La prisión bajo fianza de 2,5 millones de euros dictada para Miguel Blesa el pasado jueves fue sin duda una de las noticias de la semana además de por su importancia, por lo inhabitual. Pocos han sido los banqueros que han pasado al menos una noche entre rejas a pesar de que muchos han tenido que dar cuentas ante un juez en los últimos años por la dudosa responsabilidad de su gestión.
La acusación particular de Manos Limpias por supuestas irregularidades en la compra entre 2008 y 2010 del City National Bank of Florida acabó con el expresidente de Caja Madrid en Soto del Real. El auto del juez marcaba que esa adquisición, además de suponer una pérdida de 500 millones de euros (se compró por mil millones cuando valía la mitad) se hizo intentando eludir “el preceptivo control de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid” e “ignorando” la realidad económica imperante, lo que llevó a Caja Madrid a una situación crítica. Además, por el préstamo de los 26,6 millones de euros, o más, a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y dueño del Grupo Marsans, ambos están imputados por delito societario y falsedad documental.
Blesa (en una imagen de EP), excompañero de estudios de José María Aznar cuando ambos se formaban como inspectores fiscales de Hacienda y elegido por el expresidente del Gobierno para el cargo en Caja Madrid, se sumó, aunque menos de 24 horas, a la lista de banqueros que han pisado la cárcel, pero apenas la engrosa. Solo Mario Conde ingresó en prisión tras declarar ante un juez. Fue por el ‘caso Banesto’, en el año 2002. Apropiación indebida, estafa y falsedad hicieron que el Tribunal Supremo ampliara en 2002 a 20 años de cárcel la condena de diez que la Audiencia Nacional había puesto al exbanquero en el 2000. Además, se dictó una responsabilidad civil de más de 20 millones de euros de los que sólo han sido abonados siete. Desde 2005 disfruta del tercer grado y al menos una de sus fincas saldrá a subasta para seguir cubriendo la deuda.
España no es Islandia
Ningún banquero más ha sido metido entre rejas. Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, podría haber estado en esa lista si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –ya en funciones- no le hubiera indultado a finales de 2011. El vicepresidente y consejero delegado del Santander se libró así de los tres meses de cárcel que dictó el Tribunal Supremo en 2011 por acusación falsa contra unos acreedores en 1994, cuando era presidente de Banesto. El indulto, uno de los más polémicos de los últimos tiempos, acabó siendo anulado parcialmente por ese mismo tribunal y Sáenz renunció en abril de 2013 a sus cargos en el Grupo Santander. Eso sí. Su historia no ha terminado del todo mal: la entidad le pagará una pensión de 88 millones de euros.
Suma y sigue. Juan Pedro Hernández Moltó, imputado por supuestas irregularidades al frente de Caja Castilla-La Mancha, que tuvo que ser rescatada en 2009 con más de 7.000 millones de euros. Modesto Crespo, expresidente de la CAM, imputado junto con otros cuatro exdirectivos de la caja por apropiación indebida, administración desleal, falsificación de cuentas y falsedad documental, además de manifestarse irregularidades y mano suelta a la hora de conceder créditos y pensiones vitalicias. Se impuso a la cúpula una fianza de casi 26 millones de euros. Apropiación indebida y administración desleal fueron las razones por las que el exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, fue imputado por el juez Santiago Pedraz junto a otros dos miembros de la cúpula. Un informe del FROB les acusó de defraudar hasta 137 millones de euros. Las prejubilaciones millonarias, entre las que estaba incluida la suya, llevaron a Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixagalicia, hasta la imputación y el embargo de bienes por no depositar la fianza de más de siete millones de euros. Además, tiene pendiente el juicio por la comercialización de las preferentes.
Y llegó BFA-Bankia
El mayor escándalo financiero y el más profundo agujero en las arcas del Estado se lo debemos a ese proyecto. Acaba de cumplirse un año de aquel rescate, de la nacionalización de la entidad y de la renuncia de Rodrigo Rato al frente. Fue José Ignacio Goirigolzarri el que tomó los mandos de Bankia y ejecutó la petición del rescate -22.000.000.000 de euros públicos y muchas pérdidas entre accionistas, preferentistas y deuda subordinada. ¿Y quién es el culpable de este despropósito? De momento nadie porque nadie admite responsabilidad alguna. Eso sí, las querellas de UPyD y de 15MpaRato y otros colectivos sociales han llevado a la Audiencia Nacional a Rato y a los otros 32 consejeros, entre la antigua cúpula y la matriz BFA. El falseamiento de las cuentas en el momento en que Bankia salía a bolsa en 2011 es el principal hilo de la causa, aunque el FROB encontró más deficiencias, por ejemplo en la comercialización de preferentes. También se conoció que los sueldos millonarios de los directivos eran inversamente proporcionales a la solvencia de las cajas. Vamos, que cobraban cantidades indecentes mientras el proyecto –y las inversiones de miles de familias- se iban a pique.
Ni Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), exgobernador del Banco de España, ni Luis de Guindos, ministro de Economía, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), clave en la salida a bolsa, ni la auditora Deloitte se consideran responsables del colapso que llevó a la entidad a valer 0 euros por acción. Y la batalla sigue. El juez Fernando Andreu ha llamado a declarar como testigos a tres pesos pesados: Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y Francisco González (BBVA)
La honorabilidad del banquero
Hay un aspecto más en todo este barullo que agrava el mosqueo. El Gobierno aprobó el pasado mes de abril la reforma bancaria por la que cambiaban los criterios de honorabilidad según la normativa de la Autoridad Europea Bancaria (EBA) y dejaba la decisión en manos del Banco de España, que tendrá que decir, por ejemplo, si Alfredo Sáenz puede seguir en su cargo. Hasta esa reforma, la respuesta sería negativa. Según el REAL DECRETO 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, carecían de honorabilidad, - requisito indispensable para la actividad bancaria-:
“[…] quienes tengan antecedentes penales o se encuentren procesados o, -tratándose del procedimiento a que se refiere el Título III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, se hubiera dictado auto de apertura de juicio oral por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, de infidelidad en la custodia de documentos, blanqueo de capitales, de violación de secretos, de malversación de caudales públicos, de descubrimiento y revelación de secretos o contra la propiedad; los inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras; y, los quebrados y concursados no rehabilitados”.
