ESPAÑA: LOS FUNCIONARIOS COBRARAN ESTA SEMANA PARTE DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD 2012

El personal laboral de la Junta cobrará 'esta semana' parte extra Navidad de 2012

CCOO aseguró que Junta pagará "esta misma semana" a todo su personal laboral -cerca de 7.000 personas- la parte de la paga extra de Navidad de 2012 "que suprimió ilegalmente y que el TSJCM ordenó devolver a los trabajadores"

El personal laboral de la Junta cobrará 'esta semana' parte extra Navidad de 2012. En la imagen de archivo empleados públicos - funcionarios trabajando

CCOO aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha pagará "esta misma semana" a todo su personal laboral -cerca de 7.000 personas- la parte de la paga extra de Navidad de 2012 "que suprimió ilegalmente y que el Tribunal Superior de Justicia ordenó devolver a los trabajadores, a instancias de CCOO y UGT".
Según infromó el sindicato en nota de prensa, esto supone la devolución de unos dos millones de euros, pues es el "dinero correspondiente a 44 días de la mencionada paga extra, junto a las nóminas del mes de febrero, que cada uno de los trabajadores laborales recibirán en los próximos días".

"CCOO celebra que por fin la Junta de Comunidades acate la sentencia y proceda a pagar lo que debe, aunque sea, como es habitual, por orden de los tribunales", señaló la responsable de la FSC-CCOO de Albacete, Carmen Juste.

En este sentido, añadió que "sólo los tribunales están desmontando las tropelías que los gobiernos estatal y autonómico están llevando a cabo contra los empleados públicos y contra los servicios públicos".
De hecho, según explicó Juste, "el Gobierno de María Dolores de Cospedal se negó a negociar esta cuestión en la Mesa Paritaria, aunque sabían que no llevaban razón y que tarde o temprano tendrían que devolver el dinero porque así se lo dirían los tribunales".

"Ahora queda por devolver el dinero a todo el personal funcionario. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional nos dé la razón y se declare definitivamente la inconstitucionalidad de la medida adoptada en 2012 por el Gobierno regional y que supuso la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012 a todos los empleados públicos de nuestro país", añadió.
FUENTE

ESPAÑA: EL GOBIERNO VA A COBRAR POR VER LAS NOTICIAS EN GOOGLE NEWS,. EL FIN DEL PERIODISMO ALTERNATIVO, EL FIN DE SALOMON

SOLO VAN A COBRAR EN ESPAÑA, ¿DE QUE TIENEN MIEDO? ES LA MUERTE DE LA INFORMACION VERAZ

CEDRO y agregadores como Google News 

o Menéame tendrán 5 meses para acordar 

las tarifa

El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado este viernes en el Consejo de Ministros recoge la compensación a los editores frente a determinados tipo de utilización de sus contenidos por parte de los agregadores, una medida que sería pionera en Europa.

Ese es el caso de Google News o Meneame, con quien el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) --encargado de establecer las tarifas-- tendrá que negociar los importes, cuya cifra aún no se ha estimado. Para ello se da un plazo de tres meses para fijar la metodología de cálculo de tarifas y cinco para que se pongan de acuerdo ambas partes, según ha explicado este viernes a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Además, explican que este apartado del proyecto no hace referencia a meros enlaces o buscadores, sino a aquellos agregadores de contenidos que ordenan y facilitan contenidos más amplios.

Estas mismas fuentes explican que una cosa es la puesta a disposición a través de la búsqueda aislada, y otra es la difusión por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos, fragmentos de publicaciones y evitas que se produzca el tráfico en la página de origen.

Respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estima que enlazar a webs contenido que puede consultarse libremente en otra página es legal, el Ministerio explica que este proyecto no interfiere con dicha sentencia ya que en este caso no se trata de un "mero enlace", sino que aporta información adicional.

En concreto, en la definición de estos agregadores no entran los meros buscadores, ni un ciudadano que cuelga un enlace a una película o videoclip en su página o red social, porque "no desarrolla una labor activa".

Entre otros ejemplos, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios, es decir, que da igual quién ponga el enlace, el autor de la página o terceros.

El proyecto autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos informativos, de formación de opinión o de entretenimiento, si bien "con un derecho irrenunciable de compensación" a los editores u otros titulares sobre estos fragmentos.

En este apartado se excluyen a las fotografías, que siempre han requerido autorización, y también a la actividad de búsqueda mediante palabras aisladas que remiten a la página original.

En el apartado referido a las entidades de gestión, el proyecto también plantea instaurar un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago con el fin de simplificar y reducir los costes de transacción de los usuarios, como es el caso de restaurantes, hoteles o peluquerías.

Para ello impone a las entidades de gestión la obligación de constituir una persona jurídica privada a la que se le encomiende la tarea de centralizar las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.

Cultura asegura que "ninguna empresa podrá tener el control", ya que se quiere evitar el dominio del mercado y una situación de desigualdad. La situación preferible es que las entidades de gestión se pongan de acuerdo entre ellas para la creación de una nueva entidad. Para ello, las partes tendrán un plazo de cinco meses para diseñar cómo se va a llevar a cabo.

La lucha contra la piratería se llevará a cabo a través de dos frentes: la vía civil y la vía administrativa, a través de la Sección Segunda. A través de la primera de ellas se podrá acceder a la información de quién está detrás de la dirección IP, con el fin de saber contra quién se presenta la demanda.

La segunda vía pretende atacar al modelo de negocio, es decir, a aquellas páginas vinculadas al negocio local, que se lucran a través de publicidad y de ingresos directos. Para ello, se apunta a los enlazadores (en línea con lo que contempla el Código Penal) así como contra los enlaces. De esta forma, Cultura asegura que se adelantará mucho tiempo en la eliminación de contenido ilegal.

Para conseguir el objetivo, se pedirá la cooperación de las plataformas o la publicidad que se incluya, y su negativa acarreará sanción.

Uno de los avances que se pretende conseguir es la ampliación de contenidos retirados. Mientras que antes había que examinar obra a obra, ahora la orden de retirada se puede extender a obras de la misma tipología que contiene la página.

Hasta hoy, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ha resuelto 338 expedientes, un 83 por ciento del total de las solicitudes presentadas. De las 152 webs requeridas, todas han retirado los contenidos ofrecidos de manera ilícita y 21 han cesado su actividad.

FUENTE

ESPAÑA: LA POLICIA LOCAL COBRARA 20 EUROS POR CADA ATESTADO DE TRAFICO

La Policía Local cobrará 20 euros por los atestados de accidentes de tráfico

El Ayuntamiento de Málaga recibió en los tres últimos años 36.000 peticiones de este tipo, por las que habrá que pagar a partir del día 15

Los atestados de la Policía Local que se utilizan con frecuencia para reclamar daños en accidentes de tráfico serán de pago a partir del próximo 15 de febrero. Entra en vigor este apartado de la nueva ordenanza fiscal, que está aprobada desde octubre de 2012, y que supondrá un desembolso por parte del interesado de 20,44 euros.

La iniciativa, que ha tardado en arrancar por la necesidad de adaptar los sistemas informáticos del Ayuntamiento, ya se aplica en las principales capitales españolas y en varios municipios de la Costa del Sol. Más allá del afán recaudatorio -que ya ha comenzado a suscitar críticas entre los abogados especialistas en estos litigios- el concejal de Seguridad, Julio Andrade, asegura que su objetivo es poner coto a las más de 9.000 peticiones en este sentido que se registran cada año, y que suponen un importante desgaste en horas de trabajo de los agentes, que no se pueden dedicar a otras tareas.

Según las estadísticas municipales, entre los años 2010 y 2013 hubo 36.000 solicitudes de informes, mientras que solo en el último semestre del año pasado fueron más de 4.000. «El grupo de investigación de accidentes seguirá haciendo atestados y localizando a testigos para remitirlos al juzgado; pero luego los abogados de las compañías de seguros piden informes específicos», explica el edil. Precisamente, será este concepto por el que habrá que abonar una tasa.

La búsqueda del atestado, el registro, la comprobación y la entrega supone una media de dos horas de trabajo, de ahí su coste, a razón de diez euros por hora. «Son miles de horas de trabajo que entendemos que son peticiones particulares de los seguros, no son un servicio público de interés general», y agrega: «La policía hay que destinarla a otras tareas, y lo ideal es que se pidan solo las imprescindibles».

En cambio, Andrade aclara que las diligencias se remitirán como siempre a los juzgados para aclarar los accidentes: «Es un trabajo que se hace, lo otro son peticiones explícitas de los abogados para las compañías».

Eventos deportivos

La ordenanza tiene prevista su aplicación por fases, por lo que próximamente llegará también a los eventos deportivos organizados por promotores privados. A este respecto, el concejal comenta que los organizadores de las competiciones que requieran cortes de calles al tráfico durante los fines de semana -que son actividades cada vez más extendidas- deberán pagar las horas extraordinarias de los agentes. En este apartado se excluyen expresamente todos los eventos de interés general, con tradición, promovidos por el Consistorio, cofradías y peñas, tales como procesiones, cabalgatas, etc. Tampoco se pasará factura por eventos que supongan grandes aglomeraciones de público, y que forman parte de las atribuciones de orden público de este cuerpo.

Consultado sobre esta cuestión, el secretario general de la UPLB, Francisco Corpas, se limitó a recordar que la Guardia Civil ya cobra a las empresas organizadoras de competiciones deportivas. «Sobre las tasas tenemos poco que decir. Es una decisión política y la acatamos, porque nosotros vamos a hacer el trabajo, se cobre o no». La normativa contempla otros asuntos que también serán susceptibles de cobro, tales como el paso por la ciudad de vehículos especiales.

FUENTE

ESPAÑA: ALTOS CARGOS, DIPUTADOS Y ALCALDES, COBRARAN EL "PLUS POILITICO"

Funcionarios que sean altos cargos, diputados y alcaldes cobrarán el ´plus político´

El Govern añade nuevos supuestos para percibir el llamado ´Nivel 33´ en el proyecto de ley de Función Pública - Los sindicatos denuncian que solo les deja 15 días para negociar el borrador

Mateu Ferrer Los privilegios para determinados funcionarios que pasan por la política beneficiarán a un mayor número de casos. La nueva ley de Función Pública que impulsa el Govern del PP ampliará los supuestos para cobrar un complemento salarial –llamado ‘Nivel 33’ en la jerga funcionarial– que se otorga de por vida a aquellos funcionarios de carrera que se reincorporan a su puesto de trabajo tras haber ocupado determinados cargos públicos durante un mínimo de dos años.

El borrador del proyecto de ley hace extensiva la consolidación del llamado ‘Nivel 33’ a “otros altos cargos, alcalde o alcaldesa, retribuidos y con dedicación exclusiva, miembro del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios, diputado o diputada, o senador o senadora de las Cortes Generales o miembro de las asambleas legislativas de una Comunidad Autónoma”.

Beneficiar a más políticos
En consecuencia, esta novedad afectará sobre todo a los funcionarios que ostenten una alcaldía o un escaño en el Parlamento autonómico durante dos años continuados, o tres con interrupción. El cambio normativo también amplía el abanico de supuestos que hasta ahora tenían derecho a cobrar este complemento al incluir al genérico “otros altos cargos”. Todos ellos, cuando dejen de ser un cargo político y regresen a su plaza, tendrán derecho a percibir la diferencia entre su complemento de destino y el de un director general de la Administración del Estado. Ello puede suponer un plus entre 400 y 800 euros más al mes, dependiendo del caso.

En la actualidad, el ‘Nivel 33’ lo perciben aquellos funcionarios que han sido presidentes del Govern o del Consell, consellers y consellers insulares ejecutivos, directores generales o directores insulares, presidentes o gerentes de entes, organismos, consorcios y/o empresas públicas.

El Govern de José Ramón Bauzá justifica esta modificación en que debe adaptar “obligatoriamente” la nueva ley de Función Pública al Estatuto básico del Empleado público (EBEP).

Delegados sindicales ya han reprochado al Ejecutivo esta actitud, ya que consideran que el PP “se preocupa de consolidar las prebendas para la clase política, pero en cambio mantiene los recortes y congelaciones salariales al personal”, y señalan que si el Govern quisiera podría dejar en suspensión indefinida la aplicación del ‘Nivel 33’ mediante una simple disposición en la nueva ley.

De hecho, el malestar entre los sindicatos y el Govern es patente respecto a la nueva normativa. La consellera de Administraciones Públicas, Maria Núria Riera, anunció a primeros de enero que quería el máximo consenso con los sindicatos para sacar adelante el proyecto de ley. Para ello, Riera dijo que habría dos meses para negociar el borrador. Sin embargo, el jueves hubo la primera reunión de trabajo, y el director general Antoni Mesquida redujo el periodo a 15 días. “Pretenden que negociemos en cuatro días una ley de más de 170 páginas que afecta a miles de funcionarios ¿y llaman consenso a este paripé? La consellera Riera, una vez más, desprecia a los sindicatos, no tiene el más mínimo respeto”, denuncian desde el STEI.

“Respecto a las formas, este Govern cercena la negociación sindical, y en cuanto al fondo, restringe las mejoras conseguidas por los trabajadores pero por contra deja atado y bien atado el complemento para alto cargo”, expresan su protesta desde CC OO.

FUENTE

ESPAÑA: EX-VICEPRESIDENTE DE CASTELLON COBRARARA 40.000 EUROS POR ASISTIR A PLENOS

El exvicepresidente de Castellón cesado cobrará 40.000 euros por ir a plenos

Moliner no explica el porqué de este trato de favor a Francisco Martínez, ahora sin funciones

• Moliner reduce la herencia de Carlos Fabra con el cese de su ‘número dos’

El esperado pleno de la Diputación de Castellón en el que su presidente, Javier Moliner, iba a dar explicaciones y responder a la oposición sobre los dos últimos escándalos que han afectado al palacio de Las Aulas se ha quedado a medio gas. Moliner no ha explicado por qué ha aprobado un sueldo de casi 40.000 euros anuales al atribuir una dedicación exclusiva al ahora diputado raso Francisco Martínez, al que destituyó de todos sus cargos en la Diputación y cuya única responsabilidad consiste ahora en asistir a los plenos.

Su destitución como vicepresidente provincial se produjo tras conocerse que proyectó una depuradora en Borriol sobre terrenos familiares. La operación le iba a granjear un beneficio de 48.000 euros. Moliner ha reconocido hoy que esta parcela de 2.700 metros cuadrados no hacía falta para el proyecto y así lo hicieron saber los técnicos en 2007. El Ayuntamiento de Borriol sí la incluyó entre las que iban a ser expropiadas. El Consistorio aprobara este martes la expropiación de las parcelas para este proyecto excluyendo, ahora sí, la de los Martínez pero manteniendo las vinculadas a su socio.

Javier Moliner ha recordado que destituyó a quien era su número dos (que hoy estrenaba escaño lejos de la mesa presidencial) por “ética” pero no ha respondido a las insistentes preguntas de PSPV-PSOE y de Compromís. “Martínez es el paradigma de quien se ha hecho rico en política (…). Hoy será premiado con una dedicación exclusiva, ¿qué se le debe?”, ha cuestionado este martes el portavoz socialista, Francesc Colomer, quien ha añadido que Moliner está pagando 40.000 euros a quien fue exvicepresidente durante lustros “por ser un ánima en pena en la Diputación”.

El portavoz de Compromís, Enric Nomdedéu, ha atribuido además a Martínez que haya usado información privilegiada en esta operación y ha apuntado a posibles responsabilidades penales. “Hoy se juzga su línea roja”, le ha dicho a Moliner tras recordarle que no estaba contestando a las preguntas de la oposición, que también ha exigido la misma mano dura para el alcalde de Borriol y diputado provincial, Adelino Santamaría, a quien acusan de estar confabulado con Martínez en el pelotazo.

Tampoco en este punto ha convencido el presidente de la Diputación y del PP provincial. Moliner ha asegurado que no ha tomado ninguna decisión con respecto a él porque su actuación ha sido como regidor y no como diputado. “Si hubiera hecho algo como diputado, la decisión hubiera sido otra”, ha llegado a afirmar.

Pese a todo, el alcalde de Borriol tiene los días contados. Al término del pleno él mismo ha asegurado que había puesto su cargo a disposición de Moliner y que presentará su dimisión como diputado y como alcalde de Borriol próximamente porque ya había anunciado su jubilación.

Moliner debía dar explicaciones también sobre las imputaciones de su ex número dos y del expresidente Carlos Fabra por la gestión de la corrida de la Beneficencia. También en este punto han sido escasas las aclaraciones. El dirigente popular se ha limitado a defender que los técnicos avalaron el procedimiento y que la oposición aceptó en su día el método de pago de las entradas para el polémico festejo. “Sobre el mecanismo de cobro (instaurado por Fabra), estoy convencido de que podía ser mejorado, por eso lo he cambiado”, ha apuntado

FUENTE

HOLANDA: EL GOBIERNO COBRARA A LOS PRESOS 16 EUROS AL DIA

Holanda pretende cobrar 16 euros diarios a los presos

El Ministerio de Seguridad y Justicia estudia que también paguen la tasa los recluidos en prisiones psiquiátricas y los padres de menores internados en centros de reinserción

El ministerio de Seguridad y Justicia de Holanda anunció hoy su intención de cobrar una tasa de 16 euros al día a los reclusos de sus centros penitenciarios, incluidas personas en prisión psiquiátrica y padres de menores internados en centros de reinserción. El secretario de Estado de Seguridad y Justicia holandés, Fredrik Teeven, señaló que estudia la introducción de esta tasa de 16 euros diarios con el objetivo de cubrir su estancia en las instalaciones penitenciarias, según un comunicado del ministerio de Seguridad y Justicia.

La medida tendría una duración máxima de dos años, limitando la recaudación total a 11.680 euros por persona, según los datos del ministerio, y no se aplicaría en casos de detenciones. Los afectados serían todos los internos de los centros penitenciarios, además de los responsables de los menores ingresados en los distintos centros de reinserción holandeses.

Los condenados también podrían pagar parte de los costes policiales y judiciales

Por otra parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Ivo Opstelten, presentó hoy un segundo proyecto de ley para que los condenados en sentencias firmes se hagan cargo de una parte de los costes que generan la investigación policial, el procedimiento judicial y la asistencia a las víctimas, según el mismo comunicado. "Con esta iniciativa, Holanda sigue a un gran número de países en Europa que tienen sistemas similares", afirmó el ministerio.

El gobierno holandés busca obtener un ahorro presupuestario de 65 millones con esta propuesta. Por el momento, el ministerio ha remitido ambas iniciativas a varios órganos judiciales, como el Consejo de la Magistratura o a la Fiscalía del Estado, para conocer su opinión antes de someterlas a su trámite parlamentario.

FUENTE

LOS BANCOS COBRAN POR MORIRSE

Cuando las cajas multan por morirse

Varios clientes denuncian que las entidades financieras cobran penalizaciones a jubilados que dejan de domiciliar la pensión de su cónyuge fallecido

Adicae reconoce que es un caso habitual y que suele cebarse "en los que menos tienen"

Cuando morir implica el pago de comisiones. Esa es la denuncia que hacen varios clientes de cajas de ahorros, que están siendo sancionados con el cobro de una cuota mensual que antes no pagaban y que llega después del fallecimiento de su cónyuge. Llegan estas quejas de mujeres jubiladas y pensionistas que se acaban de enterar de que su entidad les está reteniendo una cantidad al mes como penalización por haber dejado de domiciliar -obviamente y después de su muerte- la pensión de sus maridos.

No son muchas las denuncias, en parte porque son muchos los casos de familias que o no se han enterado o no han advertido este nuevo cobro de comisiones. Según confirma Adicae-Galicia (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) a este periódico, esta situación "es más que probable" y suele acontecer porque las cajas o bancos "no tienen en cuenta el motivo por el que esa pensión ha dejado de estar domiciliada" y comienzan así a aplicar unas comisiones de las que antes estaban exentos los clientes, precisamente por tener domiciliado ese pago.

Estas promociones, como insiste Adicae, suelen ir vinculadas a regalos que se les ofrece a los clientes por domiciliar una pensión para "retenerlos el máximo tiempo posible" y a cambio también de comisiones cero, pero siempre que se mantenga esa misma pensión domiciliada. En caso de que fallezca el receptor de la oferta, el marido o mujer que mantiene la cuenta conjunta pasa a pagar una penalización mensual en forma de comisión. "Y suelen pagar los que menos tienen, porque estos productos recaen en jubilados que reciben pensión por viudedad o una escasa paga", añade la asociación de usuarios de banca, que recuerda que desde 2007 las comisiones se han incrementado un 170% en España. "Deberían ser más condescendientes", explican desde la entidad.

Pero no lo son. Una vecina de A Coruña nos explica su caso. Su padre murió hace ya un año. Antes, había domiciliado su pensión en una caja de ahorros castellana con un contrato de permanencia de dos años y que incluía un regalo "que no vale para nada y que mi madre aún tiene en la caja y sin abrir". Fallecido el familiar, y con varios meses de contrato aún por delante, la entidad le cobró una penalización mensual de 12,5 euros, que acabó devolviendo tras las reclamaciones de la hija y después de presentar los papeles que acreditaban el fallecimiento de su progenitor.

Pero la oficina cerró y la cuenta pasó a depender de otra que volvió a decidir cobrarle una comisión a la mujer del fallecido, que mantenía una cuenta conjunta con su marido. Después de varias reclamaciones y visitas a la caja, la entidad accedió a devolver de nuevo el dinero, pero ni mucho menos aseguraron que eso podría seguir siendo así. "Haremos lo que podamos, estamos trabajando", le contestaron.

"Mi madre está perfectamente y se enteró de la penalización, pero cuánta gente habrá que no se entera y que sigue pagando por la muerte de su cónyuge", se pregunta esta vecina de A Coruña. Su advertencia es precisamente la que se cumple en otros casos, como el de otro cliente de una caja gallega que reparó en que su madre llevaba años pagando una cantidad mensual tras la muerte de su padre. La familia había dejado -obviamente- de domiciliar su pensión, pero a la entidad ni se le ocurrió que habría podido ser a causa de su fallecimiento. Y la siguió penalizando.
FUENTE

GRIÑAN HACE UNA MANIOBRA QUE LE PERMITE COBRAR 3 SUELDOS

Griñán hace una triquiñuela que le permitirá cobrar tres sueldos

Pese al auto de la jueza Alaya, el expresidente andaluz culminó este jueves su huida al Senado con el respaldo de su partido y la complicidad de IU. Pero antes de irse lo dejó todo atado.

De nada han servido las peticiones del PP. El Parlamento de Andalucía no ha parado las máquinas después del auto preimputatorio de Mercedes Alaya y este juevesJosé Antonio Griñán consumó su marcha al Senado con la complicidad de Izquierda Unida. Como también el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, y la consejera de Educación saliente del Gobierno andaluz,Mar Moreno.

Griñán ha hecho buen negocio, porque a sus honorarios como senador y como presidente del PSOE sumará los de expresidente de la Junta de Andalucía. Cuya cuantía tendrá que decidir por decreto y "con carácter inmediato" -según la ley- el nuevo Gobierno de Susana Díaz, que tomó posesión el martes. ¿Cómo de generosa será su sucesora, teniendo en cuenta que si está ahí es gracias a él?

Al nuevo senador le ha salido la jugada a pedir de boca. Hasta finales de 2011 el Estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía establecía que estos, al llegar a los 65 años, cobrarían una pensión vitalicia equivalente al 60% de su sueldo pero incompatible, entre otros supuestos, con "la percepción de ingresos resultantes del ejercicio de cualquier mandato parlamentario". Es decir, que al convertirse en senador Griñán se habría quedado sin esa asignación, aproximadamente unos 40.000 euros anuales brutos.

Sin embargo, en diciembre de 2011 él mismo impulsó y firmó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía una modificación de la normativa (puede leerla aquí). De forma que se suprimía esa pensión y, a cambio, se dejaba la decisión de la retribución del expresidente de forma arbitraria en manos del nuevo presidente y su Ejecutivo. Al ser por decreto, en el supuesto -descabellado, dadas las penosas circunstancias económicas de la región- de que Díez decidiera premiar los servicios de Griñán manteniéndole el salario que ha tenido hasta ahora, en torno a 66.000 euros anuales, nadie podría evitarlo. En sus manos está.

En paralelo, Griñán recibirá como senador raso 2.813,91 euros brutos al mes, a lo que hay que sumar otros 1.822,38 mensuales en concepto de indemnización por proceder de otra circunscripción distinta a Madrid. Esta última cantidad es limpia, no tributa. Si le nombran portavoz o presidente de Comisión para redondear su sueldo tendrá un plus que va de los 697,64 a los 1.431,32 euros mensuales, en función del cargo. Además tiene transporte gratis y dietas.

A ello hay que sumar lo que gana como presidente del PSOE, un misterio. Claro que si su imputación sigue adelante Alfredo Pérez Rubalcaba lo tendrá difícil para mantenerlo en el cargo. Al hilo de esto último, y después de 48 horas de silencio, Griñán aprovechó su marcha para hacer una breve comparecencia en las Cortes regionales durante la que tachó de "mezquindad" que se diga que quiere ser senador para estar aforado. "El Senado no añade nada nuevo al aforamiento", según él. Pero sí lo añade: pasa de estar aforado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como diputado autonómico a estarlo en el Tribunal Supremo.

Griñán criticó que aún no le haya sido notificado el auto de la jueza instructora del caso de los EREs y que, en cambio, fuera difundido por el PP-A durante la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, según Europa Press. Además declaró su confusión y "estupor" tras haber leído el auto, que definió como "bastante inclasificable desde el punto de vista judicial e insólito desde el terreno de la instrucción". "No aporta nada nuevo en el terreno jurídico, aunque otra cosa es en el ámbito mediático y político, donde parece que ha dado mucho juego", lamentó.
FUENTE

LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, INICIA UNA CAMPAÑA PARA COBRAR A LOS HOTELEROS

La SGAE inicia una campaña para cobrar 

los derechos de autor a los hoteleros

La entidad ha enviado cartas a los establecimientos y se advierte de posibles acciones legales

La  Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha iniciado una campaña para cobrar los derechos de autor en los establecimientos hoteleros.

Los propietarios de hoteles y agroturismos han recibido una carta donde se les dice que «esta entidad ha comprobado que en el negocio del que usted es titular se están realizando obras y prestaciones del repertorio administrado por la SGAE y las entidades AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España)». Pero lo cierto es que la mayoría de los establecimientos que han recibido esta carta aseguran que previamente no les ha visitado  ningún técnico del SGAE para comprobar qué tipo de servicio ofrecen a sus clientes y advertirlos. Los más indignados por esta notificación son los propietarios de los agroturismos, que en muchos casos no tienen ni televisiones en las habitaciones.

La carta del SGAE viene acompañada por una del bufete de Abogados Montis de Palma donde se advierte que «el departamento comercial de la SGAE me ha hecho entrega de la documentación y antecedentes necesarios para iniciar en un juzgado el correspondiente procedimiento judicial de reclamación contra ustedes por la utilización sin autorización del repertorio que ésta administra». Y se da un plazo de siete días para que los propietarios de los establecimientos se pongan en contacto con el representante de la Sociedad en su zona con el fin de evitar que se inicien acciones legales contra su negocio.

Desde la SGAE niegan que se haya iniciado una campaña y aseguran que las cartas sólo se han enviado a una zona concreta del archipiélago donde hay un nuevo delegado de zona que quiere efectuar un registro.

Consultas
La gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Inma de Benito, asegura, por su parte, que les han llegado muchas consultas en relación a estas cartas y no sólo de Mallorca, sino de todas las Islas. Según la gerente, «durante la temporada alta intensifican estas campañas porque saben que están todos los establecimientos abiertos».

En estos momentos la Federación trabaja para que sus asociados puedan acceder a unas tarifas especiales porque, como asegura De Benito, el sector hotelero tiene que hacer frente al pago de hasta nueve derechos a diferentes entidades, no sólo los de la  Sociedad General de Autores y Editores.

FUENTE