ESPAÑA: EL GOBIERNO SUBE UN 10% LOS NOMBRAMIENTOS DE ALTOS CARGOS EN EMPRESAS PUBLICAS

Los altos cargos de las empresas públicas 

crecen un 10% en plena crisis

Los altos cargos de las empresas e instituciones financieras públicas no han querido darse por enterados de que España está atravesando la peor crisis económica de su historia reciente. De hecho, en el apogeo de la peor recesión en la historia democrática del país (entre 2010 y 2012), el porcentaje de sus asalariados que perciben los mayores sueldos, lejos de contenerse, pasó de representar el 15,6% del total de la plantilla a encaramarse al 23,8%, casi diez puntos porcentuales de diferencia.

Así lo reflejan los datos más recientes (elaborados a finales de 2013) del Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales también ponen de manifiesto el sobredimensionamiento que ha llegado a alcanzar la cúpula de estos organismos, entre los que se encuentran grandes corporaciones, como Aena o RTVE, o empresas de tamaño mediano del estilo de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), que bien pueden depender del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales.

Como resultado, en términos generales, son las nóminas que Estadística clasifica como altas (es decir, las que equivalen a 3.255,6 euros mensuales o superan ese nivel) las que más cuota acaparan dentro de la plantilla total de las empresas públicas, casi una cuarta parte por sí solas (ver gráfico adjunto).

Si a ese porcentaje le sumamos el 20,7% propio de los asalariados que ocupan el siguiente puesto de la clasificación (con remuneraciones situadas entre menos de 3.255,6 euros mensuales y 2.528,1) tenemos ya casi la mitad del total de las personas que trabajan en las empresas e instituciones financieras públicas.

Mientras, la clase media es escasa: los componentes de los tres deciles que discurren entre menos de 1.788,6 euros y 1.200 apenas representan el 30% de la fuerza de trabajo de estos organismos.

A contracorriente

Además, llama la atención que estos últimos han encontrado gusto en nadar contracorriente en un contexto en el que predominaba el ajuste de las Administraciones, para poner coto al déficit y a la deuda. En otras palabras, en el mismo periodo en que los altos cargos empresariales públicos crecían (quienes, por cierto, no necesitan opositar), en los otros ámbitos del sector sí que, con más o menos intensidad, entraba la tijera.

En concreto, entre 2010 y 2012, la Administración central (incluida la Seguridad Social) vio cómo la cuota de sueldos elevados pasaba de representar el 17,6% de toda su fuerza de trabajo a situarse en el 14%.

En lo que a las comunidades autónomas concierne, el punto de partida era notablemente elevado: un 24% de sus asalariados cobraba más de 3.200 euros brutos al mes. En 2012, ese porcentaje había menguado hasta el 19,2%. En cuanto a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades...) casi cinco puntos porcentuales se quedaron en el camino entre el 15,7% de 2010 y el 10,9% arrojado dos años más tarde.

Marcar límites

El Gobierno actual ha tomado consciencia de la necesidad de meter en vereda a los altos cargos de empresas públicas y sus retribuciones. Con ese objetivo, entrado el año 2012, el Consejo de Ministros dio luz verde a un decreto por el que se establecía un límite al número de consejeros, y también techos a las retribuciones de los primeros espadas de estos organismos: 105.000 euros anuales para los de gran tamaño; 80.000, para los medianos, mientras que, en el caso de los pequeños, el límite es de 55.000 euros. El problema estriba, según fuentes conocedoras de este ámbito profesional, en que "sigue quedando margen para engordar la nómina recurriendo a complementos, aunque ahora haya más controles".

En concreto, existe un bonus en función del cargo, que puede llegar hasta el 60% del sueldo base y, por otro lado, también hay un variable que puede alcanzar el 40% de la retribución básica.

Sea como fuere, parece claro que, como mínimo, ha llegado el fin de la barra libre de salarios de la que han disfrutado las empresas públicas durante años.

Secretismo dominante

Es más, durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero reinó el secretismo sobre el volumen real de esas retribuciones hasta que, en 2011, un informe del Tribunal de Cuentas reveló que más de 3.300 de sus empleados en nómina cobraban por encima de de los 90.000 euros en cada ejercicio. De hecho, el desembolso total que suponía pagar, en 2011, a los 190.000 personas que trabajaban en ellas ascendía a más de 5.000 millones de euros cada año.

La institución fiscalizadora también citaba nombres propios, de manera que ponía de manifiesto que los sueldos más suntuosos correspondían a Aena, pues no en vano su retribución promedio se encuentra en 57.300 euros anuales. En la cifra, sin duda, influye al alza el hecho de que en el cómputo entran las retribuciones correspondientes a los controladores aéreos.

En el segundo puesto de la clasificación, se encuentra Radio Televisión Española con una remuneración media de 47.800 euros en cada ejercicio.

Los siguientes son otros dos gigantes del transporte: Renfe (46.800 euros, considerando en la estimación a los conductores de trenes) y Navantia ( con una media de 43.700 euros).

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CONTINUA LA ESTAMPIDA NAVIDEÑA DE CARGOS DE HACIENDA

Menéndez intensifica el baile de cargos en Navidad

• Asciende a la hermana de la actual directora de la ONIF

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este lunes en plena estampida navideña, otra quincena de nombramientos de cargos de confianza en la Agencia Tributaria (Aeat) firmados por el actual director Santiago Menéndez y que sustituyen a la vez a otros tantos cesados.

Entre ellos, con un complemento específico de 41.206 euros anuales que añadir al sueldo y al resto de complementos, figura Rosario García-Valdecasas, hermana de la actual directora de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García-Valdecasas, dentro del departamento de Inspección Financiera y Tributaria precisamente de la ONIF.

García-Valdecasas sustituyó a Menéndez en este cargo cuandoMontoro le nombró director de la Agencia hace poco más de cuatro meses. La ONIF se encarga de investigar los casos de corrupción más destacados, entre ellos el caso Gürtel.

El resto de nombramientos tienen un perfil bajo aunque hay tres más en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, el departamento del que resultó cesada la inspectora que no admitió a trámite el recurso de la mayor sanción tributaria de la historia a la compañía Cemex por un montante de 450 millones de euros.

La búsqueda de la sustituta

Según han señalado fuentes fiscales, a pesar de que el sueldo puede superar los 100.000 euros, Menéndez tiene problemas en encontrar a la persona que sustituya a esta inspectora de la Oficina Técnica, así como a los de las otras dos funcionarias que dimitieron posteriormente. Estas salidas originaron una cadena de dimisiones, incluida la del responsable del departamento de Inspección, y una purga entre los anteriores cargos de libre disposición nombrados también por el PP, entre ellos la directora del Servicio de Planificación.

Estas personas de la Oficina Técnica de esta Delegación son las que deberán tener firma a la hora de admitir o rechazar los recursosde las grandes empresas y altos patrimonios.

También el BOE de este lunes recogió el nombramiento de la nueva delegada especial de Cantabria, María del Carmen Gómez, tras el cese del anterior por parte de Menéndez a principios de mes junto a los delegados de Galicia y Castilla y León, cuyos sustitutos ya resultaron nombrados.

La resolución tiene firma en este caso del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Y, lo más llamativo, es que tiene fecha del 20 de diciembre. Sin embargo, se ha publicado 10 días después en plena Navidad y con los departamentos de Hacienda en mínimos por la festividad. A pesar de ello, este ministerio atribuye los cambios a un proceso normal de renovación de equipos. La Agencia dispone de más de 700 cargos de libre disposición, casi la mitad del cuerpo de inspectores.

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ESPAÑA: EL GOBIERNO ELEVA EL GASTO SALARIAL EN ALTOS CARGOS Y PERSONAL DE CONFIANZA

El Estado eleva el gasto salarial en altos cargos y personal de confianza

• Hacienda justifica la subida en que muchos eventuales fueron contratados con el año 2012 ya iniciado
• El sindicato CSIF critica que la masa salarial aumente sólo para ciertos colectivos

• Rajoy gastará un 2,4% más en pagar los sueldos de los cargos de confianza

El gasto total del Estado en salarios, sin incluir clases pasivas, cayó un 2,4% hasta octubre. Sin embargo, este ahorro no se registra en los puestos más elevados de la Administración. El gasto en altos cargos supuso hasta octubre 61,2 millones de euros, un 0,5% más que en el mismo período del año anterior. Y las retribuciones del personal eventual (asesores y cargos de confianza) alcanzaron los 30,2 millones, un 7,9% más. En cambio, el Estado destinó hasta octubre 9.490 millones a pagar el sueldo a los funcionarios, un 2% menos. Y las retribuciones al colectivo de laborales al servicio de la Administración bajó un 4,4% hasta los 646 millones. También se redujeron los incentivos por rendimientos.

El sindicato CSIF crítica que la masa salarial aumente para altos cargos y personal de confianza, cuyo sueldo también está congelado. Fuentes de Hacienda indican que esta situación se debe a que el Gobierno de Mariano Rajoy se formó en diciembre de 2011. Ello significa que buena parte de los nuevos altos cargos y personal de confianza fueron nombrados ya entrado el año 2012 y, en algunos casos, meses después de la salida de sus antecesores. Hacienda justifica que el aumento salarial de 2013 se debe a que el año pasado hubo puestos que estuvieron varios meses vacantes.

En cualquier caso, el incremento de la masa salarial para los cargos de confianza también queda reflejado en los Presupuestos consolidados para 2014, que incluye al Estado central y los organismos públicos. El próximo ejercicio, el Ejecutivo destinará 41,6 millones a pagar las nóminas del personal eventual, un 2,4% más que la partida presupuestada para este ejercicio. El aumento llama la atención porque el número de cargos de confianza se reducirá en cinco personas hasta los 837 efectivos. Esta aparente contradicción sugiere que, si bien se producen más salidas que entradas en el colectivo de eventuales, los nuevos contratados tienen sueldos más altos. Hacienda define al personal eventual como los trabajadores que “en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”.

Es cierto que el gasto salarial en altos cargos y eventuales no alcanza el 1% del total, sin embargo, que las retribuciones suban para ambos grupos genera malestar entre los empleados públicos. De los 837 cargos de confianza de la Administración central, el 32% trabajará directamente para Rajoy o en el Ministerio de Presidencia.

El capítulo de gastos de personal es una de las partidas más relevantes de los presupuestos públicos y seguirá recortándose en los próximos ejercicios en la en la medida en que los sueldos de los funcionarios están congelados y la tasa de reposición es, con carácter general, del 0%. Es decir, que los empleados públicos que se jubilan no son reemplazados.

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PRIVATIZACION DE LA SANIDAD BENEFICIA A CARGOS PUBLICOS IMPUTADOS EN CORRUPCION

El afán privatizador del PP en Sanidad beneficia a sus cargos públicos de Madrid

No sólo los exconsejeros Lamela y Güemes están imputados por presunta prevaricación en la "externalización" de seis hospitales de la comunidad. La puerta giratoria la usó también el director de Hospitales, Antonio Burgueño, y a la actual viceconsejera, Patricia Flores, se la acusa de fraude

Javier Fernández Lasquetty promete no hacerlo pero, con los antecedentes que hay en su departamento, no sería de extrañar que, una vez fuera de la Consejería de Sanidad de Madrid, terminara trabajando para una empresa privada relacionada con la Sanidad. Es más, no sería de extrañar que terminara trabajando para una empresa privada que gestione uno de los hospitales que él mismo haya "externalizado",en caso de que consiga llevar su plan a buen término. 

Ese sería su futuro más probable si se decidiera a seguir la senda de sus predecesores en el cargo, grandes expertos en eso del "yo me lo privatizo, yo me lo como". Desde hace años, las privatizaciones sanitariasllevadas a cabo por el Gobierno del PP han terminado beneficiando a sus propios cargos públicos. A día de hoy, algunos de ellos siguen comiendo de la llamada puerta giratoria, incluso a pesar de estar imputados.

Prueba de ello ha sido el último caso polémico,el del Ministerio de Sanidad, que ha contratado a la compañía Business Assessment Plans and Projects Healthcare, propiedad del exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, para cambiar la gestión de uno de los dos hospitales que dependen del departamento de Ana Mato; el de Melilla (el otro es el de Ceuta).

Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, fue uno de los líderes de la campaña contra el doctor Montes por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa. En la actualidad trabaja como consejero para Assignia Infraestructuras, la compañía a la que él mismo adjudicó la gestión de los servicios privatizados del hospital del Tajo, en Aranjuez, a través de una concesión de la Comunidad de 270 millones de euros. Cuando se destapó la noticia, Mato le pidió explicaciones sobre la legalidad de la situación, pero también afirmó estar "segura" de que Lamela cumplía "todas las normas de compatibilidad". 

Por otro lado, Lamela también constituyó el Madrid Centro Médico (MCM) —Madrid Medical Destination en el mercado internacional—; una asociación para potenciar el turismo sanitario "de excelencia" está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad —ahora IDC Salud—, Clínica La Luz y MD Anderson.

Como él, su sucesor Juan José Güemes, consejero de Sanidad entre 2008 y 2010, también acabó trabajando para una empresa privada (Unilabs), integrada en Capio. ¿El problema? Capio es una de las máximas beneficiarias de la privatización sanitaria en Madrid. Y, de hecho, es una de las empresas imputadas, junto a Ribera Salud y Asisa, por el juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero. 

En ese mismo caso, la actual viceconsejera, Patricia Flores, también está imputada, así como el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; ambos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. Se les acusa, según el auto publicado el pasado 31 de octubre, por no haber controlado la facturación intercentros, así como por haber concedido —presuntamente— una subvención encubierta por la amortización de obras.

El actual director general de Hospitales, imputado en la actualidad, trabajó ante en Adeslas, Capio y Ribera Salud 

El caso de Burgueño es otro de los más sonados de puerta giratoria. Aunque, en esta ocasión, funcionó al revés: del sector privado al cargo público. Burgueño fue director asistencial de la Adeslas entre 1990 y 2001 y colaboró en la creación del polémico modelo Alzira, inaugurado, en 1999, en la localidad valenciana del mismo nombre con el hospital de La Ribera (Ribera Salud). También trabajó para Capio en la traslación del modelo valenciano al hospital madrileño de Valdemoro. Además, su hijo —informa El País— continúa ligado a Ribera Salud, una de las compañías que, además de estar ya presente en la privatización madrileña, aspira a hacerse con la gestión de los hospitales del Sureste (Arganda) e Infanta Leonor (Vallecas).

De todos ellos, el único que dimitió de su cargo como consejero de Unilabs fue Güemes. La compañía —integrada en el grupo Capio— compró el 55% de la Unión Temporal de Empresas, a la que els citado exconsejero adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales de la comunidad. Justo los seis hospitales que ahora intenta privatizar —si la Justicia le deja— el actual titular de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. Porque los tribunales madrileños han decretado la suspensión cautelar de la medida, que adjudicaba la gestión del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo. A día de hoy, el proceso está paralizado hasta que se resuelva la recusación del juez encargado del mismo, Francisco Gerardo Martínez Tristán, casado con una consejera del PP y recién elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial .

Defensores de la "eficiencia" de lo privado

Mientras, ni la expresidenta Esperanza Aguirre ni su sucesor, Ignacio González, han abierto la boca al respecto. Aunque ambos defienden las privatizaciones que la primera impulsó y el segundo continuó. Prueba de ello fueron unas de las últimas declaraciones de Aguirre en televisión, donde defendió que "la empresa privada es más eficaz que la pública" y comparó la privatización sanitaria con la de los servicios de recogida de basura en plena huelga de los trabajadores de éstos últimos.

A su sucesor, González, todo le parecía "bien" cuando supo la dimisión de Güemes, a pesar de que había defendido su continuidad como asesor de Unilabs. Defendía entonces que "la ley de incompatibilidades en España es suficiente dura", igual que ahora defiende el sistema de "ahorro" propuesto por Lasquetty y que su Ejecutivo aprobó hace casi un año.

De igual manera se expresa con asiduidad quien también fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003. José Ignacio Echániz, actual titular del ramo en Castilla-La Mancha y secretario de Sanidad del PP, apuesta siempre por "dar voz y voto" al sector privado en la reforma sanitaria que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Mato. Curiosamente, su hermana Teresa Echániz trabaja para Capio, aunque esta empresa aclaró aPúblico que el contrato se inició "después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera de Cospedal".

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LOS 56 CARGOS DE LA GENERALITAT QUE GANAN MAS QUE RAJOY

Los 56 cargos de la Generalitat que ganan más que Rajoy

• El jefe de la oficina de Montilla cobra 90.788 euros. El asesor fiscal de Mas, 102.161...

• En total, 56 cargos altos cargos y asesores del Govern superan los 78.105 del presidente

• La responsable del despacho de Pujol (90.788 euros): "¡No tenía ni idea!"

Hay otros 81 cargos que ingresan más que Rajoy en entes públicos catalanes: consorcios, fundaciones...

Media mañana del jueves. Sonia Potau, jefa de la oficina de Jordi Pujol, responde el teléfono con tono sosegado. Dos personas trabajan a sus órdenes esta mañana en elsuntuoso despacho de más de 400 metros cuadrados, en pleno Paseo de Gracia de Barcelona. Todo a cargo del sufrido contribuyente, incluido su sueldo de 90.788,39 euros al año.

-¿Sabe que usted gana más que Mariano Rajoy?

-¡No tenía ni idea!

Pues así es. El presidente del Gobierno cobra 78.105,04 euros por regir los destinos de un país sumido en su peor crisis. Mientras tanto,Potau ingresa un 16% más por gestionar la agenda diaria del molt honorable con ayuda de dos empleados: un técnico y un secretario. Así lleva desde el verano, cuando heredó el cargo de Carme Alcoriza, la mítica secretaria del president Pujol.

-¿Qué opina de esta diferencia entre sueldos?

-Pues que alguna cosa no funciona... Imagino que será el salario del presidente, que parece muy bajo.

En tierras catalanas, el caso de Sonia Potau no es único. Ni de lejos. Hasta 56 altos cargos y asesores de la Generalitat cobran más que el presidente del Gobierno español. Y eso en una comunidad autónoma al borde de la quiebra. Cataluña es, de lejos, la que más dinero ha pedido al fondo de rescate autonómico: unos 15.000 millones de euros entre 2012 y 2013.

El listado de bien pagaos abruma por su amplitud. En él están incluidos los 12 consejeros, que cobran 103.176,36 euros. O los 34 secretarios del Govern, con una nómina de 79.651,63. Pero también algunos cargos más inesperados como el delegado en Madrid (79.651,66 euros), el director del Instituto de Estudios Autonómicos (102.907,20) o el presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia (79.651,63)...

Al frente de todos, claro está, se encuentra el president Mas. Su nómina de 136.834,78 euros casi duplica la de Mariano Rajoy. Y también le coloca al frente de los 17 presidentes autonómicos, por encima del vasco Iñigo Urkullu (97.518,85), el madrileño Ignacio González (89.643,72) o la castellano-manchega Dolores de Cospedal (72.470).

Uno a uno, cada escalón de la administración catalana supera en sueldo a la española. Los consellers ganan más que los ministros: 103.000 euros frente a 68.981. Los secretarios más que los secretarios de Estado: 79.651 euros frente a 67.055,31. Y eso por no hablar de los 100 directores generales, cuyo sueldo de 76.270,35 euros es superior al de la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno, que ingresa 73.486,32 euros al año (ver apoyo).

Los 56 bien pagaos sólo incluyen a los altos cargos y eventuales de la Generalitat. Si se amplia la búsqueda a altos cargos del sector público (consorcios, fundaciones, empresas...), aparecen otras 81 personas que cobran más que Rajoy. De hecho, cuatro gozan de mejores sueltos que el mismísimo president Mas.

El afortunado con el sueldo más jugoso es Eugeni Sallent, director de Televisió de Catalunya. Con sus 164.900 euros, duplica el sueldo de Rajoy. El dato surgió durante las negociaciones del ERE en la corporación de medios públicos, que supuso el despido de 224 trabajadores. Pero, en la Cataluña de los recortes, sólo hay una cosa a salvo: los sueldazos de sus altos cargos.

-Señora Potau, ¿qué le diría a los que piensan que su sueldo es excesivo?

-Que todo lo que diga será usado en mi contra...

A continuación, los casos más llamativos, más el listado completo de los que cobran más que Rajoy.

Diez "bien pagaos"

1. IGLESIAS CAPELLAS, JOAN. Director del Programa de Definición del Modelo de Administración Tributaria de Cataluña en el Departamento de la Presidencia. 102.161,66

Artur Mas buscaba un fichaje galáctico que le ayudara a construir su quimérica Hacienda catalana. Y, de paso, que le sacudiera de encima a la española. Para ello, nadie mejor que alguien que conociera las entrañas del ministerio de Cristóbal Montoro. El elegido fue Joan Iglesias, un reputado inspector de la delegación de la Agencia Tributaria en Barcelona, a quien contrató en abril por un sueldo de seis cifras. Hoy, Joan Iglesias asesora al president sobre cómo preparar a Cataluña para la independencia fiscal, aunque carece de competencias ejecutivas.

2. MENÉNDEZ PABLO, JORDI. Responsable de la oficina del ex presidente José Montilla, dependiente del Dpto. de la Presidencia. 90.788,38

El socialista Menéndez cobra un sueldo digno de un presidente, pese a que sólo dos personas dependen de él: una secretaria y un técnico, que trabajan en la Diagonal.Y ni siquiera tiene que aguantar al jefe todos los días: Montilla es senador, así que dispone de otro despacho en la Cámara Alta. Pese a ello, el responsable de la oficina defiende la necesidad de su poltrona: «El presidente Montilla hace y recibe muchas visitas y hay que buscar documentación, gestionar la agenda, redactar sus intervenciones...». Y rehúsa comparar su nómina con la de Mariano Rajoy: «Mi sueldo no lo determino yo, igual que no decido lo que cobra un ministro o el presidente del Gobierno», dice.

3. BOSCH BESSA, JOSEP MARÍA. Delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid en el Departamento de la Presidencia. 79.651,66

El cónsul español en Montpellier, Josep María Bosch, sustituyó en verano a Jordi Casas, un militante de Unió resistente a la deriva soberanista. Su labor es tan simple como vaporosa: ser la cara y los ojos de la Generalitat en Madrid. El PP ha denunciado que el coste de esta labor diplomática supera los dos millones de euros al año, para lo que cuenta con una decena de empleados. Un ejemplo del dispendio: sólo el alquiler de la sede costó 261.997 euros el año pasado. Curiosamente, el embajador en Madrid cobra más que los destinados al extranjero. Así, los delegados de las embajaditas de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y la UE perciben 76.270 euros. Pero tienen pocos motivos para quejarse: aunque ganen menos que Rajoy, sí que superan a la segunda persona más poderosa del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien apenas cobra 73.486,32 euros.

4. BOIXAREU CORTINA, JORDI. Director del programa para la aplicación de los tributos de Cataluña del Departamento de Economía y Conocimiento. 98.780,35

Fue alto cargo con José María Aznar: delegado de la Hacienda estatal en la provincia de Gerona. Allí permaneció en los años de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Hasta que, este verano, decidió cambiarse de bando a golpe de talonario. La Generalitat le fichó para que ayudara a crear la principal «estructura de Estado» de una futura Cataluña independiente: su maquinaria de recaudar impuestos. Así, su función es desarrollar la política de tributos, en el seno de la Agencia Tributaria Catalana, pero con limitadas competencias ejecutivas.

5. POTAU VALLVERDÚ, SONIA. Responsable de la oficina del ex presidente Jordi Pujol, dependiente del Departamento de la Presidencia. 90.788,38

Potau conoció al president en 1985 en el Palau, donde trabajaba de funcionaria. Desde entonces, apenas se ha separado de su mentor. Cuando Pujol abandonó el poder, ella le siguió a su oficina de ex presidente, situada en el Paseo de Gracia de Barcelona. Allí ejercía de técnica a las órdenes de la todopoderosa secretaria del molt honorable, Carme Alcoriza, hasta su jubilación este verano. Sonia Potau heredó el cargo y, de paso, el sueldazo: 90.788 euros, pese a que sólo tiene a dos personas a sus órdenes.

6. VIVER PI-SUNYER, CARLES. Director del Instituto de Estudios Autonómicos en el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. 102.907,20

Es otra pieza clave del proceso de construcción del Estado catalán. Ex magistrado del Tribunal Constitucional (1992-2001), fue nombrado director del Instituto de Estudios Autonómicos de Catalunya en 2004. Desde esta institución, emite informes que suelen avalar las tesis del Ejecutivo catalán frente al gobierno central. Así, fue asesor técnico de la redacción del Estatut y de la propuesta de un pacto fiscal. Este cargo, de jugosa remuneración, le permite trabajar gratis en su otro puesto público: desde marzo de 2013, es presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, el grupo de sabios que guía al presidente Mas en su camino hacia el referéndum de independencia.

7. TIBAU RAGOLTA, IVÁN. Secretario general de Deporte en el Departamento de la Presidencia. 79.651,66

El jugador de hockey sobre patines se hizo célebre en los círculos independentistas en 2003 al renunciar públicamente a la selección española, para jugar exclusivamente con la catalana. Militante de Convergencia, participó activamente en la candidatura de Artur Mas a la Generalitat. Ya en el poder, el president le premió con su nombramiento como secretario de Deporte y le colocó directamente bajo sus órdenes. Desde este cargo ha tenido intervenciones polémicas, como cuando calificó de «ataque a Cataluña» las inspecciones de la Seguridad Social a clubes deportivos de la comunidad.

8. ALBINYANA i SAIGI, ROGER. Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea en el Departamento de la Presidencia. 79.651,66

Pese a su juventud --nació en 1980--, Roger Albinyana es uno de los cerebros internacionales de Artur Mas. Al llegar al poder, el president le nombró asesor con un sueldo similiar al de director general. Y, a principios de año, le ascendió a ministro de Exteriores de Cataluña, un puesto clave en la estrategia soberanista de la Generalitat. Así, Albinyana se ha convertido en responsable directo de una de las políticas más controvertidas del Govern: su acción exterior, incluida su generosa red de embajaditas.

9. SARQUELLA COMERMA, SALVADOR. Responsable de la oficina del ex presidente Pasqual Maragall, dependiente del Departamento de la Presidencia. 90.788,38

Es el hombre de confianza del ex president Maragall. Se conocen desde los años del franquismo, cuando ambos eran funcionarios del ayuntamiento de Barcelona. En 1982, Maragall se hizo alcalde y él se convirtió en su secretario personal. Desde hace dos años, le organiza su agenda de trabajo, con ayuda de dos empleados: un secretario y un técnico. ¿Sabía que gana más que Rajoy? «No tenía ni idea...», dice. «En todo caso, el sueldo no me lo pongo yo. Y no quiero entrar en comparaciones».

10. GIL DOMENECH, MARGARIDA. Directora del gabinete jurídico de la Generalitat en el Departamento de la Presidencia. 102.907,20

Su nombramiento despertó ciertos cuchicheos entre la oposición catalana. Algunos recordaron que es la esposa de Jordi Jané, portavoz adjunto de CiU en el Congreso de los Diputados, lo que provocó acusaciones de «nepotismo». Desde entonces, la oposición ha criticado su actitud ante los casos de corrupción que afectan a la Generalitat. En mayo, tuvo que declarar como testigo ante el juez por el caso de las ITV. Allí admitió que almorzó con uno de los empresarios acusados, pero alegó que creía que se trataba un experto en el sector, no un imputado en la trama.

Los otros 46

Arderiu Munill, Georgina. Secretaria de Hacienda del Departamento de Economía y Conocimiento. 79.651,66 euros.

Baiget Cantons, Jordi. Secretaria del Govern en el Departamento de la Presidencia. 102.907,20 euros.

Bertran Saura, Luis. Secretaria general del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. 79.651,66 euros.

Bonastre Bertran, Ramón. Secretario de Relaciones Laborales del Departamento de Empresa y Ocupación. 79.651,63 euros.

Cañada Campos, Joan. Secretario de Cooperación y Coordinación de las Administraciones Locales del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. 79.651,66 euros.

Carreras de Odriozola, Albert. Secretario general del Departamento de Economía y Conocimiento. 79.651,66 euros.

Castellà Clavé, Antoni. Secretario de Universidades e Investigación del Departamento de Economía y Conocimiento. 79.651,63 euros.

Colet, Enric. Secretario general del Departamento de Justicia. 79.651,66 euros.

Domingo Barbena, Bibiana. Secretaria general del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 79.651,63 euros.

Espadaler Parcerisas, Ramón. Conseller del Departamento de Interior. 103.176,36 euros.

Feliu Morell, Maria Josep. Secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia. 79.651,66 euros.

Fernández Alegre, Roser. Secretaria general del Departamento de Salud. 79.651,63 euros.

Font Hereu, Ricard. Secretario de Infraestructuras y Movilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 79.651,66 euros.

Fortuny i Camarena, Carmela. Directora general del Departamento de Bienestar Social y Familia. 79.651,66 euros.

Gatell i Perez, Montserrat. Presidenta de la Junta de Gobierno del Departamento de Bienestar Social y Familia. 79.651,66 euros.

Gibert Bosch, Arseni. Presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia en el Departamento de Economía y Conocimiento. 79.651,63 euros.

Gibert Espier, Xavier. Secretario del Departamento de Empresa y Ocupación. 79.651,63 euros.

Gordi i Julià. Dolors. Secretaria sectorial de la Junta de Gobierno del Departamento de Bienestar Social y Familia. 79.651,66 euros.

Gordo Aubarell, Germá. Consejera del Departamento de Justicia. 103.176,36 euros.

Homs, Francesc. Consejero del Departamento de la Presidencia. 103.176,38 euros.

Llebot Rabagliati, Josep Enroc. Secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 79.651,66 euros.

Marti Blanch, Josep. Secretaria de Comunicación del Gobierno en el Departamento de la Presidencia. 79.651,66 euros.

Martínez Melgares, Josep. Secretario general del Departamento de Interior. 79.551,62 euros.

Mateo Andrés, Joan. Secretario de Políticas Educativas del Departamento de Enseñanza. 79.551,62.

Mateu Serra, Antoni. Secretario de Salud Pública del Departamento de Sanidad. 79.551,62 euros.

Mas Gavarro, Artur. Presidente de la Generalitat de Cataluña. 136.834,78 euros.

Mascarell i Canalda, Ferran. Conseller del Departamento de Cultura. 103.176,36 euros.

Mas-Colell, Andreu. Conseller del Departamento de Economía y Conocimiento. 103.176,36 euros.

Maso Carbo, Meritxell. Secretario de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. 79.651,66 euros.

Mier Albert, María Jesús. Secretaria general en el Departamento de Enseñanza. 79.651,66 euros.

Munté i Fernández, Neus. Consellera de la Junta de Gobierno del Departamento de Bienestar Social y Familia. 103.176,36 euros.

Ortega Alemany, Joana. Conseller del Departamento de de Gobernación y Relaciones Institucionales. 103.176,36 euros.

Pelegri Aixut, Josep María. Conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 103.176,36 euros.

Pifarré i Matas, Pilar. Secretaria general del Departamento de Cultura. 79.651,66 euros.

Prat Peláez, Manuel. Director general de la Policía del Departamento de Interior. 79.651,66 euros.

Puig Godes, Felip. Conseller del Departamento de Empresa y Ocupación. 103.176,36 euros.

Rigau Oliver, Irene. Consejera del Departamento de Enseñanza. 103.176,36 euros.

Ruiz García, Boi. Consejera del Departamento de Sanidad. 103.176,36 euros

Rusinés i Bonet, María Dolors. Secretaria general del Departamento de Bienestar Social y Familia. 79.651,66 euros.

Sala Roca, Carles. Secretario de Vivienda y Mejora Urbana en el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 79.651,66 euros.

Sancho Serena, Francesc. Secretario de Participación Social y Local en el Departamento de Sanidad. 79.651,66 euros.

Soler Campins, Pere. Director general de Servicios Penitenciarios Departamento de Justicia. 79.651,66 euros.

Torres Grau, Pere. Secretario de Empresa y Competitividad en el Departamento de Empresa y Ocupación. 79.651,66 euros.

Vidal Orti, Mireia. Interventora general en el Departamento de Economía y Conocimiento. 79.651,66 euros.

Vila Vicente, Santiago. Conseller en el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 103.176,38 euros. Villòria Sistach, Pau. Secretario general en el Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 79.651,66 euros.

Y los 100 que cobran más que la vicepresidenta...

Rajoy no es el único que puede sentirse agraviado. No sólo 56 cobran más que él, sino que otros 100 superan el sueldo de su «número dos», Soraya Sáenz de Santamaría. Se trata de directores generales o cargos asimilados, cada uno con un sueldo de 76.270,35 euros anuales. A continuación, una selección de los más llamativos: Alins Abad, Albert: delegada territorial del Gobierno en el Alto Pirineo y Arán / Bernadi Gil, Xavier: oficina para el desarrollo del autogobierno / Bort Ferrando, Jordi: director general del Instituto Catalán de la Viña y el Vino / Clavaguera Vila, Joaquim: director general de ejecución penal en la comunidad / Cullel i Comellas, Víctor: director general de análisis y prospectiva / Davis, Andrew Scott: delegado en Estados Unidos / Escorihuela Mestre, Josep: director-consejero delegado de Forestal Catalana SA / Farre Roure, Ramón: delegada territorial del Gobierno en Lérida / García Casaponsa, Miquel: director general de centros concertados y privados / Gendrau Farguell, Juli: delegado territorial del Gobierno en la Cataluña Central / Genovés Avellana, Ignasi: director general de atención ciudadana y difusión / Lázaro Llovera, Oriol: gabinete de la vicepresidencia / Olive Quintana, Maryse: delegada del gobierno en Francia / Ortega Puertas, María del Mar: delegada del gobierno en Alemania / Pallares Povill, Francesc Javier: delegado territorial del gobierno a las Tierras del Ebro / Pitarch Albos, Teresa: oficina de supervisión y evaluación de la contratación / Puig y Gordi, Lluís: director general de cultura popular, asociacionismo y acción cultural/ Ruiz Isern, Meritxell: directora general de atención a la familia y a la comunidad educativa / Udina Abelló, Frederic: director del Instituto de Estadística de Cataluña / Vendrell Aubanch, Enric: director general de asuntos religiosos.

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