Manos Limpias pide la imputación de la Infanta
El sindicato alega que Aizoon fue constituida como "hucha común del matrimonio" con el objetivo de generar un patrimonio "lo más abultado posible"
El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha solicitado, mediante un extenso escrito presentado este viernes ante el juez instructor José Castro, la imputación de la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, respondiendo de este modo a la consulta realizada por el magistrado a las partes acerca de si la hija del Rey don Juan Carlos debe ser citada a declarar como encausada.
Una vez reunidos los pronunciamientos del resto de acusaciones y defensas que planteen alegar al respecto, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma decidirá, previsiblemente a principios de enero, si acuerda la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin o si, por el contrario, archiva las investigaciones abiertas en torno a la Infanta.
Mediante un informe de 79 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias desgrana las operaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo a través de Aizoon, sociedad de la que los Duques de Palma son titulares al 50 por ciento y que se nutrió de los fondos públicos que de forma ilícita habría obtenido el Instituto Nóos. Una mercantil, según el sindicato, que fue constituida como "hucha común del matrimonio" con el objetivo de generar para los Duques un patrimonio "lo más abultado posible".
La Infanta sabía perfectamente de las ilegalidades
Tal y como arguye la entidad en su escrito, la Infanta sabía "perfectamente" de las posibles ilegalidades que se cometieron a través de Nóos con las cantidades que éste percibió de las Administraciones valenciana y balear, pese a lo cual, en lugar de "tomar precauciones, siguió disfrutando libremente" de los fondos que, desde Nóos y otras sociedades de la trama, acabaron canalizándose a las cuentas de Aizoon.
Y todo ello, sostiene, mediante constantes prácticas irregulares que revelan "un intenso ánimo defraudador por parte de ambos socios que, indudablemente, no puede ser obviado ni por supuesto ocultado". Tanto es así que, añade, "no cabe duda de que, a la luz de toda la documentación analizada por la propia Agencia Tributaria (AEAT), se pone de manifiesto la verdadera utilidad de Aizoon y cómo su operativa, enmarcada hasta 2006 dentro de una supuesta trama de entidades privadas vinculadas a su vez al Instituto Nóos, generó un enriquecimiento a sus socios".
De hecho, precisa que la sociedad originó, desde su constitución en 2003 hasta 2008, un patrimonio neto contable de un millón de euros. Y no sólo gracias a los fondos obtenidos de las instituciones públicas sino también, remarca, a la labor de asesoramiento que llevó a cabo Urdangarin y que éste facturó a través de Aizoon con el objetivo de reducir su propia tributación del IRPF. Con esta actuación, el Duque defraudó presuntamente a Hacienda, en 2007 y 2008, al menos 240.000 euros.
En este contexto, la representación procesal de Manos Limpias subraya cómo desde Aizoon se efectuaron políticas mercantiles y fiscales "totalmente irregulares y contrarias a la normativa vigente", consistentes, entre otras, en el registro de gastos no deducibles y la aplicación de incentivos fiscales a los que la empresa no tenía derecho, y "todo ello con la activa participación voluntaria de los socios, que autorizaban y ordenaban la aplicación de éstas desde el control que mantenían".
"Daños a la Hacienda Pública"
"Resulta en extremo incoherente, absolutamente inaceptable e incluso un atentado a las mínimas reglas lógicas de lo aceptable que lo inadmisible en sí aplicado a Urdangarin sea admisible para Doña Cristina", abunda al respecto la acusación popular, que recalca, de hecho, que las actuaciones fueron llevadas a cabo "de forma consciente y con pleno conocimiento por parte de ambos socios e incluso incluyendo su participación activa", puesto que estas "magnitudes económicas" hacen "difícilmente aceptable que una persona propietaria del 50 por ciento de una entidad ignore que las anteriores actuaciones son contrarias a Derecho".
"Por lo tanto, aparece una figura plenamente activa, no sólo ya del administrador de derecho sino también del otro socio, la Infanta Cristina, como administrador de hecho", prosigue el escrito, que de este modo considera "inadmisible" eximir de responsabilidad a ambos "por los daños causados al orden socioeconómico y concretamente a la Hacienda pública". Unos hechos por los que cabría considerar a la mujer de Urdangarin inductora, cooperadora necesaria o cómplice de los delitos fiscales atribuidos a su marido, según el sindicato.
