“Si no se reforma la Constitución se puede derrumbar todo lo conseguido”
- “Me planteé revisar el Concordato”
Es de los pocos que ve alcanzable un acuerdo político en España parareformar la Constitución. Dice que esa es la única forma de que la Ley Fundamental tenga futuro, y aboga por iniciar ya un “diálogo” para sondear las posibilidades de esa iniciativa. El expresidente Felipe González (Sevilla, 1942), que negoció en 1978 la Constitución como jefe de la oposición y gobernó en España entre 1982 y 1996, contesta desde México a un cuestionario enviado por EL PAÍS. Este es el resultado.
Pregunta. ¿Esta Constitución tiene futuro o es urgente una reforma?
Respuesta. La paradoja que vivimos es que la Constitución de 1978 tiene futuro... si tenemos la voluntad política de reformar lo que sea necesario. Y esa paradoja se complica cuando algunos personajes que se oponían duramente a aquella Constitución hoy se oponen con la misma dureza a cualquier intento de reforma. Parece como si aquello que no querían entonces hoy les perteneciera como la piedra de las tablas de la ley. Así que creo que es necesario iniciar un diálogo serio para explorar los cambios que necesitamos. Solo después veremos si el resultado es de más o menos entidad.
P. ¿La única salida al conflicto creado en Cataluña por el Gobierno de Artur Mas y sus amenazas de promover un proceso independentista pasan por una reforma de la Constitución que incluya las singularidades de esa comunidad y le dé más competencias que al resto?
R. Como estoy proponiendo el comienzo de un diálogo en profundidad, no quiero atribuir la responsabilidad del conflicto al Gobierno de Artur Mas, porque me dirían que ellos han reaccionado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Se reformó el estatuto, se sometió a referéndum en Cataluña después de un largo proceso parlamentario y el tribunal anuló algunos artículos de ese Estatuto. Fue la consecuencia de un recurso del PP, que incluyó esos mismos artículos en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana y hoy resulta que no están vigentes en Cataluña y sí lo están en Valencia. Es fácil pensar desde el sentimiento catalán que la sentencia es contra Cataluña. Pero, como ya dije en su día, lo más inadecuado de la sentencia no eran los escasos artículos suprimidos, sino un desafortunado juicio político sobre la percepción mayoritaria que Cataluña tiene sobre su propia identidad. La aceptación de la singularidad de Cataluña, con sus hechos diferenciales y las correspondientes competencias derivadas de ellos, no hubiera exigido necesariamente una reforma de la Constitución. Sin embargo, como ocurrió lo que ocurrió con el Constitucional, es probable que la salida de una reforma constitucional que recoja la singularidad sea ahora necesaria.
“Me planteé revisar el Concordato”
P. La Constitución estableció la cooperación del Estado con la Iglesia católica. ¿Se planteó usted alguna vez durante su mandato revisar el Concordato, como ahora defiende su partido?
R. Sí me lo planteé. Y alguna conversación tuve con el Secretario de la Santa Sede en un momento tenso, pero se superaron aquellas tensiones y mejoraron las relaciones con el Vaticano. Creo que en la situación actual se está produciendo una regresión que haría aconsejable una revisión del Concordato. Al mismo tiempo pienso que el reconocimiento de la Iglesia en un Estado no confesional no debería exigir un cambio en la Constitución, pero sí ser claros y firmes en la igualdad de trato con otras convicciones religiosas o no religiosas. En eso estamos fallando.
P. ¿Qué cosas no hubiera aprobado de la Constitución vigente y que cosas introduciría?
R. Si la Constitución hubiera coincidido plenamente con mis convicciones políticas y mi visión de España hace 35 años, no hubiera habido consenso constitucional, porque otros, como es natural, lo veían de otra manera. Me preocupa que no se comprenda hoy que todos cedimos en algunas cuestiones que queríamos, para llegar a un pacto de convivencia que nos ha permitido vivir en paz y libertad como nunca antes en la Historia de España, sin renunciar por ello a nuestra identidad como parte del todo, y abriendo la posibilidad, buena para todos, de representar con nuestras ideas la voluntad de los ciudadanos. Sobre lo que haría ahora, indudablemente introduciría algunos cambios, no solo por reconocimiento y respeto a la realidad presente, sino por el valor que le doy a que las generaciones actuales se sientan representadas en esta nueva etapa de la historia de España.
P. La Constitución de 1978 es la que logró más apoyo en la historia de España. ¿Cree usted que ahora es posible otro consenso similar para abordar su reforma? ¿O considera roto el espíritu de la Transición?
R. No me importa nadar a contracorriente de las opiniones, que respeto, que afirman que hoy es mucho más difícil o imposible alcanzar un consenso amplio para la reforma. Lo que es imposible es que hoy haya más distancias o diferencias políticas de fondo que las que hubo en los primeros momentos de la Transición entre personas que venían de la lucha contra la dictadura y personas que venían del propio régimen dictatorial. Los que no querían aquel consenso constitucional, o sus herederos, son el mayor obstáculo para la reforma de aquello que no querían. Pero no es un obstáculo insalvable. Lo más grave de lo que ocurre es cómo se están retroalimentando las posiciones de aquellos que ni querían la Constitución ni quieren la reforma y de los que temen que esa reforma pudiera ser contrarreforma o regresión a un modelo de centralismo trasnochado. En realidad España ha sido y es plural en las ideas y diversa en las identidades, en los sentimientos de pertenencia. Quienes no sean capaces de aceptar esa realidad se deslizan hacia un centralismo autoritario y unificador o hacia una ruptura imposible del territorio. Hoy más que nunca, tenemos necesidad de comprender nuestra propia realidad y asumirla mediante el diálogo y el pacto. Las Constituciones que duran en el tiempo más allá de los cambios generacionales tienen que respetar, adaptándose, las nuevas percepciones de la realidad. Diría que es un respeto generacional. Afirmaré algo que será sin duda interpretado conflictivamente: no es posible que repitamos la parte más ciega de nuestra historia que no nos ha permitido cambiar a tiempo hasta llegar al punto en que el cambio viene obligado por el derrumbe total de lo conseguido.
P. ¿Fue un error de las Cortes Constituyentes aprobar el artículo 150.2, que dejaba abierta de manera indefinida la posibilidad del traspaso de nuevas competencias a las autonomías?
R. No, no fue un error, fue una necesidad en aquella coyuntura histórica. La Constitución preveía un proceso de descentralización política a lo largo del tiempo, de manera gradual. Hubiera sido insensato por entonces liquidar, por ejemplo, la estructura territorial del Estado heredada de la época napoleónica, con las provincias y lo que llevaba aparejado, sin que se fuera consolidando una nueva estructura de poder regional. Tampoco era previsible quién podía aspirar a organizarse territorialmente en comunidades autónomas, salvo en los casos en que la reclamación de las libertades democráticas estaban ligadas a la reclamación de un poder autonómico. Estos casos eran muy limitados porque se trataba más de una recuperación que de una implantación de nuevo cuño. Hoy,35 años después, puede y debe hacerse el ejercicio reformador que permita cerrar en gran medida el proceso. Es evidente que ya tenemos otra estructura de redistribución del poder, que convive de forma poco eficiente con viejas estructuras del pasado. Para hacer este ejercicio, que poco tiene que ver con la petición inmediata del Gobierno catalán sobre el derecho a decidir, habría que tener claro que en la redistribución del poder en un país complejo por su diversidad, como España, hay que aplicar dos principios: el principio de subsidiariedad —definir cómo se reparten las competencias entre los diversos poderes, central, autonómico y local— y el principio del respeto a la diversidad de identidades. En España tenemos que tener en cuenta lo que llamamos hechos diferenciales, que rompen la igualdad básica entre todos los ciudadanos pero integran percepciones distintas de la identidad. Por seguir con el caso de Cataluña, es indiscutible, aunque algunos obtusos no lo vean, que su lengua propia, su identificación con una policía propia o sus diferencias históricas en el derecho civil son singularidades que tienen que ser reconocidas en su autogobierno, y no en el autogobierno, por seguir el ejemplo, de Castilla-La Mancha.
P. La Constitución reguló las condiciones para su reforma, que son especialmente rígidas y que obligan a reunir mayorías muy cualificadas de dos tercios o tres quintos de los diputados. ¿Esa rigidez es un error o un acierto del constituyente?
R. No, no fue un error. Los revisionistas de la Transición se equivocan porque se olvidan arbitrariamente del contexto en el que se produjo. Si hubiera sido fácil cambiar ese marco constitucional, las garantías para unos y para otros de que no se cambiarían las reglas del juego por mayorías y minorías siempre coyunturales no hubieran permitido aquel gran acuerdo. En la deseable reforma, 35 años después, eso puede ser motivo para un acuerdo que aumente el margen de flexibilidad.
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