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domingo, 18 de agosto de 2013

LOS PARADOS QUE NO ATIENDAN EL TELEFONO, SE QUEDARAN SIN SUBSIDIO


Los parados que no atiendan al teléfono 

se quedarán sin el subsidio. El 

ministerio de Empleo realiza llamadas 

exigiendo su presencia inmediata en las 

oficinas del INEM



El Gobierno retirará la prestación por desempleo a los parados que no consiga localizar y por tanto no se presenten de manera inmediata en las oficinas del INEM. Con esa ofensiva busca descubrir posibles casos de fraude en el cobro del paro.
Tal cómo contó El Confidencial Digital, el ministerio de Empleo puso en marcha hace unos meses una estrategia para estrechar el control sobre el fraude y los intentos de engañar a la Administración en el cobro de la prestación por desempleo. Por eso, está citando de un día para otro, en las oficinas del INEM, a parados inscritos para así detectar situaciones irregulares.
La intención del departamento que dirige Fátima Báñez es aumentar sensiblemente el control administrativo y con ello reducir el fraude y la picaresca en el cobro de las prestaciones por desempleo.
Se busca, concretamente, detectar con rapidez y por sorpresa si una persona que está cobrando el paro se encuentra a la vez trabajando en la economía sumergida, y también casos en los que el beneficiario recibe la prestación pero reside en el extranjero.
Retirada de la prestación
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, Empleo tiene previsto endurecer los requisitos a los parados para conservar el subsidio.
Concretamente, bastará con que no se localice al beneficiario, para que los servicios de Empleo le suspendan de inmediato la prestación. Para evitarlo, el parado deberá facilitar la información necesaria para garantizar que recibirá las comunicaciones.
El desempleado penalizado podrá recuperar su subsidio, que le será reembolsado en su cuenta corriente el mes siguiente, acudiendo a las oficinas del INEM con la documentación que acredite su situación laboral, y demostrando que se halla inscrito como demandante de empleo y está buscando trabajo de forma activa.
Citación inmediata de parados en el INEM
Las fuentes a las que ha tenido ECD explican que uno de los mecanismos que está utilizando elministerio de Empleo es obligar a los desempleados a presentarse en sus oficinas del INEM en días y horas determinados, y con poco margen, incluso convocarles para las próximas horas, con el fin de descubrir posibles casos de fraude.
Se les cita a través de una llamada telefónica a su domicilio y, dada la premura con la que tienen que comparecer, resulta sencillo apreciar situaciones irregulares, que se detectan sobre todo cuando el beneficiario no comparece ante la entidad gestora.
La incomparecencia se da generalmente cuando el parado se beneficia del cobro pero reside (e incluso trabaja) fuera de España.
También se dan casos de picaresca de personas que facilitaban un dirección de localización equivocada, con lo cual era imposible llamarles para comprobar su situación. Ahora, la simple no respuesta llevará consigo la inmediata suspensión del subsidio.

miércoles, 14 de agosto de 2013

LAS ELECTRICAS RECHAZAN TENER UN TELEFONO GRATUITO PARA CLIENTES, PORQUE "ABUSARIAN"


Las eléctricas rechazan tener un teléfono gratuito para clientes porque "abusarían"

Además, rechazan la obligación de restablecer el servicio a los clientes morosos en un plazo máximo de veinticuatro horas después de abonar la deuda


Call center.- EUROPA PRESS
La patronal de las grandes eléctricas, Unesa, ve "contraproducente" obligar a las comercializadoras de electricidad a disponer de un servicio telefónico gratuito de atención a los consumidores para quejas, reclamaciones e incidencias del servicio.
Según las alegaciones presentadas por Unesa al anteproyecto de ley del sector eléctrico, la patronal también se muestra contraria a la obligación de restablecer el servicio a los clientes morosos en un plazo máximo de veinticuatro horas después de abonar la deuda.
Con respecto al teléfono gratuito de atención al cliente, Unesa cree que supondría "crear un coste para las empresas comercializadoras" que, además, "con toda probabilidad" daría lugar a "un uso abusivo" por parte de los clientes "con el consiguiente deterioro en la atención" a los consumidores.
La patronal alega que esta obligación no está recogida en la directiva europea sobre derechos de los consumidores, como tampoco figura la imposición fijada por el Gobierno de establecer una vía de resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
La patronal de las eléctricas ve "contraproducente" el servicio telefónico gratuito para atención al cliente
En referencia a la restitución del servicio en casos de impago, la patronal cree que "no parece razonable incluir a nivel de ley el plazo de veinticuatro horas" para restablecerlo tras el abono de la deuda, "siendo más razonable dejarlo para el desarrollo reglamentario" ya que este irá "adaptándose al desarrollo del mercado y de los equipos de medida".
Además de esto, Unesa expone en sus alegaciones una serie de críticas y propuestas de mejora para el anteproyecto de ley, en línea con las ideas manifestadas desde su presentación por parte del Gobierno el pasado 12 de julio.

Acabar con el déficit de tarifa 

Así, la patronal advierte de que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Industria para acabar con el déficit de tarifa -el desfase entre los ingresos y gastos del sistema eléctrico- y los límites establecidos, "el procedimiento propuesto puede dar lugar a que en determinadas circunstanciasel déficit a financiar se incremente indefinidamente".
Recuerda que Industria ha fijado un umbral de desfase del 2,5 % de los ingresos estimados, lo que supone entre 360 y 400 millones de euros anuales, que entran dentro del límite legal de déficit y que tendrían que ser financiado por las empresas eléctricas.
Unesa considera imprescindible la eliminación de las barreras administrativas al cierre de centrales
En generación, Unesa "considera imprescindible la eliminación de las barreras administrativas" al cierre de centrales, "sobre todo si se obliga a mantener abiertas o disponibles instalaciones en pérdidas", una vía que da un paso más respecto a la propuesta del Gobierno, que implica por "hibernar" -apagar, pero sin desmantelar- durante un año algunos grupos de ciclo combinado, que actualmente funcionan al 10 % de su capacidad.
La patronal también critica que "la reforma deja pasar una oportunidad única para eliminar una tarifa que está actuando como freno a la liberalización del sector y distorsionando la competencia" y aboga por la desaparición de la tarifa regulada.
Además, considera que el hecho de que las eléctricas financien el bono social va en contra de la doctrina del Tribunal Supremo y pide que se establezca una partida fija por cliente para pagar los costes regulados que no son transporte y distribución, es decir, renovables, ayudas al carbón e interrumpibilidad, entre otras.
Entre otras cuestiones, Unesa critica los posibles incentivos económicos al autoconsumo, pide que los Presupuestos Generales del Estado asuman la totalidad del sobrecoste extrapeninsular y considera "absolutamente insuficiente" la retribución establecida para la distribución.