Los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas
La UE cifra el dinero que se pierde por corrupción en las contratas en España
El 97% de las empresas opina que hay actuaciones ilícitas en la Administración
Uno de cada cuatro euros destinados a contrataciones públicas en España se pierde en prácticas corruptas. Teniendo en cuenta que las licitaciones de este tipo mueven alrededor del 18,6% del PIB, la economía española pierde más de 47.000 millones de euros en prácticas ilegales. Unas cifras enormes que corresponden al informe sobre corrupción en la UE que ha elaborado la Comisión Europea y que pone de relieve los deficientes controles existentes en España para combatir esta lacra que afecta de algún modo a todos los Estados miembros y que cuesta a la UE más de 120.000 millones de euros al año.
Según el informe, los focos principales de corrupción en España sonla financiación de los partidos, las competencias urbanísticas en manos de las administraciones regionales y locales y los contratos públicos.
De acuerdo con este informe, el primero que lleva a cabo la Comisión Europea, la financiación de los partidos, las competencias autonómicas y municipales en desarrollo urbanístico y las licitaciones públicas son las tres puertas traseras por las que han salido miles de millones de euros durante años. Un tiempo en el que España se ha ido ganando un puesto en el podio de los países donde mayor percepción de corrupción existe en Europa.
Los resultados del Eurobarómetro que acompañan al documento de la Comisión señalan que el 97% de las empresas españolas detecta prácticas de corrupción en la Administración y un 83% considera que esas prácticas ilegales están muy extendidas en la contratación pública gestionada por las autoridades nacionales.
«La contratación pública es un área propensa a generar prácticas ilegales dadas las grandes cantidades que se mueven y España es uno de los países que más preocupación nos genera», admite un técnico del equipo de la comisaria de Interior, Cecilia Mälmstrom, encargado de coordinar la investigación.
Prácticas corruptas
El documento se apoya en un análisis previo para concluir que entreun 20% y un 25% del dinero gestionado en las contrataciones públicas se pierde en prácticas corruptas, aunque admite que, «en algunos casos, puede llegar hasta el 50% de los costes totales de los contratos».
Los sobornos y, en menor medida, las licitaciones fraudulentas son las prácticas más extendidas en España, de acuerdo con un informe encargado por la oficina antifraude europea (Olaf) el año pasado. En uno de cada tres contratos evaluados se detectó algún tipo de soborno, según aquel documento que, en realidad, no descubría nada nuevo: un año antes, el Tribunal de Cuentas había analizado2.500 contratos adjudicados entre 2006 y 2007 por una cuantía total de 10 millones de euros, en los que detectó un buen número de prácticas que, si no eran corruptas, al menos sí evidenciaban vulnerabilidades en los procedimientos, como el fraccionamiento de la cuantía de los contratos con el fin de eludir las normas de contratación pública.
Bruselas propone al Gobierno encargar «una evaluación independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las decisiones de planificación urbana», así como «aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas y organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos». No son las únicas recomendaciones que hace la Comisión en este informe, con carácter bienal y que se suma al que ya publicó el pasado año el Consejo de Europa con conclusiones igual de contundentes.
Mayor control a las administraciones
El informe europeo pone de relieve que los controles que hay son deficientes
Los focos a vigilar son los partidos, el urbanismo y las licitaciones públicas
También pide reforzar el control sobre las administraciones regionales y locales, donde se concentra la mayor parte de estas prácticas delictivas. «La eficacia de los controles de gasto público a nivel regional y local parece ser insuficiente, en la medida en que las amplias competencias atribuidas no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas equilibrada». El «clientelismo» vinculado a los alcaldes y concejales municipales sonroja en Bruselas, donde ponen de relieve que «numerosos procesos penales pasados y en curso por denuncias de corrupción atañen a cargos electos y locales».
Una base de datos periodística y abierta a la que hace referencia este informe señala que entre 1996 y 2009 tuvieron lugar 5.144 casos de corrupción, en los que estuvieron involucrados 600 municipios. Las actividades más comunes son financiación ilegal, enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses y desvío de fondos, tanto nacionales como de la UE. Precisamente, la Comisión Europea anunció hace dos semanas que ha congelado las ayudas regionales gestionadas por UGT y está investigando su presunto uso fraudulento.
1.754 procesos judiciales
Otro asunto que preocupa en Bruselas son los «amplios poderes discrecionales en materia de planificación urbana» que tienen los ayuntamientos y alcaldes españoles, frente al control «limitado» que ejercen los gobiernos regionales. En este sentido, los autores del documento llaman la atención sobre los 1.754 procesos judiciales relacionados con actos ilegales de ordenación del territorio que se incoaron en 2011. Las recomendaciones piden «reforzar los códigos de conducta», «reforzar las normas sobre publicidad patrimonial» y, con especial énfasis, «garantizar el necesario marco de aplicación de la nueva ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno».
Según explicó ayer la comisaria Mälmstrom, algunos indicadores apuntan a que la corrupción ha aumentado durante la crisis, aunque a la vez son precisamente las dificultades económicas las que agudizan la lucha contra esta «lacra». Aun así, los esfuerzos, no de España, sino del resto de países, son «insuficientes». Sólo los escandinavos registran unos comportamientos ejemplares en los que, según el Eurobarómetro, lo anómalo es que se den prácticas corruptas.
