FRANCIA: 21.000 EXTRANJEROS EXPULSADOS DURANTE 2013

Expulsó Francia 21 mil extranjeros en 2013

París, 23 ene (PL) Las autoridades francesas expulsaron el año pasado a unos 21 mil extranjeros que vivían aquí en situación irregular, de acuerdo con un informe publicado hoy por el Ministerio del Interior.

Según el documento, el ritmo anual de repatriaciones es superior en promedio al registrado entre 2007 y 2011, cuando estaba en el poder la conservadora Unión por un Movimiento Popular.

Durante 2012 hubo una elevada cifra expulsiones, con 36 mil casos, pero más de una tercera parte correspondió a los llamados "retornos voluntarios", aplicados sobre todo contra los gitanos que aceptaban salir del país galo a cambio de una modesta ayuda económica.

Esta política se dejó de aplicar en enero de 2013 porque, según el titular del Interior, Manuel Valls, muchos volvían clandestinamente para beneficiarse de nuevo con la medida.

La información distribuida este jueves confirma las cifras que habían sido adelantadas por Valls en septiembre del año pasado, si bien no especifica la nacionalidad de quienes fueron conducidos hacia las fronteras.

Por otra parte, más de 200 redes dedicadas al tráfico de migrantes fueron desmanteladas en 2013, lo que significa un alza del 14 por ciento, precisa el informe.
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BELGICA: FUERZAN SALIDA DE CIUDADANOS COMUNITARIOS CONSIDERADOS "CARGA EXCESIVA" PARA EL ESTADO

Así se expulsa a un europeo de la UE

Bélgica fuerza la salida de comunitarios considerados una “carga excesiva” para el Estado

El sueño europeo de establecerse libremente en cualquier país miembro sin dar explicaciones se ha topado con la realidad de la crisis. Las estrecheces económicas han llevado a algunos Estados comunitarios a reforzar un derecho reconocido de manera muy ambigua por la legislación de la UE: expulsar a los ciudadanos de otros países miembros que representen una “carga excesiva” para el sistema. Se trata de una medida más efectista que eficaz que contemplan en sus leyes casi la mitad de los Estados miembros. Pero en la práctica es imposible certificar la expulsión de un comunitario y, sobre todo, impedirle que vuelva.

Bélgica es uno de los países que ha regulado —y endurecido— esa posibilidad. Este país, reconocido por la Comisión Europea como uno de los más generosos en las políticas de asilo para refugiados de terceros países, ha acelerado la práctica, hasta hace poco residual, de expulsar a ciudadanos comunitarios. Aunque los datos iniciales apuntaban a un número menor, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado, según datos suministrados por la Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga.

La Comisión intenta frenar el fenómeno

L. A. / I. F.

Bruselas lleva meses recordando a los Estados miembros lo que debería ser obvio: que la libre circulación de ciudadanos es un pilar básico de la UE y que, con cifras en la mano, la movilidad ha generado muchos más beneficios que perjuicios al proyecto comunitario. Pero el populismo que monopoliza el debate público en algunos países prende tan deprisa que la Comisión Europea se ve obligada a aplacar las inquietudes de algunos gobernantes.

Con esa intención, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, presenta hoy una guía práctica para discernir a qué Estado corresponde, en cada caso, proveer la seguridad social al ciudadano residente en un país miembro. Bruselas intenta definir mejor el concepto de residencia habitual y acotar los derechos que lleva asociados.

La publicación ilustrará sobre casos prácticos para acallar el malestar creado en países como Reino Unido, Alemania y Holanda acerca del mal llamado turismo de prestaciones, que supuestamente realizan los europeos más pobres. Invirtiendo los términos del caso típico, la Comisión aclara, en un adelanto del documento que se hace público hoy, que si un británico se retira a Portugal y pasa la mayor parte de su tiempo allí, su residencia habitual será ya portuguesa, aunque mantenga inmuebles y otros lazos en Reino Unido.

La cifra de afectados con pasaporte europeo duplica la del año anterior y representa algo más del 9% del total de extranjeros que tuvieron que abandonar el territorio por no disponer de medios suficientes para mantenerse. Un porcentaje nada despreciable para una práctica que bordea la legalidad comunitaria.

Los españoles ocupan un lugar destacado en esta clasificación. En 2013 fueron la quinta comunidad más expulsada, por detrás de rumanos, búlgaros, holandeses y franceses. En total, 291 personas de nacionalidad española recibieron la orden de abandonar Bélgica.

Pero mostrar la puerta de salida a un europeo de pleno derecho no es lo mismo que hacerlo a cualquier otro extranjero. Una portavoz de la Oficina de Extranjería explica las diferencias. Cuando las autoridades demuestran que el afectado representa “una carga excesiva” para el sistema social (por ejemplo, si no ha trabajado durante mucho tiempo y, en cambio, consume ayudas sociales), emiten una orden de expulsión, que puede ser aceptada o no. En caso de resistencia, Bélgica no ejerce el recurso a la fuerza; no mete al ciudadano en un avión ni lo priva de su libertad. Simplemente le cierra todos los cauces oficiales en un país en el que es fundamental disponer de un contrato de arrendamiento (o de adquisición de vivienda) para darse de alta en el Ayuntamiento y acceder a la sanidad, a la educación y a todas las prestaciones sociales que ofrece el territorio.

“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del registro oficial”, explica la portavoz, que subraya que estas personas quedan condenadas a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país de origen. Pero nada les impide quedarse en el territorio, emigrar a otro país comunitario e incluso ingresar de nuevo en Bélgica. Además, siempre tienen derecho a recurrir y retrasar de ese modo el proceso.

Tanto en Bélgica como en el resto de los Estados miembros, el ciudadano está completamente protegido durante los tres primeros meses de estancia en el país de acogida. A partir de ese periodo, debe acreditar alguna de estas cuatro condiciones: que trabaja (o que busca activamente empleo en el caso de haber quedado en paro), que tiene suficientes medios para vivir —así como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún otro familiar que cumple las condiciones mínimas. En ninguno de estos supuestos puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco podrá retirarla aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el ciudadano ya tiene arraigo en el país. Además, las comprobaciones que hacen las autoridades no pueden ser sistemáticas, sino limitadas a un calendario establecido.

El proceso es muy diferente para los inmigrantes ajenos a la UE. Los funcionarios de Extranjería certifican que el ciudadano con orden de expulsión haya abandonado el país y, en casos extremos, se les lleva a centros de detención donde esperan a ser deportados.

Esa posibilidad es impensable en ciudadanos comunitarios, aunque la ambigüedad de la directiva que regula sus derechos de residencia hace que al menos 13 países de la Unión —entre ellos, además de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda— practiquen expulsiones. El texto explicita que los ciudadanos europeos podrán vivir libremente en otro país de la UE siempre que no se conviertan en “una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida”. Sin embargo, cuando alude a los motivos que podrían propiciar la expulsión, únicamente se refiere a asuntos sanitarios —una enfermedad contagiosa, por ejemplo—, de seguridad o relativos al orden público y cierra la puerta a la expulsión automática en caso de que el ciudadano recurra a la asistencia social.

Isabel Villar, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz, explica que lo que se produce en Bélgica y en otros Estados es una incorrecta interpretación de la expresión “excesiva carga para el país”. Villar argumenta que, en caso de expulsión, las autoridades deben detallar “exhaustivamente” las razones en las que basan su decisión y deben aplicar el criterio de proporcionalidad, sobre todo si se trata de una familia con hijos pequeños.

En cualquier caso, esta experta aclara que el hecho de acceder a los servicios sociales en el país de acogida “no puede conllevar la expulsión inmediata de ningún ciudadano; al menos no de forma automática”.

Más tajante se muestra Pablo González, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que considera estas expulsiones como una posibilidad “expresamente prevista” en la norma comunitaria, aunque pide analizar “escrupulosamente” los abusos que se puedan estar produciendo.

Un portavoz comunitario respaldaba esta semana esa versión al asegurar que las expulsiones en Bélgica están amparadas por el derecho comunitario.

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BELGICA: EL GOBIERNO EXPULSO A 2.000 CIUDADANOS COMUNITARIOS EUROPEOS EN 2012

Bélgica expulsó a 2.000 europeos en 2012

El Gobierno ha endurecido la ley para forzar la salida de ciudadanos comunitarios que supongan una “carga excesiva” para su seguridad social

Por las rendijas de la legislación comunitaria se cuelan situaciones poco compatibles con los valores de la Unión Europea. Bélgica ha aprovechado una de esas rendijas para incrementar lo que hasta hace poco era una práctica aislada: la expulsión de ciudadanos comunitarios que representan “una carga excesiva” para el sistema social. En 2012, 1.918 europeos tuvieron que abandonar el país, el doble que un año antes. Y en los ocho primeros meses de 2013, la cifra superaba ya las 1.100 personas.

Para ilustrar la crudeza de este tipo de salidas forzosas de ciudadanos europeos, la prensa belga se hizo eco hace unos días del caso de una familia francesa con cuatro hijos y amenazada de expulsión. Tras residir en el país durante tres años, la familia se enfrentaba al retorno por no poder acreditar recursos suficientes para subsistir en el país. El impacto de la noticia permitió a la mujer encontrar un trabajo a tiempo parcial. Pero las expulsiones continúan para otros muchos europeos anónimos que no logran una solución a tiempo.

Los datos sobre estas expulsiones han salido a la luz por una pregunta parlamentaria formulada a la secretaria de Estado de Asilo y Migración, Maggie De Block. Pero los cambios legales que han acelerado las expulsiones del país datan de 2012. “No hay nada nuevo”, argumenta una portavoz de De Block, que se sorprende de que varios medios locales y extranjeros se hayan hecho eco estos días de la situación belga. La portavoz explica que la ley se endureció en 2012 para evitar los abusos que dicen detectar en las ayudas sociales que perciben algunos ciudadanos comunitarios.

El Ejecutivo utiliza una rendija legal y duplica la cifra de repatriados

El Gobierno basa esa ley en una directiva europea que entró en vigor en 2004 y que fijaba las condiciones de libre circulación y residencia de los ciudadanos comunitarios en el conjunto de la UE. Aunque el espíritu de esa norma es precisamente consagrar este derecho esencial europeo, la ley belga se agarra a una interpretación, más que a una afirmación expresa, de esa directiva. El texto que salió del Parlamento Europeo aseguraba que los ciudadanos comunitarios gozarán de derecho de residencia “mientras no se conviertan en una carga excesiva” para el Estado que los acoge. Para el Ejecutivo del socialista Elio Di Rupo, eso implica que, si son una carga, deben ser expulsados.

Al igual que ocurre en países vecinos, detrás de este tipo de medidas figura un personaje político que ha cimentado buena parte de su popularidad en las políticas de mano dura hacia el extranjero. De Block, la responsable de Asilo, es una liberal flamenca que figura a la cabeza de los políticos más valorados en la escena belga. El complejo engranaje de la política en este país, con un Ejecutivo de coalición que aglutina a seis partidos de todas las sensibilidades —salvo los nacionalistas flamencos— da pie a que salgan todo tipo de medidas de un mismo Consejo de Ministros.

De Block se equipara así a otros colegas como la temida ministra británica de Interior, Theresa May, que ha mantenido el discurso más rotundo contra los extranjeros, o su homólogo francés, Manuel Valls, el miembro más valorado del Ejecutivo de François Hollande tras haber adoptado decisiones controvertidas como las expulsiones de gitanos.

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ITALIA: APRUEBAN EXPULSION DE BERLUSCONI DEL SENADO

El Senado italiano aprueba la expulsión de Silvio Berlusconi

La salida se produce tres meses después de haber sido condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal

Dicen que no duerme desde hace días, que altera los momentos de depresión profunda con otros de una euforia desproporcionada que lo lleva a exclamar: "¡Juro que regresaré al palacio Chigi! [la sede del Gobierno]". El siempre teatral Silvio Berlusconi está perdiendo el oremus. Y, pensándolo bien, no es de extrañar. Hoy, miércoles 27 de noviembre de 2013, ha pasado a la historia de Italia como el día en que el Senado de la República expulsó, después de dos décadas de presencia ininterrumpida en el Parlamento, a aquel político y magnate conocido por Il Cavaliere, un título honorífico que --las desgracias nunca llegan solas-- también puede perder. Pero, sobre todo, más que el escaño o el sobrenombre, lo que Berlusconi teme de veras perder es la inmunidad. Ese blindaje tan eficaz contra los procesos de todo tipo que han salpicado y siguen salpicando su carrera política y que a punto están de convertirse en su tumba.

En realidad, los 321 senadores de la República reunidos en el palacio Madama no han votado la expulsión de Il Cavaliere. El orden del día simplemente preveía que el Senado se diera por enterado de la decisión de la comisión parlamentaria que declaraba vacante el escaño de Berlusconi en la región de Molise. Las nueve votaciones, rechazadas una tras otra, planteaban reemplazar el orden del día, y salvar a Il Cavaliere. La votación, prevista para las cinco de la tarde (inicialmente a las siete) se ha retrasado por una cuestión técnica: los berlusconianos exigían que el voto fuera secreto, mientras que la mayoría pedía que fuera abierto. Finalmente, a las 17.41, se ha levantado la sesión: Silvio Berlusconi ya no era senador.

A Il Cavaliere solo le queda la calle. Y a ella ha apelado durante el día de hoy. Decenas de autobuses cargados de fieles --"el ejército de Silvio"-- han llegado a Roma. Al mismo tiempo que el Senado debatía su expulsión, Berlusconi se daba un baño de masas junto a su "ejército" al exterior del edificio, insistiendo en el mensaje de siempre: "En ningún país civil y democrático, en la historia, ningún político ha sufrido una persecución de este tipo". Berlusconi ha vuelto a acusar a los jueces que le han condenado de estar nombrados a dedo para perjudicarle. "Este es un día de luto para la democracia", ha afirmado, "pero debemos seguir en el campo. No es el líder del centroderecha el que ya no es senador. Son los líderes del Gobierno los que no son parlamentarios. Ni [Beppe] Grillo ni [Matteo] Renzi [el alcalde de Florencia, favorito en las primarias del Partido Democrático]". E insistió: se presentará a las elecciones al frente de su partido, Forza Italia. "Nunca en mi vida olvidaré este día", dijo Il Cavaliere al despedirse de sus fieles. "Viva Italia, viva Forza Italia, viva la libertad".

La expulsión de Il Cavaliere se ha hecho en virtud de la llamada ley Severino, un paquete de medidas contra la corrupción en la política aprobado durante el Gobierno técnico de Mario Monti. Según la ley, resultan inelegibles o, como en este caso, indignos de mantener el escaño todos los políticos condenados a más de dos años de prisión en sentencia firme. Y Berlusconi entra en este supuesto porque, el pasado mes de agosto, el Tribunal Supremo lo condenó a cuatro años de prisión(de los que solo tendrá que descontar uno gracias a una amnistía) por fraude fiscal en el llamado caso Mediaset.

La ley Severino "es perfectamente aplicable al senador Berlusconi", ha afirmado el ponente de la comisión que pidió la expulsión de Il Cavaliere, el ecologista Dario Stefano. Con la votación prácticamente perdida —bastan los votos de la izquierda y del Movimiento 5 Estrellas, de Beppe Grillo, para echar a Berlusconi— los fieles al veterano líder han decidido que la mejor defensa es el ataque. "Su único objetivo es eliminar a Silvio Berlusconi", ha dicho la senadora Manuela Ripetti, vestida de negro —"de luto por la democracia"— como el resto de parlamentarias de Forza Italia. "Ustedes no le perdonan el que les haya impedido gobernar durante estos últimos 20 años, que les haya impedido meterle mano al país", ha afirmado. 

La sesión se ha calentado cuando la senadora del Movimiento 5 Estrellas Paola Taverna ha afirmado que "la decadencia [la expulsión] de su mandato es lo único que le importa a Berlusconi. La decadencia del país no le importa nada". Los senadores berlusconianos respondieron a voces. "Este es el espectáculo que dan al país en directo por televisión", ha afirmado el presidente del Senado, Pietro Grasso.

Para más inri, este día D y esta hora H tanto tiempo temidos por Berlusconi --y tanto tiempo soñados por la oposición-- le llega en un momento de debilidad extrema. No tanto porque tenga 77 años o porque su médico personal haya tenido que subir al estrado recientemente para evitarle un desmayo, sino porque el centroderecha que tanto empeño --y tanto dinero-- le ha costado mantener unido se ha resquebrajado finalmente. La traición de su delfín Angelino Alfano, que ha fundado el Nuevo Centroderecha llevándose consigo a un buen número de diputados y senadores, ha terminado por darle la puntilla, aunque los alfanistas votaron en contra de la expulsión de Berlusconi. Il Cavaliere ya no tiene siquiera la capacidad de la amenaza, sobre la que --a falta de los votos suficientes para gobernar-- ha basado su estrategia en los últimos tiempos. Su anuncio oficial de que ya no colaborará con el Gobierno de coalición --¿cuándo lo hizo?-- ya no implica ningún peligro para el socialdemócrata Enrico Letta. Berlusconi no podrá hacer caer al actual Ejecutivo como sí hizo caer al Gobierno de Mario Monti. Por no tener --él que tanto tuvo-- no tiene ni la influencia para que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, le conceda la gracia del indulto sin siquiera pedirla.

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ITALIA: EL DIA 27 VOTARAN LA EXPULSION DE BERLUSCONI

El Parlamento italiano votará el 27 la expulsión 

de Berlusconi

Tras la condena en firme a cuatro años de prisión del ex primer ministro, el Senado tratará la posibilidad de retirarle el escaño. Su partido intenta por todos los medios retrasar la discusión

La Junta de Portavoces del Senado italiano decidió fijar para el próximo 27 de noviembre la votación en el pleno de la posible retirada del escaño al ex primer ministro Silvio Berlusconi por la condena en firme a 4 años de prisión dictada por el Tribunal Supremo de Italia.

Los miembros de la Junta informaron al término de la reunión que mantuvieron este martes de que no hubo unanimidad en la aprobación de esa fecha para la votación, lo que hace que se plantee la posibilidad de que la fijación de esta citatenga que ser ahora ratificada también por el pleno.

En contra de esta fecha, por querer que se votara antes del día 27, se han mostrado tanto el Movimiento 5 Estrellas (M5S) del cómico Beppe Grillo como el grupo Izquierda Ecología Libertad (SEL), aliado en las pasadas elecciones delPartido Demócrata (PD) del primer ministro, Enrico Letta.

La idea es que la votación sobre si se aplica a Berlusconi la llamada "ley Severino" del Gobierno de Mario Monti, que impone que se expulse un parlamentario condenado a más de dos años de cárcel, se celebre después de la aprobación en la Cámara Alta de los presupuestos del Estado para 2014, un trámite que, de prolongarse en exceso, podría retrasar la cuestión sobre el ex primer ministro.

A la decisión sobre la fecha del voto, que finalmente se hará de manera pública, se sumó un recurso que planteó el grupo de Berlusconi, el conservador Pueblo de la Libertad (PDL), por la votación llevada a cabo en una comisión parlamentaria el pasado 4 de octubre que ha permitido que esta cuestión llegue ahora al pleno.

El PDL ha reclamado que se invalide la decisión de esa comisión al considerar que se violó su reglamento interno por publicar el senador del M5S Vito Crimi un comentario "ofensivo" hacia Berlusconi durante la deliberación del caso.

Crimi, quien debía abstenerse de realizar declaraciones durante la deliberación de la comisión, hizo referencia a un cartel callejero en el que se expresa el apoyo a Berlusconi, aludiendo a "la edad, el progresivo prolapso de las paredes intestinales y la ya muy probable hipertrofia prostática" del ex primer ministro.

En este sentido, el presidente del Senado, Pietro Grasso, convocó para mañana al Consejo de Presidencia de la Cámara Alta para analizar este recurso del grupo de Berlusconi, que podría, de aceptarse, retrasar la votación en el pleno sobre la expulsión del ex primer ministro, algo a lo que se niega el partido de Letta.

En otra inédita declaración para el nuevo libro de su amigo y presentador de televisión Bruno Vespa difundida hoy, Berlusconi asegura que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, "aún estaría a tiempo" de concederle el indulto.

Berlusconi se encuentra a un solo paso de salir del Senado, después de que el pasado 4 de octubre la Junta para las Elecciones y la Inmunidad votara a favor de su expulsión, lo que, de ratificarse en el pleno, supondría un nuevo duro golpe para el empresario, tras la rebelión en el seno de su partido a la que tuvo que hacer frente hace unas semanas por su decisión de retirar el apoyo al Gobierno.

El pleno del Senado deberá decidir ahora si ratifica la decisión de esa comisión parlamentaria, que ya había negado a "il Cavaliere" la posibilidad de que se suspendiera el proceso a la espera de un pronunciamiento sobre la "ley Severino" del Tribunal Constitucional o de la Corte de Justicia de la Unión Europea.

Berlusconi fue condenado por el Tribunal Supremo italiano el pasado 1 de agosto por fraude fiscal en el caso Mediaset a 4 años de prisión (que se quedan reducidos a 1 en base a una ley de indultos de 2006) y a una pena de inhabilitación que una Corte de Milán redujo de 5 a 2 años el pasado día 19, cuestión esta última aún recurrible.

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8 DE CADA 10 FRANCESES APOYAN LA EXPULSION DE GITANOS RUMANOS Y BULGAROS

Ocho de cada diez franceses apoyan la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros

• Los franceses apoyan la expulsión a sus países de los gitanos rumanos y búlgaros, que salvo excepciones no se integran en Francia.
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• Un 21 % de los consultados, por el contrario, consideran que el ministro de origen español se equivoca al estigmatizar a ese grupo
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• El respaldo a Valls es apabullante entre los electores de partidos de derechas (un 94 %), pero también es netamente mayoritario entre los de izquierdas (55 %).

Una mayoría abrumadora de franceses apoya a su ministro del Interior, el socialista Manuel Valls, en sus pronunciamientos en favor de la expulsión a sus países de los gitanos rumanos y búlgaros, que salvo excepciones no se integran en Francia.

Este es el principal resultado de un sondeo del instituto demoscópico BVA para "Le Parisien" e "iTélé", según la cual, un 77 % de los encuestados están de acuerdo con las declaraciones de Valls esta semana que le valieron críticas de otros líderes de la izquierda e incluso de la Comisión Europea.

Un 21 % de los consultados, por el contrario, consideran que el ministro de origen español se equivoca al estigmatizar a ese grupo.

El respaldo a Valls es apabullante entre los electores de partidos de derechas (un 94 %), pero también es netamente mayoritario entre los de izquierdas (55 %).

De hecho, sólo entre los votantes de los ecologistas (62 %) y los del Partido de Izquierdas -que no forma parte de la coalición gubernamental- (60 %) son más numerosos los críticos con el miembro más popular del Ejecutivo del presidente François Hollande.

El juicio de los encuestados es casi unánime (93 %) en la constatación de que los gitanos se integran mal en la sociedad francesa, y de esos un 56 % llegan a asociarse a la idea de que en realidad se integran "muy mal".

La controversia sobre los gitanos llegados a Francia del este de Europa, que se estiman en unos 20.000 se ha ido calentando durante toda la semana y ayer tuvo su corolario con el desmantelamiento de un nuevo campamento ilegal en Roubaix, donde vivían unas 250 personas.

Esos campamentos suelen estar ubicados próximos a barrios populares con los que generan conflictos, un elemento que pesa en la posición favorable a las expulsiones de los alcaldes de izquierdas de muchas ciudades, como lo ilustra el ejemplo de la de Lille, la exministra Martine Aubry.

Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo mes de marzo se celebran elecciones municipales en Francia, en las que se prevé un fuerte ascenso del ultraderechista Frente Nacional (FN). La cuestión de los gitanos está por el momento en el centro del debate de la precampaña electoral.

La polémica de esta semana nació con una entrevista en la radio a Valls, que subrayó que los campamentos ilegales de gitanos rumanos y búlgaros que han proliferado en Francia, y en los que abunda "la mendicidad y la delincuencia", deben ser desmantelados y sus ocupantes expulsados a sus países.

"Los gitanos tienen vocación de volver a Rumanía o a Bulgaria", donde las autoridades de ambos países tienen que "hacer esfuerzos para su integración", argumentó.

Al día siguiente, y al reiterar esa idea, la Comisión Europea le respondió recordando que "a libertad de circulación y la libertad del residir en otro país de la Unión Europea es un derecho fundamental que los ciudadanos tienen, sean búlgaros, rumanos o franceses".

Además de amenazarle con sanciones, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, reprochó a Francia no aplicar "la estrategia nacional para la integración de los gitanos".

Dentro del Gobierno francés, la ministra ecologista de Vivienda, Cécile Duflot, acusó a Valls de haber ido "más lejos de lo que pone en peligro el pacto republicano" al estigmatizar a un grupo como conjunto, una idea que también han desarrollado algunos miembros del ala más izquierdista del propio Partido Socialista.

Hollande no se ha pronunciado sobre esta cuestión aunque diversas filtraciones a la prensa de su entorno han dado a entender que apoya a su ministro de Interior.

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, sin entrar de lleno en el debate, hizo un llamamiento para abordar con "sangre fría" la gestión y recordó que su Gobierno divulgó el verano de 2012 una circular en la que se establecen los principios que justifican los desmantelamientos de campamentos ilegales, así como las medidas a adoptar para dar soluciones a sus ocupantes.

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MINISTRO DE INTERIOR FRANCES, DICE QUE LOS GITANOS RUMANOS Y BULGAROS DEBEN VOLVER A SU PAIS

El ministro francés de Interior dice que los gitanos rumanos y búlgaros deben volver a su país

Manuel Valls insiste en que "las soluciones pasan en particular por las expulsiones"

"Los gitanos tienen vocación de volver a Rumanía o a Bulgaria", donde las autoridades de ambos países tienen que "hacer esfuerzos para su integración", subrayó Valls en una entrevista en la emisora de radio France Inter.
Valls insistió en que en los alrededores de esos campamentos se genera "mendicidad y delincuencia" y por eso justificó los desmantelamientos y las expulsiones que ha ordenado, como este mismo mes uno de los más grandes que había en Lille (norte).
"Las soluciones pasan en particular por las expulsiones", repitió el titular de Interior, que al ser preguntado sobre el grado de integración de esos gitanos en Francia respondió que "esas poblaciones tienen modos de vida que son extremadamente diferentes de los nuestros".
En cuanto a las negociaciones sobre la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen que permitiría todavía más la circulación sin controles de sus gitanos en otros países, hizo hincapié en que "no está decidido".
Además, precisó que lo que se discute en un primer momento es la aplicación de los acuerdos de Schengen de libre circulación únicamente en los aeropuertos, pero no en las fronteras terrestres.
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BERLUSCONI A PUNTO DE SER EXPULSADO DEL SENADO ITALIANO

Berlusconi, a punto de ser expulsado del Senado italiano 



El Senado de Italia se acercó el miércoles por la noche a la expulsión de uno de sus miembros: el ex primer ministro Silvio Berlusconi, que enfrenta una condena de cuatro años de cárcel por corrupción. 

Un comité del Senado votó en contra de los intentos de los partidarios de Berlusconi para bloquear la posibilidad de que sea apartado de ejercer cargos públicos. 

El pasado 9 de septiembre, la Cámara alta italiana comenzó su debate sobre si el exjefe del Gobierno de Silvio Berlusconi debiera mantener su escaño o no tras su condena por fraude fiscal, aplicándole la “Ley Severino”, adoptada en 2012 por todos los partidos con el propósito de luchar contra la corrupción. 

Por su parte, el poderoso Silvio Berlusconi ofreció miércoles un vídeo-mensaje, emitido por varias televisiones italianas, en el cual, aseguró que de cualquier manera permanecerá en la escena política del país, aun incluso si es expulsado del Parlamento. 

“Yo estaré siempre con vosotros, aunque me echen del Parlamento. Se puede hacer política también fuera del Parlamento, no es el escaño el que hace a un líder sino el consenso popular, y eso no ha faltado nunca y estoy seguro de que no me faltará tampoco en el futuro”, dijo el expremier. 

Silvio Berlusconi que amenazó, anteriormente, con hacer caer al Gobierno de Enrico Letta, suavizó esta vez su tono y se limitó a criticar a los magistrados que, a su juicio, están “pervirtiendo la democracia” en el país europeo. 

La expulsión de Berlusconi del Senado, un final poco honroso para el magnate que protagonizó la política en Italia durante los últimos 19 años, lo dejaría, asimismo, inerme ante sus otras cuentas pendientes con la justicia. -
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