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domingo, 2 de febrero de 2014

ESPAÑA: "300.000 CIUDADANOS DICEN ESTAR CONMIGO. MAS JUECES Y FISCALES, EL JUEZ SILVA


'300.000 ciudadanos dicen estar conmigo. Más jueces y fiscales'
Lo entrevistamos al filo de la medianoche, en la desierta cafetería de un hotel madrileño. El juez Elpidio José Silva llega puntual. Antes de entrar en harina, y también después, hablamos de lo divino y lo humano. En la charla se deslizan Jung, Epicteto o (tomen buena nota sus adversarios) las disquisiciones estratégicas de Sun Tzu y los principios tácticos recogidos por Erwin Rommel en su clásico La infantería al ataque. Hasta aquí sus armas le han dado resultado en los expedientes incoados por el Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), siempre resueltos a su favor. Ahora enfrenta su batalla más ardua: la apertura de juicio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por prevaricación y detención ilegal en relación con su actuación como instructor del caso Blesa (la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid cuando Miguel Blesa era presidente). Y va a defenderse.

Para unos, es usted el juez que se extralimitó con un banquero; para otros, el juez con el que se ensaña el sistema por haber osado tocar a sus poderosos corruptos. ¿Dónde, entre ambos extremos, se ve usted?
Yo era un juez normal, durante más de 20 años no he destacado ni he querido destacar. Lo que ha pasado con el caso Blesa es como el dentista que va a la consulta a hacer un trabajo dental, toca un nervio y hay una hemorragia. He tocado un nervio muy difícil, que tiene que ver con gestión bancaria criminal durante más de 15 años y con un país que creía que iba bien cuando realmente estaba naufragando en una corrupción de mucho calado. Mi instrucción ha observado los cánones, como procuro siempre. El error es la defensa de Blesa. Hoy millones de ciudadanos saben que se quiere quitar de en medio a un juez solamente porque hacía su trabajo.
En el auto que confirma la apertura de juicio oral, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alude al «abuso de las funciones de juez» y justifica que los errores producidos en la instrucción tienen relevancia penal porque son «fallos de la persona y no del sistema». Esto es muy duro y se lee pocas veces de un juez, con esa contundencia.
Sí, en la querella del fiscal [Manuel] Moix, y la forma vergonzosa en que esa querella ha sido secundada, hay muchas palabras y poco fundamento. Yo no he abusado nunca, mis resoluciones son sencillas: veo que el banco de Miami se ha comprado en condiciones en que nadie compraría un banco salvo demencia, profunda ineptitud u otras cosas más turbias. No tenemos datos de que Blesa sea un demente. Ineptitud puede haber, pero convive con indicios de criminalidad en cuanto a la compra que pone de manifiesto la autoridad norteamericana de supervisión financiera, la OCC [Office of the Comptroller of the Currency]. No soy yo, es la OCC. Y el Banco de España me da un informe, sin que yo se lo pida, en el que hay un elenco de irregularidades tremendo. Cuando te saltas tres stop, dos semáforos en rojo, conduces a contramano y vas borracho, si pillas a una señora es un homicidio. Compras atropelladamente porque sabes que tu mandato se acaba (se deduce de los correos, de una carpeta que se llama Esperanza Aguirre), y con consecuencias ruinosas: la entidad se hunde y precipita un rescate bancario que compromete el futuro de generaciones. Son indicios de criminalidad espectaculares. Eso, la posibilidad de fuga, ya que la pena puede ser elevada, y el riesgo de manipulación de pruebas me llevan a ingresar en prisión a este señor.
Se le imputa ordenar prisión sin motivarlo y sin que lo pida una parte debidamente personada en el momento de acordarse.
Cuando se dice eso se ignoran al menos dos cosas: la primera es que allí estaba la fiscalía y lo vio bien; la segunda, que si una persona se llama Carlos Domínguez Ruiz y yo digo que se admite su personación como Carlos Domínguez, no deja de estar. Aquí la funcionaria comete un déficit de precisión en la providencia que me pasa a la firma y pone que Manos Limpias está personada como acusación particular y olvida poner «particular popular». No hay más. ¿Mal razonada la prisión? Hay 17 folios. En una guardia en la que cae una red de narcotráfico, proxenetismo y abuso de menores, con alguna violada y otra muerta, todo se despacha en cinco folios. Y van todos al trullo, y no pasa nada.
Ante estas imputaciones, y las demás que contiene el auto, ¿cómo se ve? ¿Se encuentra solo?
No me encuentro solo. Me encuentro con secretarios judiciales que dicen que no incurrí en retraso, con unos peritos que dicen que mi instrucción fue muy buena y la Guardia Civil está muy satisfecha y ha hecho una declaración que va más allá de lo previsible. Tengo que decir que eran profesionales de muy alto relieve. Y después tengo a unos 300.000 ciudadanos, que yo sepa, que dicen que están conmigo. Y más de 1.000 jueces y fiscales que me siguen. Esta es la soledad que tengo. Hemos montado un espectáculo deshonroso, y lo sabe la agencia Reuters, lo sabe el Wall Street Journal y lo saben todos los españoles. Esto es una vergüenza.
¿Por qué y desde cuándo se le trata de presentar como un juez problemático, con sus expedientes en el CGPJ, etcétera?
El CGPJ es un órgano que secuestra a los jueces. Mediante una serie de presiones disciplinarias, diligencias informativas, premios y controles varios se ha adueñado del poder judicial, lo ha enjaulado, lo ha sometido a un pantano de incertidumbres y presiones. Ésta es la verdad y la explico en mi libro, La justicia desahuciada (ed. Península): cómo el Consejo hace esto y yo nunca me he dejado. El caso Blesa ha saltado a los medios porque ha habido un error, no porque yo quisiera. El error de aquellos corruptos que han dicho: «Vamos a denigrarle, y denigrándole y colocándole como diana nos lo vamos a cargar». Pues no, se ha conseguido darle la vuelta a esto y el CGPJ ha quedado en evidencia. Esto no pasa ni en Nigeria. Hay una plataforma de juezas nigerianas que me apoya. Según su decana, «en un país tercermundista como el nuestro, no se puede apartar al juez porque el prosecutor (el fiscal) dirija una acción penal contra él». Hay una inmunidad del juez mientras trabaja.
Dejemos en este punto el «caso Blesa». Me gustaría ir ahora un poco más allá, a los problemas de la Justicia en nuestro país. En términos muy generales, ¿qué diría usted que falla en la Justicia española?
Por una parte, el sistema de selección de jueces es una vergüenza que no se mantiene en ninguna parte del mundo. Consiste en cantar temas, y esto está sujeto a un grado de arbitrariedad elevado. Termina entrando gente que no debería entrar. En segundo lugar, el problema de la Justicia española es que está en manos del CGPJ. La Constitución dice que tiene el gobierno de los jueces. Y lo que ahí se encierra es un cautiverio y la eliminación de la separación de poderes. Que, por cierto, Montesquieu nunca habló de eso, sino de détournement, que alude más bien a «equilibrio», lo que los americanos llaman interbalance. No tenemos Justicia cuando se trata de trabajar contra personajes importantes. A eso hay que unirle el amedrentamiento, la cobardía de muchos compañeros y la poca base histórica de legitimidad y de ética judicial. Los cargos de justicia han pertenecido al conde-duque de Olivares de turno hasta el siglo XIX. No tenemos una historia heroica.
¿Y qué alternativa hay, cómo cree que debería ser el acceso a la carrera?
Pues muy claro. Como el acceso a la profesión de la persona que te abre en canal, te saca un riñón y te pone otro: tipo test. Como se accede al MIR. Un gran examen tipo test, como se hace en Francia para acceder a la Escuela Nacional de Administración, un cuerpo modélico a todos los niveles. Un test sin ninguna incidencia del apellido para ingresar en cuerpos del Estado y, según el número, pides abogado del Estado, notario, juez, etcétera. Quitar todo este rollo de oposiciones que no sirven para nada. Tenemos que montar un modelo, además, abierto, donde los jueces intervengan, participen. Y en determinadas instancias hay que quitar la discrecionalidad y contar con sistemas de elección popular. Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia deberían ser por elección popular y no convertirse en nichos de protección de los partidos políticos.
Sobre lo que falla en nuestra Justicia, afinando un poco más y yendo a un tema más concreto, hay unas palabras de Quevedo...
«Peligroso es tener razón...» [«donde hay poca Justicia», precisa la frase original].
No, ésas no; son dos versos del poema «A un juez mercadería»: «Sólo quien te da te quita dudas, / no te gobiernan textos sino tratos». ¿Qué falla en la persecución de los corruptos, esos que hacen tratos saltándose los textos?
En primer lugar, el diseño del poder judicial. Cuando en un juzgado cae un caso de corrupción, lo primero que hay que respetarle al juez es la potestad de decidir qué es lo que es importante y lo que no. Lo segundo, hay que cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque permite que se recurra todo, un ametrallamiento que supera al juzgado y genera la posibilidad de intervenir en la instrucción por parte de los medios en momentos muy delicados, a diferencia del sistema francés o el sistema belga en que solo se recurre al final de la instrucción. Y en tercer lugar, lo que falla es que tiene que haber una voluntad en los partidos políticos para cambiar la Ley Enjuiciamiento Criminal y llegar a este resultado. Como esto no se ha querido hacer, no podemos combatir la corrupción. Así de sencillo.
El TSJM dice en su auto que en el juicio podrá verse todo con más profundidad, sin perjuicio de que indiciariamente estén esas imputaciones ahí. No le voy a pedir que me anticipe la estrategia de defensa, pero, ¿cuál es el discurso que va a mantener en ese juicio oral, que no va a ser una simple vista pública, sino algo de lo que está pendiente buena parte de la sociedad española?
La principal estrategia de defensa es la transparencia. No tengo nada que esconder. La estrategia es poner de manifiesto que con las pruebas que había la instrucción fue adecuada. Y si hay un juicio, que no tengo claro si lo va a haber, y pudiera ser que no, quizá por eso han dejado al instructor cometer todo tipo de excesos, tengo claro que quien pierde no soy yo, sino el imputado, Miguel Blesa de la Parra.
Recuperando esa cita que hacía usted antes de Quevedo, ¿espera usted que le hagan justicia? Y si es así, ¿dónde espera que se la hagan?
El canon judicial de Estrasburgo es mi marco, y mi marginal diferencial respecto de mis compañeros. Yo he estado becado por el Consejo de Europa, he sido profesor en Bolonia, he trabajado en París, en Montpellier, estoy educado en el marco europeo y ahí no caben este tipo de trazas demenciales.
¿Cree que deberá esperar a que su causa llegue ahí?
En Estrasburgo esto está ganado, por desgracia a costa del bolsillo de los ciudadanos españoles, no de los ineptos que han organizado esto, que es lo triste. Pero creo que el Tribunal Supremo también está en otra dinámica y revocaría duramente una sentencia de condena por parte del TSJM, y creo que el propio TSJM tendría muchísimas dificultades para redactar unos hechos probados de sentencia de condena. Lo podría colocar en un ridículo enorme y al borde de la prevaricación.
Y si resulta que finalmente ha de esperar a Estrasburgo, ¿se ve en política?
Lo que creo es que la corrupción en España está generando una tasa de integridad a todos los niveles muy costosa para los ciudadanos, es lo que yo llamo una prima de riesgo sin valorar de inseguridad jurídica. Eso hace que el país esté a precio de saldo, y si hay que tomar decisiones de movilización a nivel político, y si esa implicación mía tiene sentido en algo que sea constructivo y que pueda canalizar adecuadamente un gran movimiento ciudadano, desde luego no me voy a mantener al margen. Si no me he mantenido al margen como juez amordazado y de a pie, menos lo voy a hacer como ciudadano. Hay una serie de elementos indeseables incrustados en el sistema español que están produciendo un daño terrible. Esto tenemos que liquidarlo y tenemos que purgarlo y lo podemos hacer. La mayoría de los españoles queremos tener un espacio al que se le suele llamar hogar o patria donde vivir bien y tener lo que nos merecemos y no depender de unos cuantos que quieren vivir en la impunidad. Nada de lo que ha pasado aquí debe salir gratis.
FUENTE

miércoles, 29 de enero de 2014

ESPAÑA: JUECES ORDENAN A LA GUARDIA CIVIL Y POLICIA QUE NO PROTEJAN A LOS POLITICOS EN SUS DECLARACIONES


Los jueces ordenan a la Guardia Civil y la Policía que no protejan a los políticos en sus declaraciones

  • El decano remite por escrito la orden para que los testigos de Nóos no tengan privilegios

  • El Consell no desobedecerá al TSJ y acatará las normas de los juzgados sobre el 'paseíllo'




El conseller de Justicia, Serafín Castellano, junto a la presidenta...
Los jueces han activado un protocolo ante las nuevas testificales que practicará en la Comunidad el juez José Castro en los próximos días. Según confirmaron fuentes judiciales a EL MUNDO, el decano de los juzgados de Valencia, Pedro Viguer, ha remitido una orden por escrito a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que ningún político o ex alto cargo goce de privilegios en sus comparecencias en el juzgado.
Castro volverá a Valencia el próximo 31 de enero para interrogar en calidad de testigo a once personas entre funcionarios y ex altos cargos y directivos de sociedades públicas valencianas. Un día después, el sábado 1 de febrero, declarará Francisco Camps, aunque desde su despacho del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y por escrito por su condición de ex presidente. El juez investiga contratos que reportaron 3,1 millones de euros públicos a la entidad dirigida porIñaki Urdangarín y Diego Torres por organizar tres eventos deportivos en Valencia entre 2004 y 2006.
Rita Barberá entró por el garaje con la ayuda de la Policía Autonómica y Local
Castro estuvo en la Comunidad en noviembre, pero sólo pudo interrogar al ex conseller Gerardo Camps y a la alcaldesa Rita Barberá porque la Policía no localizó en su domicilio al ex jefe del Consell. Tanto Gerardo Camps como Barberá desobedecieron las instrucciones del Decanato con el apoyo de la Policía Autonómica y la Guardia Civil (así consta en dos informes entregados en el TSJ), y aprovecharon sus influencias para utilizar puertas secundarias y evitar el paseíllo. Un trato preferente que no tuvo ni tan siquiera María Dolores Cospedal en su comparecencia como testigo por los papeles de Bárcenas.
Ahora el Decanato no quiere más sorpresas y ha pedido expresamente por escrito que los testigos utilicen la puerta principal para acceder a los juzgados, al igual que el resto de ciudadanos.
José Castro vuelve el viernes y en los juzgados no quieren escenas bochornosas
Según estas fuentes, los jueces trasladaron ayer su enfado a la Conselleria de Justicia (que también dirige a la Policía Autonómica) aprovechando la comisión mixta que se celebró en la sede del TSJ. El consellerSerafín Castellano se comprometió a ceñirse al protocolo que fija el Consejo General del Poder Judicial en estos casos para evitar situaciones como la que se dio con la alcaldesa y el diputado nacional del PP.
Los hechos ocurridos en Valencia no son una excepción y son varios los dirigentes que apoyan la protección de personalidades públicas a su paso por los juzgados. Sobre todo tras conocerse la declaración como imputada de la Infanta Cristina el próximo 8 de febrero.
Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el reglamento del CGPJ sobre órganos de Gobierno de tribunales recogen cuáles son las competencias de los decanos en materia de control sobre las sedes judiciales. Estas normas atribuyen al decano la organización dentro del edificio, de ahí que Viguer encargara dos informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil para saber quién autorizó el acceso de los testigos por el garaje y el juzgado de guardia. Ambos cuerpos señalaron a la Autonómica.

martes, 28 de enero de 2014

ESPAÑA: EL FONDO MONETARIO PIDE A LOS JUECES "MANGA ANCHA" CON LOS DESPIDOS


El FMI pide a los jueces 'manga ancha' con los despidos y a Rajoy que no prorrogue los convenios

El organismo que dirige Christine Lagarde sugiere que para que la reforma laboral del Gobierno surta efecto de verdad, se deberían igualar las indemnizaciones a los trabajadores con contratos temporales e indefinidos


La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, durante su intervención en el Foro de Davos de la semana pasada.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha traspasado todos los límites este martessugiriendo a los tribunales españoles que para que la reforma laboral del Gobierno surta el efecto que el organismo que dirige Christine Lagarde espera, no debería hacer "una interpretación tan restrictiva" a la hora de llevar los casos de despidos. El presidente, Mariano Rajoy, también ha recibido una recomendación sobre empleo, y el FMI le pide que equipare la protección de contratos temporales e indefinidos, además de acabar con la prórroga automática de los convenios colectivos.
"La reforma introducida en 2012 promete una mejora significativa en el funcionamiento del mercado laboral al reducir el dualismo, la rigidez salarial y la falta de flexibilidad interna de las empresas", asegura el FMI en un estudio sobre cómo reactivar el crecimiento y el empleo en Europa. Sin embargo, no considera que la caída de los salarios que se ha producido desde el año 2010 haya sido suficiente para compensar la excesiva subida de los años anteriores,lo que según el estudio ha contribuido al aumento del paro.
Además, cree que el éxito de la reforma de Rajoy dependerá de su aplicación y asegura que "la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales". Por todo ello, el Fondo sugiere al Gobierno que una manera de reforzar el nuevo marco laboral, sería "armonizando la protección de los contratos indefinidos y temporales y eliminando la indexación y la prórroga automática de los convenios colectivos expirados [ultraactividad]", lo que supondría suspender la prórroga de un año que estableció el Ministerio de Empleo tras negociar con los sindicatos.
En cuanto a las diferencias de protección, el informe del FMI resalta que el coste del despidoinjustificado en España oscila para los contratos indefinidos entre 33 y 45 días por año trabajado, algo que desde que entrara en vigor la reforma de Rajoy resulta exagerado, frente a una media de 21 días por año trabajado en la UE-15. En contraste, los costes de despido para los contratos temporales se limita a 9 días. "Esta amplia brecha es responsable del uso de una gran proporción de trabajadores temporales como un mecanismo de seguro contra shocks adversos", apunta el Fondo.
Por lo que se refiere a los salarios, el estudio subraya que la compensción laboral nominal en España aumentó 6 puntos porcentuales y 4 puntos en 2008 y 2009, frente a la moderación salarial en el resto de la UE. "Los salarios se han moderado desde 2010 por los acuerdos entre los agentes sociales, pero la caída en la compensación laboral real desde 2010 no ha sido suficiente para contrarrestar el diferencial acumulado creado entre 2008-2009", dice el FMI.
En ausencia de progresos suficientemente rápidos para mejorar la reforma laboral, el informe apuesta por preparar "planes de contingencia, por ejemplo, avanzando hacia un sistema optativo para la negociación colectiva".
A juicio del FMI, la elevada tasa de paro en España no se explica únicamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria sino que "se debe en gran parte a la rigidez salarial, la insuficiente flexibilidad de las condiciones laborales y el alto dualismo del mercado laboral".

domingo, 19 de enero de 2014

ESPAÑA: LOS NUEVOS JUECES ESTRELLA



Los ‘nuevos’ jueces estrella


La juez Mercedes Alaya a la salida de los juzgados de Sevilla. (Efe)

El ya exjuez Baltasar Garzón ha colgado la toga pero no el apelativo de juez estrella. Sus investigaciones sobre el GAL, ETA y, sobre todo, la orden del dictador Augusto Pinochet o el exmilitar Ricardo Miguel Cavallo le hicieron protagonista de muchos titulares. Las de los crímenes del franquismo y la trama Gürtel -que le acabó trayendo la inhabilitación- no hicieron más que alimentar su figura.

Le siguió en el estrellato el juez Javier Gómez Bermúdez, 'famoso' por presidir la sala de la Audiencia Nacional que juzgó el 11 M. Sus implacables contestaciones a los acusados también le hicieron portada de los telediarios. Hoy el nombre de otros cinco jueces se entrelaza con el de los acusados y el del los casos que los ocupan. La mayoría por llamar a declarar a quien nunca creímos ver en el banquillo, otros por llevar varios casos de gran magnitud y los de más allá por su curiosa personalidad.

José Castro


Pasará a la historia por ser el primer juez que imputa a un miembro de la Casa Real, la Infanta Cristina, dentro del Caso Nóos y esa ha sido la razón -o la losa- que le ha convertido en ‘juez estrella’, tanto que llegó a ser aplaudido por los habitantes de Mallorca en la calle. Siempre llega en bici al trabajo -después de que un accidente de moto le hiciera aparcar las dos ruedas-, se muestra esquivo con la prensa y molesto por la presencia de cámaras. En sus 37 años como juez nunca ha concedido una entrevista y no hace declaraciones.

Este aficionado al fútbol y seguidor del Madrid -aunque no le importa que gane el Barça si juega bien- tiene actualmente 67 años y ha retrasado su edad de jubilación ante la magnitud del caso Nóos.
Estricto en los interrogatorios, sus particulares autos en el caso Palma Arena y la imputación de Iñaki Urdangarin y su mujer también han ayudado a alimentar su figura. Llegó a escribir de Jaume Matas que “se burla de los simples mortales” tras interrogarle durante varias horas. De Doña Cristina, que “un plus de codicia añadido” le impulsó junto a su marido a cometer delitos contra Hacienda.

Mercedes Alaya


50 años, sevillana y capaz de poner patas arriba a los intocables sindicatos en el caso de los ERE de Andalucía. Semblante serio y maleta siempre a cuestas, Alaya nunca ha dicho una palabra a los periodistas en la puerta del juzgado número 6 de Sevilla. Ni siquiera les mira o sonríe. Fue elegida una de las mujeres más influyentes de España en 2013 junto a Ada Colau, impulsora de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. De ella se ha dicho mucho, y entre esas cosas se la ha catalogado de ‘elegante’, ‘discreta’, ‘mujer de hierro’ o ‘mujer de porcelana’ por su aspecto físico.

Su semblante tímido y esquivo delante de la prensa no se traslada a los interrogatorios, donde, dicen, tiene fama de inquisitiva. Ha imputado a más de 120 personas, entre ellas a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y ha llamado a declarar a expolíticos como Magdalena Álvarez. No es el único caso que investiga. También Mercasevilla -origen del caso de los ERE- y al que fuera presidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera.

Su estilo en el vestir ha sido analizado por páginas de moda y cuenta con un club de fans que tiene más de 44.000 seguidores. Despierta simpatías y odios a partes iguales: sufrió protestas en su contra en la puerta del juzgado con insultos incluidos y vio, días más tarde, la respuesta de los ciudadanos que la apoyan. Sólo han conseguido parar sus investigaciones sus fuertes migrañas, que le llevaron a pedir la baja médica y provocaron la paralización del caso de los ERE durante meses.

Elpidio José Silva


No quiere ser un juez estrella pero llevar a la cárcel dos veces, aunque fuera por poco tiempo, al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, le llevó a ganarse las simpatías del pueblo, más aún cuando fue suspendido por el Consejo General del Poder Judicial y se le apartó del caso. Se diferencia del resto de jueces por sus luces y sombras. Dicen que es una persona inusual, impredecible, impuntual y bastante rebelde, que acaba haciendo caso a sus convicciones sin tener en cuenta el criterio de los demás. Tal es su rebeldía que se negó a pagar el alquier a su arrendadora y fue desahuciado.

Nacido en Granada, fue número uno de su promoción y premio extraordinario de licenciatura. Tiene un blog llamado Cumplimiento Preventivo cuya última entrada es del 11 de enero del año pasado, titulada La prueba incendiaria en el delito de blanqueo de capitales. Muy técnico, Elpidio reserva en el blog un apartado para Cuentos y Literatura, que tiene una única narración.

Algo extravagante y poco discreto Silva también se ha hecho famoso por sus declaraciones a la prensa: “La madre del a corrupción está en el poder judicial”; “el poder judicial en España está secuestrado”; o “se generaría una situación institucional insostenible” (si 'tirase' de la manta y se revelaran los detalles de la investigación a Blesa).

Pablo Ruz


Serio y discreto, no encajaría con el prototipo de juez estrella por su personalidad o declaraciones, pero sí por su contundencia en los grandes casos que ha juzgado. Sustituyó al juez Del Olmo en la investigación del 11M y actualmente ocupa el sillón de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional tras la suspensión de este último. Su puesto real es el Juzgado de Instancia número 5 de Collado Villalba (Madrid).

La magnitud de sus investigaciones le ha llevado a ser muy conocido con sólo 38 años: es el juez del chivatazo a ETA (caso Faisán); el que envió a prisión al asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca; quien instruyó la causa contra la SGAE -llamando a declarar hasta a Ramoncín- y quien está detrás del 'caso de moda’, la contabilidad de Luis Bárcenas. Por su sala han pasado multitud de empresarios, políticos y algún director de periódico. Entre sus últimas decisiones está la de pedir los contratos del jugador del Barcelona, Neymar da Silva, antes de decir si abre una investigación contra el presidente del club, Sandro Rosell

Santiago Pedraz


Pelo rubio y melena al viento, este salmantino ha sido calificado por muchos como el sucesor de Garzón y hasta el Ken de la carrera judicial por su aspecto físico. Hijo del periodista Santiago Pedraz, subdirector de la Agencia EFE, este juez de la Audiencia Nacional fue conocido por investigar el asesinato del periodista José Couso, pero su fama ha llegado por multitud de decisiones polémicas: consideró que miembros de Jarrai, Segi y Haika no podían ser considerados proetarras; no procesó a De Juanas Chaos por dos artículos en Gara al considerar que no existían ni amenazas terroristas ni un delito de pertenencia a banda armada; y archivó la causa contra los convocantes de la manifestación Rodea el Congreso, lo que llevó al portavoz del PP Rafael Hernando a llamarle “pijo ácrata”.

Su última decisión controvertida ha sido permitir el acto de los expresos de Eta en Durango, lo que le valió las críticas de varios sectores de la sociedad. El secretario general del PP en el País Vasco, Iñaki Oyarzabal, mostraba su discrepancia con la decisión judicial y Pedraz acabó contestándole en Twitter: “Sabe que el Estado de Derecho impide que un juez restrinja un derecho fundamental sin petición de parte?” Para luego añadir: “Sabe que si un juez restringe un derecho fundamental sin petición de parte estaría prevaricando?”
FUENTE

sábado, 11 de enero de 2014

ESPAÑA: JUECES DENUNCIAN ANTE LA ONU LA POLITIZACION DE LA JUSTICIA


Jueces denuncian ante la ONU la politización de la Justicia
Jueces y magistrados denuncian el control del Gobierno sobre Consejo General del Poder Judicial con la reforma de Gallardón.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) presentó, el pasado 5 de enero, una denunciaante la relatora especial de la ONU Gabriel Knaul ante el aumento de los mecanismos de control de los tribunales españoles por parte del Gobierno.
“Estamos hartos de la politización, de que haya un Consejo General del Poder Judicial que hable en nombre de los jueces cuando sus miembros no han sido elegidos por nosotros”, afirma a DIAGONAL Jesús Villegas, secretario general de la plataforma, en la que participan alrededor de un centenar de profesionales relacionados con la justicia.
Las protestas dentro de la judicatura en contra de la politización del gobierno de los jueces empezaron, según relata Villegas, en 2008, con un manifiesto que fue hecho público dos años después y que a día de hoy ha sido firmado por alrededor de 1.500 jueces. Por entonces, estaba en vigor la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, por la que, de los 21 miembros que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 12 vocales serían elegidos por el Congreso y el Senado entre una lista de 36 jueces y magistrados propuestos por estos últimos, 8 serían abogados y juristas designados también por las Cámaras y el presidente sería elegido por los vocales.
“El programa electoral del partido que ahora gobierna prometía una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo”, continúa Villegas en referencia al programa electoral del Partido Popular, en el que se incluía una reforma para que 12 de los 21 miembros del CGPJ fueran realmente elegidos por los jueces y magistrados. Sin embargo, la reforma aprobada por el Congreso en junio del pasado año fue muy distinta: ahora, la totalidad de los miembros del gobierno de los jueces es elegida por las Cortes por una mayoría de tres quintas partes, y las 12 plazas correspondientes a jueces tendrán que contar sólo con 25 avales de la judicatura, lo que se traduce en la designación por parte del Gobierno del Partido Popular. “Ahora, el Consejo es sólo una correa de transmisión de los partidos políticos”, subraya Jesús Villegas.
La siguiente elección de vocales del CGPJ, en septiembre de 2013, fue respondida con unaselecciones alternativas en las que participaron alrededor de un millar de jueces y magistrados y en la que cinco candidatos por sí solos, superaron el total de avales obtenidos por los 53 candidatos en la reforma de Gallardón.
“Si no fuera porque los políticos pretenden influir en las decisiones de los jueces, no habría motivo para que desplegaran tanta actividad sobre el CGPJ y tuviera tanto interés en designar a sus miembros”, señala la denuncia remitida a la relatora de la ONU, en la que se hace hincapié en la importancia de los procesos que se están desarrollando actualmente en los juzgados sobre casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Popular y del PSOE. Entre las competencias del Consejo figuran la elección del presidente del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, decidir sobre destinos, ascensos o sanciones de jueces y magistrados, y respaldarlos cuando éstos denuncien injerencias a su independencia.

sábado, 4 de enero de 2014

ESPAÑA: JUECES SE NIEGAN A APLICAR LA LEY ANTIDESAHUCIOS


Intereses abusivos: los jueces se 

niegan a aplicar la 'Ley 

Antidesahucios'
  • La Ley obliga a los jueces a ajustar los intereses moratorios a la legalidad
  • El criterio de la UE es eliminar la cláusula, con ganancia cero para el banco
  • La moderación dejaría impune una práctica bancaria abusiva, ahora prohibida

  • desahucios.jpg


    La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios -más conocida como Ley Antidesahucios-, creó una herramienta muy útil para la banca: su Disposición Transitoria Segunda obliga a los jueces a moderar los intereses de demora bancarios cuando éstos sean abusivos, ajustándolos al límite de tres veces el interés legal del dinero. Esta decisión, sin embargo, va contra el criterio de la Justicia de la Unión Europea, que considera que, en caso de abusividad, la consecuencia judicial debe ser la total eliminación de la cláusula, con la consecuente ganancia cero para la banca por este concepto. Intereses abusivos: un juez lleva a Europa la última Ley Hipotecaria

    Los motivos de Europa son muy claros: se busca evitar que la banca intente colar intereses abusivos gracias a la certeza de que, en el peor de los casos, el juez ajustará la cláusula a los límites legales. Ante esta disparidad de criterios, los jueces comienzan a optar por el criterio europeo, más doloroso para el sector financiero, como ocurre en una reciente decisión de la Audiencia Provincial de Castellón.

    Se trata de un auto con fecha de 18 de diciembre de 2013 en el que el tribunal se suma a los que, valiéndose de la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea, se niegan a recalcular los intereses bancarios cuando éstos sean abusivos, optando por la eliminación de la cláusula al completo.

    En él, la Sala entiende que no procede el recálculo de los intereses excesivos, ignorando el mandato que fija la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y asegurando que ésta "es contraria al derecho y a la jurisprudencia comunitaria".

    La conclusión a la que llega la Sala es que, detectado el carácter abusivo del interés moratorio pactado, la solución es la supresión de los intereses moratorios. Para ello, se basa en el principio de supremacía del Derecho y de la jurisprudencia de la Unión Europea y, concretamente, en la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con los consumidores, en el sentido en que ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

    Un criterio en contra de la Ley

    El auto, que desestima la pretensión de BBVA, parte de una demanda de ejecución hipotecaria planteada por dicha entidad. Tras la adjudicación de la vivienda al banco, el afectado se opuso a la liquidación propuesta, basándose en la nulidad de pleno derecho de los intereses moratorios.
    Partiendo de este supuesto, la sentencia asegura que "frente a la norma invocada -la Ley 1/ 2003, de 14 de mayo- debe prevalecer el contenido de la Directiva", en el sentido de que, en cuanto a los intereses de demora, "si la cláusula que los impone es declarada abusiva, no cabe aplicar un interés inferior al pactado, siendo la consecuencia su no aplicación". Por ello, "no cabe su moderación, que es en definitiva lo que supondría la aplicación de la norma citada".
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    domingo, 22 de diciembre de 2013

    ESPAÑA: LOS JUECES DESBORDADOS POR LA CORRUPCION, EXIGEN MEDIDAS DE REFUERZO


    Los jueces, desbordados por la corrupción, exigen medidas de refuerzo

    Los magistrados reclaman equipos de apoyo y peritos independientes

    El decano de Bilbao dice que los partidos ningunean la carrera judicial


    Telediarios, webs y periódicos rebosan de noticias de corrupción. Es como si todas las tropelías que se vienen cometiendo en los últimos años estuvieran, finalmente, reventando todas las costuras. Pues bien, donde realmente revientan es en los juzgados. Y detrás de cada una de esas noticias hay un juez batallando, en muchas ocasiones en solitario, contra grandes despachos de abogados con nutridos equipos de especialistas.
    El último estudio elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, publicado a finales de abril tras un exhaustivo trabajo de campo, señalaba que los juzgados españoles están investigando 1.661 casos de corrupción; de los cuales 302 son considerados como macroprocesos. El servicio de inspección del CGPJ reclamaba, al hilo de este estudio, 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios extra para hacer frente al creciente trabajo de los juzgados.
    “La respuesta judicial se ve desbordada por los asuntos de corrupción”, asegura Francisco Martínez, juez decano de Palma. Mercè Caso, su homóloga en Barcelona, incide. “Sí, antes estos casos eran algo más extraordinario. Resultaba más sencillo conseguir medidas de refuerzo. En Barcelona, ahora mismo, es difícil encontrar un juzgado en que no haya un caso de corrupción”.
    El descontento de los jueces es patente. Y esta misma semana lo dejaron bien claro en la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos que se celebró de lunes a miércoles en Sevilla. “Quizá, esta vez, más que en otras ocasiones, hemos llamado a las cosas por su nombre”, diceAlfonso González-Guija, decano de Bilbao. Días después de la reunión, en que aprobaron unas conclusiones de consenso, los jueces hablan abiertamente de su situación.
    Los jueces de múltiples localidades tienen que hacer frente a complejos casos de corrupción y compatibilizar esta labor con juicios de faltas y demás asuntos que cada semana llegan a un juzgado de instrucción, así como a los turnos de guardia de 24 horas. Además, en muchos casos, los despachos que defienden a algunos de los acusados de corrupción cuentan con extensos equipos multidisciplinares en los que puede haber decenas de letrados (criminalistas, expertos en derecho procesal, penalistas especializados en derecho administrativo, etc.) analizando cada recoveco de cada caso en busca de un filón que permita salvar al cliente.
    “La soledad de los jueces instructores es una realidad”, asevera José María Páez, decano de Málaga. “Se encuentran, en muchos casos, en una situación de desigualdad que se convierte en una pesadilla”, agrega.
    Los jueces decanos, que son elegidos democráticamente por sus compañeros, recogen las demandas de 2.000 jueces de base y las ponen en común en reuniones como la de Sevilla. Una de las reivindicaciones que han planteado en esta ocasión, de hecho, es que en casos especialmente complejos, los jueces puedan contar con dos o tres magistrados de apoyo que les ayuden a sacar adelante el trabajo.
    González Guija plantea que no sería descabellado que jueces como Mercedes Alaya (al frente del caso de los ERE en Andalucía) o José Castro (caso Palma Arena) coordinaran a un pequeño equipo de magistrados que les ayudaran a estudiar la documentación, a cribar los miles de folios que entran en el juzgado e incluso a tomar declaración a los testigos en casos en que debe comparecer un centenar de personas. “Los casos importantes de corrupción se dilatan muchísimo”, señala el decano de Bilbao. Y son los que exigen una pronta resolución por parte de la ciudadanía.
    “El auxilio inmediato es fundamental en temas de corrupción”, señalaSantiago Pedraz, decano de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Poder contar con jueces de apoyo, con más funcionarios, con profesionales que puedan realizar urgentemente volcados informáticos, recabar documentos y papeles, es prioritario para que la instrucción sea eficaz. Pedro Viguer, decano de Valencia, considera fundamental que elConsejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuente con un presupuesto extraordinario para cuestiones urgentes. Y se queja de las trabas burocráticas que existen actualmente y que obstaculizan la rapidez en la asignación de refuerzos, que requieren de una autorización del CGPJ, seguida de un plácet del Ministerio de Justicia, y de la aprobación de la asignación de funcionarios por parte de la Comunidad Autónoma. “Esto funciona así, es un sistema completamente absurdo”, se queja.
    Viguer asegura que lleva esperando desde septiembre a que se le asignen tres jueces para poder hacer frente a la avalancha de casos relacionados con las participaciones preferentes (1.700 desde febrero, relata) y a las numerosas causas de corrupción que hay que investigar y juzgar.
    Los jueces quieren disponer de cuerpos de peritos contables, con expertos informáticos, con especialistas en cuestiones como las finanzas o el blanqueo de capitales para hacer bien su trabajo. “Contar con equipos de expertos imparciales e independientes que asesorasen en materia económica”, declara Viguer, “sería una baza extraordinaria en la lucha contra la corrupción”. Rechazan la designación de peritos por parte de la Agencia Tributaria. Y solicitaban asimismo la creación de una policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial.
    “Cualquier medida que pudiera contribuir a garantizar la independencia e imparcialidad de dichos servidores públicos, especialmente en la persecución de los delitos de corrupción, debe ser objeto de especial consideración”, declara, vía correo electrónico, Carlos Lesmes, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, y “será siempre apoyada desde el CGPJ”. Lesmes recuerda que los magistrados ya cuentan con una “potestad real y efectiva sobre los cuerpos y fuerzas policiales”.
    “Lo que notamos en muchas ocasiones”, dice Miguel Pasqual del Riquelme, decano de Murcia, “es que los órganos del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia no son lo suficientemente conscientes de las necesidades de los juzgados. Hace falta un sistema de justicia que sea eficaz”.

    viernes, 13 de diciembre de 2013

    JUECES Y FISCALES EN CONTRA DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA EN UN ACTO

    Jueces y fiscales participarán en un acto contra la ley de seguridad ciudadana

    UGT y CCOO han convocado para este sábado una jornada para analizar la situación de derechos y libertades[Informe Libertades] ante la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana en la que participarán representantes de las organizaciones profesionales de la Justicia.

    UGT y CCOO han convocado para este sábado la jornada “Derechos y libertades antes las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana” en la que ambos sindicatos expondrán su posición ante dicha reforma y analizarán las principales reformas desde una perspectiva constitucional, penal y laboral.
    La jornada contará con la participación de representantes de las organizaciones profesionales de la Justicia como Jueces para la democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria o la Unión Progresista de Fiscales y profesores especializados en Derecho Constitucional, Penal o del Trabajo y la Seguridad Social.
    El acto es una toma de posición frente a las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo único objetivo, según los organizadores, es “cercenar las libertades democráticas y acallar la protesta social, convirtiendo el conflicto social en un continuo conflicto de orden público, algo propio de gobiernos autoritarios”.
    El acto se dividirá en dos partes. En la primera, representantes de las organizaciones profesionales de la Justicia –Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Unión Progresista de Fiscales- concretarán su posición ante las reformas. En la segunda, catedráticos de universidad analizarán las reformas desde la perspectiva constitucional, penal y laboral.
    El acto será inaugurado por el secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT Fréderic Monell y el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito.

    miércoles, 20 de noviembre de 2013

    ESPAÑA: PROTESTAS CONTRA EL TARIFAZO JUDICIAL, JUECES, ABOGADOS, SECRETARIOS JUDICIALES, FISCALES Y SINDICATOS UNIDOS


    España: Protestan contra las tasas judiciales

    Pic

    España, este miércoles, ha sido escenario de protestas a nivel nacional del sector jurídico contra la ley de tasas judiciales, medida que entró en vigor hace un año y que, según los manifestantes, favorece “el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas”. 

    En Madrid, capital española, cerca de 1 000 personas se han congregado ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, donde mostraron su rechazo a la ley y exigieron su derogación. 

    Estas concentraciones, a las que también asistieron jueces, secretarios judiciales, fiscales y abogados, fue apoyada por la plataforma “Justicia para Todos”, formada por el Consejo General de la Abogacía Española y distintos sindicatos y asociaciones. 

    La congregación en Madrid se ha realizado bajo el lema: ‘Un año contra las tasas hasta que el Tribunal Constitucional las derogue’. 

    La plataforma, en una rueda de prensa celebrada el martes, expresó su indignación por la ley, denunciando que la medida ha impedido el acceso a la Justicia a quienes menos tienen, y supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al mismo tiempo, implica una restricción para reclamar y hacer valer todos los demás derechos. 

    El Ministerio de Justicia del país ibérico aprobó la Ley de Tasas, comprometiéndose a destinar el importe a una mejora de la asistencia jurídica gratuita, pero la plataforma sostiene que los 103 millones de euros recaudados hasta septiembre del año en curso, no se han destinado a dicho sector.
    FUENTE
    NOTICIA AMPLIADA



    El sector legal vuelve a la calle para pedir la 

    derogación del ‘tarifazo judicial’


    Plataforma-Justicia-para-Todos-Interasociativa-



    Jueces, abogados, secretarios judiciales, procuradores, fiscales, sindicatos y asociaciones de consumidores han unido sus fuerzas para luchar por la misma causa: hacer que el Gobierno de marcha atrás a la subida de tasas judiciales decretada hace un año, que en medio de la crisis económica más profunda en décadas, está impidiendo el acceso a la Justicia de buena parte de la clase media y trabajadora. Para mostrar su rechazo, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Tasas, el sector judicial en pleno se ha concentrado hoy, día 20, ante las sedes judiciales de toda España para exigir conjuntamente la derogación del ‘tarifazo judicial’.
    El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, la decana del ICAM, Sonia Gumpert, y representantes de la Plataforma Justicia para Todos, junto con portavoces de la Interasociativa de Jueces y Fiscales y de asociaciones de secretarios judiciales, se reunieron ayer para mostrar públicamente su rechazo a la Ley de Tasas, que en su primer año de vigor ha evidenciado que una parte importante de la sociedad española no puede acceder ahora a la Justicia.
    “La importante reducción en el número de asuntos se deriva de que amplios sectores de la sociedad se han quedado fuera del sistema judicial. Los grandes beneficiarios son las entidades bancarias, las grandes empresas, o las aseguradoras. Fuera se queda la clase media y la clase trabajadora”, afirmó Joaquín Bosch, el portavoz de Jueces para la Democracia. “El desequilibrio en la balanza de la Justicia se ha producido por el peso de la tarjeta de crédito. Hay miles de personas que no pueden pagarse la justicia, que no pueden pagarse su derecho”, denunció Bosch, quien insistió en que querer descongestionar los tribunales aplicando las tasas “es como querer descongestionar los hospitales impidiendo el acceso a los enfermos”.
    El portavoz de Jueces para la Democracia se preguntó adónde va el dinero recaudado con las tasas. “El ministro ha hecho afirmaciones fraudulentas sobre que va a mejorar la Justicia Gratuita, ya que las partidas para el año próximo están congeladas, a pesar de que la crisis ha  incremento el número de personas que necesitan este servicio. Tampoco mejoran la Justicia en general. Tienen solo un afán recaudatorio y discriminatorio y por ello pedimos su supresión”, aseveró el portavoz de Jueces para la Democracia.
    Por su parte, Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales, advirtió que “nos encontramos ante una Justicia al borde del rescate” lo que supone un verdadero peligro para el servicio público. “Las tasas judiciales han sido una limitación silenciosa” para los ciudadanos por no poder defender sus derechos ante los tribunales.
    Carlos García, vocal de la Unión Progresista de Fiscales, aseguró que las tasas judiciales son “un torpedo en la línea de flotación de la Justicia, entendida como servicio público”, alertando que el próximo 2 de diciembre cesaran todos los fiscales sustitutos, con lo que difícilmente se podrán atender los señalamientos. Respecto a la reforma del Código Penal, vaticinó que muchas faltas se despenalizarán para ir por la vía administrativa, por lo que los ciudadanos que las recurran tendrán que pagar tasas judiciales. También hay que añadir que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impondrá elevadas multas que mermarán la defensa de los ciudadanos. “Las tasas impiden el acceso a la Justicia, y cuando los ciudadanos lo hagan accederán a un sistema judicial prácticamente desmantelado”, aseguró García.
    Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, aseguró que con las tasas judiciales se han cumplido con “creces los peores augurios”, recordando la “indeseada función que los corresponde a los secretarios judiciales de recaudar los tributos de las tasas judiciales”. Los secretarios judiciales pidieron el cese o dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón porque “nos reafirmamos en que la mayoría de las reformas de la Justicia van en contra de los ciudadanos”.
    Por su parte, Carnicer ha dado lectura al mensaje enviado por el juez Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente que no ha podido estar presente en el acto. Dolado asegura que se ha evidenciado que hay menos litigiosidad “por una vía que nunca quisimos los jueces, poniendo trabas al acceso de los ciudadanos a su derecho a la tutela judicial efectiva”. Asimismo, exige que el Tribunal Constitucional resuelva ya los recursos presentados y valore la desproporción de la cuantía de las tasas “que incluso ganando un recurso de apelación o se recupera”.