Sólo el dinero público español garantiza el final de las obras del Canal de Panamá
El Gobierno italiano no ha anunciado apoyos financieros como los españoles, a pesar de que casi la mitad del proyecto está en manos de la italiana Impregilo
España se ha alineado con los intereses de Sacyr y el Gobierno ha puesto toda la maquinaria para defender la finalización del proyecto
Sólo el erario público se echa sobre sus espaldas la continuación del Canal de Panamá, pese a que hay empresas de otros países implicadas en la operación. Luis de Guindos defiende en público que la exposición del Cescedescenderá en las obras del Canal de Panamá en virtud del preacuerdo alcanzado el jueves entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que ejecuta las obras y está liderado por Sacyr.
La afirmación del ministro de Economía trata de acallar la sospecha de que, una vez más, el dinero público español servirá de cobertura a situaciones fallidas en las que han incurrido compañías privadas de nuestro país.
En el caso de esta emblemática obra, las sospechas van un poco más allá: el erario público español aportará las únicas garantías para acceder al crédito adicional imprescindible para culminar el proyecto, cuando en el grupo adjudicatario la participación empresarial española e italiana son mayoritarias y en idéntico porcentaje: un 48% cada una. La empresa belga Jan de Nul y el constructor local panameño Urbana se reparten un residual 3%.
La radical negativa de Impregilo a aportar un euro adicional ha surtido efecto, y el Estado italiano no dará soporte financiero o cantidad alguna en el tramo final de la ampliación del canal, al menos hasta que los astilleros Cimolai, también italianos, entreguen en diciembre de 2014 las 12 esclusas (de las 16 encargadas) que todavía no han sido suministradas.
Garantías españolas
Desde el minuto cero, cuando estalló el conflicto por los sobrecostes del proyecto, la actitud de las dos principales empresas del consorcio adjudicatario ha sido opuesta. Mientras que Sacyr se ha mostrado primero sorprendida por la actitud radical de Impregilo y, después, abierta a cualquier fórmula de acuerdo para conseguir la financiación adicional, su socio italiano (siguiendo las directrices de su nuevo dueño, Pietro Salini) se ha enrocado en una actitud intransigente: ni un euro adicional más y apurar la reclamación arbitral para adelantar un pronunciamiento favorable acerca de la imputación de los sobrecostes.
Coherente con la postura de sus respectivas empresas, los Gobiernos de España y de Italia han intervenido en el contencioso con posiciones claramente diferentes.
La ministra de Fomento española, Ana Pastor, acudió presta a Panamá para hacer viable una solución pactada ofreciendo el total apoyo del Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y abriendo la puerta para una intervención del Banco Europeo de Inversión. El recurso del Cesce comprometido por Pastor ha llevado a la ministra a mantener diferencias con Cristóbal Montoro, contrario a involucrar en mayor medida a la compañía pública de seguros.
Por otra parte, fuentes relacionadas por la ejecución del proyecto han explicado que la conversión en “garantías financieras” del aval otorgado por el Cesce en 2009 a la ampliación del canal por unos 200 millones de euros no garantizan que el consorcio GUPC consiga la financiación adicional, pero sí facilita el acercamiento de los bancos, ya que le concede el total soporte del Estado español.
Gobierno italiano
La actitud del Gobierno español ha sido la de alineamiento completo con las posiciones de Sacyr. Pero ¿el Ejecutivo italiano ha tenido el mismo comportamiento? Ha trascendido que el entonces primer ministro, Enrico Letta, mantuvo el 4 de febrero una conversación con el primer ministro panameño, Ricardo Martinelli, para garantizar el apoyo de su Gabinete a la finalización de la ampliación del canal.
Pero el homólogo italiano del Cesce español no ha otorgado garantías financieras para asegurar la conclusión del proyecto. Es más, diez días después de la conversación entre Letta y Martinelli, el primer ministro italiano tuvo que dimitir, acosado por una operación que aupó en su puesto a Matteo Renzi. Y desde entonces no hay constancia de que el nuevo mandatario o cualquier miembro de su Gobierno recién designado haya tenido un minuto para dedicarle al Canal de Panamá.
A la espera de que algún día se rubrique el acuerdo alcanzado el jueves, todo indica que en la nueva etapa el entendimiento se produce entre el Gobierno de Panamá y la ACP, por un lado, y la empresa española Sacyr, por otro. Enfrente se coloca la italiana Impregilo, que utiliza su control sobre el suministro de las 12 esclusas que restan como moneda de cambio para reducir a cero las aportaciones y el aumento de riesgos durante los próximos 12 meses.
Prendido con alfileres
La información sobre los extremos del pacto ha fluido con cuentagotas. Esta es una constante desde que el día 1 de enero el consorcio GUPC (condicionado por la actitud de Impregilo) puso sobre la mesa su amenaza de paralizar la obras de la ampliación del canal si no se reconocían unos sobrecostes de 1.600 millones de dólares (1.159 millones de euros) sobre un presupuesto inicial de 5.250 millones de dólares.
El consenso logrado entre las partes en la noche del 27 de febrero se conoce por un comunicado en el que se rebaja a mínimos la solidez de lo pactado al señalar que se trata de “un acuerdo conceptual sujeto a la documentación, revisión y firma final por las partes”.
El endeble entendimiento se basa en cuatro supuestos de actuación principales. El primero, que el Canal de Panamá y GUPC se repartan a partes iguales la aportación de fondos imprescindibles para reanudar las obras y para mantenerlas activas durante el año en curso.
El segundo, que la cuantía a aportar son 283 millones de dólares (208 millones de euros), de los que 100 millones de dólares (73,5 millones de euros) vendrán de GUPC y otros tantos, de ACP. Los 83 millones de dólares (61 millones de euros) restantes se consiguen de la moratoria del pago de 784 millones de dólares (569 millones de euros) adelantados por el canal, que no se exigirán al consorcio adjudicatario hasta 2018.
El tercero es el compromiso por parte de los astilleros Cimolai (y de su contratista directo, Impregilo) de entregar las 12 esclusas restantes antes de que finalice el actual ejercicio. El cuarto criterio de actuación prevé que los 400 millones de dólares (307 millones de euros) de fianza que la aseguradora Zurich ha accedido a convertir en créditos no se utilizarán durante 2014, sino sólo cuando las esclusas estén entregadas y como financiación para garantizar que, si se cumple el guión previsto, las obras de ampliación del canal concluirán en 2015.
