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domingo, 2 de febrero de 2014

ESPAÑA: ALTOS CARGOS, DIPUTADOS Y ALCALDES, COBRARAN EL "PLUS POILITICO"


Funcionarios que sean altos cargos, diputados y alcaldes cobrarán el ´plus político´

El Govern añade nuevos supuestos para percibir el llamado ´Nivel 33´ en el proyecto de ley de Función Pública - Los sindicatos denuncian que solo les deja 15 días para negociar el borrador


Los privilegios para determinados funcionarios que pasan por la política beneficiarán a un mayor número de casos. La nueva ley de Función Pública que impulsa el Govern del PP ampliará los supuestos para cobrar un complemento salarial –llamado ‘Nivel 33’ en la jerga funcionarial– que se otorga de por vida a aquellos funcionarios de carrera que se reincorporan a su puesto de trabajo tras haber ocupado determinados cargos públicos durante un mínimo de dos años.
El borrador del proyecto de ley hace extensiva la consolidación del llamado ‘Nivel 33’ a “otros altos cargos, alcalde o alcaldesa, retribuidos y con dedicación exclusiva, miembro del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios, diputado o diputada, o senador o senadora de las Cortes Generales o miembro de las asambleas legislativas de una Comunidad Autónoma”.
Beneficiar a más políticos
En consecuencia, esta novedad afectará sobre todo a los funcionarios que ostenten una alcaldía o un escaño en el Parlamento autonómico durante dos años continuados, o tres con interrupción. El cambio normativo también amplía el abanico de supuestos que hasta ahora tenían derecho a cobrar este complemento al incluir al genérico “otros altos cargos”. Todos ellos, cuando dejen de ser un cargo político y regresen a su plaza, tendrán derecho a percibir la diferencia entre su complemento de destino y el de un director general de la Administración del Estado. Ello puede suponer un plus entre 400 y 800 euros más al mes, dependiendo del caso.
En la actualidad, el ‘Nivel 33’ lo perciben aquellos funcionarios que han sido presidentes del Govern o del Consell, consellers y consellers insulares ejecutivos, directores generales o directores insulares, presidentes o gerentes de entes, organismos, consorcios y/o empresas públicas.
El Govern de José Ramón Bauzá justifica esta modificación en que debe adaptar “obligatoriamente” la nueva ley de Función Pública al Estatuto básico del Empleado público (EBEP).
Delegados sindicales ya han reprochado al Ejecutivo esta actitud, ya que consideran que el PP “se preocupa de consolidar las prebendas para la clase política, pero en cambio mantiene los recortes y congelaciones salariales al personal”, y señalan que si el Govern quisiera podría dejar en suspensión indefinida la aplicación del ‘Nivel 33’ mediante una simple disposición en la nueva ley.
De hecho, el malestar entre los sindicatos y el Govern es patente respecto a la nueva normativa. La consellera de Administraciones Públicas, Maria Núria Riera, anunció a primeros de enero que quería el máximo consenso con los sindicatos para sacar adelante el proyecto de ley. Para ello, Riera dijo que habría dos meses para negociar el borrador. Sin embargo, el jueves hubo la primera reunión de trabajo, y el director general Antoni Mesquida redujo el periodo a 15 días. “Pretenden que negociemos en cuatro días una ley de más de 170 páginas que afecta a miles de funcionarios ¿y llaman consenso a este paripé? La consellera Riera, una vez más, desprecia a los sindicatos, no tiene el más mínimo respeto”, denuncian desde el STEI.
“Respecto a las formas, este Govern cercena la negociación sindical, y en cuanto al fondo, restringe las mejoras conseguidas por los trabajadores pero por contra deja atado y bien atado el complemento para alto cargo”, expresan su protesta desde CC OO.

viernes, 6 de diciembre de 2013

ESPAÑA: EL GOBIERNO YA PUEDE DESPEDIR FUNCIONARIOS, UN INFORME DE HACIENDA LO AVALA


Un informe encargado por Hacienda abre por primera vez la puerta al despido de funcionarios


  • Según la normativa actual, un funcionario que ha accedido a su puesto después de haber superado una oposición sólo puede ser separado del mismo por faltas disciplinarias de carácter muy grave.
  • Un informe técnico encargado por el Ministerio de Hacienda plantea poner en marcha un procedimiento que permita el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso".

Revelar un secreto de Estado, incurrir en prácticas discriminatorias por razones de sexo, religión o nacionalidad, abandonar el puesto de trabajo durante días o semanas sin dar explicación alguna, aprovecharse de su cargo para obtener una ventaja para sí o para otra persona o desobedecer abiertamente las órdenes motivadas y ajustadas a la legalidad de un superior.
Éstas prácticas que en algunos casos constituyen directamente un delito y que en otros justificarían un despido procedente en cualquier empresa seria del sector privado son algunas de las escasas situaciones que podrían, sólo podrían, derivar en la "separación del servicio" de un funcionario que ha obtenido su puesto tras superar una oposición a día de hoy.
Se trata de faltas disciplinarias catalogadas como muy graves según elEstatuto Básico del Empleado Público, que prevé la "separación del servicio" de los funcionarios que incurran en las mismas.
¿Qué significa esto de "separación del servicio"? Pues la ley no lo deja muy claro, si bien sí deja entrever que no tiene por qué ser definitiva, ya que cuando habla de los efectos para los funcionarios interinos señala una consecuencia más definitiva: la "revocación de su nombramiento".
Para la mayoría de los legalistas expertos en Derecho Público consultados la conclusión está clara: "A día de hoy es prácticamente imposible, con la ley en la mano, despedir de forma definitiva a un funcionario de carrera, salvo que haya incurrido en un delito de cierta gravedad".
Este blindaje podría estar a punto de caer.

Despidos de funcionarios

Un informe técnico encargado en diciembre del año pasado por el Ministerio de Hacienda a un grupo de responsables de Función Pública de la Administración del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, para analizar el desarrollo pendiente del Estatuto Básico del Empleado Público, ha abierto por primera vez la puerta a fijar un procedimiento que permita el despido de funcionarios de carrera por causas no estrictamente disciplinarias.
El comité de expertos, a cuyas conclusiones ha tenido accesolainformacion.com, insta a Gobierno y comunidades autónomas a desarrollar un procedimiento que regule el "cese de un puesto de trabajo obtenido por concurso" en los casos en que exista una evaluación negativa del desempeño del funcionario en cuestión.
El posible despido de funcionarios, por tanto, ya no dependería únicamente de cuestiones disciplinarias sino también del cumplimiento de los objetivos establecidos para su puesto y de la positiva evaluación de su desempeño profesional.
En realidad, lo que plantea el comité de expertos constituído por Hacienda no es otra cosa que dar cuerpo a un principio que ya se establecía en la Ley reguladora del EBEP, aprobada por el ministro Jordi Sevilla en 2007.
La exposición de motivos de esa ley, aún pendiente de desarrollo en muchas de sus disposiciones, decía: "Hoy resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con carácter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades. La continuidad misma del funcionario en su puesto de trabajo alcanzado por concurso se ha de hacer depender de la evaluación positiva de su desempeño".
El problema es que en la actualidad no existe un sistema reglado de evaluación del desempeño en la Administración Pública española. Por ello el comité de expertos subraya que el desarrollo de este procedimiento debe ir ligado ineludiblemente al establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño en la Administración Pública española.

Garantías para los afectados

Una pregunta surge inmediatamente: ¿significa esto que los funcionarios que no superaran el examen de evaluación del desempeño podrían ser automáticamente despedidos? No.
El comité de expertos subraya también la necesidad de modular el procedimiento para evitar arbitrariedades.
Se debe definir, por ejemplo, de forma muy clara los casos en que se podría cesar a un funcionario, los requisitos que se deben reunir para llegar a esta solución o en qué grado o ámbitos puede darse.
Del mismo modo, habría que diseñar un sistema de garantías para asistir a los afectados, que debería incluir en cualquier caso la posibilidad de audiencia por parte del órgano que adoptara la decisión y la exigencia de una resolución motivada para adoptar la decisión.

jueves, 31 de octubre de 2013

HACIENDA GARANTIZA A LOS FUNCIONARIOS LAS PAGAS EXTRAS DE 2014


Hacienda garantiza a los funcionarios las pagas extras de 2014
Antonio Beteta


El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha garantizado que los funcionarios cobrarán el próximo año "íntegramente" las dos pagas extraordinarias que les corresponden y ha reiterado el compromiso "real" de devolverles "presumiblemente en 2015" la paga de Navidad que les suprimió en 2012.

   Beteta, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que aunque algunas comunidades autónomas, por razones presupuestarias, no podrán pagar a sus funcionarios las dos extras de 2014, "el Estado sí lo hará" porque está "en situación financiera de poderlo garantizar".

   El secretario de Estado ha señalado además que la voluntad del Gobierno es trabajar para devolver a los funcionarios algunos de los días de libre disposición (moscosos) que les quitó, así como la paga extra de Navidad que no les abonó en 2012 para poder reducir el déficit público.

   "Hay un compromiso real de que aquella paga extra que se les tuvo que restar a los funcionarios se les devuelva cuando las circunstancias económicas mejoren, y eso se hará, presumiblemente, en el horizonte de 2015", ha apuntado.

   Beteta ha precisado que esta fecha es "coherente" con la recuperación económica y fiscal que espera el Gobierno para entonces y ha desvinculado la devolución de la extra en dicho ejercicio de la celebración de elecciones generales. "Ojalá la economía creciera más en 2014 y lo pudiéramos hacer antes, pero hay que ser prudentes", ha precisado.

   El secretario de Estado ha destacado que los funcionarios han ayudado al país "decisivamente" con su buen hacer, su trabajo y sus esfuerzos económicos y que dichos esfuerzos deben ser compensados con la devolución de la paga extra que se les suprimió. "Esperemos que (dicha devolución) sea en el 2015", ha insistido.
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