero y el más profundo agujero en las arcas del Estado se lo debemos a ese proyecto. Acaba de cumplirse un año de aquel rescate, de la nacionalización de la entidad y de la renuncia de Rodrigo Rato al frente. Fue José Ignacio Goirigolzarri el que tomó los mandos de Bankia y ejecutó la petición del rescate -22.000.000.000 de euros públicos y muchas pérdidas entre accionistas, preferentistas y deuda subordinada. ¿Y quién es el culpable de este despropósito? De momento nadie porque nadie admite responsabilidad alguna. Eso sí, las querellas de UPyD y de 15MpaRato y otros colectivos sociales han llevado a la Audiencia Nacional a Rato y a los otros 32 consejeros, entre la antigua cúpula y la matriz BFA. El falseamiento de las cuentas en el momento en que Bankia salía a bolsa en 2011 es el principal hilo de la causa, aunque el FROB encontró más deficiencias, por ejemplo en la comercialización de preferentes. También se conoció que los sueldos millonarios de los directivos eran inversamente proporcionales a la solvencia de las cajas. Vamos, que cobraban cantidades indecentes mientras el proyecto –y las inversiones de miles de familias- se iban a pique.

Ni Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), exgobernador del Banco de España, ni Luis de Guindos, ministro de Economía, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), clave en la salida a bolsa, ni la auditora Deloitte se consideran responsables del colapso que llevó a la entidad a valer 0 euros por acción. Y la batalla sigue. El juez Fernando Andreu ha llamado a declarar como testigos a tres pesos pesados: Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y Francisco González (BBVA)

La honorabilidad del banquero

Hay un aspecto más en todo este barullo que agrava el mosqueo. El Gobierno aprobó el pasado mes de abril la reforma bancaria por la que cambiaban los criterios de honorabilidad según la normativa de la Autoridad Europea Bancaria (EBA) y dejaba la decisión en manos del Banco de España, que tendrá que decir, por ejemplo, si Alfredo Sáenz puede seguir en su cargo. Hasta esa reforma, la respuesta sería negativa. Según el REAL DECRETO 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, carecían de honorabilidad, - requisito indispensable para la actividad bancaria-:

“[…] quienes tengan antecedentes penales o se encuentren procesados o, -tratándose del procedimiento a que se refiere el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, se hubiera dictado auto de apertura de juicio oral por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, blanqueo de capitales, de violación de secretos, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y revelación de secretos o contra la propiedad; los inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras; y, los quebrados y concursados no rehabilitados”.

 

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