ESPAÑA: LA UE INVESTIGA A LAS MUTUAS POR AYUDAS ILEGALES DE 100 MILLONES DE EUROS

POR COMPETENCIA DESLEAL

Bruselas investiga 100 millones de 

presuntas ayudas ilegales del Estado a 

las mutuas

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.

Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros.

Sentencia del Tribunal Supremo

Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en 2002.

En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en prevención de riesgos, “han soportado desde su creación la competencia desleal e intrusismo de las mutuas".

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Entre las prácticas denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en que estas afirmaciones pueden “reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente".

Las mutuas recibieron 63 millones de euros entre 2002 y 2005. La Federación Aspara calcula que a estos 63 habría que unir aquellas ayudas que algunas sociedades de prevención han recibido de su matriz en los últimos ejercicios para hacerlas viables y que en algunos casos están recogidas en sus balances. “Si añadimos esto podríamos estar hablando de 70 millones de euros más. O sea, que con todas las dificultades de cálculo podrían superar los 100 millones de euros”, señala Agustín Azparren, socio internacional de Martínez-Echevarría Abogados en declaraciones a El Confidencial.

Una provisionalidad… de 16 años

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (en la cobertura aseguradora de accidentes de trabajo y enfermedad profesional) entraron en el mercado de la prevención de riesgos laborales con carácter provisional. “Dieciséis años después, se mantiene la provisionalidad habiendo desaparecido las causas que justificaban la autorización provisional. Desde hace seis años, intervienen en el mercado de la prevención a través de sociedades filiales, las sociedades de prevención”, explica Azparren.

Fuentes del sector consultadas por El Confidencial destacan que las sociedades de prevención viven de las mutuas, aunque “casi todas están en números rojos”, reconocen estas fuentes, tras recordar que de aquí al 31 de diciembre tendrán que dejar de ser propiedad de las mutuas. Se prevé que en algunas de esas sociedades pasen a propiedad de los empleados en modo de cooperativa. Otras buscan compradores para minimizar la previsible pérdida de puestos de trabajo.

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ESPAÑA: LAS MUTUAS NO PODRAN DAR EL ALTA SIN EL VISTO BUENO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Las mutuas no podrán dar altas sin el ‘ok’ de la Seguridad Social 

El Ministerio de Empleo ha dado ‘marcha atrás’ en su intención de dotar a las mutuas laborales de una mayor capacidad para dar altas laborales en los casos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes.

Según ha podido saber Redacción Médica, esta modificación respecto al borrador inicial es la más importante de las presentadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los agentes sociales.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez.

 La idea inicial barajada por el Ministerio consistía en dar a las mutuas la posibilidad de dar altas en caso de no recibir información contraria por parte de los profesionales del sistema público en el plazo de cinco días. Esta decisión, sin embargo, no ha sido bien recibida por los agentes sociales, que la tachan de ‘recorte en el derecho a la salud de los trabajadores’ por considerarlos potenciales culpables de fraude laboral.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha celebrado esta reconsideración, dando especial importancia a la interpretación del llamado ‘silencio administrativo’. “En un principio, si en el plazo de cinco días los servicios públicos no se habían pronunciado al respecto, las mutuas tenían capacidad para dar el alta al trabajador”, ha asegurado destacando lo corto de dicho plazo. “Nuestra principal pega al texto era que el silencio administrativo se entendiera como una autorización para dar el alta”, ha añadido.

Tras la última revisión del texto, se estipula que los partes de alta en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán “por el correspondiente facultativo del Servicio Público de Salud”. Asimismo, podrán ser extendidos por los inspectores médicos del Servicio Público de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en su caso, del Instituto Social de la Marina. En el caso de las mutuas, deberán presentar una solicitud de alta a las unidades de Inspección Médica del correspondiente servicio de salud y, en última estancia, podrá pedir su aprobación al INSS.

Bravo, que ha considerado el texto como “positivo en muchos aspectos”, ha asegurado que esta modificación es una buena noticia, pero solo ‘a medias’. “Se trata de un paso importante, pero todavía hay que seguir trabajando”, ha indicado haciendo referencia al proyecto de ley de mutuas, que mantiene en su segundo bloque el carácter positivo del silencio administrativo. “Si no se modifica, dentro de unos meses estaremos en la misma situación”, ha concluido el portavoz sindical.

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NUEVA LEY PARA LAS MUTUAS REBAJA EL SALARIO DE SUS GERENTES UN 56%

La nueva ley de mutuas recortará los salarios 

de sus gerentes hasta un 56%

El ajuste del sector público se ha notado poco hasta ahora en los sueldos de los gerentes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, el Ministerio de Empleo quiere poner fin a esa situación equiparando sus salarios a los estándares establecidos para el conjunto de los empleados públicos. Dicha armonización supondrá recortes de hasta el 56% en el total bruto anual (resultado de sumar sueldo base y complementos de variada índole) que ahora llegan a percibir.

Ese porcentaje es la diferencia que media entre los 228.010 euros que corresponde en 2014 al primer espada de estas aseguradoras que más cobra (Juan Antonio Güell, de Universal Mugenat), y el nuevo tope de, como máximo, 100.000 que Empleo quiere establecer.

Esta última cifra, explican desde el departamento que dirige Fátima Báñez, es el equivalente al salario de un director general de la Seguridad Social o de un primer ejecutivo de empresa pública. Ahí está el nivel máximo que se considera "aceptable" en organismos privados (y sin ánimo de lucro), cuya financiación, sin embargo, procede de los miles de millones que las empresas y los autónomos pagan a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones sociales.

Media de 158.000 euros

De momento, los 100.000 euros se les quedan pequeños a casi todos los gestores de estas aseguradoras. No en vano la media de su retribución en 2014 se sitúa en 158.000 euros brutos, siempre según las cifras contenidas en los Presupuestos de la Seguridad Social para el año que viene.

Y ese promedio se ve superado con creces, no solamente por Universal Mugenat, sino también por los 225.080 euros propios de Jorge Serra (Asepeyo); los 225.000 de Francisco Hernández (Midat Cyclops)o los 213.990 de Jesús María Esarte (Fremap). Ahora, el Ministerio de Empleo busca que la situación cambie a través del anteproyecto de ley de mutuas que el Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas y que en estos momentos se encuentra en fase de consulta con los agentes sociales.

A por los variables

No es poco el trabajo que hay por delante y cabe la posibilidad de chocar con muchos derechos adquiridos que reclamarían indemnización, en caso de verse conculcados. Por ello, desde Empleo, aseguran que la estrategia pasa por actuar sobre las remuneraciones "en el sentido más amplio, incluyendo, las que se materializan en cheques restaurante, renting de automóviles, cheques gasolina y todo tipo de complementos de esa índole".

No en vano lo más sustancioso se encuentra en los suplementos de salario, lo que en los documentos de la Seguridad Social se denomina complementos absorbibles. Este apartado roza los 145.000 euros en el caso de Universal Mugenat, mientras se sitúan en 108.600 en lo que concierne a Fraternidad Muprespa.

En el otro extremo de la tabla, el propio del que menos cobra dentro del sector, se encuentra Javier López, de la mutua Solimat, con una remuneración total de 89.740 euros. Incluso en este caso se halla por encima de los aproximadamente 76.000 que son propios del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o de los menos de 70.000 que corresponden de promedio a los ministros que forman parte de su Gabinete.

Tiempos incluso mejores

Y en los casos de nómina más abultada las mutuas también llegan a superar al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, con sus 160.000 euros o incluso al Príncipe de Asturias y los 130.000 euros que le adjudican las cuentas anuales del Estado. Con todo, pese a los elevados estándares actuales, hubo tiempos mejores para las remuneraciones de los gestores de mutuas , como se vio reflejado en un informe del Tribunal de Cuentas.

El documento salió a la luz en 2009, pero los datos sobre los que fue elaborado datan de 2005 y 2006, es decir, corresponden a la época en que la economía española todavía bullía y eso se notaba en las nóminas de los gestores de estas aseguradoras.

Así, de acuerdo con el Tribunal, la cuantía media de sus retribuciones llegó, en el primero de los años citados, a 212.000 euros. La tendencia al alza se mantuvo en el ejercicio siguiente, de manera que llegó a los 225.000, "alcanzando un incremento retributivo medio del 6 por ciento, triplicando el previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006", según señala el informe.

Aún hay más, puesto que cabe "destacar la existencia de tres directores gerentes que, en 2006, han percibido retribuciones por encima de los 290.000 euros". De hecho, rebasaron esa marca, y con creces, los 472.817 euros de Universal Mugenat; los 329.912 euros de Fraternidad Muprespa y los 294.130 euros de Asepeyo.

Con todo, si este gremio ha conseguido escapar a las limitaciones que el sector público impone a las cuantías de las retribuciones, también es cierto que sí que han tenido que acatar decisiones recientes tomadas en este ámbito, con el objetivo de asegurar los objetivos de reducción del déficit de las Administraciones.

Así ocurrió hace ahora un año cuando también los gerentes de mutuas se vieron privados del cobro de la paga extra de navidad. Con todo, esa fue una decisión excepcional que no ataca el fondo del problema. Ahora con la nueva norma, Empleo destaca que se va llevar a cabo "la primera reordenación del sector de las mutuas desde 1966".

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EL GOBIERNO APRUEBA LA 2ª REFORMA LABORAL DANDO MAS PODER A LAS ETT Y LAS MUTUAS

El Gobierno exprime la reforma laboral limando más derechos a los trabajadores

Flexibiliza el contrato a tiempo parcial, para que el empresario tenga casi total disponibilidad sobre el horario del trabajador

Las ETT podrán formalizar contratos de prácticas

Se refuerza el control de las empresas en la gestión de las bajas médicas

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no se ha cansado de asegurar que la reforma laboral ya estaba hecha. Sin embargo, lo que el Gobierno ha aprobado este viernes se parece mucho a una vuelta de tuerca a la legislación laboral. El Ejecutivo flexibiliza por completo el contrato a tiempo parcial, permite que las ETT formalicen contratos de prácticas, prorroga la posibilidad de que los contratos formativos no estén ligados a ninguna formación reglada, y fortalece la posición de las empresas en la gestión de las bajas por incapacidad temporal.

Con la nueva regulación del contrato a tiempo parcial, las empresas podrán disponer de los trabajadores con plena libertad. No podrán hacer horas extraordinarias -al menos no bajo esa acepción-, pero estas se sustituyen por las llamadas horas complementarias, que podrán hacer los trabajadores que estén contratados para realizar al menos diez horas semanales de promedio anual, de forma temporal o indefinida.

Habrá dos tipos de horas complementarias. Por un lado, las pactadas, es decir, las consensuadas entre empresa y empleados. En este caso, podrán suponer un máximo del 30% de la jornada pactada con el trabajador, un porcentaje que podrá ampliarse hasta el 60% si así lo contemplan los convenios. Los empresarios tendrán que dar un preaviso a los trabajadores para que realicen estas horas, sin embargo, este plazo previo se reduce de 7 a 3 días. Empleo asegura que es una forma de "agilizar" la organización de las empresas.

Pero habrá también horas complementarias "voluntarias", sin preaviso mínimo, lo que quiere decir que un empresario puede requerir a un trabajador el mismo día para que se quede en su puesto de trabajo durante más horas. El Ministerio señala que el trabajador siempre podrá negarse y que la empresa no podrá penalizarle por ello, con lo que no está claro el efecto final de esta medida. Este tipo de horas voluntarias solo podrán realizarse si se trata de contratos indefinidos a tiempo parcial. No podrán superar el 15% de la jornada laboral, ampliable hasta el 30% en los convenios colectivos.

Con estas modificaciones, un trabajador a tiempo parcial podría hacer una jornada de hasta el 90% de una jornada laboral ordinaria a tiempo completo en algunas ocasiones (pese a estar contratado oficialmente para un número de horas parciales). Fuentes del Ministerio señalan que se reforzará la inspección de trabajo para evitar el fraude, de forma que las empresas tengan que dejar constancia diariamente y por escrito de la jornada que lleva a cabo cada trabajador.

Otro empujón para este tipo de contratación: el contrato de emprendedores que introdujo la reforma laboral (con un año de prueba y despido libre) y fuertemente bonificado podrá registrarse ahora también a tiempo parcial (hasta ahora eran solo a tiempo completo).

En definitiva, un nuevo contrato a tiempo parcial de carácter supuestamente indefinido tendrá un despido libre de un año y abre la puerta a la disponibilidad total del trabajador para la empresa. Hasta ahora, la característica principal de este tipo de contratos es que beneficiaban a las personas que por determinadas circunstancias no querían o podían ejercer una jornada completa. Para fomentar su uso, el Ejecutivo le quita precisamente este atractivo, al menos para el trabajador, que pasa a tener un horario indefinido y en muchas ocasiones más extenso. La ventaja clara es para la empresa, cuyo gasto fijo es moderado (al pagar de forma recurrente la cotización del tiempo parcial) pero que se asegura de que puede echar mano del empleado cuando le haga falta.

Las mutuas controlarán las altas de trabajadores enfermos

El Ejecutivo ha respondido además a una demanda clásica de la patronal que es la de controlar el llamado absentismo, es decir, de las bajas por incapacidad temporal. El Ejecutivo introduce cambios que fortalecen el poder de las mutuas, las organizaciones creadas con las contribuciones de los empresarios y que de hecho forman parte de la patronal. Como hasta ahora, las mutuas podrán proponer el alta del trabajador al sistema público de salud. Pero, con el modelo actual el médico tenía quince días para responder y, si no lo hacía, se entendía que la propuesta de alta se rechazaba. Eso cambia: tendrá que contestar en cinco días y, en caso de silencio, se le dará el alta al trabajador.

La brevedad de este proceso es más que obvia. Por un lado, fuerzan al especialista a que en el plazo de cinco días decida si la incapacidad que aqueja al paciente ya le capacita o no para volver el trabajo (una gripe no cursa igual que una hepatitis o que un pronóstico de cáncer). Por otro, la probabilidad de que el propio médico no pueda contestar, si quiera por estar ausentado a su vez del trabajo, en un plazo tan corto de tiempo es alta.

Tanto el médico como el trabajador podrán recurrir el alta ante el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que tendrá otros cinco días para decidir. Si constata que el alta era injustificada, el trabajador será dado de baja otra vez pero no será resarcido por el tiempo que ha tenido que volver a su puesto de trabajo, al que habrá tenido que acudir enfermo. También la mutua podrá recurrir la decisión del médico si no está de acuerdo, y el INSS tendrá la última palabra en función de las pruebas presentadas por unos y otros.

Más poder para las ETT

Por otro lado, las empresas de trabajo temporal estarán autorizadas a formalizar contratos de prácticas para ponerlos a disposición de otras empresas, algo que hasta ahora tenían prohibido. El Gobierno ya levantó otro veto con anterioridad: el que impedía a las ETT registrar contratos formativos. Las empresas podrán ahora formalizar unos y otros. Empleo justifica la medida en la necesidad de aumentar las posibilidades de que los jóvenes encuentren su primera oportunidad laboral.

Precisamente, los contrato formativos podrán seguir realizándose en materias en las que no exista un título reglado o en las que no haya centros disponibles para impartirla. El Ejecutivo ya introdujo esta posibilidad, pero ahora la prorroga durante todo 2014. Es decir, el contrato de formación no está ligado a una formación reglada.

Además, el Gobierno ha reducido los trámites administrativos de los contratos hasta quedar solo cuatro opciones: indefinido, temporal, de prácticas y de formación. No se trata de que el resto de contratos desaparezcan, sino de una simplificación a efectos administrativos y de burocracia para intentar que formalizar un contrato resulte más sencillo. De estan forma, quien quiera contratar partirá de cuatro modelos básicos a los que se irán añadiendo el resto de posibilidades.

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MINISTRA DE TRABAJO: "CADA TRABAJADOR FALTA DE MEDIA 11 DIAS AÑO", (REFORMA DE MUTUAS)

Báñez asegura que cada trabajador falta de media 11 días al año

• Se basa en un estudio de Adecco que incluye las bajas por enfermedad

• La cifra contrasta con el absentismo de un 4,3% de todos los trabajadores

• Reformará las mutuas para facilitar el 'ahorro' a las empresas

• Facilitará que las comunidades autónomas recurran a las mutuas

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido su futura reforma de las mutuas aseverando que cada trabajador español pierde una media de 11,4 días al año por absentismo, incluyendo tanto las bajas laborales como las ausencias injustificadas.

Las mutuas son entidades sin ánimo de lucro colaboradoras de la Seguridad Social a las contribuyen sus socios (empresas y empleados) con una aportación periódica para que sean atendidos en caso de necesitar asistencia médica o de otro tipo, si es el caso. El objetivo de la reforma de Báñez será mejorar su gestión, aumentar los "ahorros de las empresas" y su competitividad, y "garantizar" que las mutuas "destinan los fondos públicos a fines públicos"

Los datos de Báñez han sido sacados de un estudio de la agencia de trabajo temporal Adecco sobre absentismo, realizado en colaboración con IESE, Garrigues, FREMAP y la Universidad Carlos III de Madrid. No obstante, este documento incluye en los 11,4 días al año de ausencia las bajas por enfermedad, un factor que considera "determinante".

Sin embargo esta afirmación pierde fuerza si se contrasta con los datos de la encuesta trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus últimos datos, recabados en el segundo trimestre de este año, cada trabajador perdió 14,6 horas de trabajo al mes. Si se excluyen las horas perdidas por incapacidad temporal, vacaciones y fiestas, las horas no trabajadas se redujeron a 2,7, incluyendo, además del absentismo injustificado, otros motivos como "causa de fuerza mayor" y conflictos laborales. Multiplicadas por 12 meses, dan 32,4 horas anuales, menos de cinco días al año con una jornada a tiempo completo y sin tener en cuenta que el absentismo entra en el saco de "otros motivos".

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Báñez puso como ejemplo los 8,4 días al año que se pierden en Finlandia, los 7 días en Dinamarca, los 6,8 días en Canadá y los 4,9 días en Estados Unidos.

No obstante, Báñez destacó que en el último año se ha reducido algo más de medio punto la tasa de absentismo sobre el total de trabajadores, que ha pasado del 4,9% en 2010 y 2011, al 4,3% en 2012. La ministra reconoció el "esfuerzo de trabajadores y empresas para luchar contra el absentismo injustificado".

Reforma de las mutuas para ahorro de empresas

La ministra facilitó estos datos tras presentar en el Consejo de Ministros el informe sobre la reforma de la ley de mutuas cuyo anteproyecto será aprobado por el Gobierno el próximo 20 de diciembre.

En este sentido, la responsable de Empleo y Seguridad Social subrayó que el objetivo de esta reforma será el de dotar de mayor seguridad jurídica al sector de las mutuas "superando la dispersión" que en la actualidad existe en su regulación.

También buscará corregir las irregularidades detectadas en la gestión de las mutuas, y recordó la "multitud de sentencias" del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sobre este tipo de infracciones, así como los distintos informes de la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas o las autoridades de competencia.

Por otro lado, la reforma facilitará que las comunidades autónomasfirmen convenios de colaboración con las mutuas para aprovechar la capacidad de éstas en los servicios de salud, "sobre todo en el diagnóstico y la atención hospitalarias".

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