EE.UU. : UN JUEZ SENTENCIA QUE EL ESPIONAJE DE LA NSA ES INCONSTITUCIONAL

VIOLA LA PRIVACIDAD DE MILES DE PERSONAS

Un juez de EEUU sentencia que el espionaje 

de la NSA es inconstitucional

   Un tribunal federal estadounidense ha sentenciado que el programa de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que recopila de forma masiva información sobre llamadas telefónicas es inconstitucional, en la medida en que viola la privacidad de miles de personas sin que medie ninguna orden judicial.

   El juez Richard Leon, que ha fallado a favor del fundador de la ONG Feeedom Watch, Larry Klayman, no ha escatimado críticas ante un sistema que pone en el punto de mira a "prácticamente todos los ciudadanos".

   "No puedo imaginarme una invasión más indiscriminada y arbitraria que esta recopilación y retención sistemática y de alta tecnología de datos personales", ha asegurado en su sentencia, recogida por CNN.

   Para Leon, un juez designado por el expresidente George W. Bush, programas de este tipo "seguramente" infringen la Cuarta Enmienda de la Constitución, en alusión al derecho a la privacidad del que deben gozar todos los ciudadanos estadounidense. En este sentido, considera que los demandantes han demostrado "daños irreparables" en materia de privacidad.

   La sentencia, sin embargo, no contempla el fin inmediato de estos programas de cibervigilancia, dado que el juez considera que están en juego "intereses de seguridad nacional significativos" y el Gobierno tiene todavía derecho a recurrir, según 'The Washinton Post'.

   Este periódico informó a principios de mes de que la NSA es capaz de recopilar cada día 5.000 millones de registros de teléfonos móviles en todo el mundo, una cantidad de información equivalente a 27 teraytes. Los documentos sobre estos programas fueron filtrados por el excontratista de Inteligencia Edward Snowden.

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VIDEO: BLESA Y EL JUEZ SILVA CARA A CARA

VÍDEO: Blesa y el juez Silva, cara a cara

eldiario.es ha tenido acceso a las grabaciones del interrogatorio en el que se envía a cárcel a Miguel Blesa

Blesa intentó justificar ante el juez Elpidio Silva la compra del banco de Florida, a pesar de las dudas en Caja Madrid y en Banco de España

La defensa de Blesa se quejó de que tuvo que anular su boda para evitar manifestaciones y escraches

El pasado 5 de junio Miguel Blesa fue llamado por sorpresa ante el juez Elpidio Silva para un interrogatorio que acabaría con los huesos del banquero en la cárcel por segunda vez en apenas tres semanas. eldiario.es ha tenido acceso a la grabación de aquel interrogatorio en el que Blesa intentó justificar la compra del banco de Florida. Blesa cuestionó ante el juez los informes del Banco de España que denunciaban el pago de un sobreprecio. A día de hoy el banquero está en libertad y el magistrado se enfrenta al posible final de su carrera judicial.

Los vídeos recogen los momentos previos al segundo encarcelamiento de Blesa en pocas semanas; el juez Silva ya lo había enviado a prisión el 16 de mayo, pero entonces el exbanquero reunió en 24 horas los 2,5 millones de euros de fianza que le impuso el magistrado. Lo que sigue son los extractos más destacados de casi tres horas de interrogatorio. Durante ese intercambio de preguntas y respuestas Blesa se escudó en su consejo de administración para intentar eludir la acción de la justicia. Los siguientes documentos audiovisuales suponen la primera ocasión en la que se puede oir las voces de Silva y Blesa en calidad de juez e imputado.

En los primeros momentos del interrogatorio, Silva pregunta a Blesa si a la hora de comprar el Banco de Florida tuvo en consideración el huracán financiero que se cernía sobre la economía mundial. Blesa justifica sus decisiones e insiste en que la compra del banco americano fue una buena operación.

En otro de los momentos del interrogatorio, el magistrado pregunta al banquero los motivos que le llevaron a pagar un sobreprecio por el City National Bank of Florida, tal y como indicó el Banco de España en un informe incorporado a la causa. Blesa se deshace en explicaciones sobre la importancia de los valores intangibles que no se recogen en los libros de cuentas de las entidades a la hora de decidir el precio de una entidad para concluir: "Señoría, no existe el sobreprecio (...) el Banco de España no debería llamarle sobreprecio". Cuando Silva recuerda a Blesa que la decisión de comprar el banco tuvo críticas internas en el seno de la comisión de inversiones de Caja Madrid por parte del consejero Estanislao Rodríguez Ponga (propuesto por el PP), Blesa reacciona afirmando: "Yo no formaba parte de la comisión de inversiones".

El interrogatorio se tensa cuando el magistrado pregunta a Blesa por uno de los correos intervenidos por la Guardia Civil. El envío con fecha 23 octubre de 2008 tiene a Blesa por destinatario y a su colaborador Ildefonso Sánchez Barcoj como remitente. En el mail, Sánchez Barcoj informa a Blesa de que la operación de compra del banco de Florida está cubierta económicamente y le indica que poseen "cien quilos más por si se pone algo a tiro". El magistrado le dice a Blesa: "Yo esto lo tengo que entender hoy". Tan sólo unas horas después Silva enviaba a Blesa a la cárcel sin fianza.

Cuando la defensa de Blesa toma la palabra solicita que su defendido no sea enviado a prisión, tal y como pedía la acusación de Manos Limpias. La Fiscalía también pide que no se tome medida cautelar alguna contra el exbanquero. El letrado de Blesa (a la izquierda de la imagen) explica al tribunal que su defendido "no puede ni salir a la calle con un mínimo de tranquilidad" y que "ha tenido que suspender su matrimonio". Según el letrado "estamos en tal situación que un matrimonio... nos íbamos a encontrar con una cola de gente, de escraches y etc, etc...". Por todo ello, la defensa de Blesa pide que el expresidente de Caja Madrid no sea enviado a prisión.

El juez Silva cierra la sesión informando a Blesa de que su siguiente destino es la prisión de Soto del Real. Silva se detiene pormenorizadamente en explicaciones para justificar la decisión y explica al expresidente de Caja Madrid que el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas pesan más que el arraigo y la promesa de no fugarse que esgrimen su defensa y la Fiscalía.

Con la decisión ya tomada y anunciada, Elpidio Silva ofrece a Blesa la posibilidad de dirigirse al tribunal en un turno de última palabra. El expresidente de Caja Madrid se escuda en su consejo de administración como órgano final de la toma de decisiones. "Yo no podía hacer nada, yo no era un presidente presidencialista", remarca Blesa.

"Sin fianza", esa es la última aclaración que realiza el juez Silva a la pregunta de la defensa de Blesa y la última vez que se vio cara a cara con el expresidente de Caja Madrid.

Posteriormente la Audiencia de Madrid obligó al juez a liberar a Blesa. A partir de ahí empezaron los problemas para Elpidio Silva a quien el TSJM ha imputado un delito de prevaricación y dos delitos contra la libertad individual, además le ha impuesto una fianza de 8.000 euros. Se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación para el ejercicio de la judicatura.

Elpidio Silva también ha tenido que enfrentarse a otra sanción del CGPJ por la entrevista concedida a eldiario.es en junio de 2013. El órgano rector de los jueces estimó que Silva incurrió en revelación de secretos y le impuso una multa de 1.000 euros.

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GALLARDON CONCEDE 12 INDULTOS MAS Y ACELERA LA MEDIDA DE GRACIA

Gallardón concede otros 12 indultos y acelera los plazos para otorgar la medida de gracia

El ministro de Justicia incrementa la lista de exonerados en plena oleada de peticiones polémicas (Matas, Del Nido, Ortega Cano y el ex alcalde de Torrevieja). El Ejecutivo quiere acortar los tiempos para que los procesos no se demoren más de un año. UPyD exige en el Congreso que haya control parlamentario de estas resoluciones y que sean motivadas en el BOE. 

El Gobierno continúa dando argumentos de peso para quienes consideran que la concesión del indulto se ha convertido en una “cuarta instancia”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió este lunes una docena de reales decretos en los que el Rey, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y previa deliberación del Consejo de Ministros, otorga esta medida de gracia “de carácter excepcional” al mismo número de condenados por sentencia firme. Estas remisiones de penas llegan -pues no se hacen efectivas hasta su publicación en el BOE- en plena de oleada de peticiones de indulto que están generando especial revuelo en la opinión pública.

Al caso del exministro y expresidente balear, Jaume Matas, donde el Gobierno ha mantenido un hermetismo absoluto a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Baleares, se unen los del expresidente del Sevilla Fútbol Club José María del Nido, el exalcalde popular de Torrevieja Pedro Hernández Mateo (el TSJ valenciano ha suspendido su ingreso en la cárcel hasta que el Ejecutivo resuelva) y el extorero José Ortega Cano. Sobre este último, condenado a dos años y medio de cárcel por un accidente de tráfico en el que murió una persona, la Fiscalía ya avanzó este lunes que se opondrá a que la Audiencia Provincial de Sevilla aplace su entrada en prisión puesto que no se dan los requisitos previstos en la ley para la concesión del indulto.

En los recién indultados por el Ministerio de Justicia se encuentra el preso Mario Arango Durango, que llegó a reclamar esta medida de gracia en una carta enviada al diario elmundo.es. En ella, titulada “Farruquito a la colombiana”, el recluso se confiesa así: "Yo soy culpable de una conducción temeraria, pero como no soy español y menos bailaor, y, menos aún, famoso... Soy ciudadano de una 'república bananera' como Colombia, con mucho orgullo. Ustedes saben que como colombiano ante jueces y fiscales, en España y en cualquier parte del mundo, uno no es bien visto y lleva las de perder, como me ha sucedido a mí".

El Gobierno trabaja en “aumentar el dinamismo de la gestión de los indultos” para procurar “beneficios y mayores certidumbres a tribunales, abogados y peticionarios”

Asimismo, Arango señala que en su caso no hubo que lamentar muertes, mientras que en el deJuan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, sí hubo atropello mortal de un peatón. En el real decreto del indulto, el reo colombiano, condenado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa a la pena de siete años de prisión por cada uno de ellos (14 años), es exonerado de cuatro años de cada una de las dos penas privativas de libertad impuestas, con lo que su condena se reduce a 6 años.

Pese a los reclamos de la oposición, el Gobierno no tiene previsto introducir cambios en una ley que se remonta a 1870. El único objetivo que se ha marcado el Ministerio de Justicia es reducir los plazos para la tramitación de los expedientes. Tal y consta en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, el departamento de Gallardón trabaja en “aumentar el dinamismo de la gestión de los indultos” para procurar “beneficios y mayores certidumbres a tribunales, abogados y peticionarios”. Con las mejoras introducidas hasta el momento, el plazo de reclamación de informes al tribunal sentenciador es ahora cinco veces menor que quince meses atrás, sostiene Justicia. El plazo máximo establecido para que el Ejecutivo resuelva es de un año, a partir del cual el silencio supone la desestimación de la solicitud. Si en 2012 se elevaron 7.496 peticiones de indulto al Consejo de Ministros, los presupuestos de 2013 y 2014 prevén 6.000.

Ofensiva de UPyD en las Cortes

El debate político sobre la arbitrariedad con que los distintos gobiernos han aplicado la medida de gracia llega, además, este martes al Congreso. UPyD defenderá una proposición no de leyen la que exige al Gobierno someter el indulto al control parlamentario y mayor transparencia sobre los expedientes autorizados. Así, el partido de Rosa Díez pedirá al Ejecutivo que fije un mecanismo de supervisión en las Cortes, previa emisión de un informe anual conjunto elaborado por los Ministerios de Justicia y Defensa, en el que se detallen las razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifican esta prerrogativa.

La formación magenta también pretende que los reales decretos publicados en el BOE dejen de ofrecer "la más mínima motivación, confundiendo la naturaleza discrecional de la concesión del indulto con su ejercicio indiscriminado o arbitrario". De igual modo, UPyD insta al Gobierno a regular la posibilidad legal de recurrir ante lo contencioso-administrativo la concesión del indulto por la Fiscalía, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos por el delito si se ha concedido de forma "ilógica, fraudulenta o con alarma social". En la sesión del miércoles, la diputada de UPyDIrene Lozano preguntará a Gallardón si el Ejecutivo va a eximir a Matas de la pena de nueve meses de cárcel a la que ha sido condenado en la primera pieza del caso Palma Arena.

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EL SUPREMO CONFIRMA QUE LAS ELECTRICAS ASUMAN EL DEFICIT TARIFARIO

El Supremo confirma que las eléctricas asuman 

el déficit tarifario, al dominar el sector y 

haberse beneficiado de los CTCs

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que confirman que las cinco grandes eléctricas de España deben financiar el déficit tarifario, al ser las principales del mercado español y haberse beneficiado en el pasado de la compensación de los llamados Costes de Transición a la Competencia.

El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal rechaza en estas resoluciones los recursos interpuestos por Endesa y Gas Natural, y confirma las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional el pasado enero. Las sentencias han tenido como ponente al magistrado Pablo Lucas (recurso de Endesa) y a Nicolás Maurandi (recurso de Gas Natural).

En ellas, el Supremo descarta que se hayan vulnerado los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 24 de la Constitución.

Las eléctricas recurrieron a este procedimiento especial contra la liquidación realizada en mayo de 2012 por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que imponía una serie de obligaciones a pagar a las compañías.

Estas obligaciones están incluidas en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997. Establece que, cuando los ingresos del sistema eléctrico sean inferiores a los costes, la CNE realizará liquidaciones esa deuda a las cinco eléctricas, aplicando unos porcentajes de reparto para cada una.

El Supremo falla que dicha disposición no vulnera la Constitución Española. Está justificada la obligación de financiar el déficit: persigue un fin legítimo, es funcional, adecuada y no comporta una diferencia de trato desproporcionada.

El Alto Tribunal considera que la razón por la que se ha impuesto la obligación a unas empresas es, sencillamente, “la de que son las principales del sector eléctrico. O sea, la misma que justificó en su momento que se les reconociera el derecho a percibir la compensación por los CTC”, los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

Las compañías son: Iberdrola, Hidroeléctrica del Cantábrico, Endesa, Eon España y Gas Natural. Les corresponden, según la ley, los siguientes porcentajes en caso de saldo negativo: 35,01%, 6,08%, 44,16%, 1% y 13,75%, respectivamente.

Dichos porcentajes coinciden con los establecidos para compensar a las mismas empresas por los CTCs, mecanismo de compensación vigente entre 1997 y 2006.

Representan la práctica totalidad del mercado

Las cinco empresas representan la práctica totalidad del mercado. La aportación que se les exige “consiste en un adelanto de determinadas cantidades para financiar los desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico del que forman parte esencial", por lo que, "en la medida en que cooperan para alcanzar ese objetivo, también actúan en su propio provecho".

El Supremo rechaza también un tercer motivo de casación, que las empresas basaban en el Derecho de la Unión al prohibir las discriminaciones. Para ello, las compañías esgrimían como contraste la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Federutility y que está referida a la financiación del bono social.

El Alto Tribunal resuelve que mientras allí las empresas obligadas deben soportar la carga que se les impone con el bono social, aquí, en la disposición recurrida por las eléctricas, “se trata solamente de un adelanto a título de préstamo a largo plazo, acompañado del consiguiente derecho a la devolución con sus intereses, sin perjuicio del recurso a la titulización”.

El Supremo condena a Endesa y Gas Natural a pagar las costas del proceso, que ascienden a 50.000 y 35.000 euros, respectivamente.

Se adjuntan las sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fechadas el 18 de noviembre ce 2013. Han tenido como ponentes al magistrado Nicolás Maurandi, en el recurso de casación número 843/2013 interpuesto por Gas Natural,y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, en el recurso de casación 848/2013 promovido por Endesa.

 Nota: Esta noticia ha sido elaborada por Comunicación del Poder Judicial a los efectos informativos y carece de vinculación legal con la sentencia.

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RUSIA PROHIBIRA LOS TRANSGENICOS POR 10 AÑOS

Rusia busca prohibir los transgénicos por 10 años para estudiar sus efectos sobre la salud





Científicos rusos solicitan que se imponga una moratoria a los organismos genéticamente modificados (OGM) durante 10 años, tiempo durante el que pretenden estudiar su impacto sobre la salud humana.



"Es preciso prohibir los OGM en el país e imponer una moratoria de 10 años. Durante este tiempo, mientras los OGM estén prohibidos, se pueden planear experimentos, pruebas, y pueden introducirse nuevos métodos de investigación", dijo en una entrevista a la agencia rusa Interfax, Irina Ermakova, vicepresidenta de la Asociación nacional de seguridad genética.

Según ella, aún no se han realizado estudios suficientes sobre el impacto de los OGM en la salud humana para permitir una amplia introducción de los alimentos modificados genéticamente en el mercado.

"El consumo y el uso de OMG obtenidos de esa manera puede provocar tumores, cáncer y obesidad entre los animales", dijo Ermakova, que agregó que los médicos han registrado un aumento de diabetes y de cáncer en las regiones donde los residentes han consumido mayor cantidades de alimentos que contienen OGM. 

En septiembre Rusia aprobó el Reglamento para el Registro Estatal de los OMG y los productos que contienen OGM, ley que impone un registro obligatorio de todos los productos que contienen componentes transgénicos. 

También en septiembre las autoridades rusas suspendieron temporalmente la importación y la venta de maíz genéticamente modificado de Monsanto, después de que un estudio francés sugiriera que podría provocar cáncer. Según la actual legislación rusa el cultivo de los transgénicos está prohibido en el territorio de Rusia, aunque no se prohíbe el uso de los OMG en 19 líneas de alimentación.

Según una encuesta del centro Levada llevada a cabo en 2012, el 58% de los encuestados estaba en contra de los OGM, otro 25% confesó mantener una actitud "más bien negativa" hacia los transgénicos. Mientras en una encuesta similar llevada a cabo 2003, solo el 30% sabían qué eran los transgénicos, en 2011 esa cifra era ya del 70%.
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ESPAÑA: LA GUARDIA CIVIL DESLIGO AL PADRE DEL FUTBOLISTA MESSI DE LA CAUSA DE LAVADO DE DINERO DEL NARCO

La Guardia Civil española desligó al padre de 

Messi de la causa de lavado de dinero narco

Una portavoz de la fuerza de seguridad ibérica aclaró cuál es la situación de Jorge Messi, tras la denuncia que involucró a su fundación en un caso de blanqueo de capitales del narcotráfico. Los detalles de la "Operación Firmamento"

El diario español El Mundo publicó esta mañana en su portada un título impactante: "Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero de la droga". La noticia tuvo eco inmediato en medios de comunicación de todo el planeta y fue replicada a través de las redes sociales hasta viralizarse.

El revuelo que generó el tema fue tan grande, que la Guardia Civil española entendió que debía salir a aclarar la situación: Rocío Rojas, portavoz de la fuerza de seguridad, declaró a Infobae que desde hace meses se investiga una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

"Nuestra Unidad Central Operativa (UCO) lleva a cabo lo que denominamos 'Operación Firmamento', que sigue a una organización que se dedicaba al narcotráfico y al blanqueo de dinero, con la organización de eventos musicales y deportivos", aseguró la representante de la Guardia Civil. "Entre ellos destacaban partidos de fútbol como 'La batalla de las estrellas' y 'Messi y sus amigos contra el resto del mundo'", detalló.

Sin embargo, Rojas aclaró: "Esto no quiere decir que el padre de Messi perteneciera a la organización. "Él(Jorge) ha declarado pero sólo se presentó en calidad de testigo, al igual que representantes de otros jugadores".

"Por ahora se descarta la participación del padre de Messi en el delito investigado", apuntó la portavoz de la Guardia Civil, que en el marco de esa pesquisa le tomó declaración a varios jugadores del Barcelona y sus representantes, pero sólo para conocer como funcionaba la organización de estos eventos.

La investigación, realizada en conjunto por la Guardia Civil, la Policía colombiana y la DEA norteamericana, avanzó de manera significativa en las últimas semanas, por lo que las autoridades españolas consideran que estáprácticamente desmantelada la organización que operaba a través de una la empresa dedicada a la celebración de distintos espectáculos deportivos y musicales.

En el marco de la operación que se inició en abril del año pasado, fueron detenidas cuatro personas e imputadas otras doce. Los investigadores concluyeron que la compañía involucrada era de origen colombiano y estaba detrás de la organización de varios partidos amistosos alrededor del mundo y de conciertos en las ciudades de Madrid, Barcelona y Murcia.

En las próximas horas se espera una declaración formal de la familia Messi, que se expresará a través de un comunicado. De todos modos, los asesores letrados que representan al círculo íntimo de la estrella argentina adelantaron que iniciarán acciones legales contra el medio que lanzó la noticia.

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EL ATASCO DE FOGASA RETRASA EL COBRO DE 181.000 PRESTACIONES

El atasco del Fogasa frena el cobro de más de 181.000 prestaciones

A principios de año, los responsables del Ministerio de Empleo propusieron a los sindicatos dar una solución al atasco de expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es el organismo encargado de abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.

El pasado año, el Fogasa abonó estas prestaciones a 254.931 trabajadores pertenecientes a 84.257 empresas afectadas de una u otra forma por impagos a sus empleados, por valor de 1.530 millones de euros. En concreto, se reconocieron 568 millones a trabajadores afectados por insolvencia en sus empresas, 647 millones a empleados en empresas en concurso y otros 314 millones al pago directo de 8 días de indemnización por despido a pymes de menos de 25 trabajadores.

Si bien ya el pasado año cerró con alrededor de 130.000 expedientes sin solventar y cuya tramitación estaba atascada, esta cantidad ha aumentado hasta los 181.000, según los datos oficiales facilitados a los sindicatos. Así, al menos un número similar a este de prestaciones sigue sin cobrarse por parte de otros tantos trabajadores (algunas empresas en concurso abren un solo expediente que afecta a varios trabajadores y en otras ocasiones un mismo trabajador tiene más de un expediente, por salarios y por indemnización). Las prestaciones del Fogasa tardan en cobrarse algo más de seis meses de media, pero en las provincias que acumulan la inmensa mayoría del gasto (Valencia, Madrid y Barcelona) estos plazos superan el año de media.

Por ello, Empleo propuso a los sindicatos a principios de año un plan –que denominó Greta– para privatizar temporalmente la gestión de estos expedientes atrasados. Finalmente, ante las quejas sindicales que planteaban que la solución era reforzar la plantilla, Empleo optó por una vía intermedia: hacer una encomienda de gestión en lugar de un concurso público abierto a empresas privadas y entregarle la gestión de los expedientes atascados a la empresa pública Tragsatec, filial de Tragsa.

Hasta ahora, las cifras facilitadas por los sindicatos indican que el Fogasa ya ha trasladado 150.000 expedientes a los trabajadores de Tragsatec. Pero “dada la inexperiencia de estos empleados en la tramitación de este tipo de solicitudes, a pesar de que empezaron sus trabajos en septiembre pasado, se calcula que, como pronto, los trabajadores afectados empezarán a cobrar a partir del 15 de enero”, aseguran fuentes sindicales. Estas mismas fuentes denuncian que además de los expedientes que restan hasta los 181.000 que reconoce Empleo, “hay una bolsa de volumen desconocido de expedientes atrasados que aún no se ha digitalizado, por algún tipo de orden del ministerio, y que podría elevar sustancialmente la cantidad de trabajadores afectados.”

Sin embargo, en Empleo niegan esta circunstancia. Aseguran que “la gestión de Tragsatec está funcionando bien” y recuerdan que esta encomienda de gestión “será temporal”, por lo que desaparecerá cuando terminen de gestionar los casos atrasados, algo que calculan podría suceder a finales de 2014.

La retirada de ayudas al despido es irreversible

La pasada semana el PP introdujo en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales de 2014 por la que eliminó la financiación a cargo del Fogasa de 8 días de la indemnización por despido objetivo en las pymes, que solo debían costear los 12 días restantes que establece la ley para estos casos.
Esto fue duramente criticado por Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) de la patronal CEOE y también por los sindicatos. Las centrales sindicales consideran que el Gobierno, con esta decisión, encarece el despido en las pymes y, por tanto, dificulta las negociaciones en los procesos de ajuste y puede frenar las contrataciones.
Con esta medida el Ejecutivo se ahorrará poco más de 300 millones de euros en 2014. Los agentes sociales aseguran que la decisión de tomar esta medida obedece exclusivamente a su contribución a reducir el déficit público.
Sin embargo, desde Empleo niegan este punto e indican que la retirada de esta financiación de parte de los despidos objetivos en las pymes se debe a que “había llegado el momento de dejar de subvencionar los despidos”. Según sus argumentos, no es compatible establecer una serie de incentivos destinados exclusivamente a la contratación por parte de las pymes y a la vez estimular sus despidos. Por ello aseguran que esta decisión es irreversible de cara a próximos ejercicios.
En cualquier caso, el ahorro que supondrá esta medida se sumará al freno del gasto del Fogasa que en los primeros nueve meses del año se ha recortado un 19% en comparación con el mismo periodo de 2012. El Fogasa tenía cuando arrancó la crisis en 2008 un remanente de unos 5.000 millones, del que al terminar 2013 le quedarán solo 1.100 millones, lo que “da cierta tranquilidad” a los responsables de este fondo.

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ESPAÑA: EN 6 MESES SE HAN SUSTITUIDO 150.000 CONTRATOS INDEFINIDOS POR TEMPORALES

Fedea: En seis meses se han sustituido 150.000 contratos indefinidos por temporales

Marcel Jansen, investigador de Fedea, señala que todo indica que la destrucción de empleo en España ha concluido o está a punto de hacerlo. A pesar de ello, muestra su preocupación por el mantenimiento de la dualidad en el mercado laboral, que se manifiesta en una cifra: Se han creado 150.000 empleos en los últimos seis meses, consecuencia de 300.000 nuevos puestos temporales y 150.000 puestos indefinidos destruidos.

Esta sustitución de empleo indefinido por empleo temporal continuará según Jansen, que espera que empiece a crearse empleo en los próximos trimestres. Este aumento del empleo será compatible con caídas del 3% anual del empleo indefinido.

Además, otro de los problemas que ve Jansen en cuanto al mercado laboral es la falta de eficacia de las políticas activas de empleo, que también se aprecia en una cifra: “sólo el 2,8% de los desempleados que encuentran empleo lo hacen gracias a la mediación del antiguo INEM”.

Según el catedrático, en el último año ha crecido en 500.000 los parados de larga duración, concentrados en mayores de 45 años y en personas de baja cualificación. Estas personas son las que necesitan una mayor eficacia de las políticas activas de empleo, que “apenas se han modificado con las sucesivas reformas laborales”.

Por su parte, el director de Fedea, Michele Boldrin, ha señalado que la economía española empieza a dar síntomas de recuperación, pero aún muy débiles. “Los indicadores dicen que no caemos pero no hemos empezado a crecer de forma sustancial”, lo que hará que se cree muy poco empleo en los próximos trimestres.

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ESPAÑA: SEAT PACTA 201 DESPIDOS

Seat pacta con sindicatos 201 despidos con indemnización de 45 días por año

Barcelona, 16 dic (EFE).- La compañía automovilística Seat ha pactado hoy UGT y CCOO un total de 201 despidos entre su personal de oficinas que se saldarán con una indemnización de 45 días por año trabajado.
Fuentes sindicales han explicado a Efe que la indemnización pactada oscila entre los 40 y los 50 días por año, pero que en el 90 % de los casos se abonarán esos 45 días por año.

El presidente del comité de empresa de la compañía, Matías Carnero (UGT), se ha felicitado por el acuerdo y ha destacado que ambas partes han sabido llegar a un pacto y evitar la aplicación de la reforma laboral con una indemnización superior a la acordada en 2007.

En noviembre, la dirección de Seat comunicó al comité de empresa su intención de aplicar un ERE para despedir a cerca de 400 empleados no vinculados con la producción con el objetivo de reducir en un 5 % estos costes, una cifra que finalmente se ha quedado en 201 personas.
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