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jueves, 6 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA POLICIA LOCAL COBRARA 20 EUROS POR CADA ATESTADO DE TRAFICO


La Policía Local cobrará 20 euros por los atestados de accidentes de tráfico

El Ayuntamiento de Málaga recibió en los tres últimos años 36.000 peticiones de este tipo, por las que habrá que pagar a partir del día 15


La Policía Local cobrará 20 euros por los atestados de accidentes de tráfico
Los atestados de la Policía Local que se utilizan con frecuencia para reclamar daños en accidentes de tráfico serán de pago a partir del próximo 15 de febrero. Entra en vigor este apartado de la nueva ordenanza fiscal, que está aprobada desde octubre de 2012, y que supondrá un desembolso por parte del interesado de 20,44 euros.
La iniciativa, que ha tardado en arrancar por la necesidad de adaptar los sistemas informáticos del Ayuntamiento, ya se aplica en las principales capitales españolas y en varios municipios de la Costa del Sol. Más allá del afán recaudatorio -que ya ha comenzado a suscitar críticas entre los abogados especialistas en estos litigios- el concejal de Seguridad, Julio Andrade, asegura que su objetivo es poner coto a las más de 9.000 peticiones en este sentido que se registran cada año, y que suponen un importante desgaste en horas de trabajo de los agentes, que no se pueden dedicar a otras tareas.
Según las estadísticas municipales, entre los años 2010 y 2013 hubo 36.000 solicitudes de informes, mientras que solo en el último semestre del año pasado fueron más de 4.000. «El grupo de investigación de accidentes seguirá haciendo atestados y localizando a testigos para remitirlos al juzgado; pero luego los abogados de las compañías de seguros piden informes específicos», explica el edil. Precisamente, será este concepto por el que habrá que abonar una tasa.
La búsqueda del atestado, el registro, la comprobación y la entrega supone una media de dos horas de trabajo, de ahí su coste, a razón de diez euros por hora. «Son miles de horas de trabajo que entendemos que son peticiones particulares de los seguros, no son un servicio público de interés general», y agrega: «La policía hay que destinarla a otras tareas, y lo ideal es que se pidan solo las imprescindibles».
En cambio, Andrade aclara que las diligencias se remitirán como siempre a los juzgados para aclarar los accidentes: «Es un trabajo que se hace, lo otro son peticiones explícitas de los abogados para las compañías».
Eventos deportivos
La ordenanza tiene prevista su aplicación por fases, por lo que próximamente llegará también a los eventos deportivos organizados por promotores privados. A este respecto, el concejal comenta que los organizadores de las competiciones que requieran cortes de calles al tráfico durante los fines de semana -que son actividades cada vez más extendidas- deberán pagar las horas extraordinarias de los agentes. En este apartado se excluyen expresamente todos los eventos de interés general, con tradición, promovidos por el Consistorio, cofradías y peñas, tales como procesiones, cabalgatas, etc. Tampoco se pasará factura por eventos que supongan grandes aglomeraciones de público, y que forman parte de las atribuciones de orden público de este cuerpo.
Consultado sobre esta cuestión, el secretario general de la UPLB, Francisco Corpas, se limitó a recordar que la Guardia Civil ya cobra a las empresas organizadoras de competiciones deportivas. «Sobre las tasas tenemos poco que decir. Es una decisión política y la acatamos, porque nosotros vamos a hacer el trabajo, se cobre o no». La normativa contempla otros asuntos que también serán susceptibles de cobro, tales como el paso por la ciudad de vehículos especiales.

viernes, 20 de septiembre de 2013

LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRE LA PUERTA A LA ENTRADA DE CAPITAL PRIVADO ESPECULATIVO


La reforma de la Administración local abre la puerta a la entrada de capital privado especulativo

Asociaciones y plataformas rurales denuncian que el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, diseñado por el Ministerio de Hacienda supone una "desamortización encubierta" de los bienes comunales.
Sostienen que la nueva Ley no supondrá un ahorro de costes para la administración y acaba con la descentralización eficiente de los recursos y servicios.

Extinguidos dos incendios surgidos la pasada noche que quemaron 62 hectáras en Riós
Asociaciones y plataformas rurales denuncian que el Proyecto de Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local desarrollado por Hacienda abrirá la puerta a la especulación y al capital privado de las grandes corporaciones. "Esta ley supone una desamortización encubierta de los bienes comunales (agua, bosques, cotos de caza, reservas micológicas) que son propiedad de las pequeñas entidades locales y pasarían a ser propiedad de administraciones públicas como ayuntamientos o diputaciones", señalan representantes de plataformas rurales.
Además lamentan que "con este Proyecto de Ley se termina con la capacidad de decisión de las juntas vecinales (órganos de gestión y administración formado por los propios habitantes de los pequeñas localidades rurales) sobre sus propios recursos y se facilita la privatización del agua, el fracking y otro tipo de actividades especulativas que sólo buscan la rentabilidad a corto plazo".
Las plataformas rurales intentan desmontar uno de los objetivos que según Moncloa pretende esta reforma: eliminar duplicidades y ahorrar costes administrativos. Según los representantes de las entidades locales menores, esto sólo sirve para "maquillar las cifras ante Bruselas", "podrán decir que han reducido el número de políticos pero la realidad es que los pequeños núcleos rurales no han generado déficit y los representantes no cobran nada" recalcaron. 
Entre los postulados que destaca Moncloa sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de julio de 2013 está "favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras".
Los bienes comunales abarcan en España, según las plataformas de representación del mundo rural, cuatro millones y medio de hectáreas. Sostienen que ahora mismo las grandes corporaciones están interesadas en las materias primas para especular y que estos territorios son uno de los patrimonios más valiosos que posee España.
En una rueda de prensa organizada por Ecologistas en Acción en la que han participado diferentes asociaciones del mundo rural y algunos representantes públicos de entidades menores, han señalado que "detrás de esta ley está acabar con la gestión del territorio y de los servicios además de eliminar la capacidad de decisión de los representantes locales que pasaría a administraciones superiores más permeables a la entrada de gestiones publico-privadas o directamente privadas".