ESPAÑA: EL PP VUELVA A TUMBAR LA DACION EN PAGO DE LAS HIPOTECAS

El PP tumba la propuesta del Parlament para regular la dación en pago

La iniciativa cosechó el sí del PP catalán en el Parlament pero hoy los populares se han negado porque las medidas serían "pan para hoy y hambre para mañana"




Madrid. (EUROPA PRESS).- El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con los únicos votos de 180 diputados populares, admitir a trámite la proposición de ley que el Parlament aprobó por unanimidad en julio de 2012 y que planteaba una idea de regulación del concurso de acreedores para familias insolventes y medidas para prevenir el sobreendeudamiento.

La iniciativa cosechó el sí del PP en la Cámara de Catalunya, pero hoy el partido que da apoyo al Gobierno se ha negado a tramitarla argumentando que, aunque sus medidas están "bien trazadas", aprobarlas sería pan para hoy y hambre para mañana, ya que la solución a los desahuciados presentes se haría a costa del mercado hipotecario y del acceso a la financiación en el futuro.

Sin embargo, todos los portavoces de la oposición, y también los representantes del Parlament que han defendido el texto en el Congreso, han emplazado al Ejecutivo a adoptar más medidas para prevenir los desahucios o para evitar que los afectados arrastren sus deudas hipotecarias de por vida, alertando de que los casos se siguen sucediendo aunque ya no ocupen las portadas de los medios y criticando que se rescate a los bancos pero no a las familias.

Por ello, el Parlament proponía un mecanismo extrajudicial para reordenar o liquidar las deudas en caso de insolvencia, lo que incluye quitas, condonaciones, dación en pago o incluso la liberación de la deuda tras cinco años. Además, se planteaban límites a las condiciones de la hipotecas (30 años y un 90% del precio de tasación de la vivienda) y se incluía la existencia de cláusulas abusivas como motivo para suspender una ejecución, entre otras medidas.

Rescatar a las personas

En representación del Parlament catalán, Meritxell Roigé (CiU) ha pedido el apoyo a una propuesta "necesaria" para ayudar a las familias que "sufren una situación dramática" y a las que el "muy restrictivo" Código de Buenas Prácticas bancarias no da respuesta. "Hace falta no sólo rescatar bancos sino también familias que hoy, por una normativa muy restrictiva y obsoleta, se encuentran en una situación desesperada", ha añadido.

Pere Aragonès (ERC) también ha defendido buscar una "solución justa, viable y razonada" y superar una laguna legal en materia de normativa de segunda oportunidad. Además, ha subrayado la unanimidad que este texto cosechó en Catalunya, reclamando así el voto favorable a los grupos del Congreso. Por Iniciativa-Esquerra Unida, Salvador Milà ha destacado la amplia colaboración en la redacción de esta propuesta, incluyendo la Eurocámara, y ha defendido que "busca de una vez por todas instrumentos legales simples, claros, eficaces, rápidos y económicos para acabar" con los desahucios y para "rescatar" a quienes ya no tienen vivienda pero "arrastran" su deuda. "Por desgracia, los hechos demuestran que las buenas prácticas de bancos y cajas con sus deudores hipotecarios familiares son como las de los lebreles con las liebres: las marean para cazarlas mejor, pero no las salvan", ha añadido.

Por su parte, el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell ha apelado a la "abrumadora" reclamación general de medidas para "no dejar a ciudadanos en la calle" y ha recordado que no solucionar los problemas de la gente es una de las causas del "problema de credibilidad" de las instituciones. "Esta propuesta no deja de ser el desarrollo de un mandato que figura en la Constitución y que la crisis hoy nos exige de manera perentoria que atendamos", ha añadido. Pero, además, ha criticado al PP por "ni comer ni dejar comer" con decisiones como recurrir ante el Constitucional el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, pero también ha cargado contra CiU, por no haber presupuestado en 2014 ninguna cantidad para poner en marcha las medidas de la proposición.

Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha valorado esta "nueva oportunidad para abordar un drama de proporciones gigantescas" que el PP ha tratado de soslayar con "triquiñuelas". "El PP está más preocupado por garantizar la estabilidad del mercado de cédulas hipotecarias que por las familias", ha acusado, criticando el "desastroso" balance de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para atajar este problema. 

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cree que la ley del Gobierno es "claramente insuficiente y un fracaso" y ha aplaudido la posibilidad de corregir errores, porque el problema no está superado aunque haya dejado de protagonizar portadas de periódicos. Asimismo, ha pedido al PP que sea consecuente y vote lo mismo que en Catalunya.

Además, ha asegurado estar "encantando de que el Parlament haya descubierto que hay un montón de cosas que interesan a la gente más allá de su identidad" y ha avisado de que muchos de los contenidos de la iniciativa deberán incorporarse a la legislación por una directiva comunitaria. "No hagamos el indio, hagamos lo que la gente quiere que hagamos", ha instado.

Lourdes Ciuró (CiU) cree que el Gobierno "no está siendo útil", como muestran los "datos alarmantes" de desahucios. "Deberíamos solucionar al menos lo que no funciona. Tenemos que abordar una ley de segunda oportunidad. Si no les gusta esta propuesta, al menos hablemos. Si no rescatamos a las familias y las hacemos hábiles para que puedan volver a comprar en el mercado interior no saldremos de la crisis", ha advertido.

Pedro Azpiazu (PNV) ha recordado que el pasado año ya se aprobó una legislación antidesahucios que "descafeinaba y devaluaba" la iniciativa popular por la dación en pago que se tramitó paralelamente, por lo que ha valorado la oportunidad de volver a profundizar sobre este problema.

Por ERC, Alfred Bosch ha destacado las "soluciones prácticas y de sentido común" a unas situaciones "tremendamente injustas" que plantea el texto. "Si Catalunya fuera independiente la dación en pago sería ley. 

No digan que no procede esta legislación porque viene de una comunidad autónoma y que ustedes han hecho no sé cuántas cosas. ¿Y qué que venga del Parlament? ¿O es que el Parlament según ustedes ya no forma parte de las instituciones de España? Porque si es así no nos hemos enterado", ha ironizado, pidiendo el voto al PP.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que este debate llega "con mucho retraso y demasiado tarde para mucha gente" y ha defendido que "urge una legislación para permitir al ciudadano sanear una situación transitoria e impedir que más familias acaben en la calle y arruinadas", tal y como ya existe en otros países europeos.

Por Amaiur, Rafael Larreina ha lamentado que "nos hayamos acostumbrado a que las tragedias del desahucio sigan" e incluso aumenten, por culpa de una legislación que "no ha sido suficiente". "Por eso es importante esta iniciativa", ha añadido.

Proteger otros bienes

Finalmente, el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, ha reconocido que hay que "reflexionar" sobre el problema de los desahuciados y la segunda oportunidad y que la propuesta catalana está "bien trazada". Sin embargo, citando 'El Político' de José Martínez Ruiz 'Azorín', ha recordado que "no deben acogerse sin estudio y una detenida reflexión previa las leyes de otros países porque pueden llevar a gobernar con leyes sabias, justas y discretas pero que no se acoplan con la realidad". "No es porque ustedes sean de otro país --ha bromeado, mirando a los representantes del Parlament--, pero nosotros creemos que esta ley no será eficaz para solucionar los problemas de los ciudadanos".

Además, ha recordado que más allá de mencionar lo que "sabemos todos" como que hay muchas familias pasándolo mal es necesario "saber qué queremos". Y, en este sentido, más allá de regular la dación en pago o la segunda oportunidad, hace falta "pensar si queremos que los jóvenes tengan acceso a la vivienda en el futuro o si queremos cargarnos el mercado hipotecario para siempre por solucionar un problema ahora". 

Igualmente, hay que proteger tanto la "cultura de pago" de las deudas como el mantenimiento de la vivienda como "garantía real" para los créditos, ya que es lo que permite el acceso a la financiación de muchas familias.
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ESPAÑA: EL SINDICATO DE POLICIA APORTA MAS PRUEBAS DE LA POLITIZACION DE LA UNIDAD DE DELITOS ECONOMICOS Y FISCALES

El SUP aportará más pruebas de la politización de la UDEF

Lejos de intimidarle, el expediente abierto contra el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, parece haber provocado el efecto contrario en el funcionario sancionado, que ha anunciado que aportará más pruebas para apoyar la afirmación que provocó el castigo. En concreto, Benito afirmó que “si dependiera del Ministerio del Interior, muchos casos de corrupción no se conocerían”, en referencia a procesos judiciales que han seguido adelante gracias a los policías y en contra de los obstáculos políticos impuestos por el Gobierno.

Tras la apertura del expediente, el portavoz del SUP ha insistido en esas declaraciones e incluso ha ido más allá. Lo hizo ayer durante la emisión del programa Seguridad y Tribunales Radio. Benito aseguró que “mantiene” lo que dijo y que mañana, durante su declaración ante la Dirección General de la Policía, aportará “documentación suficiente” para justificar su acusación.

En concreto, explicó que presentaría detalladamente lo que ya se ha publicado sobre el caso, lo que ha ido sucediendo en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), la convocatoria de plazas e incluso las “denuncias” y la información facilitada por funcionarios que trabajan o que estaban destinados en este departamento y que, según Benito, “se han ido porque no quieren estar allí”. “Han salido porque no han aguantado las presiones; es una unidad que está en el ojo del huracán todos los días, por lo que muchos prefieren trabajar en otros destinos más agradecidos, donde al menos valoran su trabajo”, agregó. “Y esto –sentenció– lo saben los jefes”.

“Hay cosas que no están funcionando bien en la UDEF y todo apunta a que van encaminadas a querer controlar esa unidad para saber qué es lo que se trae entre manos”, añadió. “Tengo elementos más que suficientes para afirmar lo que dije como portavoz del sindicato”, insistió el representante del SUP, quien incluso se atrevió a vaticinar que el futuro no será muy distinto a lo que ha sucedido en los últimos meses dentro de la UDEF. “Y lo que nos queda por ver, porque estoy convencido de que esto no ha terminado”, apostilló.

El ático de Ignacio González

Benito recordó que la investigación del ático de Ignacio González la inició el SUP, que el caso está judicializado gracias al sindicato, y que entonces también se expedientó a quienes dirigían las pesquisas, algunos “con responsabilidad en la cúpula policial”. “Hubo un comisario que fue cesado y que ha pasado un periplo de destinos nada deseable”, rememoró. “Hay pruebas más que suficientes de que la unidad está politizada y de que, si fuera por Interior, no se hubieran investigado” algunas cosas que hoy conocemos, añadió. “Porque al final la denuncia del ático fue interpuesta por un sindicato y no por el Ministerio del Interior, como debería ser, ya que es el que tiene los datos”.

El expediente contra Benito también le sanciona por declarar que “el Gobierno del PP está siguiendo en materia antiterrorista la hoja de ruta que le dejó marcada el anterior presidente del Ejecutivo”. Lejos de arrepentirse tampoco sobre esta cuestión, el portavoz del SUP insistió ayer en que “es evidente que algo está pasando; la celeridad con la que se ha dejado en la calle a presos afectados por la doctrina Parot, por ejemplo; no estamos acostumbrados a ver esta celeridad en la justicia”. “Nunca esperábamos que el Gobierno del PP actuara de la manera que está actuando con el tema del terrorismo”, añadió.

Asimismo, el expediente por el que se tomará declaración a Benito mañana le interrogará “por calificar de innecesarias” las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Seguridad Privada. “Si calificar dos leyes de innecesarias por parte de un sindicato es motivo de expediente, pues asumiremos la responsabilidad, no hay ningún problema”, afirmó.

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ESPAÑA: LA COMISION DEL MERCADO DE VALORES, VE MALAS PRACTICAS EN EL BANCO SANTANDER

La CNMV constató malas prácticas en la venta de Valores Santander a un matrimonio

Los clientes afectados recurrieron a la CNMV para que emitiera un informe sobre su caso de forma personalizada

El informe ayudó a que ganaran el juicio contra el banco de Botín y obtener la devolución de 120.000 euros

En el juicio también se valoró un peritaje financiero que definía el producto como de riesgo

"Se ha constado la existencia de deficiencias en el proceso de formalización de la inversión. La información contenida en el documento de consulta de órdenes que adjunta no cumple con los requisitos de exactitud, suficiencia y comprensibilidad exigidos por la normativa vigente".

Esta es una de las conclusiones a las que llegó el Departamento de Inversores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al analizar uno de los casos de comercialización de Valores Santander, las obligaciones convertibles que el banco, presidido por Emilio Botín, emitió en septiembre de 2007 y que adquirieron al menos 129.000 ahorradores.

La resolución del organismo regulador, emitida el 12 de abril de 2013, ha sido una de las pruebas que ha permitido al matrimonio formado por Lourdes Casado y José Antonio Lanza conseguir una sentencia judicial favorable en su caso.

El pasado 30 enero, el Juzgado Número 10 de Santander les reconoció el derecho a que el Banco Santander les devuelva los 120.000 euros que invirtieron en 2007 en este producto financiero pensando que lo que suscribían era un plazo fijo. Además, el banco tendrá que abonar los intereses legales del dinero durante el plazo que estuvo vigente.

El banco asegura que hasta el momento tiene 52 sentencias a favor y sólo dos en contra que ya sean firmes (después de agotar todos los recursos).

Como ya informó eldiario.es, 129.000 personas invirtieron en Valores Santander y han sufrido pérdidas de más del 50% de su inversión. Muchos alegaron desconocer en qué invertían y otros defectos de forma, como que les habían vendido el producto antes de que la CNMV lo tuviera registrado. Algunos de ellos consiguieron recuperar su dinero a cambio de firmar cláusulas de silencio con las que la entidad presidida por Emilio Botín pretendía evitar un escándalo público similar al de las preferentes. Pero ese no fue el caso de este matrimonio.

A Casado y Lanza les llamó el director de su oficina del Banco Santander de toda la vida mientras estaban de vacaciones para ofrecerles una "interesante inversión". Ellos, que aseguran que "nunca habían depositado su dinero, ni siquiera en un plazo fijo", acabaron entregando sus 120.000 euros a las complejas obligaciones convertibles que emitió el banco para sufragar la compra del banco holandés ABN Amro.

Sólo cuando se vieron obligados en 2012 a canjear esas obligaciones por acciones aseguran que descubrieron que no tenían un depósito, sino que habían perdido la mitad de su inversión.

Ante el desinterés inicial del Banco Santander por sus quejas, decidieron optar por la vía judicial y recopilar todas las pruebas posibles para justificar su causa. Una de ellas fue pedir a la CNMV, como organismo que debe velar por los derechos de los inversores, que estudiase su caso particular. Según diversas fuentes, son muchos más los casos que han recurrido al amparo del supervisor, aunque por ahora sólo este matrimonio ha sacado su caso a la luz.

Tras recabar la versión del banco, la CNMV concluye, en un documento al que ha tenido acceso eldiario.es, que las explicaciones de los empleados de Botín no fueron convincentes. En una primera comunicación, fechada el 8 de enero de 2013, y firmada por Luciano Pérez San José, director de la Unidad Corporativa del Servicio de Atención al Cliente, el Banco Santander pide a la CNMV que archive el expediente porque el caso está siendo tramitado en el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Santander.

Sin embargo, la CNMV le exige nuevas explicaciones. Por ello, el banco emite una nueva comunicación, el 27 de marzo de 2013, en la que asegura que cumplió con toda la legislación vigente; pero los argumentos utilizados para la explicación son "insuficientes", según la CNMV. El regulador no puede verificar que se entregara a los clientes el tríptico informativo, como dice el banco. "Es imposible verificar que se entregara el tríptico informativo obligatorio", indica.

Tampoco considera argumentos consistentes las explicaciones de cómo llegó el banco a la conclusión de que el matrimonio Lanza cumplía el perfil inversor para suscribir las obligaciones convertibles. Según la CNMV, "el único mecanismo utilizado para definir el perfil de riesgo de los clientes fue el juicio subjetivo del comercial que les ofreció el producto". Y eso, conforme a la Ley del Mercado de Valores vigente en 2007, no era suficiente.

Finalmente, el documento de la CNMV también certifica la contradicción en las fechas de suscripción del producto. El matrimonio Lanza, como un buen puñado de afectados por Valores Santander, asegura que contrató el producto antes del 20 de septiembre de 2007, día en el que fue inscrito el tríptico de dicho producto en la CNMV. 

Un peritaje para verificar el riesgo

"Recurrir a la CNMV es un riesgo porque si el regulador le da la razón al banco, la sentencia está perdida. Pero, en cambio, si como en este caso se la da al cliente, la defensa del banco argumenta que legalmente esa información sólo tiene carácter informativo", explica Marcelino Tamargo, abogado del matrimonio.

Pero que no tenga valor vinculante no significa que no sea importante. De hecho, esta información ha tenido un peso importante para el juez Íñigo Landín, puesto que en varias ocasiones a lo largo de su sentencia, se refiere a él para justificar su decisión final: que los Lanza no tenían la formación financiera adecuada para detectar el riesgo del producto que estaban contratando.

La sentencia emitida por el juez Landín no es la primera que se falla en contra del Banco Santander por el caso de Valores Santander. Pero en esta, además de analizar las condiciones concretas en que Valores Santander se vendió al matrimonio Lanza, el juez recoge el resultado de un peritaje del producto y especifica los motivos por los que el producto no debió ser comercializado entre ningún cliente minorista por ser "de riesgo y complejo" debido a:

1. Liquidez ilimitada.

2. Supeditación a recibir la remuneración pactada a la situación financiera del emisor.

3. La consideración del producto como "recurso propio" de la entidad (con todas las limitaciones legales que ello implica).

4. La amortización unilateral por la entidad a un valor prefijado y, por tanto, ajeno a su valor real de cotización (y, por ello, con grave riesgo de pérdida completa de la inversión por parte del adquiriente).

5. Su clasificación de muy desfavorable en el orden de prelación de créditos.

Finalmente, la sentencia señala que "lo expuesto obliga a concluir que los Valores Santander no son un producto de inversión apto para clientes minoristas de perfil ahorrador y no interesados en especular con su dinero". Además, se enfrentan a lo que muchos llaman "la excelencia negociadora de los representantes legales del banco".

Esto se traduce en que buscan todos los resquicios legales a su favor para dificultar la defensa de los afectados. Uno de los más llamativos es, como explica Tamargo, "no dejar que los afectados expliquen su problema ante el juez y pedir que sólo declaren testigos. ¿Qué testigos hay en el despacho de un director de oficina cuando intenta vender un producto a unos clientes?". El resultado es que los jueces no escuchan la explicación directamente de los afectados, y eso dificulta discernir si fueron o no engañados.

Podría pensarse que con este triunfo legal, y la recuperación de su dinero, abogado e inversores se han dado por satisfechos, pero no es así. "Vamos a presentar una querella por falso testimonio contra el director de la oficina, ya que dijo que había dado toda la información a mis clientes en persona, cuando podemos demostrar que ellos estaban de vacaciones durante los días en los que dice haber tenido las reuniones", advierte Tamargo.

Además, el abogado no está de acuerdo con la decisión judicial de que las costas del caso deban ser asumidas a partes iguales por las dos partes. "Lo lógico es que cuando se pierde una sentencia se asuman también las costas. No veo el sentido de que mi defendido, al que se le ha dado totalmente la razón, deba pagar nada. También lo recurriremos", advierte.

Banco Santander y la CNMV han declinado hacer declaraciones sobre este caso a eldiario.es.

El propio Botín se interesó por el caso

La lucha del matrimonio Lanza, encabezada por su hijo Sergio, para conseguir que el Banco Santander les devuelva su dinero ha sido dura e incansable. Según cuenta Sergio, sus esfuerzos permitieron que el caso llegara hasta el propio presidente del banco, Emilio Botín.

"Tenemos un carta en la que refleja la orden que dio a sus abogados para que arreglaran nuestro caso", asegura Sergio Lanza. Pero no pudo ser. Como explica su abogado, Marcelino Tamargo, tras esa comunicación los representantes legales de Santander contactaron con su firma Espacio Legal para intentar llegar a un acuerdo.

"Nos ofrecían devolvernos el principal, los 120.000 euros, menos los intereses que se habían cobrado, que eran 30.000. Es decir, querían cerrar el caso abonando 90.000 euros. Lo correcto, como ahora ha dicho el juez, es descontar esos 30.000 euros de intereses, pero también retribuir el interés legal por todo el tiempo que el banco ha tenido secuestrado el dinero", asegura.

Insiste en que los abogados de Santander "no supieron trasladar adecuadamente la intención de Botín de arreglar el asunto", y por ello han llegado a los tribunales.

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ESPAÑA: LA REVISION DE LOS ALQUILERES YA NO ESTARA LIGADA AL IPC

La revisión de los alquileres deja de estar obligatoriamente ligada al IPC

• (acontecimientos)

Propietario e inquilino pueden pactar la renta del piso arrendado, así como su duración

Los años del «boom» inmobiliario impulsaron la ya habitual preferencia de los españoles por la vivienda en propiedad, en detrimento del mercado del alquiler. Históricamente, el porcentaje de inmuebles comprados se ha situado en torno al 75%, aunque a comienzos de la década del 2000 este superó el 80%. Sin embargo, la crisis económica y las dificultades de acceso al crédito han provocado un profundo viraje en esta tendencia, lo que ha acercado a España al resto de los países del entorno.

Según las últimas cifras distribuidas por el INE (Instituto Nacional de Estadística), el porcentaje de inmuebles en alquiler se incrementó desde suponer el 11,4% del censo de 2001 hasta el 13,5% en el de 2011. Se trata de un porcentaje reducido, pero que el Ejecutivo prevé impulsar. Para ello, y para dotar de equilibrio la necesidad de incrementar el número de viviendas en alquiler y las garantías de los propietarios y propiciar la puesta a disposición de los inmuebles en el mercado del alquiler, el Gobierno puso en vigor una serie de normas para flexibilizar y mejorar el atractivo de los arrendamientos. Ana Sacristán, abogada responsable del departamento inmobiliario de Rödl & Partner en España, recuerda algunas de las principales modificaciones.

Acuerdo de las partes

Una de las novedades más importantes para flexibilizar el importe es la que establece que la actualización de la renta y de la fianza se regulará conforme a lo que establezcan las partes en el contrato y en su defecto por el Índice General Nacional del Sistema de índices de Precios de Consumo (IPC), recuerda Sacristán. Hasta la reforma actual de dicha normativa, dicha actualización se producía por el IPC sin posibilidad de otro pacto.

Esta medida se une a la introducción de medidas para fijar la duración del contrato, que se puede pactar libremente por las partes. En los casos de contratos con duración pactada inferior a 3 años se prolongarán anualmente hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 3 años (en lugar de los 5 hasta ahora vigentes), salvo que el inquilino manifieste con 30 días de antelación su voluntad de no renovarlo. Una vez transcurridos estos 3 años de duración del contrato, se prorrogará por 1 año más, siempre que ninguna de las partes manifieste que quiere resolver el contrato con 30 días de antelación (en lugar de 3 años más como antes de la reforma).

Resolución de los alquileres

Estas medidas de flexibilización también contemplan la posibilidad de recuperación de la vivienda por parte del propietario para su propio uso, el de sus hijos o padres, así como para su cónyuge en casos de separación judicial, divorcio o nulidad, en cualquier momento de la vigencia del contrato y siempre que haya transcurrido 1 año de duración del mismo. Para ello tendrá que preavisar al inquilino con 2 meses de antelación.

Además, el inquilino podrá resolver el contrato una vez que hayan transcurrido 6 meses de duración del mismo, en cualquier momento con un preaviso de 30 días. En este caso, se puede pactar una indemnización de un mes de renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir.

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ESPAÑA: ASOCIACION DE CONSUMIDORES CONSIDERA ILEGAL LA NUEVA FACTURA DE LA LUZ

Facua considera ilegal el nuevo sistema para fijar la tarifa de la luz

La asociación considera que no es legar porque no se sabe de antemano el precio a pagar

Con el nuevo sistema anunciado por el Gobiernosólo se sabrá el precio a pagar por kwh a posteriori, y no antes, como establece la ley de protección de los consumidores, sostiene Facua.

Cuando el nuevo sistema comience a funcionar a cada usuario se le aplicará la media del mercado mayorista en los días que se le facturen. Dos usuarios similares con lecturas en días distintos pueden tener precios distintos.

A los que tengan contador inteligente -hay siete millones en España- se les cobrará por su consumo horario en función del precio mayorista en cada hora: Unas 1.400 mediciones para un periodo bimensual. Los usuarios, según Facua, tendrán mucho más difícil que ahora comprobar que se les aplica el precio legal.

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ESPAÑA: ALARMA BBVA SITUA EL DEFICIT EN EL 7% DEL PIB MAS DE LO EXIGIDO POR BRUSELAS

Saltan las alarmas: BBVA sitúa el déficit en el 7% del PIB, 5 décimas por encima de lo exigido por Bruselas

Se trata de ese gran elefante que se encuentra al fondo de la habitación pero que nadie quiere ver. El problema de las cuentas públicas sigue ahí. Pese a todos los esfuerzos de consolidación fiscal emprendidos a fuerza de subir impuestos, la recaudación permanece estancada en el 37,1 por ciento del PIB, de acuerdo con las estimaciones de BBVA Research.

Pedaleamos sobre una bicicleta estática incapaz de alcanzar su meta. Según las previsiones del servicio de estudios de BBVA, uno de los más respetados y potentes de España, el déficit público se sitúa al cierre de 2013 en el 7 por ciento del PIB sin ayudas a la banca, 5.000 millones por encima del 6,5 por ciento exigido por Bruselas y en unos niveles similares a los registrados en el año anterior.

Y no es el primer organismo de peso que lo advierte: hace escasos días el consenso de Funcas cifró el desfase presupuestario en el 6,8 por ciento del PIB. Se trata de ese gran elefante que se encuentra al fondo de la habitación pero que nadie quiere ver. El problema de las cuentas públicas sigue ahí, la deuda del Reino de España prosigue imparable su espiral al alza y sólo el aval del BCE nos mantiene alejados de otra tormenta en los mercados.

"Persiste la incertidumbre sobre la capacidad de los gobiernos para reducir el déficit a niveles por debajo del 3 por ciento del PIB en 2016, dado el elevado volumen de la carga de intereses de la deuda, la temporalidad de algunas medidas acometidas y una recuperación que será lenta en su inicio", concluye el informe Situación España elaborado por BBVA. 

Los ingresos no repuntan

Pese a todos los esfuerzos de consolidación fiscal emprendidos a fuerza de subir impuestos, la recaudación de 2013 permanece estancada en el 37,1 por ciento del PIB, de acuerdo con las estimaciones de BBVA Research. Y ello se debe a que la caída de la economía ha drenado en torno a 0,9 puntos de los ingresos, sobre todo de las arcas de la Seguridad Social, que pierde unos 4.000 millones.

Todo lo cual obliga a hacer los esfuerzos por el lado del gasto, un apartado en el que según BBVA entre enero y septiembre de 2013 se han ralentizado los recortes. Y a pesar de que los economistas de la entidad han observado en los últimos meses una intensificación de los ajustes, éstos no han sido suficientes y dejan la previsión de desembolsos en el 44,4 por ciento del PIB, dos décimas más que en 2012. Los recortes en las partidas de empleados públicos, prestaciones por desempleo e inversión no han logrado compensar el aumento del gasto en pensiones y en intereses de la deuda.

En los nueve primeros meses del 2013, las cuentas han engordado el agujero presupuestario en dos décimas, cuando el objetivo era reducirlo al cierre del año en 5 décimas. Y esta vez no se han tomado medidas como el recorte de la paga extra o la amnistía fiscal, que a finales de 2012 aportaron más de 5.000 millones extra a las cuentas públicas.

Un 2015 complicado

En opinión de los analistas del banco que preside Francisco González, semejante desviación traslada parte de la presión del ajuste a 2014. Y aunque en el corriente año será algo más fácil cumplir con el objetivo de déficit gracias a un crecimiento del PIB del 0,9 por ciento, los problemas se vislumbran en el 2015, justo el año de las elecciones generales. Para entonces, el Gobierno habrá de aplicar una nueva ronda de ajustes si pretende cumplir con el objetivo del 4,2 por ciento comprometido con Bruselas.

Tal y como reflejan los números del banco, incluso creciendo el Ejecutivo tendrá que tomar medidas en 2015 para recortar el déficit en unos 9.000 millones, una cantidad muy sustancial. Y eso sólo lo puede lograr de dos formas: subiendo la recaudación mediante la reforma fiscal y adoptando nuevas iniciativas para podar la Administración. La pregunta que no se hace BBVA es si el Gobierno será capaz de afrontar semejante acto de responsabilidad inmerso en una campaña electoral.

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ESPAÑA: LOS GRANDES BANCOS GANARON EN COMISIONES A USUARIOS 18.417 MILLONES DE EUROS

Los grandes bancos ganaron 18.417 millones de euros en 2013 con las comisiones a usuarios

• Esta cantidad supuso un 23,24% de sus ganancias brutas y descendió ligeramente respecto al año anterior (-1,66%), según la asociación Adicae.
• Los mayores ingresos llegan de fondos de pensiones, seguros, tarjetas, administración de cuentas a la vista y las derivadas de la actividad tradicional.
• Así lo dicen los informes que han enviado a la CNMV.

Los grandes bancos españoles ganaron 18.417 millones de euros en 2013 con las comisiones cobradas a los usuarios. Esta cantidad supuso un 23,24% de sus ganancias brutas y descendió ligeramente respecto al año anterior (-1,66%).

Así lo explica la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (ADICAE) en una nota, citando los informes anuales de resultados presentados por estas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los mayores ingresos en comisiones proceden de productos como fondos de pensiones, seguros, tarjetas, administración de cuentas a la vista y las derivadas de la actividad bancaria tradicional. Las comisiones, asegura Adicae, pueden llegar a formar hasta el 90% del margen bruto de un banco y en 2013 llegaron "a subir más del 31%".

La entidad con un mayor aumento en comisiones en 2013 fue, señala la asociacion, el Banco Sabadell, con 760 millones de euros, un 20,80% más que en el año anterior. Le siguen Caixabank (1.760 millones y +3,50%), BBVA (4.431 millones y +1,80%), Banco Popular (770 millones y -3,00%), Banco Santander (9.761 millones y -4,90%) y Bankia (935 millones y -5,80%).

Según Adicae, las comisiones de planes de pensiones y seguros llegan a tener una variación interanual de hasta el 71,9%, en el caso del Banco Popular; por su parte, Caixabank ha cobrado 63 millones más que en 2012 en este ámbito. El banco con más ingresos por comisiones en total es el Banco Santander.

Las entidades destacan en sus informes el "buen comportamiento" y la "positiva evolución" de las comisiones. Adicae pidió en 2013 una reunión con el gobernador del Banco de España para pedir la regulación de las comisiones con el fin de evitar su opacidad; desde que empezó la crisis, según la asociación, "las entidades no han dejado de subir las comisiones".
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