ESPAÑA: LA OPOSICION UNIDA EXIGE AL FONDO SALARIAL (FOGASA) QUE PAGUE A 180.000 FAMILIAS

Economía.- Toda la oposición se une para exigir que el Fogasa pague ya las prestaciones que debe a 180.000 familias

  Todos los grupos parlamentarios de la oposición --PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y Mixto (Amaiur y Geroa Bai)-- han registrado en el Congreso una proposición no de ley conjunta, para su debate en la Comisión de Empleo, en la que exigen al Gobierno que tome medidas para que de forma "inmediata" el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) supere el "colapso" en el que se encuentra y pueda abonar las prestaciones que debe a 180.000 familias.

   Según la iniciativa, que recoge Europa Press, desde que comenzó la crisis económica el Fogasa ha visto incrementado de forma exponencial tanto su volumen de trabajo como el número de ciudadanos a los que tiene que atender.

   Sin embargo, su presupuesto ha seguido una "evolución errática", con "grandes recortes" en los ejercicios de 2012 y 2013 que "no se compensan con el pequeño aumento previsto" para este año; a la par que su plantilla "se ha congelado", lo que "repercute negativamente en la tramitación de expedientes".

   "El organismo está colapsado y no puede responder adecuadamente a los objetivos que tiene encomendados", señalan los firmantes de la iniciativa, que recuerdan que este fondo es "garantía" de los salarios e indemnizaciones de los trabajadores ante "insolvencia" de su empleador.

RETRASOS DE HASTA 14 MESES

   En esta coyuntura, unos 180.000 ciudadanos --según datos de los sindicatos que se mencionan en la proposición-- están pendientes de cobro o de reconocimiento de prestaciones, y los "intolerables" retrasos alcanzan en algunos casos hasta los catorce meses. Un "caos" que se ha visto "agravado" por la externalización de parte de la gestión de los expedientes, que ha causado por ejemplo la "ruptura del orden de tramitación cronológico" de las solicitudes.

   "Los grupos firmantes consideran fundamental que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que este importante organismo supere la situación de colapso en la que se encuentra", reclaman las formaciones de la oposición.

   Por ello, proponen al resto de la Cámara Baja instar al Ejecutivo a "adoptar, de manera inmediata, cuantas medidas sean necesarias para que el Fogasa, en cumplimiento de los fines que tiene encomendados, pueda resolver los expedientes pendientes de tramitación y garantizar el pago inmediato de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores de acuerdo con la Ley".

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EL ATASCO DE FOGASA RETRASA EL COBRO DE 181.000 PRESTACIONES

El atasco del Fogasa frena el cobro de más de 181.000 prestaciones

A principios de año, los responsables del Ministerio de Empleo propusieron a los sindicatos dar una solución al atasco de expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es el organismo encargado de abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.

El pasado año, el Fogasa abonó estas prestaciones a 254.931 trabajadores pertenecientes a 84.257 empresas afectadas de una u otra forma por impagos a sus empleados, por valor de 1.530 millones de euros. En concreto, se reconocieron 568 millones a trabajadores afectados por insolvencia en sus empresas, 647 millones a empleados en empresas en concurso y otros 314 millones al pago directo de 8 días de indemnización por despido a pymes de menos de 25 trabajadores.

Si bien ya el pasado año cerró con alrededor de 130.000 expedientes sin solventar y cuya tramitación estaba atascada, esta cantidad ha aumentado hasta los 181.000, según los datos oficiales facilitados a los sindicatos. Así, al menos un número similar a este de prestaciones sigue sin cobrarse por parte de otros tantos trabajadores (algunas empresas en concurso abren un solo expediente que afecta a varios trabajadores y en otras ocasiones un mismo trabajador tiene más de un expediente, por salarios y por indemnización). Las prestaciones del Fogasa tardan en cobrarse algo más de seis meses de media, pero en las provincias que acumulan la inmensa mayoría del gasto (Valencia, Madrid y Barcelona) estos plazos superan el año de media.

Por ello, Empleo propuso a los sindicatos a principios de año un plan –que denominó Greta– para privatizar temporalmente la gestión de estos expedientes atrasados. Finalmente, ante las quejas sindicales que planteaban que la solución era reforzar la plantilla, Empleo optó por una vía intermedia: hacer una encomienda de gestión en lugar de un concurso público abierto a empresas privadas y entregarle la gestión de los expedientes atascados a la empresa pública Tragsatec, filial de Tragsa.

Hasta ahora, las cifras facilitadas por los sindicatos indican que el Fogasa ya ha trasladado 150.000 expedientes a los trabajadores de Tragsatec. Pero “dada la inexperiencia de estos empleados en la tramitación de este tipo de solicitudes, a pesar de que empezaron sus trabajos en septiembre pasado, se calcula que, como pronto, los trabajadores afectados empezarán a cobrar a partir del 15 de enero”, aseguran fuentes sindicales. Estas mismas fuentes denuncian que además de los expedientes que restan hasta los 181.000 que reconoce Empleo, “hay una bolsa de volumen desconocido de expedientes atrasados que aún no se ha digitalizado, por algún tipo de orden del ministerio, y que podría elevar sustancialmente la cantidad de trabajadores afectados.”

Sin embargo, en Empleo niegan esta circunstancia. Aseguran que “la gestión de Tragsatec está funcionando bien” y recuerdan que esta encomienda de gestión “será temporal”, por lo que desaparecerá cuando terminen de gestionar los casos atrasados, algo que calculan podría suceder a finales de 2014.

La retirada de ayudas al despido es irreversible

La pasada semana el PP introdujo en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales de 2014 por la que eliminó la financiación a cargo del Fogasa de 8 días de la indemnización por despido objetivo en las pymes, que solo debían costear los 12 días restantes que establece la ley para estos casos.
Esto fue duramente criticado por Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) de la patronal CEOE y también por los sindicatos. Las centrales sindicales consideran que el Gobierno, con esta decisión, encarece el despido en las pymes y, por tanto, dificulta las negociaciones en los procesos de ajuste y puede frenar las contrataciones.
Con esta medida el Ejecutivo se ahorrará poco más de 300 millones de euros en 2014. Los agentes sociales aseguran que la decisión de tomar esta medida obedece exclusivamente a su contribución a reducir el déficit público.
Sin embargo, desde Empleo niegan este punto e indican que la retirada de esta financiación de parte de los despidos objetivos en las pymes se debe a que “había llegado el momento de dejar de subvencionar los despidos”. Según sus argumentos, no es compatible establecer una serie de incentivos destinados exclusivamente a la contratación por parte de las pymes y a la vez estimular sus despidos. Por ello aseguran que esta decisión es irreversible de cara a próximos ejercicios.
En cualquier caso, el ahorro que supondrá esta medida se sumará al freno del gasto del Fogasa que en los primeros nueve meses del año se ha recortado un 19% en comparación con el mismo periodo de 2012. El Fogasa tenía cuando arrancó la crisis en 2008 un remanente de unos 5.000 millones, del que al terminar 2013 le quedarán solo 1.100 millones, lo que “da cierta tranquilidad” a los responsables de este fondo.

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BAÑEZ QUITARA LAS PRESTACIONES AL 14% DE LOS PARADOS AUMENTANDO LAS INSPECCIONES

Báñez prevé quitar las prestaciones al 14% de los parados aumentando las inspecciones

El Ministerio de Empleo pretende quitar las prestaciones por desempleo a unos 400.000 desempleados, que podría estar cometiendo fraude.

La ministra de Empleo tiene una misión que cumplir el próximo año: ahorrar 2.100 millones de euros del dinero que se emplea en pagar las prestaciones por desempleo, un 6,8% del total.

Para conseguirlo, Fátima Báñez está dispuesta a incrementar los controles, tanto presenciales como informáticos, por los que pasan los parados que cobran la prestación. En total serán 7.400.000 acciones del primer tipo, más otros 2,4 millones del segundo, según los objetivos previstos.

Presión que se concentrará fundamentalmente en los 2.879.748 con derecho a prestación del total de 4.724.000 que constan en los registros de las oficinas de los servicios públicos de empleo, según las cifras oficiales del Ministerio correspondientes al pasado mes de septiembre.

Si los planes previstos por el Ministerio, que ha desvelado el diario 'Expansión', llegan a cumplirse cada uno de estos trabajadores sin empleo sufrirá un mínimo de tres inspecciones presenciales, el próximo año, más alguna que otra revisión de su expediente, con el objetivo de determinar si tiene verdadero derecho a recibir la ayuda o está cometiendo un fraude.

La ministra calcula que con este programa pueden detectarse unos 400.000 casos, el 20% del total, de parados que o bien están realizando un fraude al cobrar mientras realizan otros trabajos en la economía sumergida, o prefieren recibir el dinero del Estado a aprovechar las oportunidades laborales, a veces con retribuciones más bajas, que les salen al paso.

En lo que va de año, el trabajo realizado ya en esta línea, habría permitido al Ministerio hacer aflorar más de 130.000 empleos sumergidos.

En el Departamento de Báñez también se ha previsto realizar unas 375.000 reclamaciones a desempleados que hubieran cobrado indebidamente, con el objetivo de recuperar el dinero, y abrir 12.000 expedientes a empresas que han colaborado en estos fraudes. Unas gestiones con las que se aspira a recaudar unos 1.000 millones.

Para conseguirlo, Empleo quiere asegurarse la colaboración de las antiguas oficinas del Inem de las comunidades autónomas, los actuales Servicios Públicos de Empleo, ligando el dinero que reciben a la consecución de una serie de objetivos, de tal modo que el 40% de su presupuesto dependa del éxito que se alcance en estos programas.

El principal indicador será el número de sanciones aplicadas para combatir el fraude y que de origen a la suspensión o la retirada de la prestación.
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BAÑEZ SUPRIMIRA LA PRESTACION A 400.000 DESEMPLEADOS

Bañez pretende suprimir la prestación a 400.000 desempleados por fraude

• Con esta medida, espera ahorrar unos 2.100 millones de euros o 6,8 euros de cada 100 que destine a la cobertura del desempleo.
• Empleo tiene previsto hacer 375.000 reclamaciones a los desempleados por pagos indebidos y 12.000 expendientes a empresas por cooperar en el fraude.

Cuenta Expansión que el Gobierno está reforzando la lucha contra el fraude y la mejora de la gestión  en la protección por desempleo con el fin de ahorrar por recursos. El ejecutivo, en colaboración con las comunidades, se ha propuesto dar de baja un total de 400.000 desempleados. Con esta medida, espera ahorrar unos 2.100 millones de euros o 6,8 euros de cada 100 que destine a la cobertura del desempleo.

La estrategia del Gobierno para el próximo año cuenta con tres platas: reinsertar a los beneficiarios de las prestaciones comprobando su disponibilidad de aceptar un trabajo; cruzar datos informáticos entre los distintos departamentos del Gobierno para intentar incrementar de la persecución de la economía sumergida y mejorar su gestión económica.

7,4 millones de gestiones para controlar las acciones

Explica el diario que los primero que harán los servicios públicos es comprobar la disponibilidad y aceptar un trabajo. Señala que las cifras indican que la contratación laboral que hay en España por la contratación temporal, un mismo desempleado puede pasar por varios controles para comprobar que no defraudada.

Persecución de la economía sumergida

La segunda pata quiere perseguir la economía sumergida. Quiere hacer un control automático de los desempleados, intercambiando información entre los Servicios Públicos de Empleo, la SS y la Inspección de Trabajo y Hacienda. Estas administraciones cuentan con el apoyo de las políticas activas de Empleo

375.000 reclamaciones a los desempleados

La nómina mensual del gobierno está en torno a los 2.500 millones de euros. Empleo tiene previsto hacer 375.000 reclamaciones a los desempleados por pagos indebidos y 12.000 expendientes a empresas por cooperar en el fraude. Explica que las llamadas empresas fantasmas  son uno de los mayores problemas contra los que están luchando la Inspección de Trabajo.

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LAS ETTs COBRARAN POR DELATAR PARADOS

Las ETTs vigilarán que los desempleados no cometan fraude en el cobro de prestaciones

• Percibirán incentivos por insertar personas de determinados colectivos
• El Gobierno destinará 200 millones a la colaboración público-privada

Las agencias privadas de colocación percibirán un incentivo por insertar en el mercado laboral a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social y también si el desempleado colocado se mantiene un año en su puesto de trabajo, todo ello en el contexto del acuerdo marco de colaboración entre estas entidades y los servicios públicos de empleo para ayudar a encontrar trabajo a los desempleados, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Empleo.

Las agencias privadas de colocación tienen de plazo hasta el viernes 30 de agosto para solicitar su participación en este acuerdo marco, con el que se seleccionarán aquellas agencias de colocación que podrán colaborar con los servicios públicos de empleo en la inserción laboral de los parados.

Las entidades designadas se harán cargo de un determinado grupo de parados, a los que tratarán de insertar en el mercado de trabajo, y entre sus obligaciones estará también la de regular mecanismos de comunicación para notificar incumplimientos en las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Compensaciones por delatar

Según explican desde Empleo, si una agencia de colocación notifica que un trabajador ha incumplido sus obligaciones (por ejemplo, que ha cometido fraude en el cobro de prestaciones), el SEPE procedería a comprobarlo mediante un proceso de inspección. Si de dicha inspección se derivara una sanción en firme al trabajador, la agencia recibiría una compensación equivalente al 15% de lo que habría percibido por colocar al trabajador. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto este acuerdo marco, que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación. 

Para que éstas puedan solicitar su participación en este acuerdo marco deben estar acreditadas como agencias de colocación y ser solventes económica y financieramente.  

Este acuerdo marco implica el establecimiento un conjunto de reglas básicas comunes para la mutua colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación. 

Según explicó el Ministerio de Empleo tras la aprobación de este acuerdo en el Consejo de Ministros, el diseño del modelo de colaboración público-privada en intermediación laboral se basará en la eficiencia en la selección de las agencias; la eficacia en los servicios prestados (con retribuciones basadas en resultados, medidos en términos de empleo mantenido en el tiempo), y la evaluación y el seguimiento para identificar posibles vías de mejora de los servicios de intermediación. 

El Ministerio prevé que se destinen a los contratos basados en el acuerdo marco un total de 200 millones de euros durante los dos años de su duración,prorrogables hasta otros dos, para el conjunto de contratos celebrados por los servicios públicos de empleo.  

Este acuerdo cuenta con el respaldo de la mayor parte de comunidades autónomas, que han manifestado su deseo de participar en él mediante la firma de los correspondientes convenios. Sólo han expresado su rechazo Cataluña, País Vasco y Andalucía.

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