LA CAIXA Y LAS RURALES, REVISAN LAS CLAUSULAS DE SUELO, POPULAR Y SABADELL NO

La Caixa y las rurales revisan las cláusulas suelo caso por caso; Popular y Sabadell las mantienen

El aviso a navegantes que lanzó el martes pasado Luis de Guindos a los bancos para que se sumen a la supresión de las cláusulas suelo en las hipotecas ha empezado a tener eco en algunas entidades no afectadas directamente por la sentencia del Tribunal Supremo (BBVA, NovaGalicia y Cajamar, que las han suprimido para todos sus clientes). Se trata de CaixaBank y de las cajas rurales, que han empezado a revisar estas cláusulas a los clientes que lo soliciten, aunque se tomará la decisión caso por caso y no se suprimirán de forma generalizada. Mientras tanto, Popular y Sabadell -los grandes afectados por este asunto- han hecho oídos sordos al ministro y mantienen sus cláusulas porque consideran que son legales.

Guindos anunció en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander que ha pedido al Banco de España que "ponga especial atención en la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo" porque crea una jurisprudencia que es aplicable a otras entidades no afectadas directamente por esta resolución judicial. A su juicio, la opinión del Alto Tribunal debe respetarse en todas las entidades y éste ha definido en qué circunstancias deben considerarse inválidas estas disposiciones. Pero no hace falta que se den todas a la vez; basta con que el cliente no tenga un "perfecto conocimiento de la cláusula, de su trascendencia e incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión económica después de haber sido informado cumplidamente", según una aclaración de la Sentencia dictada el 12 de junio.

Según la mayoría de los expertos, esto implica que prácticamente todas las cláusulas suelo pueden considerarse inválidas. El propio Francisco González, presidente de BBVA, dijo el lunes en el mismo foro que "lo normal es que la supresión de las cláusulas suelo de las hipotecas se vaya extendiendo al resto de las entidades". González argumentó que "en el sistema financiero puede haber cláusulas igual de transparentes que las nuestras, pero no más". Por tanto, si las suyas son inválidas, las de los demás también.

 

No obstante el aviso del ministro no implica la obligación de suprimir los suelos. El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, explicó el viernes también en Santander que la próxima semana se enviará a las entidades una circular sobre el reciente fallo del Supremo contra las cláusulas suelo opacas. En ella, "vamos a pedir que analicen a la luz de esa sentencia la naturaleza de sus cláusulas suelo, que en función de ese análisis decidan cual es la actuación más adecuada y que informen al supervisor de ello, particularmente si esa actuación tienen impacto material sobre la cuenta de resultados". Lo que no hará el Banco de España es "entrar a valorar el contenido de documentos contractuales", añadió.

Estas advertencias han tenido ya respuesta en las primeras entidades. Se trata de CaixaBank y de las cajas rurales, que han puesto en marcha unos "protocolos" por los cuales van a revisar las hipotecas de los clientes que así lo soliciten. Esta política "caso por caso" se basará en un examen de las condiciones de cada cliente aunque sean las mismas para todos, con lo que evita a las entidades reconocer que han incurrido en una mala praxis generalizada. Cosa que sí ocurriría si suprimieran todos los suelos como BBVA, NovaGalicia y Cajamar. Es más, como muchos afectados no lo pedirán, el impacto en sus cuentas será mucho menor.

Porque ese impacto es la principal explicación para la resistencia de la banca a suprimir los suelos. En el caso de CaixaBank puede ser relevante puesto que, aunque La Caixa no imponía suelos a sus clientes, sí lo hacían las entidades que formaron Banca Cívica (en especial Cajasol), adquirida en 2011 por la caja catalana. Según estimaciones de N+1, las hipotecas con suelo en CaixaBank alcanzan un importe de 13.000 millones de euros, el 6% de su cartera crediticia en España y el 8% de sus hipotecas. Obviamente, la exposición de las cajas rurales es muy inferior.

Popular y Sabadell se enrocan

Aunque sea caso a caso, estas entidades van a quitar el suelo a muchos de sus clientes, mientras que Popular (10.400 millones en hipotecas con suelo) y Sabadell (12.500 millones) han preferido ignorar la advertencia de Guindos y aferrarse a su argumento de que sus cláusulas son perfectamente legales. En consecuencia, no van a quitarlas salvo que sean condenados; y aun en ese caso, no las suprimirán de forma generalizada, sino sólo a los clientes que ganen las demandas. La razón para este inmovilismo es que la retirada de los suelos a todas las hipotecas acabaría con las previsiones de resultados para este año, e incluso correrían el riesgo de entrar en pérdidas.

Pero en el sector empieza a extenderse la idea de que no van a tener más remedio que claudicar y seguir el camino iniciado por BBVA. Es verdad que el impacto en resultados a corto plazo puede ser muy elevado, pero el daño reputacional puede ser superior, máxime cuando la imagen de la banca está en el peor momento en décadas y tras escándalos como el de los desahucios y el de las preferentes (que no afecta a las entidades sanas, pero la opinión pública mete a todos en el mismo saco). Eso sí, a cambio de esta retirada probablemente exijan a los clientes una contrapartida -subida del diferencial de la hipoteca, más comisiones, etc.-, pero Guindos también avisó de que la eliminación de los suelos debe hacerse "sin ninguna contrapartida para el banco".

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Por qué deberíamos hacer muchos más escraches

El único argumento digno de tal nombre que he escuchado en contra de los escraches es que exceden las formas de intervención política codificadas y, por tanto, son incontrolables. Según sus críticos, los escraches son inaceptables porque la democracia se basa en un conjunto de procedimientos formales y las interpelaciones personales están fuera de lugar. Al personalizar la política, la PAH estaría abriendo una vía potencialmente peligrosa. Como diría Dostoyevski si fuera medio idiota: si se rompen las reglas del juego democrático –lo que viene siendo escuchar a Mariano Rajoy hablar desde una tele de plasma– todo está permitido. La idea es, más o menos, que Ada Colau podría terminar paseándose por Madrid con la cabeza de Montoro clavada en una pica seguida por una turbamulta de desahuciados ataviados con uniformes paramilitares.
Se me ocurren dos respuestas a esta crítica:

1. La primera tiene que ver con lo que los escraches no son. Es verdad que la legitimidad política moderna es básicamente procedimental. Llamamos democracia a un conjunto de instituciones que nos resultan aceptables en virtud de su forma, no porque conduzcan necesariamente a un resultado determinado. Consideramos, por ejemplo, que las elecciones están bien aunque en ellas venzan opciones políticas distintas a las nuestras, porque entendemos que son la forma más adecuada de escoger entre la oferta disponible de lacayos de los banqueros.
Sería absurdo negar que existen prácticas políticas odiosas basadas en el señalamiento personalizado. Por eso no se puede justificar los escraches sobre la base de sus procedimientos. La cuestión es que nadie pretende tal cosa. Los miembros de la PAH no quieren sustituir el Parlamento por el cobrador del frac. Pero tampoco se resignan a que los políticos les traten como a los limpiacristales que se acercan a sus Audis en los semáforos.
Que una intervención política no se pueda justificar en virtud de su forma no significa que no se pueda justificar en absoluto, sino que para evaluarla hay que tomar en consideración su contenido y los resultados que cabe esperar de ella. Los convocantes de los escraches pretenden que se tome en serio una iniciativa legalmente regulada y respaldada por un millón y medio de firmas cuyo objetivo es paliar la situación de desamparo material de miles de personas. Además, han establecido normas estrictas relativas tanto al carácter no violento como al alcance de sus acciones. Por ejemplo, no persiguen a la familia extendida de Esperanza Aguirre hasta alguna de sus canonjías, aunque imagino que ganas no les faltaran.

2. La segunda respuesta tiene que ver con lo que la democracia puede aprender de los escraches.
La noción de representación política es conceptualmente muy endeble. Los capítulos más surrealistas de cualquier manual de ciencia política son los que tratan de explicar los misterios de la transustanciación de la voluntad popular a través de las urnas. Por eso hay gente que piensa que cualquier cosa que no sea la democracia directa y no delegada es una forma de oligarquía. En particular, se ha popularizado la idea de que deberíamos aprovechar las herramientas informáticas contemporáneas para incrementar la participación en la vida política.
Creo que es un error. La democracia, a diferencia del mercado o de Facebook, es algo más que una agregación de preferencias y afinidades individuales. La participación no es una finalidad en sí misma, sino un requisito para lo realmente importante, que es la deliberación en común.
En ciertas circunstancias, la representación puede reforzar los procesos de reflexión colectiva. La condición para que esto ocurra es que los representantes estén obligados a justificarse efectiva, y no sólo retóricamente, ante los electores. Cuando tenemos que dar cuenta a los demás de lo que hacemos solemos adoptar líneas de decisión coherentes que pueden ser discutidas racionalmente mejor que la acumulación caprichosa de likes.
Los escraches de la PAH subrayan la importancia de ese proceso de evaluación desde abajo y exigen a los políticos que se comprometan personalmente con él. No sólo no son antidemocráticos sino que señalan uno de los caminos que tenemos que recorrer para superar la deslegitimación contemporánea de la democracia representativa.

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