A LOS ESPAÑOLES NOS CUESTA 40.000 MILLONES AL AÑO LA CORRUPCION DE LOS POLITICOS

La corrupción nos cuesta 40.000 millones anuales a los españoles

Un estudio de la Universidad de Las Palmas ha contabilizado el coste social del fraude a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos

Un estudio de la Universidad de Las Palmas (ULPGC) cifra en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España, fenómeno que según ese informe tiene una dimensión "mucho mayor" que la que reflejan las estadísticas oficiales.

Este estudio, publicado en varias revistas internacionales especializadas en las ciencias sociales y la economía aplicada, ha sido desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides).

El trabajo se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, según ha explicado hoy en un comunicado la Ulpgc.

Con esta nueva metodología "la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional".

Para ello, los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León han desarrollado un método de estimación que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos, tal como ocurre con el Índice de Transparencia Internacional.

Concretamente, las estimaciones reportan un coste social de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales (precios constantes de 2008).

"La corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales" 

Los investigadores destacan que, aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y perseguirla "es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos, por la dificultad de su medición".

Las mediciones del nivel de corrupción existentes hasta ahora se centran únicamente en el impacto "directo" procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente, explican.

Sin embargo, el coste de la corrupción para una sociedad incluye otros aspectos que estas estadísticas no miden, pero que los investigadores de la ULPGC han incluido en este estudio, como el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga.

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ESPAÑA ESTA EN LA "LISTA NEGRA" DE LA UE DE PAISES SIN LIBERTAD Y UNICO QUE NO PERMITE INSPECCIONAR SU REGIMEN

EUROPA INCLUYE A ESPAÑA EN LA 

"LISTA NEGRA" DE PAISES SIN 

LIBERTAD Y EL UNICO DEL MUNDO QUE 

NO PERMITE INSPECIONAR SU REGIMEN

España es el único país del mundo que no admite la inspección internacional de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) sobre su curioso régimen de Monarquía de partidos o partitocracia, lo que le ha llevado a incluirla en la “lista negra” de países con libertades restringidas, donde figuran Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rusia, Bulgaria, Albania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstan y Kosovo. Mientras condena a España, la OSCE valora los avances democráticos producidos en Turkmenistán, Afganistán, Moldavia, Kazajstan, Bielorrusia, Azerbaiyán, Ucrania y Montenegro en política penitenciaria, fronteriza, judicial, industrial, medios de comunicación, propiedad intelectual, violencia de género y medio ambiente, según la relación de los comunicados de condena similares a los que han tenido al régimen español como protagonista.

Janez Lenarcic , que firmó el comunicado de la OSCE contra España, comparte estrado con Jimmy Carter

Por el contrario, Grecia, Italia, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Croacia, Hungría, Italia, Moldavia, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Ucrania sí han permitido a la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) inspecciones de diplomáticos independientes en calidad de observadores para vigilar si se dan las condiciones democráticas en torno al derecho de reunión y manifestación de sus compatriotas.

Y es que diplomáticos de todo el mundo han contemplado estupefactos como España reprime el derecho de manifestación y de reunión de sus ciudadanos y comienzan a explicarse así como un país con 6 millones de parados, 2 millones de exiliados y 1 millón de niños malnutridos no se lanza con más asiduidad a la calle contra sus autoridades. De hecho, las notas de la OSCE son de lectura obligatoria en el mundo diplomático y se reciben en las embajadas de todos los países adscritos a la misma.

Omar Fisher, el diplomático de la OSCE al que no dejaron actuar en España

Este organismo oficial europeo que vigila las libertades de los países que desean corroborar su calidad democrática tuvo que emitir el pasado viernes un comunicado oficial desde Viena (Austria) en el que condena a España por la expulsión de seis diplomáticos que venían a inspeccionar la manifestación que bajo el lema “Jaque al Rey” pretendía protestar contra la corrupción de la Corona española y la ausencia de un referendum que la legitime por el pueblo, junto a la exigencia de un proceso constituyente que consagre las principales características de los regímenes democráticos: división de poderes, elección directa de representantes, libertad de manifestación y reunión, etc…

Irina Urumova, una de las diplomáticas expulsadas

La OSCE es hoy la organización mundial políticamente más influyente del planeta y a ella está adherida España, lo que ha dejado perplejos a los diplomáticos demócratas: “Con 57 Estados de Europa, Asia Central y América del Norte, la OSCE es la mayor organización de seguridad regional del mundo” señalan, y en efecto en su plantilla figuran los seis observadores expulsados de España: Omar Fisher, Irina Urumova, Aleksandra Dloubak, Bartlomiej Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova.

“Cambio sorprendente” en España dice la OSCE. La alianza monárquica PP-PSOE lo explica

En un gesto poco habitual y cargado de significado, el comunicado oficial de OSCE contra España está firmado por el diplomático eslovenoJanez Lenarcic, máximo representante y director de la Oficina encargada de fiscalizar las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OSCE/ODIHR). El embajador Lenarcic recuerda que España se comprometió ante la comunidad internacional a garantizar la libertad de reunión y el control internacional que lo verifique debe estar siempre preservado.

Con la llegada de un nuevo Gobierno del PP y la alianza estable con el PSOE en cuanto al régimen monárquico se refiere, lo único que ha podido verificar la OSCE es que “este cambio es sorprendente”, pues antes las autoridades diplomáticas podían comprobar el estado de las libertades en España “con buena cooperación” y ahora no pueden, ya que sus representantes son expulsados.

Manifestación de “Jaque al Rey” en Madrid.

Hace cuatro meses, concretamente en el mes de mayo, el presidente Mariano Rajoy y el ministro García Margallo “se comprometieron a cooperar plenamente” con la OSCE para que sus inspectores pudieran confirmar el estado de las libertades en España. Tras las imágenes que inundaron las televisiones y periódicos de medio mundo con la brutal represión de la masiva manifestación de “Rodea el Congreso”, convocada por la “Coordinadora 25-S” (la misma asociación ciudadana que organizó “Jaque al Rey”), los diplomáticos internacionales se temían lo peor.

Janez Lenarcic (OSCE) ha constatado en sus propias carnes las carencias democráticas de los políticos españoles.

Y en efecto así ocurrió: 1400 policías para una cifra de entre 2000 y 9000 manifestantes, según el Gobierno o los organizadores, pero ademásdetenciones previas, identificaciones masivas, el cierre de una estación de metro (Opera) para impedir el acceso, bloqueo de autobuses con participantes, etc... Durante el pasado 25-S, todo esto fue acompañado además de prolongadas retenciones en comisaría, multas, agresiones policiales y hasta “confiscación” de material “subversivo”, pues la Delegación del Gobierno de Madrid que preside la aún convaleciente Cristina Cifuentes alegaba que los palos de las banderas y las pancartas eran en realidad instrumentos preparados para “agredir” a la policía.

La denuncia democrática más grave recibida por España en instancias internacionales y ningún partido del Congreso o Senado se ha hecho eco de la denuncia de la OSCE ¿curioso?

El embajador Janez Lenarcic, no obstante, ya no parece creerse la versión de las autoridades españolas al impedir su comprobación: “La oposición repentina por parte de las autoridades españolas nos plantea preocupación sobre sus intenciones”, dice la OSCE en su nota pública, al tiempo que pide a los políticos españoles en el poder que “garanticen el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica de acuerdo con compromisos de la OSCE y otras normas internacionales de derechos humanos.”
El hecho es que para la OSCE cada país tiene su problema y las protestas ciudadanas así lo reflejan, por lo que es la represión de los Gobiernos lo que lo deja en evidencia. En España es “la institución de la Monarquía”, en Serbia es la igualdad homosexual, en Rusia, Azerbayán, Uzbekistán y Kazajistán la libertad de prensa, etc…

Encuesta:

España ha sido denunciada por un organismo internacional por sus deficiencias democráticas. Con la información disponible ¿a quien respalda usted?

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EL PNV RECLAMA PARA EUSKADI UN SISTEMA DE PENSIONES PROPIO

El PNV reivindica un sistema de pensiones propio para Euskadi para escapar de la reforma de Báñez

Si Euskadi tuviera su propio sistema de pensiones, sería completamente sostenible. Sobre todo porque el paro en el país vasco está diez puntos porcentuales por debajo del que hay en el resto de España. O esto cree el PNV, que ha aprovechado la reforma que propone el Gobierno para encontrar un nuevo argumento soberanista.

La reclamación fue efectuada por el portavoz parlamentario de los nacionalistas Joseba Egibar en unas declaraciones a Radio Euskadi en las que insistió en la necesidad de que se transfiera a Euskadi el régimen económico de la Seguridad Social. 

Para Egibar el hecho de que la esperanza de vida y la retribución media de las pensiones en Euskadi sean superiores a las que se registran en el resto de España no convertirían a ese eventual sistema vasco en algo insostenible. 

Más bien al contrario, según el político vasco, que hace suyo un argumento contra la reforma de Báñez utilizado ya por los críticos cercanos a las formaciones de izquierda, los sindicatos o el 15M, la manera de asegurar la viabilidad de un sistema de pensiones es apostar por la creación de empleo.

Justo lo que en su opinión no hace el actual Gobierno español. Por el contrario, El Ejecutivo central impulsa una política que camina por la vía de la reducción de gasto en lugar de por la de crear empleo y activar la economía.

Egibar aseguró, además, que el PNV espera que las buenas expectativas de Rajoy sobre la economía española se confirmen, pero advirtió que era perfectamente posible registrar crecimiento y no crear empleo neto con lo que aumentaría el paro.

Para el político vasco está más que demostrado que la reforma de las pensiones que impulsa el Gobierno provocará una pérdida del poder adquisitivo en el colectivo de los jubilados porque, una vez más, se ajusta con la reducción del gasto en lugar de pensar en el aumento de los ingresos.

Por eso cree que, desde la perspectiva de Euskadi y con el estatuto en la mano que da la posibilidad de gestionar el sistema económico de la Seguridad Social, lo mejor sería que las instituciones vascas se hicieran cargo del sistema de pensiones del territorio.
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BANCAJA ENCUBRIO LA QUIEBRA DEL VALENCIA CLUB DE FUTBOL

Bancaja encubrió la quiebra del Valencia Club de Fútbol con préstamos de riesgo

Un informe del Banco de España revela los riesgos que asumió la entidad financiera

Uno de los peores clientes de Bancaja, a tenor del riesgo asumido, no es ninguno de los constructores de relumbrón regionales o nacionales, sino el Valencia Club de Fútbol, con el que en 2009 tenía un riesgo comprometido de más de 357 millones. Una inspección del Banco de España en 2009 revela que, sin su ayuda, el club estaría en situación concursal. El informe da los detalles: “En junio de 2009, Valencia CF acordó realizar una ampliación de su capital terminando el periodo de suscripción en agosto de 2009 y únicamente fueron suscritas 390.721 por un importe de 18,7 millones de euros. Tras esta ampliación el patrimonio del grupo ascendía a menos 17 millones de euros”.

“Para solucionar la situación de quiebra técnica”, proclaman los inspectores, “el Valencia adjudicó las acciones no suscritas (1.532), a la Fundación Valencia CF por un importe de 73,2 millones que financió la compra de las acciones mediante un préstamo concedido por Bancaja yavalado por el Instituto Valenciano de Finanzas. Tras la compra de las acciones por la Fundación Valencia, el patrimonio del grupo se sitúa en 56, 6 millones”. Los inspectores del Banco de España recalcan la gravedad de la maniobra financiada por Bancaja: “Por tanto, sin la ayuda del IVF el Valencia estaría en una situación concursal dado que el patrimonio sería negativo”

“Por otra parte”, añaden, “la construcción del nuevo estadio está demandando flujos de efectivo superiores a los generados por las actividades de explotación y financiación”. Pero tan arriesgadas ayudas de Bancaja al Valencia CF no es algo que los inspectores detecten por primera vez en 2009. Un año antes, afirman lo siguiente: “Las elevadas pérdidas del ejercicio 2007, 32 millones, hacen que el patrimonio de la sociedad pase de 6.658 millones a menos 32,9 millones, es decir, está en quiebra técnica” .

En 2008, ya debía a Bancaja 305 millones. Un año después, le prestó los citados 73,2 millones. El Banco de España alerta en 2009 que, amén de la citada, existen varias operaciones de Bancaja con el Valencia CF que no son normales, como una cuenta de crédito con límite de 17,5 millones para financiar el circulante de la sociedad. En esta, se pignoran los abonos, que dejan sin cubrir el 10% del crédito. También hubo un préstamo de 42 millones para ampliar Mestalla y fichar jugadores. Se tacha de subestandar por la escasa calidad de sus garantías.

Así, se concedió un préstamo de 200 millones, con Mestalla como garantía y destinados a construir su nuevo estadio. La tasación se considera incorrecta. Pero incluso dando por bueno su valor, 296 millones, la construcción del nuevo estadio supondrá 328 millones, por lo que “incurriría en un déficit de fondos para construir el nuevo estadio de 32 millones. El reembolso pretende realizarse con la venta de cuatro parcelas resultantes de la reparcelación. A fecha de hoy solamente han vendido una. A pesar de haber cobrado esos 90 millones no han cancelado deuda. Las condiciones urbanísticas no han cambiado, como consecuencia y debida a la situación personal del acreditado, este préstamo se califica como dudoso”.

Bancaja también tiene préstamos con Litoral del Este, participada al 100% por el Valencia C. Recibió un crédito de 12 millones para financiar la adquisición de terrenos en Mar Porxinos con destino a su nueva ciudad deportiva. La contructora Nozar le avaló con pagarés. “El aval de Nozar es dudoso”.

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EXISTE UN HUECO LEGAL PARA RESCATAR LA HIPOTECA DE UN FONDO BUITRE

Una brecha legal permite arrebatar la hipoteca revendida a un fondo buitre

El derecho de retracto permite a los endeudados recomprar su crédito con el mismo descuento con que lo ha adquirido el fondo buitre.

La ley es muy estricta y sólo da nueve días de margen para ejercer este derecho.

Los fondos buitre están de caza en España. Desde enero de 2012 hasta el pasado mes de agosto estos inversores internacionales se han hecho con la propiedad de 17.000 millones de euros de préstamos (al consumo e hipotecas) con problemas de impagos. Como ya contó eldiario.es, sus poderosas tácticas de negociación y unos cambios legislativos a su favor les han llevado a conseguir grandes descuentos de los bancos que en muchos casos superan el 80% del precio original de esos créditos. Un negocio redondo si consiguen, como suele ser habitual, que los deudores satisfagan sus deudas. Pero que se les puede complicar gracias a un resquicio legal que algunos abogados ya están aplicando.

¿Se imaginan plantarle cara a esos fondos y exigir que esa sustancial rebaja de su hipoteca se la apliquen a usted en lugar de a un fondo internacional? Pues aunque parezca ciencia ficción eso es posible ya que la legislación española ofrece una herramienta para hacerlo: el derecho de retracto. "Está recogido en el artículo 1535 del Código Civil. En él se reconoce el derecho del propietario de un crédito litigioso a extinguirlo por el mismo precio al que ha sido vendido", explica el abogado Antonio Valenciano, presidente de la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet). Es decir, en el supuesto de que el crédito contraído con el banco fuera de 100.000 euros y el fondo buitre lo hubiera comprado con un descuento del 80%, el propietario podría saldarlo abonando esos 20.000 euros (el tema de las costas e intereses dependerá del criterio del juez) y el fondo internacional que lo compró se quedaría compuesto y sin crédito.

"La razón por la que se estableció esta posibilidad es que el sistema jurídico es contrario a la especulación con litigios y se querían evitar situaciones como lo que está ocurriendo ahora en la Sareb (el llamado banco malo)", asegura el abogado Fernando Zunzunegui.

Cómo hacerlo

Pero que sea posible no significa que sea fácil. Hay que cumplir una serie de requisitos y ser muy, pero que muy rápido en la toma y ejecución de las decisiones.

Por un lado, no todos los deudores pueden hacer esta reclamación."Para acogerse a este derecho, debemos estar ante un crédito litigioso", advierte Mercé Caral, socia del despacho Jausas Legal. Es decir, que deudor y acreedor estén enfrentados en los juzgados por el crédito en cuestión. El segundo de los requisitos es hacerlo en el plazo adecuado, que la ley fija en unos escasos nueve días naturales desde que el nuevo acreedor reclama la deuda.

Aquí es donde comienzan los verdaderos problemas. "La opacidad es la principal dificultad de este proceso. Hay centenares de miles de hipotecados que ni siquiera saben que sus deudas han sido vendidas a estos fondos internacionales", advierte Zunzunegui. En algunos casos, el banco español incluso sigue siendo el que pasa la cuota mensual de la hipoteca y todo transcurre como si no hubiera cambiado nada, como le ocurrió a un matrimonio de Vigo, cuya historia reflejó el diario Altántico.

En otros casos, la notificación llega camuflada y es difícil de detectar. Lo saben muy bien quienes a principio de la década de los 2000 tuvieron problemas por no pagar sus recibos de telefonía o hipotecas. Esto de los fondos buitres es menos novedoso de lo que parece. En aquel momento algunos de los fondos internacionales que ahora están comprando las carteras de deuda a la banca ya hicieron negocio en España, y no sólo con la banca, también con las empresas de telefonía. Es el caso de Aktiv Kapital o Oko Investment, entre otros. Entonces su modus operandiconsistió en enviar la notificación a los morosos con tan poca información que muchos ni sabían a qué se refería, hasta que meses después, aprovechando que no habían reaccionado, les exigían una deuda mucho mayor.

Cómo enterarse

Ahora su actuación tampoco destaca por el fair play. "No se presentan con el nombre con el que se les identifica en la prensa. Suelen contratar a una empresa intermediaria de recobro  para hacer la gestión, como puede ser Cobralia. Además, la redacción de la nota es tan confusa que cuesta identificar que se refiere a un cambio de acreedor", explica Valenciano. Según este abogado, en muchos casos la notificación es un carta más entre la maraña de papeles que suele colarse en los buzones. Es decir, no llega ni certificada, ni por burofax, por lo que puede pasar inadvertida.

Identificar cuanto antes el momento en que se informa al deudor es la clave. Dado el escaso tiempo para reaccionar, lo ideal sería haber contactado antes con un asesor legal. En el caso de no que no se pueda certificar una fecha concreta, este será un argumento más para presentar al juez y, tal vez, poder alargar los plazos. El otro dato difícil de identificar es la cuantía del crédito final. La ley no obliga a informar en esta notificación sobre el precio al que se ha hecho la transacción entre el banco y el fondo internacional, "Todo apunta a que los descuentos han sido muy fuertes, por lo que el deudor puede saldar su hipoteca a precios realmente bajos", comenta Zunzunegui.

"El afectado nunca va a saber a priori cuál es el precio al que el banco y fondo de inversión han hecho la transacción. Por eso se solicita al juez que sea él quien la requiera ", apunta Valenciano. Hasta ahora tres de sus clientes, que no quieren ser identificados, han conseguido liberarse de sus créditos por esta vía.

Esos precios de derribo junto al factor tiempo son otro de los puntos fuertes para plantar batalla a los fondos buitres. "Enrocarse en un procedimiento judicial en España les rompe su estrategia de comprar barato y vender rápido para conseguir beneficios", explican fuentes  del sector financiero. Por ello, a pesar de su fama de duros negociadores, abogados y financieros coinciden en que no es el peor de los momentos para negociar. " Son más proclives a aceptar la dación en pago o una quita en la deuda, porque tienen más recursos para revender la vivienda y más margen que los bancos para negociar a la baja", asegura Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea.

Eso sí, no conviene lanzar las campanas al vuelo, las posibilidades de triunfo son proporcionales al monto de la deuda contraída. "Es más fácil negociar cuando la deuda es muy importante que cuando es pequeña", advierte Mercé Caral.

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LOS REPUBLICANOS PRECIPITAN EL CIERRE DEL GOBIERNO DE EEUU

Los republicanos precipitan el cierre del 

Gobierno en Estados Unidos

• La Cámara de Representantes ha aprobado un plan que evitaría el cierre
• El plan, impulsado por los republicanos, incluye retrasar la reforma sanitaria
• Este plan será previsiblemente rechazado por el Senado

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha aprobado un plan presupuestario que evitaría un cierre temporal del Gobierno federal el próximo martes, pero retrasaría al mismo tiempo durante un año la entrada en vigor de la reforma sanitaria, algo que el Senado y la Casa Blanca han advertido que no aceptarán.

El proyecto de ley incluye una enmienda sobre la reforma de salud, que fue aprobada por 231 votos a favor y 192 en contra y que será probablemente rechazada por el Senado, lo que hace casi seguro un cierre parcial del Gobierno federal la madrugada del martes, cuando quedarán suspendidos los gastos no esenciales.

En dos días el Gobierno federal de Estados Unidos dejará de tener dinero suficiente para seguir funcionando, ya que este lunes termina el año fiscal en EE.UU., y quince días despúes habrá alcanzado su techo de endeudamiento.

Sin embargo, para aprobar un presupuesto temporal -del mismo modo que para elevar el límite de la deuda- los republicanos (con mayoría en la Cámara de Representantes) piden acabar con 'Obamacare' y han condicionado los acuerdos sobre el presupuesto y la deuda al restraso o derogación de la reforma sanitaria.

Los republicanos dicen estar decidos a hacer todo lo posible para acabar con una reforma que "no quieren los americanos" y aseguran que solo apoyarán un nuevo presupuesto si se revoca. Sin embargo, Obama ya ha advertido que eso no ocurrirá mientras él sea presidente.

El Senado rechazará el plan

Los republicanos, que tampoco desean un cierre de Gobierno que implicaría suspender la actividad de todo el aparato estatal, han votado a favor de un plan presupuestario para evitar un cierre temporal del Gobierno federal pero que, al mismo tiempo, retrasaría durante un año la entrada en vigor de la reforma sanitaria, según ha confirmado el presidente de ese hemiciclo, el republicano John Boehner.

"El pueblo estadounidense no quiere un cierre del Gobierno y tampoco quiere (la reforma de salud) 'Obamacare'. Por eso, la Cámara votará dos enmiendas al proyecto aprobado por el Senado que mantendrán el Gobierno abierto y detendrán lo máximo posible la ley de salud del presidente", ha indicado Boehner en un comunicado conjunto con el resto de líderes republicanos.

Sin embargo, esa medida aumenta enormemente la posibilidad de un cierre temporal del Gobierno la madrugada del martes, dado que requiere el visto bueno del Senado, que no se reunirá hasta el lunes por la tarde y cuyo líder, el demócrata Harry Reid, ha asegurado que no permitirá que se apruebe esa medida.

Según el líder demócrata, la única opción que tenía la Cámara baja para evitar un cierre del Gobierno era adoptar sin reservas el plan aprobado el viernes por el Senado, que desvinculaba el presupuesto del debate sobre la reforma sanitaria.

Dado que el Senado no tiene previsto reunirse hasta el lunes por la tarde y que cuenta con más obstáculos de procedimiento que la Cámara de Representantes, no tendrá tiempo para responder a la propuesta aprobada este sábado antes de la medianoche, cuando el Gobierno dejará de tener fondos para mantener todas sus operaciones.

"El Senado rechazará cualquier intento de forzar cambios a la ley de salud a través de un proyecto de ley de financiación del Gobierno o sobre el techo de la deuda", ha señalado Reid en su cuenta de Twitter.

El senador demócrata ha calificado el plan republicano de "carente de sentido" y fruto del trabajo de "anarquistas del (movimiento ultraconservador) Tea Party".

Boehner y sus aliados, por su parte, han asegurado que harán su "trabajo" y aprobarán "este proyecto de ley, y entonces dependerá del Senado aprobarlo y evitar un cierre del Gobierno".

Nuevo intento para frenar Obamacare

El plan republicano es un nuevo intento de aprovechar el debate presupuestario para atacar la reforma de salud aprobada en 2010, de la que una parte clave entra en vigor el próximo martes y el resto en enero de 2014.

La Cámara baja aprobó el pasado 20 de septiembre un proyecto de presupuesto que eliminaba todos los fondos para la reforma de salud, pero esa disposición fue excluida en la versión aprobada este viernes por el Senado.

Ese segundo proyecto pasó entonces a consideración de la Cámara de Representantes, y es a ese plan del Senado al que se añaden ahora las dos enmiendas mencionadas este sábado por Boehner.

Según el comunicado, la primera enmienda retrasa la implementación de "Obamacare", mientras que la segunda deroga un impuesto del 2,3 % en los dispositivos médicos que entró en vigor a raíz de la propia reforma sanitaria, algo a lo que se oponen la Casa Blanca y los demócratas del Senado.

La Cámara baja también ha votado una disposición que garantizaría que se siga pagando a los militares en caso de un cierre temporal del Gobierno.

El proyecto presupuestario ampliaría entonces (si saliese adelante en el Senado) el periodo durante el que se autorizan nuevos fondos para el funcionamiento del Gobierno federal.

"Nadie va a dañar nuestra economía y a millones de personas inocentes solo porque hay un par de leyes que no le gustan. Al pueblo americano le ha costado mucho recuperarse de la crisis como para ver que unos extremistas en el Congreso causan otra", ha asegurado Obama.

Estados Unidos no ha vivido un cierre del Gobierno desde 1995. De entrar en vigor, esa medida suspendería los gastos considerados no esenciales, lo que congelaría temporalmente los sueldos de unos 800.000 funcionarios y llevaría al cierre de parques nacionales, el retraso en la emisión de pasaportes o el cierre de ventanillas.

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EL FMI ADVIERTE DE LA DEBILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

FMI advierte sobre la "debilidad" del 

sistema bancario italiano

El Fondo Monetario Internacional aseguró que el Producto Bruto Interno del país se contraerá un 1,8%. El organismo aseguró que hay "estancamiento de productividad" y "un sector público excesivamente endeudado"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre la "debilidad" del sistema bancario y la baja productividad de Italia como "riesgos" para la recuperación de su economía tras casi dos años de recesión.

"La prolongada recesión y las difíciles condiciones de crédito se han cobrado un alto costo en los bancos italianos. Laratio de préstamos no cobrados se ha triplicado desde 2007", indicó el organismo internacional en su revisión anual de la economía italiana.

El FMI prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de Italia, la tercera economía de la eurozona, se contraiga un 1,8 % este año y vuelva a crecer ligeramente en 2014 un 0,7 %.

"Los orígenes del bajo de crecimiento son de antes de la crisis y provienen del estancamiento de su productividad, las dificultades del clima de negocios y un sector público excesivamente endeudado", agregó el FMI.

No obstante, indicó que se espera que la demanda doméstica comience a repuntar ligeramente y destacó el buen comportamiento de las exportaciones.

Insistió, además, en la necesidad profundizar en las reformas estructurales, especialmente en el plano fiscal y del mercado laboral, ya que de otro modo el crecimiento "seguirá siendo bajo".

Por último, el FMI recomendó una aplicación "oportuna" de la agenda de privatización y señaló que el "ineficaz sistema judicial italiano está vinculado al alto coste de abrir negocios, la escasa inversión extranjera y la pequeña escala de las empresas y mercados de capital".
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EL GOBIERNO LIBERA EL MONOPOLIO DE RENFE PARA TRANSPORTAR MERCANCIAS Y PASAJEROS, POR PRIMERA VEZ EN 72 AÑOS

Deutsche Bahn viene a España para morder en el transporte de mercancías por tren

Este viernes, el Consejo de Ministros aprobó 'de tapadillo' la segregación de Renfe en cuatro sociedades. Y una delegación germana ya está aquí interesada en el transporte de mercancías, a la deriva en España desde que el sector se abrió tímidamente en 2005. Berlín es líder mundial en el sector. 

Mientras la atención se centraba este viernes en asuntos importantes como la ligera recuperación económica o el efímero nombramiento de la sobrina de Luis de Guindos al frente de Competencia, otro tema no menos baladí que no se tocó en la rueda de prensa posterior fue aprobado por el Consejo de Ministros: la liberalización de Renfe Operadora y su división en cuatro sociedades, una vía que permitirá a las empresas privadas transportar pasajeros y competir con Renfe por primera vez en 72 años.

Una apertura que ya desgranó Vozpópuli el sábado pasado, especialmente en lo tocante a Renfe Viajeros (una de las cuatro divisiones) y a las empresas que acechan el mercado español. Con Viajeros nacen también Renfe Alquiler de Material Ferroviario, Renfe Fabricación y Mantenimiento y Renfe Mercancías. Y sobre esta última ya aparecen interesados husmeando la incipiente apertura ferroviaria: una delegación de la empresa estatal alemana Deutsche Bahn, una de las más potentes del mundo en transporte de mercancías, si acaso la mayor, ha estado esta semana por Madrid.

En teoría, la DB ha acudido a potenciar los servicios comerciales que propone en España desde webs como tugranviaje.com, oferta que, según la directora de Marketing y Ventas del ente germano, Miriana Mayer, ha crecido un 7% en lo que va de 2013 a pesar de la crisis. Pero a nadie se le escapa que DB lleva más de un año maniobrando para hacerse con un buen mordisco de esa nueva sociedad que se acaba de crear cuya naturaleza Berlín ha desarrollado de forma puntera las dos últimas décadas.   

Tímidamente liberalizado en 2005, aprovechando la separación de Adif y Renfe, el transporte de mercancías ferroviarias abarca hoyuna menor cuota de mercado que cuando era monopolio de Renfe: apenas un 4% frente al 17% en el resto de la Unión Europea, según el último informe de Competencia. Pese a que hay 19 licencias concedidas, solo operan ocho compañías, Renfe incluida.Alemania cuenta con 228 empresas dedicadas al sector.

El 30 de abril, Renfe y DB firmaron un acuerdo para “cooperar en el transporte de mercancías por tren en la UE”. Los dos operadores públicos anunciaron que trabajarán para avanzar en la liberalización del mercado y potenciar la demanda de transporte y servicios logísticos en toda Europa. Un pacto que supone muy poco para Alemania pero mucho para España, que de paso ve cómo desembarcan los germanos en las vías nacionales. Francia también acecha: SNCF adquirió recientemente el 25% de Comsa Ente, una de las ocho firmas con licencia.

Algunas fuentes apuntan a la presencia en la directiva de Renfe de una persona fichada en 2011 procedente de DB, Julián Mata, como parte de la labor de acercamiento entre ambos países. La porción más apetitosa de la liberalización del tren, cuyos beneficios son todavía muy dudosos, se queda, sin embargo, en Renfe Viajeros, la que gestiona las codiciadas líneas de alta velocidad.

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8 DE CADA 10 FRANCESES APOYAN LA EXPULSION DE GITANOS RUMANOS Y BULGAROS

Ocho de cada diez franceses apoyan la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros

• Los franceses apoyan la expulsión a sus países de los gitanos rumanos y búlgaros, que salvo excepciones no se integran en Francia.
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• Un 21 % de los consultados, por el contrario, consideran que el ministro de origen español se equivoca al estigmatizar a ese grupo
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• El respaldo a Valls es apabullante entre los electores de partidos de derechas (un 94 %), pero también es netamente mayoritario entre los de izquierdas (55 %).

Una mayoría abrumadora de franceses apoya a su ministro del Interior, el socialista Manuel Valls, en sus pronunciamientos en favor de la expulsión a sus países de los gitanos rumanos y búlgaros, que salvo excepciones no se integran en Francia.

Este es el principal resultado de un sondeo del instituto demoscópico BVA para "Le Parisien" e "iTélé", según la cual, un 77 % de los encuestados están de acuerdo con las declaraciones de Valls esta semana que le valieron críticas de otros líderes de la izquierda e incluso de la Comisión Europea.

Un 21 % de los consultados, por el contrario, consideran que el ministro de origen español se equivoca al estigmatizar a ese grupo.

El respaldo a Valls es apabullante entre los electores de partidos de derechas (un 94 %), pero también es netamente mayoritario entre los de izquierdas (55 %).

De hecho, sólo entre los votantes de los ecologistas (62 %) y los del Partido de Izquierdas -que no forma parte de la coalición gubernamental- (60 %) son más numerosos los críticos con el miembro más popular del Ejecutivo del presidente François Hollande.

El juicio de los encuestados es casi unánime (93 %) en la constatación de que los gitanos se integran mal en la sociedad francesa, y de esos un 56 % llegan a asociarse a la idea de que en realidad se integran "muy mal".

La controversia sobre los gitanos llegados a Francia del este de Europa, que se estiman en unos 20.000 se ha ido calentando durante toda la semana y ayer tuvo su corolario con el desmantelamiento de un nuevo campamento ilegal en Roubaix, donde vivían unas 250 personas.

Esos campamentos suelen estar ubicados próximos a barrios populares con los que generan conflictos, un elemento que pesa en la posición favorable a las expulsiones de los alcaldes de izquierdas de muchas ciudades, como lo ilustra el ejemplo de la de Lille, la exministra Martine Aubry.

Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo mes de marzo se celebran elecciones municipales en Francia, en las que se prevé un fuerte ascenso del ultraderechista Frente Nacional (FN). La cuestión de los gitanos está por el momento en el centro del debate de la precampaña electoral.

La polémica de esta semana nació con una entrevista en la radio a Valls, que subrayó que los campamentos ilegales de gitanos rumanos y búlgaros que han proliferado en Francia, y en los que abunda "la mendicidad y la delincuencia", deben ser desmantelados y sus ocupantes expulsados a sus países.

"Los gitanos tienen vocación de volver a Rumanía o a Bulgaria", donde las autoridades de ambos países tienen que "hacer esfuerzos para su integración", argumentó.

Al día siguiente, y al reiterar esa idea, la Comisión Europea le respondió recordando que "a libertad de circulación y la libertad del residir en otro país de la Unión Europea es un derecho fundamental que los ciudadanos tienen, sean búlgaros, rumanos o franceses".

Además de amenazarle con sanciones, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, reprochó a Francia no aplicar "la estrategia nacional para la integración de los gitanos".

Dentro del Gobierno francés, la ministra ecologista de Vivienda, Cécile Duflot, acusó a Valls de haber ido "más lejos de lo que pone en peligro el pacto republicano" al estigmatizar a un grupo como conjunto, una idea que también han desarrollado algunos miembros del ala más izquierdista del propio Partido Socialista.

Hollande no se ha pronunciado sobre esta cuestión aunque diversas filtraciones a la prensa de su entorno han dado a entender que apoya a su ministro de Interior.

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, sin entrar de lleno en el debate, hizo un llamamiento para abordar con "sangre fría" la gestión y recordó que su Gobierno divulgó el verano de 2012 una circular en la que se establecen los principios que justifican los desmantelamientos de campamentos ilegales, así como las medidas a adoptar para dar soluciones a sus ocupantes.

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