La División de Derechos de Gracia y Otros Derechos de la Subsecretaría de Justicia remitió el 29 de junio de 2012 al Alto Tribunal un oficio pidiendo los informes preceptivos para formalizar la medida de gracia. Sin embargo, un año después, el 8 de octubre de 2013, la Sala Segunda contestó al departamento de Ruiz-Gallardón que nunca había recibido dicho documento ni figuraba en su registro. 

 Lo más sorprendente del caso es que, mientras duró ese limbo judicial, el responsable de la División de Derechos de Gracia nunca preguntó por el destino de su oficio ni se preocupó por tan larga demora en la respuesta a su solicitud.

 Al mismo tiempo, nadie del Supremo se interesó por conocer los trámites del indulto, para el que es preceptivo un informe elaborado por el tribunal sancionador. Además, se da la circunstancia de que algunos de los magistrados del Alto Tribunal pertenecen a Jueces para la Democracia, asociación que está adscrita a MEDEL (Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades), la organización que había pedido a Alberto Ruiz-Gallardón el indulto para Baltasar Garzón. Sorprendentemente, tampoco el lobby de juristas europeos se interesó por conocer las causas de la tardanza en la respuesta del Supremo.

 El Confidencial ha tenido acceso a toda la documentación del expediente en poder del Tribunal Supremo y, entre sus papeles, no figura ni el registro de entrada ni el oficio que el jefe del departamento de Derechos de Gracia, Jorge María García-Figueras, asegura haberle remitido en junio de 2012.
La División de Derechos de Gracia está englobada dentro de las competencias de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Su actual titular es Juan Bravo, uno de los pocos colaboradores de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid que el exalcalde se llevó consigo a Justicia cuando fue nombrado ministro. 


 A día de hoy, ni en el Ministerio de Justicia ni en el Tribunal Supremo se esfuerzan por aclarar lo sucedido. Para el Alto Tribunal no existe ningún contencioso ni ninguna irregularidad porque en el registro del Palacio de Justicia no hay constancia de la entrada de ningún documento acerca del indulto a Garzón hasta el 30 de septiembre de 2013. Así lo hacía constar la secretaria judicial de la Sala Segunda, María Antonia Cao: "En relación al oficio de 29/6/12 de petición de informes en orden a la solicitud de indulto de Baltasar Garzón, al objeto de que le sea comunicado si el mencionado oficio tuvo entrada en este tribunal, consultados los antecedentes obrantes en la presente causa, no consta haya tenido entrada en esta Secretaría de mi cargo el oficio a que se hace referencia".

 Un abogado experto en indultos, cuyo despacho ha tramitado decenas de solicitudes, manifestó a El Confidencial que el asunto debería de ser tratado como "una negligencia absoluta de algún funcionario o un movimiento interesado". Para el letrado "una demora de esas características sin que ninguno de los afectados reaccione es injustificable a no ser de que exista un interés deliberado".

 En ese largo proceso, al letrado le sorprende que el peticionario de la solicitud de gracia, la asociación MEDEL, no haya reaccionado emitiendo una nota de protesta: "Es un tanto raro, aunque tratándose del departamento de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia puede suceder cualquier cosa. No existe en la Administración un lugar tan opaco y arbitrario como ese. Nunca dan explicaciones ni la ley les exige plazos".
MEDEL pidiendo el indulto para Garzón. (Efe)MEDEL pidiendo el indulto para Garzón. (Efe)

 Una historia nada transparente
Tan extraña historia tiene su punto de partida el 18 de mayo de 2012, cuando el juez portugués Antonio Cluny, en nombre de MEDEL (la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades), de la que es presidente, presentó ante el Ministerio de Justicia la solicitud de indulto para Baltasar Garzón. El exjuez de la Audiencia Nacional ya había sido apartado de la carrera judicial tras ser condenado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a once meses de inhabilitación por prevaricación.

  La sentencia establecía que Garzón había ordenado grabar ilegalmente en los locutorios de la cárcel de Soto del Real las conversaciones entre varios presos preventivos de la Gürtel y sus abogados.
MEDEL es una organización internacional fundada en 1985 que aglutina a jueces y fiscales de más de once países europeos (Francia, Italia, Grecia, Alemania, Portugal y Polonia, entre otros). España está representada por Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. Entre sus objetivos están la independencia del poder judicial, la democratización de la judicatura y la fiscalía y el derecho de jueces y fiscales a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.


 En su solicitud de indulto, MEDEL pedía para Garzón "la remisión total de la pena de inhabilitación especial" y "el reintegro en la carrera judicial". La asociación calificaba la sentencia de desproporcionada y consideraba que sólo el indulto permitiría "establecer una equitativa proporcionalidad".

 MEDEL resaltaba la figura de Garzón y su trayectoria profesional como un motivo suficiente para la obtención del indulto. Entre las investigaciones del magistrado destacaba los casos del Achille Lauro, que supuso el ingreso en prisión de Al Kassar, el proceso contra Telecinco y Berlusconi, la investigación contra el BBVA, la causa del lino, el sumario contra los genocidas argentinos y el caso Guantánamo.

 Sin embargo, MEDEL ocultaba que ninguno de esos procedimientos había obtenido una respuesta positiva por parte de los tribunales sentenciadores. Sus acusados –como Monzer Al Kassar o Miguel Durán– habían sido absueltos, otras causas archivadas o, en el caso argentino, sólo había sido sentenciado el exmilitar Adolfo Scilingo, que se desplazó como testigo desde Buenos Aires a Madrid y, finalmente, acabó en la cárcel.

 El caso de Guantánamo era aún más chirriante. Garzón había autorizado, en un principio, a la policía española a que se desplazara a la base norteamericana para que interrogara a un talibán español allí recluido y así obtener información para una investigación sobre Al Qaeda. En ningún momento consideró la condición de limbo judicial de la base norteamericana y, sin embargo, más tarde abrió un proceso penal en la Audiencia Nacional contra Guantánamo.
Una concentración ante el TSJM protesta contra la inhabilitación de Garzón. (Efe)Una concentración ante el TSJM protesta contra la inhabilitación de Garzón. (Efe)
La asociación de jueces y fiscales europeos señalaba en su escrito, que se aproximaba más a un recurso de casación que a una solicitud de indulto, que "la atención a las circunstancias personales del reo nos conduce a la consideración de la ausencia total y absoluta de cualquier motivación extraprocesal ni extrajudicial, merecedora de un reproche ético acumulable a la simple contravención legal". Y concluía: "La conciencia del magistrado juez, desde esta esencial perspectiva, está fuera de toda duda".      


 Tras la iniciativa de MEDEL, la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos informó por carta a Garzón de la iniciativa de sus compañeros europeos, al mismo tiempo que le preguntaba, según establece la ley de indultos de 1870, si MEDEL actuaba en su nombre.

 El 20 de junio de 2012 entraba en el registro de Justicia, sito en la calle San Bernardo de Madrid, la respuesta de Garzón, que no dejaba ningún margen de dudas a su posición: "No he pedido el indulto, no he solicitado que lo hagan en mi nombre, la decisión de MEDEL es libre y soberana, la ley reguladora de la gracia de indulto no exige poder escrito o autorización por parte del afectado y la decisión de MEDEL no tiene por qué ser ratificada por mí ni tampoco desautorizarla, al haber sido formulada en mi nombre y contener argumentos dignos de ser valorados desde un punto de vista objetivo". La contestación de Garzón estaba rubricada con la siguiente data: "Bogotá para Madrid a 19 de junio de 2012".


 Pero tendrían que transcurrir quince meses para que Justicia retomara el embrollo de la solicitud de indulto. El 27 de septiembre, Jorge María García-Figueras, el director de la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia, remitía al Tribunal Supremo un nuevo oficio que, esta vez sí, quedaba consignado en el registro general. El funcionario de Gallardón reconocía que la solicitud de petición de indulto a favor de Garzón enviada por Justicia un año antes se había perdido por el camino: "Ante las dudas suscitadas sobre su recepción por ese Tribunal Supremo, y tras la comunicación telefónica mantenida  en el día de hoy (27 de septiembre de 2013), ruego comuniquen a esta División si el mencionado oficio ha sido recibido en ese Alto Tribunal". En esta ocasión García-Figueras sí adjuntaba "minuta de oficio y minuta del registro de salida", como hacía constar en su escrito.

 El oficio de Justicia quedaba identificado en su cabecera por el número de referencia "4032/2012 R"; sin embargo, en los comunicados posteriores desaparecía la letra "R" de su contenido. A alguien no le gustaban las repeticiones.


 Ante la respuesta del Supremo de que no habían recibido ningún oficio del Ministerio de Justicia sobre el indulto, la División de Derechos del departamento de Gallardón remitió una nueva solicitud el 9 de octubre de 2013 para regularizar el entuerto y para que el tribunal sentenciador pudiera emitir "el informe preceptivo regulado en la ley de 1870".

 Días después, la Sala Segunda del Supremo daba por recibida la solicitud y abría el expediente, reclamando a la secretaría un certificado acreditativo de que Garzón había satisfecho las responsabilidades civiles a las que había sido condenado. Al mismo tiempo, los magistrados solicitaban a los letrados Ignacio Peláez, Francisco Correa y Pablo Crespo, las tres personas que se querellaron contra Garzón por las escuchas ilegales, "su parecer" sobre la solicitud de indulto.

 El embrollo Garzón finalizó el 20 de diciembre pasado cuando el tribunal, tras los informes de las acusaciones, remitió el expediente a la Fiscalía para que informara sobre el indulto.    
Canibalismo judicial


 En todo este proceso se está produciendo una especie de "canibalismo judicial", en expresión de un representante de la magistratura. Después de varios años, una serie de personajes antagonistas se han reencontrado en un nuevo escenario legal. María Antonia Cao, la secretaria de la Sala Segunda del Supremo, fue jefa de Recursos Sociales en el equipo de Juan Alberto Belloch cuando este era ministro de Justicia e Interior. El mismo Belloch que destituyó a Garzón como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y manifestó públicamente su enemistad hacia él.

 El exbiministro, además, paradójicamente, fue fundador y vicepresidente de la Asociación MEDEL que ahora solicita el indulto para el exjuez de la Audiencia Nacional; Miguel Durán, el abogado defensor de Pablo Crespo, que se opone al indulto, fue procesado por Garzón en el caso Telecinco, junto a Berlusconi. El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional le impuso una fianza de 600.000 euros y le embargó todos sus bienes. Después de un calvario procesal de diez años y de pasar por el banquillo de los acusados, el tribunal sentenciador decretó su absolución por falta de pruebas. El fiscal de aquel proceso era Jiménez Villarejo, otro de los promotores del indulto.

 El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela fue fundador de la asociación de Jueces para la Democracia, integrada en MEDEL, y después instructor del caso Garzón en la causa sobre los crímenes del franquismo. Como miembro de la Sala Segunda del Supremo, también participará en las deliberaciones sobre la procedencia o no del indulto. El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Joaquín Giménez García, quien firma las providencias sobre el indulto de Garzón, también fue miembro de Jueces para la Democracia.

 Otro de los antagonistas es Ignacio Peláez, exfiscal y compañero de Garzón en la Audiencia Nacional y abogado de uno de los imputados de la Gürtel, a quien el magistrado ordenó grabar sus conversaciones en el locutorio de la prisión de Soto del Real. Y, por último, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se reunió en secreto con Peláez para tratar el tema de los afectados de la Gürtel, pero que mantiene unas excelentes relaciones con Garzón. Colaboradores del ministro reconocen que este no se opondría a la concesión de la medida de gracia. 
FUENTE