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martes, 31 de diciembre de 2013

CONTINUA LA ESTAMPIDA NAVIDEÑA DE CARGOS DE HACIENDA


Menéndez intensifica el baile de cargos en Navidad

  • Asciende a la hermana de la actual directora de la ONIF



Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria, en el Congreso...
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este lunes en plena estampida navideña, otra quincena de nombramientos de cargos de confianza en la Agencia Tributaria (Aeat) firmados por el actual director Santiago Menéndez y que sustituyen a la vez a otros tantos cesados.
Entre ellos, con un complemento específico de 41.206 euros anuales que añadir al sueldo y al resto de complementos, figura Rosario García-Valdecasas, hermana de la actual directora de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, dentro del departamento de Inspección Financiera y Tributaria precisamente de la ONIF.
García-Valdecasas sustituyó a Menéndez en este cargo cuandoMontoro le nombró director de la Agencia hace poco más de cuatro meses. La ONIF se encarga de investigar los casos de corrupción más destacados, entre ellos el caso Gürtel.
El resto de nombramientos tienen un perfil bajo aunque hay tres más en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el departamento del que resultó cesada la inspectora que no admitió a trámite el recurso de la mayor sanción tributaria de la historia a la compañía Cemex por un montante de 450 millones de euros.

La búsqueda de la sustituta

Según han señalado fuentes fiscales, a pesar de que el sueldo puede superar los 100.000 euros, Menéndez tiene problemas en encontrar a la persona que sustituya a esta inspectora de la Oficina Técnica, así como a los de las otras dos funcionarias que dimitieron posteriormente. Estas salidas originaron una cadena de dimisiones, incluida la del responsable del departamento de Inspección, y una purga entre los anteriores cargos de libre disposición nombrados también por el PP, entre ellos la directora del Servicio de Planificación.
Estas personas de la Oficina Técnica de esta Delegación son las que deberán tener firma a la hora de admitir o rechazar los recursosde las grandes empresas y altos patrimonios.
También el BOE de este lunes recogió el nombramiento de la nueva delegada especial de Cantabria, María del Carmen Gómez, tras el cese del anterior por parte de Menéndez a principios de mes junto a los delegados de Galicia y Castilla y León, cuyos sustitutos ya resultaron nombrados.
La resolución tiene firma en este caso del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Y, lo más llamativo, es que tiene fecha del 20 de diciembre. Sin embargo, se ha publicado 10 días después en plena Navidad y con los departamentos de Hacienda en mínimos por la festividad. A pesar de ello, este ministerio atribuye los cambios a un proceso normal de renovación de equipos. La Agencia dispone de más de 700 cargos de libre disposición, casi la mitad del cuerpo de inspectores.

viernes, 27 de diciembre de 2013

80 EXPERTOS DE EMPRESAS PRIVADAS CONTROLAN EL MINISTERIIO DE HACIENDA


80 de los expertos que controlan el cerebro central de Hacienda son de firmas privadas



Montoro_CPD_Hacienda

Ochenta expertos ajenos a la Administración General del Estado y no sujetos a las estrictas normas de responsabilidad y probidad de la función pública, participan en la gestión y el mantenimiento del “cerebro de la bestia”, como se conoce en el argot interno a los seis centros de proceso de datos (CPD) del Ministerio de Hacienda, la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria. En ellos se controlan los ingresos y los gastos públicos. Estos centros están situados el histórico edificio de Alcalá 9 –cuyas galerías subterráneas fueron el centro de mando de la defensa de Madrid durante la Guerra Civil–, el complejo administrativo de Cuzco, en La Castellana, y en la sede central de la Agencia Tributaria, situada en el edificio 37 de la calle Infanta Mercedes de Madrid.

La introducción de contratas privadas en la gestión y mantenimiento de las “megacomputadoras” de Hacienda, o “recursos internos”, en el argot del ministro Cristóbal Montoro, supone una transferencia importante de los 37,2 millones de euros presupuestados por la subsecretaría de Hacienda hacia el sector privado. Esta “externalización” contrasta con la política de amortización acelerada de las plazas de funcionarios para ahorrar recursos públicos. La contratación privada depende de la propia subsecretaría del departamento de Montoro y se realiza a través del departamento de “servicios de soporte de sistemas”.

El hecho de que una buena parte de los técnicos que controlan los centros de proceso de datos más sensibles del Estado pertenezcan a contratas privadas se ha conocido ahora debido a las preguntas formuladas por la dirigente socialista María González Veracruz. En los dos CPD de Hacienda hay varios técnicos ajenos a la función pública. De estos CPD dependen todos los servicios ministeriales, desde el  Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al Tribunal Económico Administrativo Central, pasando por la Dirección General de Ordenación del Juego y la Dirección General de Tributos.

Otros diez técnicos privados se ocupan de la gestión y el mantenimiento de los ordenadores de la Intervención del Estado, el organismo del que depende el control previo y posterior del gasto del sector público, los fondos comunitarios del FEDER, los Fodos de Cohesión, el análisis de costes de personal activo y pasivo y la gestión y nómina de las pensiones de las clases pasivas del Estado.

Pero donde mayor es la presencia de técnicos y gestores informáticos de empresas privadas es en el CPD principal de la Agencia Tributaria, ubicado en un recinto de 1.143 metros cuadrados, con 522 servidores. De una plantilla de 215 especialistas, 61 proceden de contratas privadas. El CPD de la Agencia Tributaria cuenta con un duplicado pasivo en un local protegido de 776 metros cuadrados con 5 servidores, en cuya gestión y mantenimiento también interviene el sector privado.

jueves, 26 de diciembre de 2013

LAS COMPAÑIAS ELECTRICAS RECLAMAN 865 MILLONES A HACIENDA


ENERGÍA Acusan a Hacienda de bloquear las transferencias pactadas para paliar el déficit tarifario

Las compañías eléctricas exigen 865 millones de euros al Fisco

  • Competencia ultima el informe que permitirá a Industria fijar la subida de la luz en enero



El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica...
Las eléctricas refuerzan su pulso al Gobierno en una semana decisiva para el sector. Al choque feroz con el Ministerio de Industria, las compañías han añadido otro frente: los empresarios, a través de la patronal Unesa, acusan al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, de bloquear el pago de 865 millones de euros que deberían destinarse a reducir el déficit de tarifa.
Las empresas han oficializado su denuncia a través de una carta redactada el pasado lunes y remitida al secretario de Estado de Industria, Energía y Turismo, Alberto Nadal. La firma el presidente de Unesa, Eduardo Montes, en nombre de todas las eléctricas afectadas por el retraso en los pagos.
Unesa dice que la recaudación con las nuevas tasas se eleva a 1.648 millones
La patronal asegura que Hacienda ha incumplido lo pactado; o lo que es igual, creen que se está saltando la normativa vigente. Para reducir el déficit tarifario (la diferencia entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que ingresan las empresas por generarla), el Gobierno creó este año un conjunto de cargas fiscales de nuevo cuño, entre otras, los impuestos aplicados a la generación de energía eléctrica y a las subastas de CO2.
El Ministerio de Hacienda es el encargado de efectuar la recaudación y, en teoría, debe transferir inmediatamente el dinero al sistema a través de la Comisión Nacional de la Energía. Este organismo es el encargado de efectuar las liquidaciones; o lo que es igual, de contraponer los gastos y los ingresos, y calcular la cuantía del déficit. Unesa asevera que este agujero, que en noviembre rozaba ya los 4.500 millones de euros, sería menor si Hacienda hubiera efectuado las transferencias que debía.
El 'agujero' de la tarifa ascendía ya en noviembre a casi 4.500 millones
"Frente a una recaudación de 1.648 millones tenemos una liquidación destinada a cubrir los costes regulados del sistema en el mes de octubre de 783 millones. Es decir, en contra de lo dispuesto por la ley existe un desfase pendiente de liquidación en los libramientos mensuales que estimamos en 865 millones de euros", señala Eduardo Montes en la carta enviada al secretario de Estado.
El presidente de Unesa transmite a Alberto Nadal su "preocupación por el impacto que tiene en el balance" de las empresas "el retraso en los libramientos mensuales". Este desfase obliga al sector a seguir financiando "íntegramente" el millonario déficit de tarifa acumulado a lo largo de 2013. "Por todo ello", concluye la carta de la patronal, "reiteramos la urgente necesidad para que desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se realicen cuantas actuaciones sean precisas de manera que los importes recaudados sean ingresados sin mayor dilación".

Subida de la luz entre el 6% y el 7%

La misiva de Eduardo Montes viene a aumentar la beligerancia del sector contra el Gobierno en una semana vital para el negocio de las eléctricas en España. Mañana, el ministro de Industria, José Manuel Soria, comparecerá tras la reunión del Consejo de Ministros para detallar su reforma de la tarifa de la luz. Los técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ultiman una nueva fórmula que permita fijar la evolución del recibo con mayor fiabilidad.
Este cambio de modelo no se habría llevado a cabo de no ser por la brusca subida de la luz (un 10,5%) que determinó la última subasta Cesur; una puja que ha servido de referencia hasta ahora para establecer la tarifa, pese a las críticas continuas de la CNMC y las reticencias de, incluso, las propias eléctricas. Los precios de los contratos de futuros de la electricidad han vuelto a los niveles anteriores a la polémica subasta, lo que apunta a un encarecimiento del recibo de entre el 6% y el 7%. El propio Ministerio de Industria contaba con una subida de esta guisa antes de la puja de la pasada semana, que devino en acusaciones de manipulación del ministro a las eléctricas.
En las próximas horas, el organismo presidido por José María Marín remitirá su informe al Ministerio de Industria. Este servirá de base al Gobierno para establecer la subida de la luz en enero.

La semana más decisiva de Soria

  • >Jueves 19. La subasta Cesur cierra con una inesperada subida del 26%. Trasladada a la tarifa implica un encarecimiento de la luz cercano al 11%.
  • >Viernes 20. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) anula la subasta al hallar indicios de manipulación en la formación de los precios. Soria anuncia la revisión del sistema utilizado para fijar el recibo de la luz.
  • >Sábado 21. Unesa responde a las «graves» acusaciones del ministro de Industria, que sugirió una actuación irregular de las empresas eléctricas en la subasta para alterar los precios.
  • >Jueves 26. Concluye el plazo para que la CNMC remita al Gobierno su nueva metodología para calcular la evolución de la tarifa.
  • >Viernes 27. José Manuel Soria anunciará tras el Consejo de Ministros la reforma del proceso de fijación del precio de la luz. También avanzará cuánto subirá el recibo el próximo año.
  • FUENTE

miércoles, 18 de diciembre de 2013

EL CONGRESO RECHAZA ABRIR UNA INVESTIGACION SOBRE LOS CESES DE DIRECTORES DE HACIENDA


El Congreso rechaza con el voto de PP abrir 

una comisión de investigación sobre los 

ceses en la AEAT

 Agencia Tributaria Española. Delegación en Catalunya

  El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la petición del PSOE de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre los ceses y dimisiones ocurridos en la Agencia Tributaria (AEAT) en las últimas semanas.

    La iniciativa, derivada de una interpelación al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, del pasado miércoles, ha contado con el voto a favor de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC y BNG, frente a la abstención de CiU, PNV, CC-NC y Geroa Bai. Los 'populares' han sido los únicos en rechazar la propuesta, aunque su mayoría absoluta ha bastado para que no salga adelante.

   En el texto, el PSOE reclamaba una comisión de investigación donde citar tanto al propio ministro como a los inspectores de Hacienda vinculados con el caso y, si fuera necesario, también a los representantes de la multinacional Cemex y de los despachos de asesoría que le habrían aconsejado en relación con el expediente fiscal.

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA

   Además, pretenden que los miembros de la comisión tengan acceso a los expedientes polémicos que ha tramitado la AEAT, comenzando por el de Cemex, que según la Ley General Tributaria están sujetos a secreto y no pueden ser publicados ni divulgados.

   Asimismo, se insta al Gobierno a "garantizar que la AEAT actúa de acuerdo con los principios de legalidad, equidad, generalidad y eficacia en la lucha contra el fraude fiscal", así como con "independencia y autonomía", y a "prescindir de las injerencias ilegítimas" de los responsables en la Agencia y de la asignación de puestos en función de "intereses particulares". En este punto se ha incluido una enmienda de UPyD para que la negociación del estatuto de la AEAT que regulará estos aspectos se negocie con todos los grupos parlamentarios.

   La moción también pide al Congreso un rechazo de "la reiterada utilización por el ministro de Hacienda, en debates políticos y parlamentarios, de la información sobre el cumplimiento por determinados contribuyentes de sus obligaciones fiscales, a las que no debería tener acceso de acuerdo con la legislación tributaria".

ABORDAR EL PROBLEMA ANTES DE PASAR PÁGINA

   El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha defendido que las instituciones "le deben a los ciudadanos" la creación de esta comisión ante "un nuevo escándalo" de la AEAT, de manera que se pueda "saber toda la verdad" sobre lo sucedido con el expediente sancionador a la cementera mexicana Cemex.

   Así, aunque valora la oferta de negociación de un estatuto para la AEAT que hizo el ministro de Hacienda la semana pasada, el diputado socialista ha recordado que antes es necesario "abordar el problema directamente" para "obtener consecuencias" sobre lo que ha pasado, y no "pasar página".

   "La mejor forma de resolver la desconfianza hacia las instituciones es la transparencia y no el ocultismo. Para que no haya dudas sobre la Agencia y que vuelva a tener el nombre que siempre ha tenido y que todos deseamos que siga teniendo lo mejor es una comisión de investigación", ha insistido, acusando a los 'populares' de votar en contra porque "no quieren que se sepa la verdad de lo que ha sucedido".

   El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha asegurado que el país "no se puede permitir una Agencia Tributaria politizada" ni que los ciudadanos piensen que este ente "tiene dos varas de medir: una para grandes empresas, para la familiar real o para los partidos, y otra para el resto". "No lo podemos tolerar, no ya la situación, sino la sospecha de la situación", ha afirmado Anchuelo.

AL SERVICIO DE "OSCUROS INTERESES"

   Su homólogo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha criticado la "utilización" que el PP hace de las instituciones públicas "de forma partidista al servicio de oscuros intereses clientelares y caciquistas". "Es indigno que se use la Agencia para favorecer a determinados sectores sociales en detrimento del resto", ha dicho, citando el caso Bárcenas o la investigación sobre la Infanta Cristina como "ejemplos de la decadencia de este sistema".

   Teresa Jordà (ERC) ha ironizado con que la solución a la "pretensión de manipulación política escandalosa e ilegal" sobre la Agencia Tributaria no cambiará sólo porque "el Gobierno cambie 'rojerío' por 'facherío'". Y Olaia Fernández Davila (BNG) ha acusado a Montoro de "reírse de todos los ciudadanos" con su falta de explicaciones. "La AEAT no puede dar la imagen de ser benévola con quienes más tienen y tremendamente dura con los que menos tienen", ha añadido.

COMISIÓN PREMATURA

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que se hable de un caso concreto en lugar de ver "el fondo" del problema, que es que, "en los últimos años, los grandes desprotegidos en las actuaciones de la inspección de la Agencia Tributaria son los contribuyentes". Por eso, ha reclamado una Agencia "efectiva, con una estructura jerarquizada, y coherente y homogénea en la aplicación de las normas tributarias", sin objetivos económicos en sus actas y que afronte también la economía sumergida.

   El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha defendido la necesidad de que la Agencia tenga un "prestigio incuestionable" y ha alertado de que "cualquier sospecha" sobre "actuaciones de favor" hacia algunos contribuyentes puede conllevar "menos legitimidad" para exigir impuestos y una pérdida de conciencia fiscal de los ciudadanos. "Luz y taquígrafos", ha exigido a renglón seguido, aun considerando "un poco excesivo" que se pida una comisión de investigación en este momento, motivo de su abstención.

"LADRAN, SANCHO, LUEGO CABALGAMOS"

   Finalmente, la portavoz de Hacienda del PP en la Cámara Baja, Ana Madrazo, ha acusado a los socialistas de "descender a la parte más oscura y menos noble de la política" al presentar una moción que sólo busca "atacar y desprestigiar al ministro" Montoro por el único motivo de que les "escuece" que sus medidas estén teniendo resultados. "Ladran, Sancho, luego cabalgamos", ha dicho, citando 'El Quijote'. "El PSOE sigue ladrando y ladrando y, mientras, el PP seguirá cabalgando hacia la recuperación económica y la creación de empleo", ha apostillado.

   Además, ha criticado al principal partido de la oposición por "ofender" a la Agencia Tributaria, que es una "institución independiente, seria, rigurosa, que actúa con criterios técnicos y profesionales, y bajo el único mandato de la ley"; y también por "sembrar dudas y difamar" a sus profesionales, que "trabajan con enorme respeto y al margen de interferencias políticas".

   "Son rotundamente falsas sus acusaciones sobre la injerencia políticas en la AEAT", ha dicho la diputada, negando asimismo --como ya hiciera Montoro-- que se haya dado un trato de favor a Cemex o que la información sobre el expediente sancionador sea cierta. "No existe ninguna prueba documental de que ese expediente sancionador exista. ¿En qué se basan para hacer unas acusaciones tan graves? Porque si hubiera un funcionario que relevó datos sobre habría cometido una ilegalidad y ustedes deberían denunciarlo en los tribunales", ha añadido.

   En la misma línea, ha insistido en que los ceses de las últimas semanas que el PSOE "pretende pintar como una caza de brujas" es un "proceso normal de relevos" por la llegada a la Dirección de Santiago Menéndez hace apenas medio año. "Piensa el ladrón que todos son de su condición, porque cuando el PSOE llega al poder arrasa, se encarga de hacer limpieza ideológica allá donde va", ha añadido.

   Además, ha puesto el fallido proyecto de Eurovegas como prueba de que "este Gobierno no hace trajes a la medida de nadie" por mucho dinero que pretenda invertir. "La única táctica del PSOE es demoler, destruir, practicar la política de tierra quemada, y para ello no dudan en usar como herramienta una organización honorable y reconocida como una de las mejores del mundo por la OCDE", ha concluido.

viernes, 13 de diciembre de 2013

NUEVO CESE DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA


Nuevo cese en la Agencia Tributaria: se trata de Luis María Sánchez González, reciente sustituto de Luis Jones


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El presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Miguel Ferre, ha dispuesto el cese del subdirector general de Planificación y Control del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Luis María Sánchez González.
Ferre agradece los servicios prestados a Sánchez González y señala que éste cesa en su puesto para "pasar a otro destino", según una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado(BOE).
Luis María Sánchez González fue nombrado hace escasos días como nuevo director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria en sustitución de Luis Jones, que presentó su dimisión.
El cese de Sánchez González se suma a la cadena de relevos, dimisiones y ceses que se han producido en las últimas semanas en el seno de la Agencia Tributaria.
Mientras el PSOE ha pedido en el Congreso la apertura de una Comisión de Investigación para esclarecer lo que está pasando en la Agencia Tributaria, desde Hacienda y la AEAT se asegura que nadie es imprescindible y que estos cambios son "normales y habituales". Afirman que los funcionarios relevados o cesados "no se van a la calle", sino que pasan a desempeñar otras funciones.

HACIENDA PRESIONA A 13 AYUNTAMIENTOS PARA QUE SOLICITEN EL RESCATE FINANCIERO


Hacienda presiona a 13 consistorios alicantinos para que soliciten su rescate financiero


El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está animando a 314 ayuntamientos de todo el país a sumarse al plan de rescate diseñado para los municipios con graves problemas financieros y que en su primera fase ya ha contado con 88 adhesiones. Para quienes se apunten, se ofrece el apoyo del Estado a cambio de una vigilancia «al detalle» de ingresos y gastos. En el caso de la Comunitat, son 45 consistorios los que presentan dificultades, 12 en Castellón, 13 en Alicante (ocho pendientes de adherirse al segundo plan) y 20 en Valencia.
Así lo explicaron ayer fuentes del Ministerio, que insistieron en que no se trata «de una intervención» en sentido estricto porque se exigen unas medidas a cambio de apoyo, aunque admiten que el control será estricto porque se ayuda a estos municipios «con el dinero de todos los españoles».
Se trata de ayuntamientos con un deterioro financiero estructural, de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las cuotas del plan de proveedores. Hay municipios que incumplen hasta estas tres condiciones, según las citadas fuentes, que no desvelan nombres.
Control de las cuentas
Hacienda les ofrece ampliar plazos para devolver deudas (incluida la Seguridad Social y Hacienda), anticipos por periodo superior al ejercicio, menos retenciones de su participación en los tributos del Estado y autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto, entre otras. A cambio, deberán reducir gastos pero también incrementar ingresos. Las citadas fuentes aseguraron que parte de estos municipios tienen precios públicos, tasas e impuestos por debajo de la media y de su entorno y que deberán subirlos. «No puedes pretender tener una presión fiscal baja y que el conjunto de los españoles te ayude. No es equitativo», señalaron.
Además, tendrán prohibido encadenar prórrogas presupuestarias (solo se permitirá una) y se arriesgan a que Hacienda, para los casos más graves, les tenga que dar el visto bueno a sus cuentas anuales. Las mismas fuentes añadieron que algunos municipios presupuestan año tras año mal, con exceso de ingresos, que no llegan, y menos gastos de los que realmente tienen.
Otra de las condiciones es la apertura de una cuenta bancaria en la que Hacienda les irá haciendo ingresos y de la que podrán ir obteniendo dinero bajo estricta supervisión del Ministerio.

lunes, 9 de diciembre de 2013

ESPAÑA: RESPONSABLE DE HACIENDA DE MADRID SE SUBE EL SUELDO A 104.681 €, AMIGA DE ANA BOTELLA


La responsable de Hacienda y Economía de Madrid se sube el sueldo un 4%: a 104.681 €


La alcaldesa de Madrid junto a Concepción Dancausa (Efe)
El Ayuntamiento de Madrid subirá el sueldo en la próxima nómina a Concepción Dancausa, mano derecha de Ana Botella. La concejal de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas fue nombrada primera teniente de alcalde del consistorio madrileño el 10 de enero, cuando el terremoto del Madrid Arena devoró la figura del exvicealcalde Miguel Ángel Villanueva. Pese a que aumentó su cuota de poder en el consistorio, su salario se mantuvo entonces en los 100.038 euros brutos anuales. La subida salarial se propuso el lunes pasado en la Comisión de Presupuestos del área de Economía y Hacienda y queda pendiente de su aprobación final en un pleno extraordinario en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta y que se celebrará el 20 de diciembre. Sólo en 2014, el Ayuntamiento de Madrid pagará a Dancausa, la única directiva del área, 104.681 euros.  
Desde su área de Gobierno aseguran a El Confidencial que la subida de sueldo se ejecutó cuando se produjo el ascenso, hace casi un año, y que "se equiparó al de la figura del exvicealcalde", pero que las cuentas ya estaban aprobadas y, por eso, el aumento queda reflejado en los presupuestos de 2014. Sin embargo, el de 2013 guardó para pagar la nómina del entonces número dos de la alcaldesa 97.908 euros brutos anuales, 3.000 menos que la cantidad que cobraba Dancausa como delegada de área (con menos responsabilidades que el vicealcalde). Botella vendió entoncesjustamente lo contrario: que se le congelaba el salario como una medida de ahorro.
La versión que su departamento ofrece ahora para no reconocer la subida salarial que se propuso la semana pasada choca frontalmente con lo que anunció Alicia Domínguez, secretaria general técnica del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, en la citada Comisión. El borrador del Diario de Sesiones de la Comisión celebrada el 2 de diciembre recoge, en palabras de Domínguez, que el salario de Dancausa "sufre un incremento dado que en 2013 se presupuestaba con la retribuciones de delegada de área y, en la actualidad, se presupuesta con las retribuciones propias de primer teniente de alcalde". El portavoz de UPyD en el consistorio madrileño, David Ortega, afea esta conducta: "Es sorprendente, y muy mal ejemplo, después de todos los sacrificios que el ayuntamiento impone a los madrileños, que la primera teniente de alcalde gane más que el anterior vicealcalde por hacer menos".
Íntima amiga de Botella
Concepción Dancausa se convirtió en la persona de máxima confianza de Botella hace un año, en la segunda de las cuatro crisis de Gobierno que ha sufrido en los años que lleva como primera edil. La alcaldesa de Madrid aprovechó aquella reestructuración de Gobierno para suprimir la figura de la vicealcaldía que inventó Alberto Ruiz-Gallardón en exclusiva para Manuel Cobo. Ana Botella optó por eliminar ese puesto e integrar en el área de Gobierno de Hacienda que dirige Dancausa la mayor parte de las competencias económicas. Entonces lo vendió como una apuesta por la racionalización de la Administración para que “los sacrificios que pedimos a los madrileños estén reflejados en las condiciones de trabajo de quienes dirigimos la Administración”.
Concepción Dancausa, en la primera reunión municipal tras tomar posesión (Efe)Concepción Dancausa, en la primera reunión municipal tras tomar posesión (Efe)
Dancausa entró a formar parte de la corporación municipal en 2007, cuando el por entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, la nombró titular del área de Gobierno de Familia y Asuntos Sociales. Cuando Mariano Rajoy llamó a sus filas al ex primer edil de Madrid, Ana Botella le concedió el área de Economía y Hacienda, uno de los departamentos más potentes de todo el consistorio.Botella le encomendó diseñar el informe municipal que recogía la versión oficial del consistorio sobre lo sucedido en el recinto municipal, en el que no asumía ningún tipo de responsabilidad, y que fue contestado por la Delegación del Gobierno el mismo día en el que la alcaldesa lo entregó, en una rueda de prensa donde no se admitían preguntas.
A Botella y Dancausa les une una estrecha amistad desde que fueron compañeras de clase. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid comenzó su carrera política como diputada nacional por Madrid (año 2000), secretaria general de Asuntos Sociales en el Congreso de los Diputados (2000-2003), para después pasar a la Asamblea de Madrid como presidenta de la Cámara (2003-2007). Desde ese año, pasó a estar en nómina en el Ayuntamiento de Madrid.

DOCUMENTO: EL JEFE DE ABOGADOS DE HACIENDA RECHAZO LAS FACTURAS QUE SALVAN A LA INFANTA


El abogado de Hacienda rechazó las facturas que salvan a la Infanta

  • Señala que los gastos de Aizoon 'consistieron en pagar al matrimonio Torres-Tejeiro'

  • Hacienda otorga validez a tres justificantes de "consultoría" que ascienden a 69.900 euros




La Infanta Cristina, en su visita reciente a la Clínica Quirón para...
El jefe del servicio jurídico de la Agencia Tributaria (AEAT), Juan Manuel Herrero de Egaña, emitió un informe en enero en el que rechazaba taxativamente las tres facturas falsas de Aizoon que ahora da por buenas Hacienda para salvar a la Infanta Cristina de un delito fiscal.
El jefe de la Abogacía de la Agencia Tributaria afirma que los pagos a Torres que recogen esos justificantes «no se compadecen con las actividades que Aizoon decía realizar». El director de la AEAT, Santiago Menéndez, obvia éste y otros informes al asegurar que siempre se consideraron deducibles.
El director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria rechazó el pasado mes de enero de forma contundente las facturas falsas que Hacienda ha dado ahora por buenas para salvar a la Infanta Cristina del delito fiscal.

'No se compadece con las actividades'

Juan Manuel Herrero Egaña Espinosa de los Monteros confeccionó un informe el pasado 17 de enero, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que sentenciaba sin ningún tipo de matices que «el análisis de los gastos de Aizoon SL no se compadece con las actividades que decía realizar».
Pero iba todavía más allá. Recalcaba que «los gastos de Aizoon en esos ejercicios [2007 y 2008] consistieron básicamente en pagar al matrimonio Torres-Tejeiro por ayudar al Sr. Urdangarin en sus labores de consejero», entre otras cuestiones.
Bien, pues apenas 10 meses después, Hacienda ha aceptado como válidas precisamente tres facturas abonadas por la empresa familiar de los duques de Palma a la sociedad Intuit Strategy Innovation Lab SL, propiedad de Diego Torres y de su esposa y anteriormente denominada Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica, que albergan precisamente ese cometido ficticio.
Informe del jefe jurídico de Hacienda del pasado 17 de enero.
Es decir, el de ayudar al duque de Palma a «preparar» los consejos de administración a los que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, ni siquiera asistía. No en vano, Hacienda ha concluido siempre en sus dictámenes que «ni en el sumario ni en el expediente administrativo de inspección figuran testimonios de ningún documento, producto o resultado de las actividades de asesoramiento o consultoría pretendidamente desarrollados por Aizoon en beneficio de sus clientes».

Cambio de criterio

Pese a ello, Hacienda otorga ahora validez a tres justificantes de «consultoría» (emitidos todos ellos en 2007) que ascienden a 69.900 euros. Gracias a este injustificado cambio de criterio, la Agencia Tributaria ha concluido en su último informe que la sociedad participada al 50% por la Infanta Cristina no incurrió en delito fiscal.
De haber mantenido la misma postura que su departamento jurídico el pasado mes de enero, la cuota defraudada por la empresa pantalla de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin habría ascendido exactamente a 120.757 euros, transformándose el fraude de Aizoon en un delito fiscal.
El máximo responsable jurídico del Fisco proseguía su informe subrayando que «los gastos deducidos por Aizoon en su Impuesto de Sociedades no estaban relacionados con los contratos de los que derivaban los ingresos por prestaciones de servicios». «O dicho de otro modo», añadía Herrero de Egaña, «no aparecen gastos relacionados con el normal desempeño de la actividad de asesoría que tendría cualquier sociedad que realmente se dedicara a esa actividad».
«La única actividad que realizaba la sociedad», apostillaba el abogado jefe, «era la del alquiler de inmuebles y por un importe anual (30.576,12 euros en 2007 y 27.329,56 euros en 2008) muy inferior a los importes facturados por la supuesta actividad de asesoría (645.453,40 euros en 2007 y 494.156,22 euros en 2008)».
En ese mismo documento, el responsable jurídico de Hacienda apuntaba que «lo anterior pone claramente de manifiesto» que «la existencia de Aizoon sólo se justifica como pantalla de la cual se servía el Sr. Urdangarin para ocultar esas retribuciones personales derivadas de su propia actividad personal, deducirse gastos no relacionados con la actividad y sujetarlas a una tributación inferior».
Pero es que todavía obran en poder de Hacienda más informes emitidos por su Delegación Especial de Cataluña que certifican el reciente cambio de criterio para exonerar a la hija del Rey.

Gastos 'no relacionados con contratos'

El 14 de enero de este mismo año, una de las inspectoras elaboró otro informe en el mismo sentido que los descritos anteriormente. Tras analizar exhaustivamente los gastos declarados por Aizoon en 2007 procedentes de grandes empresas privadas como Mixta África, el grupo Lagardere o Havas Sport, sentenciaba lo siguiente (de nuevo sin realizar ningún tipo de distinciones): «El análisis de los gastos declarados por la sociedad evidencia que no están relacionados con contratos como los mencionados».
Por si fuera poco, la Fiscalía Anticorrupción corroboró estos mismos argumentos en un informe presentado ante el juez José Castro el 18 de enero. En él hacía suyas las conclusiones del jefe de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria.
El fiscal subrayaba, parafraseando a Herrero de Egaña, que «la única actividad que realizaba la mercantil Aizoon era la de alquilar inmuebles». Pedro Horrach concluía que «el análisis de los gastos de Aizoon pone de manifiesto que los mismos no están relacionados con los contratos de los que se derivan los ingresos por prestaciones de servicios». Una aseveración que impide por completo que puedan llegar a ser considerados deducibles.

domingo, 8 de diciembre de 2013

LOS 6 ESCANDALOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN 18 MESES, MAS DE 320 DESTITUCIONES


Seis escándalos en 18 meses deterioran la reputación de la Agencia Tributaria

Seis escándalos han puesto en cuestión a Hacienda. Las sospechas de politización y de tratos de favor planean sobre la Agencia Tributaria que continúa cesando a funcionarios hasta sumar más de 320 destituciones en 18 meses. "¿Qué más tiene que pasar para que el ministro dé explicaciones?", preguntan los grupos de la oposición. Ésta es la sucesión de escándalos que hoy sacuden al fisco. 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la vicepresidenta del Gobierno el día de la Constitución
“Ésta era la casa de la discreción. Ahora es la casa del fuego a discreción”. Con cierto cinismo resume un inspector de la Agencia Tributaria la situación de un cuerpo al que la ley exige sigilo pero al que la avalancha de ceses –más de 320 en 18 meses—y las dimisiones en señal de protesta por las instrucciones políticas –tres presentadas y cuatro sin tramitar en apenas un mes—han convertido en un titular de portada en todos los medios.
Quienes trabajan en la Agencia coinciden en señalar a un responsable: el director general de Hacienda, Santiago Menéndez, que ha destituido a los delegados más antiguos de la institución e intentado controlar la designación de los inspectores que los tribunales asignan a casos tan delicados como la presunta financiación ilegal del PP o los casos de corrupción que cercan a la corona. Menéndez fue quien desactivó los equipos de investigación de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude). Frente a ese dictamen técnico de quienes trabajan dentro de la Agencia, la opinión de quienes están fuera apuntan a otro nombre con un criterio político: Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda ha amenazado con divulgar nombres de artistas, deportistas, políticos o partidos con deudas tributarias, algo que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide explícitamente. 
Al margen de las responsabilidades, los escándalos en la Agencia Tributaria no han dejado de sucederse en los últimos meses. En menos de dos años, el fisco se ha convertido en protagonista de un reguero de polémicas que incomoda a los profesionales de la institución y ante los que los partidos de la oposición no han cesado de pedir explicaciones.
  • La amnistía fiscal cuyo planteamiento fue denunciado por los inspectores que consideraban que “minaba la moral fiscal”. Pero ese planteamiento con el que el PP pretendía recaudar 2.500 millones de euros no fue sólo un escándalo económico. También provocó una controversia política porque entre los defraudadores que se acogieron a la amnistía se encontraba el propio ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
  • El presunto “error” con las declaraciones de la infanta Cristina que, según reconoció la Agencia Tributaria, atribuyó por error propiedades a la hija del Rey que no le correspondían. Como consecuencia de aquel escándalo, cesó la directora de la Agencia, Beatriz Viana. Sin embargo, Hacienda todavía no ha explicado cómo el mismo error de atribución de fincas ajenas al DNI 14-Z de la infanta Cristina se repitió hasta en 14 ocasiones.
  • El criterio de ida y vuelta en cuestiones como las “desgravaciones fiscales” o las “facturas falsas” de la infanta Cristina. En su primer informe al juez, la Agencia Tributaria hablaba de “empleados ficticios” para que el matrimonio Urdangarín se acogiera a la libertad de amortización, es decir, sugería una maniobra fraudulenta por la que había conseguido desgravar más 170.000 euros, una cifra que supera la barrera de los 120.000 euros de fraude que constituye delito fiscal. Meses después, Hacienda remitía al juez un segundo informe en el que corregía su posición inicial y reclamaba 251 euros, según publicó Vozpópuli. Ese mismo cambio de criterio técnico se repite en el caso de las facturas falsas, tal y como publicó el diario El Mundo. Los peritos no explican el cambio de criterio pero la Agencia Tributaria atribuye al juez Castro la responsabilidad del nuevo dictamen.
  • La desgravación de las donaciones del Partido Popular:Los peritos de Hacienda denunciaron también inicialmente que los ingresos en las cuentas del PP procedían de donaciones irregulares. Pese a esa sospecha de financiación ilegal, Hacienda remitía al juez Ruz un documento en el que permitía al PP desgravarse esos donativos ilegales, evitando así que el fraude superara los 120.000 euros que constituyen delito fiscal. Las acusaciones han presentado un contra-informe judicial que califica de "absurda" y "sorprendente" la conclusión de Hacienda de que "realizar una actividad ilícita, prohibida por el ordenamiento, puede dar lugar al disfrute de un beneficio fiscal”.
  • El control de los peritos que asisten al juez: Los casos de corrupción que han llegado a los tribunales requieren de asistencia pericial por parte de Hacienda. Los jueces han solicitado a la Agencia Tributaria la designación de inspectores concretos que el fisco ha negado. Así ha ocurrido en el caso de la infanta Cristina, cuando Hacienda negó al juez la asistencia que solicitaba y nombró a dos peritos de confianza del ministerio. Ahora, el nuevo director general ha dado una vuelta de tuerca más al control pericial y –según reveló el diario El Mundo—ha remitido una orden interna con la que se reserva para sí la capacidad de designar a los inspectores que acudan al auxilio judicial.
  • Las sospechas de trato preferente a grandes empresascomo Cemex ha sido el último detonante. cuyo expediente fue corregido para evitar una sanción de 450 millones de euros. La resistencia de la inspectora que se encargaba de la investigación a corregir ese expediente le costó su cese y con él, se produjo también el de su director. Hacienda intentó silenciar la revuelta interna pero las dimisiones siguieron llegando. Tras ellas, se han sucedido el cese del director general de la Agencia Tributaria, de cargos regionales y se ha puesto en marcha una cadena de ceses que todavía no ha concluido y que suma ya más de 320 destituciones en poco más de año y medio.
A día de hoy, el ministro Cristóbal Montoro sigue sin explicar qué está sucediendo en una institución en cuya confianza descansa buena parte del pago de impuestos de los españoles. Montoro sólo ha dicho que no hay injerencias políticas porque él no las ha protagonizado. Los partidos de la oposición exigen algo más. “¿Qué más tiene que pasar para que el ministro se explique?”, concluye el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura.