INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

domingo, 28 de julio de 2013

ANTIGUO CASO DE CORRUPCION EN ASTURIAS IMPLICA A PARTIDOS POLITICOS VARIOS



Un antiguo caso de corrupción salpica al expresidente asturiano Álvarez Areces



El senador y expresidente asturiano,  Vicente Álvarez Areces (dcha.), junto a José Antonio Griñán y Patxi López. (EFE)

El Parlamento asturiano aprobó ayer viernes la reprobación de ocho altos cargos socialistas del Ejecutivo bipartito (PSOE-IU), que gobernó la comunidad autónoma entre 2007 y 2011, por un escándalo que, en sus orígenes, en febrero de 2010, no parecía tener demasiada trascendencia. Sin embargo, casi tres años y medio después ha dado paso a la mayor instrucción judicial sobre corrupción desde que Asturias se transformó en comunidad autónoma (1983), con 29 procesamientos ya decididos.

También a una comisión parlamentaria cuyas conclusiones ensombrecen la gestión de Vicente Álvarez Areces, el presidente que más tiempo ha pasado al frente del Principado gracias a tres victorias electorales consecutivas. Porque los 17 votos del PSOE, que, después del paréntesis de un año impuesto por la investidura de Francisco Álvarez-Cascos, ha vuelto al poder en minoría, no bastarán para salvar del reproche del pleno a Areces y siete de sus altos cargos. Los otros cuatro grupos de la Cámara (el Foro Asturias casquista, PP, IU y UPyD) suman 28 escaños y con ellos ratificarán el dictamen que la comisión entregó la semana pasada.

Ni rastro de todo esto podía atisbarse en el horizonte durante las primeras semanas de 2010, cuando la prensa regional empezó a informar de las irregularidades atribuidas a Marta Renedo, una funcionaria hasta entonces desconocida de la Consejería de Administraciones Públicas. Estaba en el punto de mira de la Agencia Tributaria desde octubre del año anterior y, a finales de febrero, sus superiores políticos decidieron su cese. Se la acusaba de haber usado información de los registros públicos para usurpar identidades con las que creaba falsas empresas a las que atribuía contratos menores, sin necesidad de concurso, mediante la falsificación de firmas de los directores generales. Aunque el asunto causó revuelo sobre los procedimientos administrativos del Principado, quedó circunscrito en principio a la deslealtad de una trabajadora que se había aprovechado de su posición para lucrarse. Representantes de todos los sectores y partidos asisten al funeral de marquésRepresentantes de todos los sectores y partidos asisten al funeral de marqués

Sin embargo, la instrucción judicial del caso tuvo extraordinarias consecuencias. El secreto del sumario resguardó sus avances de la vista de los medios y de la opinión pública durante casi un año, hasta enero de 2011. Mientras tanto, la juez Ana López Pandiella descubrió que, además de las primeras irregularidades que se le atribuían, Renedo había recibido pagos habituales de dos empresas: Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA). Se trataba de dos de los principales proveedores de la Administración autonómica, que constituían prácticamente un duopolio en el suministro de material de oficina y consumibles informáticos. Y, lo que resultaba más espectacular, la juez sostenía que el dinero recibido por Renedo era solo una mínima parte de un vasto sistema de entregas a cambio de contratos públicos.
 
Se había puesto en marcha lo que la policía, usando las iniciales de la funcionaria, bautizó como operación Marea. Su resultado sí sacudió la política asturiana cuando se anunciaron cinco detenciones.

Se había puesto en marcha lo que la policía, usando las iniciales de la funcionaria, bautizó como operación Marea. Su resultado sí sacudió la política asturiana cuando se anunciaron cinco detenciones. La más prominente era de la un exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, un hombre cercano a Areces en toda su carrera política que había abandonado el cargo por motivos de salud sólo unos meses antes. Junto a él, fue arrestada su mano derecha en el departamento, la directora general de Planificación de Centros, María Jesús Otero. También pisaron la cárcel la propia Renedo y dos de los propietarios de Igrafo y Pumarín, Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez. Todos pisaron la cárcel y se encuentran ahora en libertad bajo fianza a la espera de juicio.
 
Cambio de jueces
La instrucción había comenzado en un juzgado de Gijón. Sin embargo, a medida que crecía, se refería cada vez más a hechos presuntamente cometidos en Oviedo. Aunque Pandiella luchó por quedarse con el caso, el sumario acabó en manos de un juez de la capital asturiana, Ángel Sorando. Muchos vieron en ese cambio una maniobra para desactivar la investigación, pero las diligencias no se han detenido en los dos últimos años.

Las pesquisas han agrandado el tamaño de la trama hasta 43 imputados. El sistema de Igrafo y Pumarín para asegurarse contratos públicos no se detuvo en el Gobierno regional. Se extendió a los principales ayuntamientos -se ha señalado a funcionarios de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres- e incluso a la Universidad de Oviedo, cuyo exgerente se encuentra acusado. A principios de este mes, Sorando decidió el procesamiento de 29 personas y dejó al margen a las otras 14. Esta semana, la Fiscalía ha recurrido para que se juzgue a todos los imputados. La apertura del juicio oral se retrasará probablemente hasta 2014.
Rubalcaba visita asturiasRubalcaba visita asturiasConfrontación política
Sobre el trasfondo de esos avances judiciales, la confrontación política alrededor del caso se ha ido enconando. El PSOE tuvo que aceptar el año pasado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento regional. Era una condición indispensable para lograr el apoyo del único diputado de UPyD, Ignacio Prendes, a la investidura del actual presidente, Javier Fernández. La formación magenta era la clave para la formación de una alianza de gobierno, puesto que su voto deshacía el empate a 22 escaños entre un bloque de la izquierda formado por PSOE e IU y otro de la derecha creado por la suma de los parlamentarios de Foro Asturias y PP. 

La comisión empezó su trabajo el pasado febrero y solicitó 59 comparecencias, incluidas las del último gabinete de Areces en pleno. En ella el PSOE se ha quedado solo. Aunque el apoyo parlamentario de IU y UPyD le permite sacar adelante todas las votaciones importantes, sus aliados se han alineado en esta ocasión con PP y Foro. El partido de Rosa Díez se atiene a su discurso de regeneración democrática, mientras que la coalición de izquierdas aduce la necesidad de mayor transparencia.


PP y Foro, por su parte, son viejos enemigos de lo que denominan despectivamente arecismo y han enfocado la comisión como un juicio político sobre toda la etapa del expresidente.

Su posición, en todo caso, nada entre dos aguas. A partir de 2008, se sumó al Ejecutivo del PSOE, asumió dos carteras y compartió responsabilidades en el mismo Gobierno al que ahora reprueba en parte. PP y Foro, por su parte, son viejos enemigos de lo que denominan despectivamente arecismo y han enfocado la comisión como un juicio político sobre toda la etapa del expresidente. Además de las reprobaciones, el dictamen de la comisión recomienda medidas como cambiar los procedimientos de contratación del Principado y la apertura de un portal de la transparencia que permita a los ciudadanos acceder desde internet a todos los trámites de la Administración regional. 

 


La reprobación tendrá escasas consecuencias prácticas. De los ocho responsables políticos, solo uno sigue en la vida pública: Areces. En la actualidad, el expresidente autonómico es portavoz del grupo socialista en la Comisión de Educación del Senado. Resultó elegido para la Cámara Alta en los comicios de 2011. Prendes considera que debería renunciar a su escaño. “En España, no hay una definición legal de las consecuencias que lleva aparejada la reprobación política, pero la dimisión sería un ejercicio sensato y correcto para los cargos públicos. Es lo que se considera normal en las democracias de nuestro entorno”, opina.

Areces, sin embargo, se considera objeto de un ataque político y cree que los resultados de la comisión estaban determinados de antemano. Tras meses de silencio sobre el asunto, el antiguo mandatario ofreció su versión, exenta de autocrítica, en una entrevista publicada el pasado domingo por el diario gijonés El Comercio.

Dinero perdido
Las consecuencias políticas seguirán pesando sobre la política asturiana en el futuro inmediato. La comisión ha solicitado investigaciones a fondo del Tribunal de Cuentas y de su réplica autonómica, la Sindicatura de Cuentas, para determinar el alcance del perjuicio patrimonial al Principado. La Administración autonómica sostiene que Renedo desvió a sus cuentas privadas 1,1 millones de euros y no lleva los cálculos más allá, pero Prendes sostiene que esa cantidad “sólo es la punta del iceberg”.
Nadie ha calculado el montante de los contratos que recibieron con el correr de los años Igrafo y Almacenes Pumarín. La comisión ha acumulado evidencias de obras abonadas pero no realizadas y de facturas falsas. 

Para el instituto de Cangas de Onís, la Consejería de Educación contrató en un solo ejercicio, el correspondiente a 2009, obras y suministros por valor de 500.000 euros. Según su declaración ante la comisión de investigación, el equipo directivo del centro calcula que en la realidad sólo se ejecutaron unos 100.000. El resto se perdió por el camino y constituye el peor aspecto del caso, a juicio de Prendes: un saqueo de los fondos destinados a la educación pública.

FUENTE

LA CAMARA DE CUENTAS NO AUDITO EN 10 AÑOS LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ERES, ¿TODOS IMPLICADOS?



La Cámara de Cuentas no auditó en diez años las transferencias de los ERE


El exinterventor Manuel Gómez a su llegada a los juzgados de Sevilla. (EFE)


La Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano con consejeros nombrados por el Parlamento, miró para otro lado en las transferencias de financiación, el método de reparto del fraude de los ERE. Durante una década no efectuó ni una sola auditoría al IFA (Instituto Fomento de Andalucía). “Es sorprendente que la Cámara de Cuentas, dentro de los programas de control de subvenciones que realiza, no haya efectuado ningún control del programa 31.L.”, criticó Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, en su declaración del pasado jueves ante la juez Mercedes Alaya.

Este organismo, que prevé que el fraude de los ERE se eleve a 1.200 millones de euros, desarrolla, además del estudio de la cuenta general, un informe de control de subvenciones y audita determinados programas, pero a Gómez “no le consta” que haya auditado nunca, en ningún momento, la partida 31.L., el llamado fondo de reptiles, centrado exclusivamente en la concesión de subvenciones. “Resulta llamativo que la Cámara de Cuentas no hiciera nada”, señaló Gómez, que también acusó a Griñán de ser “pasivo” y no “importarle nada” los informes de auditoría.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, reconoció el pasado mes de mayo en una entrevista en Canal Sur Televisión que este organismo "podría haber hecho mejor su trabajo" para detectar irregularidades en los ERE. "No es fácil saltarse los mecanismos de control interno y externo; están para velar y garantizar el buen cumplimiento de la actividad financiera en el sector público, lo que no quita que haya espacios que no han sido regulados adecuadamente y han sido obviados en un momento dado con intención de cometer irregularidades, por lo que hay que tener mecanismos rápidos para corregir los fallos que se hayan podido detectar", destacó López. 

Griñán dejará la presidencia a final de agosto pero mantendrá cargos en psoeGriñán dejará la presidencia a final de agosto pero mantendrá cargos en psoeLa Junta llamó a la Cámara de Cuentas cuando se filtró un borrador de conclusiones sobre los ERE confeccionado por tres auditores y tres técnicos que implicaba al actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, en la financiación irregular de los expedientes. “A mí no me llamaron, pero sí llamaron a la Cámara”, recordó López, quien vio “lógico” el malestar del Gobierno andaluz porque la difusión del documento de trabajo lo dejaba en una situación de “indefensión”. En una entrevista concedida a ABC  López defendió que en el informe definitivo se suprimieran los párrafos que afectaban a Griñán y las referencias a las posibles “responsabilidades penales” derivadas de la gestión las ayudas sociolaborales y a empresas.
Las reuniones broncas con la consejera Martínez Aguayo

Manuel Gómez, que puso contra las cuerdas a Chaves y Griñán por resaltar que el Consejo de Gobierno conocía el irregular procedimiento de las ayudas sociolaborales,  nunca ha querido convertirse en el chivo expiatorio del fraude de los ERE. Y no se ha callado, ni en público (en la comisión de investigación, delante de la juez Alaya y en entrevistas en medios de comunicación), ni en privado. Por eso, se reunió en dos o tres ocasiones en 2012 con la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, cuando el ya exinterventor había dejado este puesto.


La consejera de Hacienda intentó explicar a Manuel Gómez la posición del Gobierno, que no lo entendiera como una agresión

Gómez mostró su “más enérgica protesta por la manipulación que se estaba haciendo
en el ámbito político del Informe de Actuación, queriendo ponerlo como inactividad de la Intervención”. El antiguo responsable de la Junta se quejaba de cómo la Consejería de Hacienda había utilizado con insistencia el argumento de que la Intervención hubiera informado favorablemente a las modificaciones presupuestarias.


 


La consejera trató de explicar la posición del Gobierno, que no lo entendiera como una “agresión”, sino como una maniobra para intentar “templar gaitas”, pero Martínez Aguayo, según el relato de Gómez, no le ofreció “ninguna explicación convincente”. “Habiendo leído”, reconoció el exinterventor general, “detenidamente lo que se decía o se publicaba, nunca se han hecho imputaciones directas contra el Interventor, pero se sentía agredido En el fondo de la cuestión estaba la notoria discrepancia de criterios entre los órganos de presupuestación de la Junta y la Intervención General”.
FUENTE

LOS TESOREROS QUE HUYEN DE LA SOMBRA DE BARCENAS, ESTAN TODOS IMPLICADOS



Así son los tesoreros que huyen de la sombra de Luis Bárcenas


Carmen Navarro, actual tesorera del PP.

Los papeles de Bárcenas, como en su día ocurrió con el caso Filesa que golpeó la yugular del PSOE, han puesto el foco de la atención ciudadana sobre los tesoreros de los partidos. Esos personajes en su mayoría anónimos que gestionan el día a día, con mando en plaza, de organizaciones convertidas, a veces, en verdaderas maquinarias de poder y por las que pasan no pocos empresarios en busca de favores de todo tipo y dispuestos a hacer jugosas donaciones. Estos son los hombres y las mujeres que manejan las cajas de los cuatro principales partidos de España.

Una interventora “insobornable” en el PP
Los líos del caso Bárcenas y las consecuencias de la trama Gürtel que han puesto contra las cuerdas al principal partido del centroderecha obligaron a Mariano Rajoy a hacer una buena limpia al frente de la caja de su partido. Primero, con José Manuel Romay Beccaría, ahora en el Consejo de Estado y también implicado por Bárcenas ante el juez Ruz por una supuesta donación de 300.000 euros por parte de Juan Miguel Villar Mir (OHL) y, después, con Carmen Navarro, que relevó a Romay en mayo del año pasado.

En Génova definen a Carmen Navarro como una mujer “insobornable” y recomendada a Rajoy por el propio Romay y por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Ella ha sido quien, en los últimos meses, ha tomado declaración jurada a toda la cúpula del PP para que explicara sus ingresos durante la última década y sus relaciones con la oveja negra de Bárcenas.


Navarro ha sido quien, en los últimos meses, ha tomado declaración jurada a toda la cúpula del PP para que explicara sus ingresos

Quienes la conocen bien aseguran que la nueva gerente del partido, una interventora con fama de dura es tan discreta como "insobornable". Con ella, las cuentas del partido están en manos de una antigua interventora de la Seguridad Social, acostumbrada a cuadrar presupuestos de muchos ceros y de probada fidelidad a las siglas. De hecho, el peso real de la contabilidad recaía en ella ya en la época en la que el veterano Romay estaba al frente. Llevaba el día a día, controlaba los gastos y supervisaba con lupa todos los contratos.

 


Tras ocupar el cargo de directora general de Presupuestos e Inversiones del ya desaparecido Insalud -a las órdenes de su entonces máximo responsable, Núñez Feijóo- y dirigir los Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad, bajo la batuta de Celia Villalobos, Navarro se incorporó al Gobierno regional de Esperanza Aguirre como directora general de Gestión Económica del Servicio Madrileño de Salud.

Xoan Cornide, en el PSOE
La gerencia del principal partido de la oposición corre a cargo de Xoan Cornide Pérez, un hombre que ha pasado del anonimato a la excesiva notoriedad que nunca es buena para quien maneja las cuentas de un partido. Todo, a raíz de la su vinculación con el contrato de la falsa Amy Martín en la Fundación Ideas o también por las polémicas adjudicaciones de contratos por valor de un millón de euros con diferentes empresas de un socio de su hijo, también a través de Ideas.

Cornide ha salido tocado de estos casos y algunos, en el PSOE, creen que ha llegado la hora de relevarle.
Xoan Cornide, tesorero del PSOE. (Fundación Ideas)Xoan Cornide, tesorero del PSOE. (Fundación Ideas)Rubalcaba, de momento, le mantiene al frente de la caja de Ferraz,  donde llegó al cargo de director gerente de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco en 2002 para sustituir a Ramón Moreda, excandidato socialista al Ayuntamiento de Las Rozas, a quien Blanco colocó como presidente de una filial de Renfe llamada Comfersa cuando era titular de Fomento.  El perfil público de Cornide en Linkedin señala también que con anterioridad, entre 1986 y 2002, fue director de un fondo de formación.

Cornide ha sido también quien, en los últimos meses, ha tenido que controlar las cuentas del PSM, una federación díscola a la que tuvo que retener parte de las cuotas de sus afiliados para hacer frente a los pagos de la seguridad social de varios trabajadores adeudados por el equipo de Tomás Gómez.

Sinforoso Alcalá (UPyD)
En Unión, Progreso y Democracia no existe la figura del tesorero.  Las cuentas de la formación están en las manos de Sinforoso Alcalá, que ejerce como gerente a las órdenes de Rosa Díez y de Juan Luis Fabo, el miembro de la dirección del partido que supervisa su trabajo y en compañía de quien acude a los bancos cada vez que hay que negociar nuevos préstamos. Al cierre de 2011, UPyD tenía créditos pendientes de pago con el Banco Popular, La Caixa, BBVA, Banco de Santander y Caja Madrid.

Sinforoso se afilió al partido en octubre de 2007 y, desde un principio, colaboró de forma voluntaria en los grupos de trabajo que se dedicaban a la gestión económica de la organización hasta que UPyD le contrató en 2009 para llevar la contabilidad, los recursos humanos y las labores administrativas del partido, las tres responsabilidades que recaen sobre su cargo. Antes de dedicarse por completo al partido, fue secretario del Consejo de Administración de la multinacional Kimberly-Clark y responsable de la administración de diversas PYMES.


En UPyD no existe la figura del tesorero. Las cuentas de la formación están en las manos de Sinforoso Alcalá, que ejerce como gerente

Alcalá no pertenece a la dirección del partido y su gestión está supervisada por la Comisión de Finanzas, el órgano de control interno previsto por los estatutos. Junto a él, el equipo de gerencia está integrado por otras seis personas. “En el área económico-financiera es responsabilidad del gerente gestionar la ejecución del presupuesto anual, que es elaborado por el Consejo de Dirección y aprobado por el Consejo Político”, explicaba, recientemente, en un cuestionario remitido a la web Sueldos Públicos.

 


En UPyD explican que su financiación no llega ni de lejos a ser ni una décima parte de lo que en su día manejó Bárcenas al frente de la Caja B de Génova. En los papeles de Sinforoso solo se registraron, en 2011, un total de 210 donantes, todos ellos personas físicas. Ninguna de esas donaciones superó los 6.000 euros. Las donaciones no debidamente identificadas, aquellas que ingresan en la cuenta de donaciones declarada sin que aparezca la identificación completa del donante, “las ponemos a disposición del Tribunal de Cuentas y, por tanto, no hacemos uso de ellas”, explican desde la formación.

Lola Sánchez, en Izquierda Unida
En Izquierda Unida no existe ni tesorero ni gerente. Lo más parecido a todo ello es la figura del responsable de política financiera, un cargo que elige la dirección de IU y que, desde el pasado mes de enero, detenta la murciana Lola Sánchez Tudela.

Sin embargo, el cargo es más político que otra cosa. Así, gestiona, por ejemplo, las relaciones institucionales con el Tribunal de Cuentas y su firma es necesaria cuando hay que abrir una nueva cuenta para una campaña electoral. Pero entre sus funciones no está llevar las cuentas del día a día de la formación. Esas labores recaen en el personal administrativo de la coalición, que son quienes negocian con los bancos y autorizan los diferentes pagos. Sobre todo, se encarga de supervisar las cuentas e informar de las mismas a Cayo Lara y al resto de la dirección de IU.

Cerca del 74% del presupuesto de IU proviene de las asignaciones del Ministerio del Interior y el resto son las aportaciones y cuotas de los dirigentes y militantes. Las donaciones apenas alcanzan el 0,29% del total de los ingresos.
FUENTE

BARCENAS, ELEGIDO; URDANGARIN, IMPUESTO, HABLA RODRIGEZ IBARRA



Bárcenas, elegido; Urdangarin, impuesto


Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Quienes afirman que la Monarquía es un sistema obsoleto y que el Rey no pinta nada en la vida española deberían explicar las siguientes paradojas:

¿Qué razones justifican que el yerno del Rey, persona que él no ha elegido sino que le ha sido impuesto por una de sus hijas, tenga que responder por un correo que envió a la infanta Cristina tratando de condicionarla para que hablara con su padre al objeto de que influyera en determinadas empresas para sus negocios privados, en tanto que Rajoy, presidente del Gobierno, no tenga que responder por los SMS que envió (y recibió) de un tesorero de su partido, puesto por él, elegido por él, mantenido por él, -hasta el punto de declarar que “nadie sería capaz de demostrar la culpabilidad de Bárcenas”- y actualmente en prisión acusado de varios delitos que implican al jefe del Ejecutivo?

¿Qué argumentos explican que la primera autoridad del Estado tenga que pedir perdón públicamente por no haber informado a los ciudadanos españoles de que, mientras la crisis azotaba de lleno a nuestro país, él se encontraba en una cacería en un país africano, mientras que la quinta autoridad del mismo Estado, presidente del Tribunal Constitucional, no se dé por enterado de que se le “olvidó” informar a los senadores españoles de que él militaba en un partido político y estaba al corriente del pago de sus cuotas cuando pasó el examen de la Cámara Alta?


Si fuera cierto que estamos ante una figura puramente decorativa, los que tanto ruido hacen con su actuación o con el comportamiento de quienes se adhirieron a él no concederían tanta importancia a la primera autoridad del Estado y se centrarían más en la segunda

¿Cómo entender que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas españolas y Jefe del Estado se vea salpicado por un informe erróneo de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de su hija, la Infanta Cristina, y el que fue su Ministro de Defensa, Federico Trillo, no tenga nada que decir sobre la acusación del golfo extesorero del partido de Rajoy de que pagó con dinero negro la defensa de los militares implicados en el caso del accidente Yak-42, la mayor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz?

 


¿Qué pensar de los que han exigido al Rey que explique si tiene cuentas en bancos suizos como consecuencia de la herencia que le dejó su padre, D. Juan de Borbón -lo que constituiría un escándalo monumental- y no tienen el más mínimo interés en saber si todo el dinero que hasta ahora se ha descubierto en Suiza y en otros paraísos fiscales propiedad de un extesorero del PP, ganado ilegal e inexplicablemente, es sólo propiedad de Bárcenas o, de la misma forma que dice que entregaba sobres marrones con billetes de 500 euros, también se encargaba de transferirlos a esa escandalosa cuenta Suiza?

Sin duda, la explicación a todas estas paradojas no puede más que entenderse por la importancia que, los que lo niegan, conceden al Rey de España. Si fuera cierto que estamos ante una figura puramente decorativa, que no pinta nada y que España puede perfectamente prescindir de él y de lo que representa, los que tanto ruido hacen con su actuación o con el comportamiento de quienes se adhirieron a él no concederían tanta importancia a la primera autoridad del Estado y se centrarían más en la segunda, tercera, cuarta o quinta. Si, de verdad, el uno está más cerca del cero, el dos adquiriría una mayor relevancia y sus actos serían juzgados con mayor dureza por la opinión pública y por la publicada.

Observen esta noticia y comparen: el viernes pasado, día 12, dimitió el ministro de Exteriores japonés tras recibir una donación de 435 euros. El ministro Maehara admitió que recibió una contribución de 50.000 yenes (435 euros) de una coreana cuando la legislación nipona prohíbe donaciones de ciudadanos extranjeros a los políticos.

FUENTE

"EN ESPAÑA PUEDES SER UN MAFIOSO Y DISFRUTAR DE RECONOCIMIENTO OFICIAL", ADA COLAU, ENTREVISTA


Ada Colau: “En España puedes ser un mafioso y disfrutar de reconocimieno oficial”

Líder del movimiento antidesahucios e impulsora de los escraches contra políticos

Esta catalana se ha convertido en la activista más famosa y contundente de los últimos tiempos

  • Ada Colau: “Este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarlo”
  • Ada Colau: “Si no rectifican, seguiremos”


"Un, dos, tres, ¡fuerte!”. Levantar la reja del local de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, cuyo sistema eléctrico se ha estropeado, ha sido mi acto solidario de hoy. Solidario con su portavoz, Ada Colau, que quizá no habría podido sola porque pesa un quintal, pero en el fondo interesado, porque quiero ver dónde opera una de las organizaciones sociales más activas y exitosas de este país. Superada la prueba, entramos en una amplia lonja con aires de garaje en la que se reparten unas cuantas mesas con sus ordenadores y sus sillas de oficina. Todo es espartano y con pinta de segunda mano, como supongo corresponde a un movimiento de base.

Entrevista intrépida / 1

Conversaciones frescas y con un punto irreverente en compañía de personajes singulares. En esta primera entrega especial del verano, Mikel López Iturriaga pregunta y repregunta para llegar donde otros no se atreven. 
Colau se sienta y, en cuanto empiezo a preguntar, sale de su boca un discurso tan torrencial que dan ganas de unirse a la lucha o, si estás en el otro lado de la barricada, de rendirse y entregarse. Esta barcelonesa de 39 años es la voz pública de muchas personas que han estado o están a punto de ser desahuciadas de sus hogares por no poder pagar su deuda con los bancos, y que se han unido para pelear. Su defensa de acciones tan po­lémicas como los escraches la ha convertido en favorita de unos medios y en punching ball de otros. En esperanza blanca de muchos progresistas… y en bestia negra del Partido Popular, algunos de cuyos dirigentes no dudaron en relacionarla con el terrorismo en un inútil intento de mermar su popularidad.
P. ¿Es usted ETA?
R. Evidentemente, no. Tener que decirlo demuestra ya el nivel político de nuestro país y de nuestro Gobierno. Es ridículo.
P. Vayamos entonces con asuntos más serios. La plataforma de la que es portavoz se enfrenta a un problema crónico, la vivienda, y a un drama, los desahucios. ¿Algún país lo está haciendo bien en este terreno?
R. Nadie lo está haciendo perfecto, pero no hay otro país que lo haga tan mal como España. Es un ejemplo negativo ante el mundo. Vienen medios de comunicación ultraliberales y se escandalizan: lo nuestro no se entiende ni desde esa ideología. Si ­excluyes a millones de personas del sistema de por vida, generas economía sumergida y ningún incentivo para retomar la actividad económica.
P. ¿Algún caso le ha tocado especialmente?
R. Todos, porque, a diferencia de lo que quiere hacernos creer el PP, no hay unos casos más graves que otros: en todos hay vulnerabilidad extrema. La pérdida de vivienda rompe familias y te desestructura emocionalmente. Aunque consigamos cambiar la ley y resolver los casos que nos están llegando, habrá una generación traumatizada.
P. ¿Cómo responde la gente cuando logran parar su desahucio? Responden ya no con agradecimiento, sino con implicación. Independientemente de lo que consiga de las Administraciones, la plataforma ya ha ganado. La gente llega con la autoestima por los suelos, encuentran apoyo y después tienen más ganas de ayudar a otros. Es un proceso que casi todo el mundo explica como un renacer: el paso de afectado a activista. Es lo más bonito que he visto en mi vida.
P. ¿No son responsables los individuos de haberse entrampado al firmar hipotecas enormes?
R. Ellos no rehúyen su parte de responsabilidad. ¿Qué entendió la gente y qué le explicaron en el banco cuando firmaba? Que el banco tasaba el piso y decía que valía, por ejemplo, 300.000 euros, y que por eso a ti te dejaban 250.000, 300.000 o más. Entonces el banco te decía: “Tranquilo, si no puedes pagar, vendes la vivienda y no pasa nada”. Ni el banco, ni la inmobiliaria, ni el notario, ni la Administración pública explicaron que podías perder la vivienda y quedarte con una deuda de por vida. Si lo hubieran explicado, mucha gente no se habría hipotecado. Los bancos redactaron contratos plagados de cláusulas abusivas, engañaron y estafaron. Es increíble que no estén pasando cosas más graves en este país, es de escándalo.
P. ¿Cómo son sus negociaciones con las entidades financieras? Porque para ellas esta situación también es un problema.
Hemos descubierto el punto débil de los bancos: su imagen pública”
R. Es un problema, pero saben que son rescatados sistemáticamente. Unos se jubilan con millones de euros o siguen con sueldos millonarios. En España es ministro de Economía el señor De Guindos, tras ser directivo responsable de unas de las entidades que han fracasado. El mensaje oficial es que puedes ser un mafioso, un estafador y hundir la economía de un país, que vas a recibir todo el reconocimiento institucional. Cuando empezamos a negociar con los bancos había desprecio y humillación. Pero David está pudiendo con Goliat. Hemos descubierto su punto débil: la imagen pública. Ponernos delante de sus oficinas explicando a la gente que entra que ese banco está engañando y estafando les ha obligado a negociar.
P. ¿Apuesta usted entonces por su desaparición?
R. No. Sería infantiloide pensar que no tiene que haber una organización económica. Claro que tiene que haber algún tipo de banca, o pública o con un control democrático real, que priorice las necesidades básicas de la población y anteponga la vida humana y la dignidad sobre cualquier interés particular.
P. ¿Ha sido siempre tan guerrera?
R. Sí. Siempre he tenido una inquietud social crítica; si no, no habría estudiado Filosofía, que no sirve precisamente para tener un trabajo muy bien remunerado.
P. ¿Cuándo se da cuenta de que quiere convertirse en esa especie de superhéroe social?
R. Superhéroe, no. El mensaje más importante de la PAH es que la gente sencilla, si se organiza y se apoyan unos a otros, puede mover montañas, conseguir lo que parecía imposible. Si se presenta como una cuestión de superhéroes, lanzamos el mensaje de que es muy complicado, y es falso. Es lo que el poder quiere que creamos. ¿Me preguntaba por mi implicación personal?
P. Sí, cuándo empieza.

Una filósofa contra el mundo

Ada Colau. / NACHO ALEGRE
“Sí se puede, pero no quieren” es el lema reivindicativo del momento. Detrás de él está la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organización de ciudadanos al borde del desahucio cuya portavoz, Ada Colau, es seguramente la activista más famosa de este país. Casi licenciada en Filosofía –le quedan dos asignaturas para acabar la carrera–; ­autora junto a su pareja, el economista Adrià Alemany, del libro Vidas hipotecadas; ­parada en ciernes, pero optimista compulsiva, Colau posee una inusual habilidad para comunicar, fundada en un talento natural y en la seguridad del que sabe de lo que habla.
Políticos y banqueros la tacharán de demagoga, pero esta catalana de treinta y tantos ya se ha convertido en un referente de la lucha social que despierta la adoración popular (del pueblo, no del partido).
R. Inquietud la tenía desde el instituto. Me acuerdo de participar en manifestaciones por la primera guerra del Golfo. En la universidad participé en el proceso asambleario con muchos otros. El activismo más fuerte surgió en 2001 con la antiglobalización. Muchísima gente de muchos colores diferentes salió a la calle para visibilizar que aquí están mandando unos que no hemos votado nunca: el FMI, entidades financieras… Poderes nada transparentes que mueven como marionetas a los Gobiernos a escala planetaria. La mayoría de los que participamos en esas experiencias dijimos: “Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con nuestra vida?”. Porque ahora, cada día hay que luchar contra la precariedad. Y en el Estado español, uno de los principales factores de precariedad era la vivienda.
P. Usted vivió en casas ocupadas. ¿Cuál es su visión de la ocupación? ¿La ve legítima?
R. Por supuesto. Más que nunca.España es el país de Europa que más vivienda vacía acumula y, al mismo tiempo, el que más desahucia. El desalojo por la fuerza por motivos económicos es la peor vulneración del derecho a la vivienda. Debe ser el último recurso, pero en España es el primero. Quizá será legal, pero es absolutamente inmoral.
P. Entonces, ¿discute usted la propiedad privada inmobiliaria?
R. Hay que discutir la forma de tenencia. La gente tiene derecho a acceder a una vivienda segura, estable e incluso de por vida. Eso se puede hacer de varias maneras: aquí se ha impulsado solo a través de la propiedad privada, y nos dijeron que era la manera más estable. Ahora eso es falso: miles de personas no eran propietarias, sino sobreendeudadas. Y el alquiler no es una alternativa real porque era ya precario y el PP lo acaba de precarizar más: ha reducido de cinco a tres años el contrato, y eso no es una vivienda estable. Hay que exigir otras formas. Primero, alquiler de calidad y accesible; luego, una propiedad privada que no sea especulativa.
P. ¿Cómo se ha ganado la vida en todo este tiempo de activista?
R. He trabajado en una consultora de comunicación, en producción de televisión, de traductora… y todos los trabajos eran precarios.
P. Salió hasta en una serie de televisión, Dos + una.
R. Sí.
P. ¿Lo quiere olvidar?
R. Sí, porque es una de las peores cosas que he hecho.
P. ¿Y ahora qué hace aparte de ser activista?
R. Tengo la suerte de llevar cinco años en el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero no creo que dure mucho porque depende de la financiación pública.
P. ¿Lleva usted una vida austera?
R. Necesito poco para vivir. Tampoco lo veo como una renuncia: no tengo coche, ni propiedades, ni grandes caprichos.
P. ¿Qué cosas le llenan entonces?
Soy austera: no tengo coche, ni propiedades, ni grandes caprichos”
R. He comprobado que con menos tienes más. Compartir con otros en experiencias como la plataforma, eso es lo que más me llena. Creo que es mucho mejor, incluso en términos egoístas. Es mil veces más satisfactorio vivir con menos que no esa sociedad del consumo que promete felicidad y al final solo hace que te sientas solo, pobre y desgraciado.
P. No tiene casa en propiedad, algo que se le ha criticado siendo portavoz de una plataforma de afectados por las hipotecas.
R. Si hay que ser esclavo para luchar contra la esclavitud, mal iríamos. No me veo afectada por la hipoteca, pero sí por la vivienda, y la plataforma, desde el primer día, defendió el derecho a una vivienda digna, en propiedad o alquiler.
P. ¿En el altruismo hay una parte de egoísmo?
R. Seguro. El activismo de miles de personas no se explicaría si no fuera porque es altamente gratificante. Si fuera solo sacrificio, no habría miles de personas entregadas a esta causa. El proceso de empoderamiento, de ver que nuestra capacidad de transformación es mayor de lo que nos habían dicho, produce satisfacción. La plataforma te da más de lo que tú le das a ella. Eso explica que el movimiento crezca cada día.
P. Dada su popularidad, ¿no ha sentido la tentación de cambiar las cosas desde un partido?
R. No. Como ciudadana, creo que todos tenemos que ocuparnos de renovar nuestras instituciones democráticas. Claramente ahora son fallidas. Hay unos partidos plagados de corrupción, cada día más lejos de la ciudadanía, endogámicos, preocupados de perpetuarse, con falta de transparencia absoluta… Me han propuesto ser diputada y he dicho que no, porque la plataforma está haciendo más que cualquier partido.Hemos impulsado una Iniciativa Le­gislativa Popular, parado más de 700 desahu­cios, negociado centenares de daciones en pago y alquileres sociales. A ver qué estructuras con un montón de dinero y muchísimos cargos están consiguiendo eso: diría que ninguna.
P. ¿Tienen futuro los partidos?
R. Como están ahora, no. Hay que resetearlos. Es posible que haga falta algún tipo de organización, de representación; no puede ser todo el mundo opinando todo el rato. Pero se pueden pensar cosas más actuales: Internet permitiría, por ejemplo, cotas de participación brutales.
P. ¿Le gusta que le definan como izquierdista?
R. Yo no me definiría así, sino como demócrata radical y defensora de los derechos humanos. Es necesaria una democracia, pero una real, no una democracia secuestrada como la de ahora. Izquierda y derecha han servido durante mucho tiempo, pero yo creo que ahora hay una mayoría social que no se identifica con esas etiquetas. Los partidos han machacado su propia imagen: el PSOE se ha cargado la idea de izquierda en este país. En temas de derechos civiles, de libertades, me reconozco más con una tradición de izquierdas, pero con la representación actual no me identifico.
P. ¿Qué balance hace de los escraches a diputados del PP?
R. Han sido un acierto. Han generado un debate sobre por qué parece tan excepcional que los ciudadanos pidan explicaciones a sus representantes. En otras democracias, los dipu­tados reciben a cualquier ciudadano que quiera poner una queja. Si eso sucediera aquí, seguramente no habríamos llegado a los escraches.
P. ¿Pero era necesario hacerlos en domi­cilios? ¿No es una invasión de la priva­cidad?
R. Es que lo otro ya lo habíamos hecho. Nos concentrábamos ante las sedes del PP y del Congreso, y nos ignoraban sistemáticamente.
P. Eran un último recurso, entonces.
R. Se trataba de señalizar que vamos a estar allí donde vayas y no vas a poder no vernos. Y si es en tu domicilio, en tu domicilio, que a esta gente la están echando de su casa y nosotros simplemente vamos a la tuya y nos ponemos delante con pancartas y pegatinas en las que pone “Sí se puede”. No hemos invadido la casa de nadie, mientras que a la gente le están echando la puerta abajo.
El partido socialista se ha cargado la idea de izquierda en este país”
P. Ante las cosas que han dicho sobre usted los dirigentes del PP y sus medios afines, ¿no ha sentido miedo?
R. Quizá en algún momento sí, porque hubo días muy duros… Ellos apuntan, y luego saben que cuando despiertan lo del imaginario terrorista, hay un sector reducido pero muy radicalizado de la población que puede actuar. He recibido algunas amenazas bastante fuertes, ya no solo contra mí, sino contra mi familia, que todo el mundo sabe que es lo que más duele. Pero en realidad miedo, miedo, no he tenido, porque participo en un colectivo muy amplio en el que todos nos apoyamos los unos a los otros.
P. Y su entorno ¿cómo lleva que esté ahí, en la diana?
R. Mi compañero y yo estamos igual de implicados. Los dos impulsamos la plataforma y nos conocimos en el activismo. Mi vida personal no está separada. Otros familiares nos apoyan. Ha podido haber momentos incómodos, pero nadie ha tenido ninguna duda de que estamos haciendo lo que hay que hacer, parafraseando a Rajoy.
P. ¿Cómo desconecta de todo este lío?
R. Con mi hijo de dos años. Es la mejor manera, llegas a casa y no te lo tienes que plantear. Te reclama, juega; si te ve con el teléfono, te lo coge y lo tira.
P. ¿Se puede conciliar vida laboral, familiar y, encima, la de activista?
R. Se puede. Yo veo a un montón de gente trabajando en dos empleos para poder llegar a final de mes, a muchísimas mujeres haciendo muchos más esfuerzos de los que hago yo. Yo me he llevado a mi hijo a parar desahucios y a manifestaciones con otros niños de la plataforma. Somos de hecho un movimiento muy familiar donde hay muchísimos niños que llevamos a nuestras actividades. No separamos una cosa de la otra. Los niños forman parte de nuestra vida, y que así sea, porque desde luego su alegría y su energía son la mejor receta contra la crisis.
P. Tras estos años, ¿cuál sería la mayor enseñanza personal que ha sacado del activismo?
R. Vaya pregunta. No sé… La idea de que el determinismo es falso. El mensaje oficial es que no hay nada que hacer, que aunque te muevas no vas a conseguir nada, que todo lo que te pasa es culpa tuya y te tienes que avergonzar: escóndete, has vivido por encima de tus posibilidades y eres un fracasado. Ese mensaje responde a unos intereses. Hay alguien a quien le interesa que tú creas que estás solo. Cuando empezamos, nuestra primera dificultad no fue el poder de la banca, sino lo destrozada que estaba la gente. El mayor aprendizaje ha sido comprobar que las personas con menos recursos, los más hechos polvo, si encuentran un espacio de solidaridad y se les restituye la dignidad, se convierten en superhéroes.

LA DEMOCRACIA LIQUIDA, ¿YA NO CONFIAS EN NINGUN PARTIDO POLITICO?


¿Ya no confías en ningún partido político? Bienvenido a la democracia líquida (I)



Confieso que estoy hecho un lío. Lo estoy a rebufo del affaire Bárcenas, de los ERE´s de Andalucía, de los sinvergüenzas de Valencia que construyen aeropuertos sin aviones, y del jeto de Rajoy en un plasma soltando lugares comunes, en plan Gran Hermano celtíbero. A estas alturas de la película (de terror), pues, ya no sé a quién debo dirigir mi voto en las próximas elecciones, si a los hippies “tol mundo er güeno” pseudocientíficos, antitransgénicos y antivacunas de las izquierdas o a la caverna retrógrada, religiosa y meapilas que se encomienda a la Virgen para que ella subsane el fregado en el que andan metidos.

Vote a quien vote, me siento estafado. Sé que ambos me robarán la cartera. Sospecho que si deposito mi confianza en un partido pequeño, en cuanto se haga mayor, en cuanto abandone la posición “no tengo nada que perder”, acabará haciendo exactamente lo mismo. Y encima, como se ha demostrado, una formación política puede incumplir punto por punto todo su programa y yo no podré arrepentirme hasta transcurridos los cuatro años de rigor. Ni siquiera me dejarán quemar Barcelona o Madrid por la rabia, porque encima me iré a casa con un ojo menos de resultas de un bola de goma.


Dada esta situación, uno se pregunta, quizá de un modo un tanto apocalíptico, si no estamos viviendo, de facto, en una dictadura que finge no serlo. O directamente, si a político solo se meten pícaros y estultos con una gran facilidad para hacer teatro y mentir sin que se le caiga la cara de vergüenza (o tal vez es el propio sistema el que te invita a convertirte en eso, tal y como denuncian algunos técnicos).

¿Qué tipo de democracia quieres?

A grandes rasgos, el problema de la democracia actual se puede resumir en dos posturas. Apostar por una democracia pura, en la que los ciudadanos voten y decidan directamente, sin intermediarios, a propósito de todas las decisiones importantes. ¿La seguridad social debe financiar la homeopatía? Preguntemos al pueblo. ¿Debemos construir más kilómetros de AVE? Preguntemos al pueblo. ¿Eliminamos el Senado? Preguntemos al pueblo.

Este tipo de democracia resultaría, a la larga, perniciosa para todos, porque la mayoría de nosotros no tenemos el tiempo (y a veces ni las ganas) de profundizar en absolutamente todos los temas. Uno puede haber leído mucho sobre los beneficios de tener un medio de transporte como el AVE. O puede que haya pasado meses buceando en ensayos clínicos sobre homeopatía. Pero nadie puede dominar todos los temas. De hecho, en la mayoría de los temas, todos nosotros somos unos completos ignorantes. Imaginaos el resultado, pues: la mayor parte de las decisiones complejas se dirimirían por parte de una mayoría de personas ignorantes en dicho tema.

Así que al final acabaríamos tomando decisiones erróneas. Sería profundamente democráticas, eso sí, pero también profundamente erróneas. Como si a la hora de decidir el grosor de los pilares maestros de un rascacielos de 50 plantas le preguntáramos a todo el que pase por allí, y no a los ingenieros. La democracia directa, en consecuencia, resulta tan nociva como sus opuestos, como las tiranías, las monarquías, o las teocracias.

El otro tipo de democracia, en la que actualmente estamos inmersos, evita preguntar sobre toda clase de temas al pueblo, derivando esa responsabilidad a un comité de expertos. Es decir, las formaciones políticas. Cedemos nuestra confianza a un grupo de personas que se dedica, supuestamente, a profundizar en todos los temas que a nosotros se nos escapan. Delegamos. En esta clase de democracia representativa, al final, lo que más importa son los resultados (o explicar de la forma más pedagógica posible la razón de que se decida, por ejemplo, subir determinado impuesto o cualquier otra medida impopular que, a largo plazo, tendrá beneficios para todos).

Esta clase de democracia parece tener mejor pinta que la democracia pura. Al fin y al cabo, sólo los médicos operan a corazón abierto. Sólo los jueces te condenan al trullo. Sólo los pilotos manejan aviones comerciales. Así pues, sólo los políticos y los expertos que ellos designen deberán tomar las mejores decisiones para el pueblo. Pasada la legislatura, el pueblo echará cuentas y decidirá o no volver a confiar en esa formación política.

El problema, dadas las circunstancias, es que los políticos parecen tontos, en el mejor de los casos, o directamente son unos mangantes, en el peor. Si no podemos confiar en el vecino tonto, pero tampoco en la integridad intelectual y moral del experto, ¿qué nos queda?


EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA, APRUEBA QUE LA IGLESIA PAGE EL IBI


El Ayuntamiento de Donostia aprueba que la iglesia católica pague el impuesto de Bienes Inmuebles e insta al Parlamento que se anulen los Acuerdos con la Santa Sede


Ayuntamiento Donosti

En Donostia, los colectivos Plazandreok, Euskal Herriko Bilgune Feminista, Medeak, Garaipen, EHGAM, STEE-EILAS, SOS Racismo y Laikotasuna- Colectivo por la Laicidad (que mantiene un convenio de colaboración con Europa Laica) presentaron, en el mes de junio, una propuesta de moción a los Grupos políticos en el Ayuntamiento.

LA MOCIÓN TRANSACCIONADA POR BILDU Y PSE-PSOE. TAL Y COMO FIGURA MÁS ABAJO FUE APROBADA POR UNA AMPLIA MAYORÍA CON LOS VOTOS DE BILDU Y PSE-PSOE, EL PNV SE ABSTUVO Y EL PP VOTÓ EN CONTRA.
ES UNA BUENA NOTICIA POLÍTICA, AUNQUE NO TENGA EFECTOS INMEDIATOS REALES, PERO SIGNIFICA QUE UNA AMPLIA MAYORÍA DE LOS REPRESANTES EN LA CORPRACIÓN DESEA QUE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS ABONEN LOS IMPUESTOS. DEJANDO DE TENER PRIVILEGIOS TRIBUTARIOS. ADEMÁS SE APRUEBA QUE SE HAGA UN CENSO DE LOS INMUEBLES DE LAS CONFESIONS RELIGIOSAS, QUE NO TRIBUTAN ESTE IMPUESTO.  Y, AUNQUE DE FORMA ALGO TIMORATA POR LA TRANSACIÓN, SE INSTA AL PARLAMENTO DE MADRID A QUE SE ANULEN LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE. 

TEXTO DE LA MOCIÓN APROBADA

1.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN se compromete a realizar un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de las confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN insta a las Juntas Generales de Gipuzkoa a que modifique la normativa foral que sea necesaria para que los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a las confesiones religiosas.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN muestra su voluntad de, una vez modificada la norma foral que lo posibilita, aprobar el cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a las confesiones religiosas.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN insta al Gobierno Español y al Congreso de los Diputados a anular los acuerdos con la Santa Sede y, en su defecto o consecuencia, intenten alcanzar un nuevo acuerdo.

*Texto de la propuesta de moción  de los colectivos ciudadanos
El principio de igualdad ante la ley es básico en la democracia. Todo país y toda institución democrática están obligados a respetar escrupulosamente el principio de igualdad, evitando cualquier actuación o situación que suponga un trato de favor sobre cualquiera de las religiones existentes, o un trato discriminatorio sobre los no creyentes, las mujeres y otros sectores de la ciudadanía. No podemos olvidar que las mujeres en general y también determinadas opciones de género y sexo, han sido a lo largo de la historia sectores especialmente castigados por las religiones.

La actual situación económica de nuestra sociedad es el resultadodel expolio desarrollado por la banca, los mercados y los especuladores, de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, de la permisividad para la circulación de dinero negro y del enorme fraude fiscal existente. Todo ello está recayendo sobre las espaldas de la ciudadanía vasca, que sufre un paro enorme, un aumento de la pobreza, un peligroso recorte de derechos sociales, el aumento del IVA y de otros impuestos, así como la bajada general y unilateral de los salarios.

Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia Católica, aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es una burla que en la actual situación decrisis económica y social se pretenda aumentar a la ciudadanía el impuesto de contribución urbana y que el mayor propietario no pague.

El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, gravan enormemente a nuestras arcas municipales vulnerando el principio de igualdad, hecho que consideramos enormemente injusto.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes:

ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN realizará un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
2.- Exigir a las Juntas Generales de Gipuzkoa que modifiquen la normativa foral que sea necesaria paraque los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
3.- Proceder, en consecuencia, al cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a la iglesia católica y otras confesiones religiosas.
4.-.Instar al Parlamento español a que se deroguen los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, que esta entidad religiosa incumple.

*Texto definitivo de la moción aprobada por los grupos en el ayuntamiento el pasado 24 de julio. *(En rojo el texto de la transacción que hacen BILDU y PSE-PSOE)

El principio de igualdad ante la ley es básico en la democracia. Todo país y toda institución democrática están obligados a respetar escrupulosamente el principio de igualdad, evitando cualquier actuación o situación que suponga un trato de favor sobre cualquier persona, colectivo, religión o un trato discriminatorio sobre sectores de la ciudadanía más desprotegidos, como las mujeres, las personas que profesan credos, pensamientos y conductas diferentes a las mayoritariamente aceptadas o la ciudadanía no creyente. No podemos olvidar que las mujeres en general y también determinadas opciones de género y sexo, han sido a lo largo de la historia sectores especialmente castigados por las religiones.

En materia de impuestos, hay un hecho que resulta claramente discriminatorioante la ciudadanía. Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia Católica, aunque esta institución privada sea la que más patrimonio inmobiliario acumula. La exención fiscal de la que goza la Iglesia supone privar a los ayuntamientos de enormes cantidades de dinero que todo el resto de la ciudadanía tenemos que pagar. Es denunciable que en la actual situación de crisis económica y social, el mayor propietario esté exento de ese impuesto y no pague lo que le corresponde.

El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, gravan enormemente a nuestras arcas municipales vulnerando el principio de igualdad, hecho que consideramos enormemente injusto.

De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de la siguiente DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN se compromete a realizar un censo de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están registrados a nombre de las confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN insta a las Juntas Generales de Gipuzkoa a que modifique la normativa foral que sea necesaria para que los ayuntamientos de este territorio puedan cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pertenecientes a las confesiones religiosas.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN muestra su voluntad de, una vez modificada la norma foral que lo posibilita, aprobar el cobro del IBI de todos aquellos bienes pertenecientes a las confesiones religiosas.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN insta al Gobierno Español y al Congreso de los Diputados a anular los acuerdos con la Santa Sede y, en su defecto o consencuencia, intenten alcanzar un nuevo acuerdo.

Ayuntamiento Donosti


FUENTE