IMPUTADOS 4 EX-DIRECTORES DE SANIDAD EN EL CASO GURTEL

Imputados cuatro exdirectores de Sanidad en Gürtel, incluido el ex conseller Luis Rosado

El juez instructor del caso en el TSJCV ha decidido la imputación en referencia a la adjudicación de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008

Los encausados son el citado Luis Rosado, José Clérigues, María Pilar Adela Ripoll y María Luisa Carrera, y se atribuyen nuevos hechos a Dora Ibars y David Serra

El caso Gürtel se ha cobrado cuatro nuevas 'piezas' en la Comunitat Valenciana. Se trata decuatro exaltos cargos de la Conselleria de Sanidad, incluido en exconseller Luis Rosado, a quienes el juez instructor del caso en el TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) ha imputado por la adjudicación de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, según informa Europa Press.

De igual modo, el juez atribuye nuevos hechos que pueden ser constitutivos de delito a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars y al exsecretario autonómico de Deportes David Serra, imputados en este procedimiento, según consta en la providencia del 3 de diciembre al que ha tenido acceso la agencia, por medio de la cual se requiere también nueva documentación a la Sociedad Circuito Ricardo Tormo por la promoción realizada en el VI Open de Tenis, diseño, fabricación y colocación de la cartelería, sercicio de azafatas y relaciones públicas por un importe de 34.800 euros.

Los imputados relacionados con la conselleria de Sanidad están citados a declarar el próximo19 de diciembre y son: el mencionado Luis Rosado por su puesto en la Agencia Valenciana de Salud; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Pilar Adela Ripoll, exdirectora general de Calidad y Atención al Paciente; y María Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria.

Imputación

El juez decide imputar a estos exaltos cargos de Sanidad al considerar que pudieron ser "cooperadores necesarios" por su participación en la contratación del vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico, tal y como solicitaba Fiscalía. En las diligencias practicadas el juez cree que existen diferentes "contradicciones", principalmente en las declaraciones del exconselles Manuel Cervera, que negó que interviniera en contrataciones o formas de pago, además de quien fuera jefe de gabinete y jefa de prensa de Conselleria.

Mientras tanto, los exdirectores generales negaron iniciar las contrataciones, pese a que reconocieron la realización a nivel formal, aunque después del evento y por indicación de terceros y no por decisión propia, por lo que el juez decidión tomarles declaración, ahora en calidad de imputados, según informa Europa Press.

Resto de imputados

Otro apartado de la providencia está destinado a Ibars y Serra. A la primera, ya imputada por el contrato de Grandes Eventos de Fitur 2009, el juez la cita el 17 de diciembre por lacontratación de la Guía de Comunicación 2005 y regalos y memorias USB 2004, puesto que presuntamente realizó y propuso diversas contrataciones menores que la investigación ha averiguado que supuestamente se fraccionaron en diversos cotratos para evitar la normativa del concurso abierto, impidiendo la aparición de otras ofertas y el principio de libre concurrencia. Estascontrataciones recayeron en sociedades del grupo Correa.

La providencia explica que el citado evento fue adjudicado a las empresas: DT Consulting (12.020,24 €); Boomerangdrive ( 10.500 €); Trece SL ( 6.354,15 €); Technology Consulting Management SL ( 12.020,24 €); Good and Better SL y Orange Market SL ( 12.020,24 €). Unas facturas a las que se les suman las facturadas directamente a la Dirección General de Promoción Institucional, presuntamente a instancias de Orange Market SL, por Gráficas Izquierdo SL yGrupo Rafael SL por 12.020,24 €, "siendo revelador que gran parte de dichas facturas tengan la cuantía tope establecida en la fecha de los hechos para la contratación menor".

Open de Tenis

Ese 17 de diciembre declarará también Serra por las contrataciones del Open de Tenis 2007, una causa en la que aparece como imputado por la contratación del Open 2006. Pese a que inicialmente se informaba que la responsable de la contratación fue la exsecretaria autonómica de Deportes Niurka Montalvo, tras la declaración de ésta se comprobó que Serra dejó su cargo en la Secretaría Autonómica después de la celebración del Open de 2007, por lo que Montalvo "no parece que pudiera decidir o tener intervención sobre la decisión de dichas contrataciones -otra cuestión es sobre la facturación-, que presuntamente ya estaban avanzadas y ultimadas por Serra", informa la agencia.

Por lo que el TSJCV considera que era Serra quien "intervenía en las actuaciones, negociaciones y decisiones relativas a las contrataciones del Open por parte de la Secretaría Autonómica mientras desempeñó tal cargo, habiendo además firmado los contratos de patrocinio de distintas anualidad para el evento".

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EL GOBIERNO RECURRIRA QUE LA SANIDAD NO SEA GRATUITA EN NAVARRA

El Gobierno recurrirá la ley de asistencia sanitaria gratuita en Navarra

El Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que reconoce a los residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público de la Comunidad.

Con este fin, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce este derecho.

Asimismo, se solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos impugnados de la ley foral.

El Ejecutivo entiende que las previsiones del artículo único de esta normativa incurren en "extralimitación competencial al vulnerar la normativa básica estatal, por la que se determinan las condiciones para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y se regula el reconocimiento del derecho a dichas prestaciones".

El apartado uno de la norma, según ha informado la Administración en la referencia del Consejo de Ministros, reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública a todas las personas con residencia en Navarra, sin excepción, y el apartado 2 concreta, en términos más amplios, lo que se entiende por "residencia".

"Estos preceptos de la ley foral implican una invasión de las competencias estatales, porque regulan una materia que corresponde exclusivamente al Estado", manifiesta el Ejecutivo.

También estima que los apartados 3, que regula la expedición del documento de identificación de acceso al régimen de universalización, y 4, que define el ámbito objetivo del precepto, incurren en "extralimitación competencial" por los mismos motivos.

Además, los apartados 1, 2 y 4 implican también una "vulneración" de las competencias exclusivas del Estado sobre extranjería, según el Gobierno, que recuerda que ley ya ha sido "impugnada" por este concepto.

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PRIVATIZACION DE LA SANIDAD BENEFICIA A CARGOS PUBLICOS IMPUTADOS EN CORRUPCION

El afán privatizador del PP en Sanidad beneficia a sus cargos públicos de Madrid

No sólo los exconsejeros Lamela y Güemes están imputados por presunta prevaricación en la "externalización" de seis hospitales de la comunidad. La puerta giratoria la usó también el director de Hospitales, Antonio Burgueño, y a la actual viceconsejera, Patricia Flores, se la acusa de fraude

Javier Fernández Lasquetty promete no hacerlo pero, con los antecedentes que hay en su departamento, no sería de extrañar que, una vez fuera de la Consejería de Sanidad de Madrid, terminara trabajando para una empresa privada relacionada con la Sanidad. Es más, no sería de extrañar que terminara trabajando para una empresa privada que gestione uno de los hospitales que él mismo haya "externalizado",en caso de que consiga llevar su plan a buen término. 

Ese sería su futuro más probable si se decidiera a seguir la senda de sus predecesores en el cargo, grandes expertos en eso del "yo me lo privatizo, yo me lo como". Desde hace años, las privatizaciones sanitariasllevadas a cabo por el Gobierno del PP han terminado beneficiando a sus propios cargos públicos. A día de hoy, algunos de ellos siguen comiendo de la llamada puerta giratoria, incluso a pesar de estar imputados.

Prueba de ello ha sido el último caso polémico,el del Ministerio de Sanidad, que ha contratado a la compañía Business Assessment Plans and Projects Healthcare, propiedad del exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, para cambiar la gestión de uno de los dos hospitales que dependen del departamento de Ana Mato; el de Melilla (el otro es el de Ceuta).

Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007, fue uno de los líderes de la campaña contra el doctor Montes por las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa. En la actualidad trabaja como consejero para Assignia Infraestructuras, la compañía a la que él mismo adjudicó la gestión de los servicios privatizados del hospital del Tajo, en Aranjuez, a través de una concesión de la Comunidad de 270 millones de euros. Cuando se destapó la noticia, Mato le pidió explicaciones sobre la legalidad de la situación, pero también afirmó estar "segura" de que Lamela cumplía "todas las normas de compatibilidad". 

Por otro lado, Lamela también constituyó el Madrid Centro Médico (MCM) —Madrid Medical Destination en el mercado internacional—; una asociación para potenciar el turismo sanitario "de excelencia" está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad —ahora IDC Salud—, Clínica La Luz y MD Anderson.

Como él, su sucesor Juan José Güemes, consejero de Sanidad entre 2008 y 2010, también acabó trabajando para una empresa privada (Unilabs), integrada en Capio. ¿El problema? Capio es una de las máximas beneficiarias de la privatización sanitaria en Madrid. Y, de hecho, es una de las empresas imputadas, junto a Ribera Salud y Asisa, por el juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero. 

En ese mismo caso, la actual viceconsejera, Patricia Flores, también está imputada, así como el director general de Hospitales, Antonio Burgueño; ambos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. Se les acusa, según el auto publicado el pasado 31 de octubre, por no haber controlado la facturación intercentros, así como por haber concedido —presuntamente— una subvención encubierta por la amortización de obras.

El actual director general de Hospitales, imputado en la actualidad, trabajó ante en Adeslas, Capio y Ribera Salud 

El caso de Burgueño es otro de los más sonados de puerta giratoria. Aunque, en esta ocasión, funcionó al revés: del sector privado al cargo público. Burgueño fue director asistencial de la Adeslas entre 1990 y 2001 y colaboró en la creación del polémico modelo Alzira, inaugurado, en 1999, en la localidad valenciana del mismo nombre con el hospital de La Ribera (Ribera Salud). También trabajó para Capio en la traslación del modelo valenciano al hospital madrileño de Valdemoro. Además, su hijo —informa El País— continúa ligado a Ribera Salud, una de las compañías que, además de estar ya presente en la privatización madrileña, aspira a hacerse con la gestión de los hospitales del Sureste (Arganda) e Infanta Leonor (Vallecas).

De todos ellos, el único que dimitió de su cargo como consejero de Unilabs fue Güemes. La compañía —integrada en el grupo Capio— compró el 55% de la Unión Temporal de Empresas, a la que els citado exconsejero adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales de la comunidad. Justo los seis hospitales que ahora intenta privatizar —si la Justicia le deja— el actual titular de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. Porque los tribunales madrileños han decretado la suspensión cautelar de la medida, que adjudicaba la gestión del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo a las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo. A día de hoy, el proceso está paralizado hasta que se resuelva la recusación del juez encargado del mismo, Francisco Gerardo Martínez Tristán, casado con una consejera del PP y recién elegido miembro del Consejo General del Poder Judicial .

Defensores de la "eficiencia" de lo privado

Mientras, ni la expresidenta Esperanza Aguirre ni su sucesor, Ignacio González, han abierto la boca al respecto. Aunque ambos defienden las privatizaciones que la primera impulsó y el segundo continuó. Prueba de ello fueron unas de las últimas declaraciones de Aguirre en televisión, donde defendió que "la empresa privada es más eficaz que la pública" y comparó la privatización sanitaria con la de los servicios de recogida de basura en plena huelga de los trabajadores de éstos últimos.

A su sucesor, González, todo le parecía "bien" cuando supo la dimisión de Güemes, a pesar de que había defendido su continuidad como asesor de Unilabs. Defendía entonces que "la ley de incompatibilidades en España es suficiente dura", igual que ahora defiende el sistema de "ahorro" propuesto por Lasquetty y que su Ejecutivo aprobó hace casi un año.

De igual manera se expresa con asiduidad quien también fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003. José Ignacio Echániz, actual titular del ramo en Castilla-La Mancha y secretario de Sanidad del PP, apuesta siempre por "dar voz y voto" al sector privado en la reforma sanitaria que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Mato. Curiosamente, su hermana Teresa Echániz trabaja para Capio, aunque esta empresa aclaró aPúblico que el contrato se inició "después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera de Cospedal".

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SANIDAD ADJUDICA HOSPITALES PUBLICOS A UNA EMPRESA DEL EX-CONSEJERO MANUEL LAMELA

Sanidad adjudica hospitales públicos al exconsejero de Madrid

Lamela está imputado por cohecho y prevaricación al privatizar hospitales madrileños

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a la empresa "Business Assessment Plans and Projects Healthcare", presidida por Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en el Hospital Comarcal de Melilla.

Además, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) la pasada semana y ha difundido este lunes la cadena Ser, Sanidad ha adjudicado a la empresa del grupo Indra "Mensor Consultoría y Estrategias" el mismo proyecto para el Hospital Universitario de Ceuta.

Se trata de los dos únicos hospitales españoles que dependen del Ministerio de Sanidad ya que el resto son gestionados por las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias sanitarias.

Según el BOE, las concesiones a estas dos empresas se han hecho por ser las ofertas más ventajosas para la Administración y las mejor valoradas. El importe de adjudicación, con cargo al Ministerio de Sanidad, asciende a 46,11 millones de euros en el caso del Hospital Comarcal de Melilla y a 35,62 millones en el de Ceuta.

Según la cadena Ser, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas ambas empresas deberán "valorar en qué servicios pueden desarrollarse Unidades de Gestión Clínica, así como diseñar y colaborar en la gestión del cambio de modelo" en los hospitales de Ceuta y Melilla. 

El PSOE ya ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente de la ministra Ana Mato para que explique los motivos de esta contratación cuando el propio Lamela y el exconsejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad Juan José Güemes están imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación por la gestión de las privatizaciones de los hospitales públicos de la región.

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ESPAÑA: LOS PARADOS QUE SALGAN DE ESPAÑA SERAN EXCLUIDOS DEL SISTEMA SANITARIO

Parados que salgan del país, a punto de ser los siguientes excluidos del sistema sanitario

Dentro de las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, el PP ha incluido una modificación a la normativa actual que supondría la exclusión del sistema sanitario de las personas desempleadas, que hayan agotado la prestación y los subsidios por desempleo, y que se ausenten de España más de 90 días en un año.

Todo aquel que reúna estas condiciones será considerado "no residente" y, si regresa, ya no gozará del derecho a la atención sanitaria, de concretarse las modificaciones propuestas. Además, estas enmiendas, ya que han sido presentadas por el PP, es previsible que se incorporen al dictamen, gracias a la mayoría que tiene este partido en la Cámara. Por otra parte, las modificaciones no contemplan la duración que tendría la perdida de este derecho ni los requisitos necesarios para recuperarlo.

En concreto, con las Enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, el PP busca modificar la Ley 16/2003 de "cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud", añadiendo un disposición final en la que se señala que "tendrán la condición de asegurado" quienes se encuentren en la siguiente situación: "d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España»".

Asimismo, otro apartado reza: "A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural".

Una exclusión que abarca cada vez a más personas y sectores de la población

El gobierno, en los datos que presentó dentro del Informe a la Unión Europea, señaló que la exclusión ya abarcaba a 873.000 personas. Luego de cumplirse un año de la entrada en vigor del RD 16/2012, de que la sanidad española perdiera su carácter universal y de que comenzaran las exclusiones, diferentes organizaciones han denunciado las graves consecuencias de dicha normativa. Médicos del Mundo señaló que esta ONG puede acreditar la existencia de un mínimo de 1.192 casos de personas que entre abril de 2012 y septiembre de 2013 han sufrido algún tipo de vulneración del derecho a la salud, motivada por la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012.

Al parecer, con estas nuevas modificaciones, el número de excluidos y los grupos a los que afecta esta exclusión no para de crecer. Empezaron siendo los inmigrantes "sin papeles", ahora son los españoles desempleados y emigrantes, los siguientes en la fila para ser expulsados del sistema sanitario.

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50 JUECES DECIDIRAN LA PRIVATIZACION SANITARIA DE MADRID

50 jueces decidirán si se reactiva la privatización sanitaria en Madrid

El PSOE recusará al magistrado que presidirá el pleno por su relación con el PP

Martínez Tristán aspira a formar parte del Consejo del Poder Judicial

Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el éxito o el fracaso del mayor proceso de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España. La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judiciala la espera de que haya sentencia firme. Lo que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia.

La decisión, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto —tienen solo uno, incluido el presidente— determinarán si se reactiva el proceso de privatización. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro.

El PSOE anunció ayer que va a recusar a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación recordó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también es, según subrayó ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deberá elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”.

La sección tercera, en su auto de septiembre pasado, ordenó la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales. Explicitó que se debía mantener la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia, lo que podía suponer entre año y medio y dos años. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicación. Estimaba así el recurso de la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, que había denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambió las condiciones del concurso y redujo a casi una décima parte la garantía que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La sección tercera afirmó en el auto que el cambio “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.

La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”.

Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jurídicos consultados por este diario se han mostrado extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias.

Miguel Ángel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar “sorprendido” porque se haya tomado la medida ahora, “justo cuando la sección tercera tenía que resolver los recursos de reposición que habían presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias”, y no al principio de los procesos judiciales. “No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados”, añadió. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, “estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la sección correspondiente, o debería tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los demás hasta que se dicte sentencia”.

El acuerdo de Martínez Tristán se adopta en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia”.

“Lo lógico sería que, por apariencia de conflicto de interés, o por conflicto de interés potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que también, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales”, señaló el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. “La Justicia no puede estar al servicio de un partido político”, afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente imprescindible” la decisión de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrileño, Ignacio González, afirmó en la Asamblea de Madrid que la medida es “razonable”, que espera que “se resuelva todo de una vez” y señaló que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación”, ya que es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”, informa EP.

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SANIDAD CONCEDERA UN CONTRATO DE 15O MILLONES A DEDO

Sanidade planea adjudicar a dedo un contrato de 150 millones por “agilidad”

El Sergas rechaza convocar otro concurso porque el primero quedó desierto

Los reiterados problemas con los que la Xunta se ha topado para financiar obras sanitarias podrían dar pie a unas de las mayores adjudicaciones a dedo de la Administración pública gallega. La Consellería de Sanidade aboga por contratar a través de un procedimiento negociado sin publicidad la privatización de servicios por 150 millones de euros planeada para el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)

La Xunta declaró desierto el concurso público convocado en febrero a pesar del interés mostrado por una docena de grandes empresas y ahora tiene dos posibilidades: convocar un nuevo concurso o adjudicar esos 150 millones a través de un procedimiento negociado con empresas elegidas a dedo por Sanidade. Pablo Torres Arrojo, director general de Recursos Económicos del Sergas, aseguró ayer en la Comisión de Sanidade del Parlamento que “se decanta por el negociado porque es más ágil” que convocar otro concurso. Torres asegura que los pliegos con las condiciones del contrato “ya han permanecido expuestos cuatro meses” por lo que “ya existe la publicidad exigida por la ley”. El macroconcurso pretende ceder a una sola empresa la gestión de prácticamente todos los servicios no sanitarios durante una década. A cambio esa empresa deberá abonar 14 millones para la ampliación del complejo sanitario y otros 10 millones como garantía financiera.

El 6 de junio, la Xunta dejó desierto el concurso de servicios que ahora quiere conceder a dedo. Aparentemente no interesó a ninguna empresa, sin embargo directivos de Eulen, Ferrovial, Clece, Sacyr-Vallehermoso, Extraco o Linorsa visitaron en marzo los hospitales públicos que forman parte del CHUO con el fin de conocer las instalaciones a gestionar en un futuro. Directivos hospitalarios y del Sergas mantuvieron, al menos, tres reuniones con los mismos empresarios con los que ahora el Gobierno planea negociar a puerta cerrada las condiciones del multimillonario contrato.

Esta nueva fórmula urdida por Sanidade condiciona el contrato de las obras de ampliación (58 millones) con el contrato para privatizar servicios (150 millones), ya que las plicas establecen expresamente que la adjudicataria de servicios “financiará las obras hasta que se alcance el máximo previsto, siendo responsable la Administración de obtener la financiación del resto de la obra”. La adjudicación de la ampliación lleva parada desde mayo; sin embargo el director de Recursos Económicos del Sergas aseguró ayer que prevé adjudicar “en dos o tres semanas” la ampliación porque “la licitación continúa su rumbo”. Una vez más, no aclaró cómo va a financiarlas si aún no han elegido a la empresa que pagará esa obra a través del concurso de servicios.

El BNG cuestiona este modelo “porque inicia la privatización a través de un experimento en la financiación de la sanidad, ya que es un PFI [siglas en inglés de Private Financial Investment] al revés”, según afirma la diputada Tareixa Paz. Al igual que en Ourense, el modelo PFI empleado en la construcción del nuevo hospital de Vigo, cede a manos privadas la ejecución de la obra, el aprovechamiento comercial y la gestión de servicios. El director de Recursos Económicos del Sergas desmiente tajantemente que se trate de un proceso de privatización y recurre al neovocabulario empleado por otros dirigentes del PP en los procesos de privatización de infraestructuras sanitarias: “Desmiento privatización alguna, ya que con este proyecto de externalización de servicios se busca ahorrar en el gasto corriente para tener más inversión productiva”. A pesar de los reiterados tropiezos en la financiación de obras sanitarias, Torres Arrojo también

Sin pediatras de tarde y fin de semana

Dos cirujanos pediatras para un área sanitaria de 335.000 personas. La Plataforma pola Sanidade Pública y la CIG denuncian desde hace días la precariedad en la que está sumido el servicio pediátrico del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), que se ha quedado sin médicos que atiendan las guardias de cirugía pediátrica todas las tardes de los días laborables y las 24 horas los fines de semana y festivos.

Según denuncia la CIG, la dirección del complejo hospitalario ha confirmado que el servicio ha pasado de cuatro a dos facultativos, pero uno de ellos está “en proceso de reciclaje” por lo que en la práctica, toda la provincia ourensana cuenta con un solo médico para esta especialidad. Según el sindicato nacionalista, la única solución planteada —que ya ha sido aplicada en varios casos según ha confirmado este diario— pasa por el traslado de menores al Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). La Plataforma pola Sanidade Pública asegura que después de las últimas jubilaciones y traslados de facultativos que no han sido repuestos, el servicio de cirugía pediátrica de los hospitales ourensanos “está en vías de extinción y puede perderse”. El partido Compromiso por Galicia también denuncia el “alarmante deterioro de la calidad del sistema” después de haber presenciado como un menor recién ingresado en Ourense era trasladado a Vigo al no haber un cirujano pediátrico de guardia. Sin embargo, los responsables del gabinete de la Gerencia sanitaria rechazan las críticas y aseguran que el servicio “está perfectamente cubierto”.

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DIABETICOS DENUNCIAN REUTILIZACION DE AGUJAS EN CENTROS DE SALUD

Los diabéticos denuncian que centros de salud recomiendan reutilizar agujas

Los pacientes lamentan los recortes que sufren en tiras reactivas y jeringuillas, así como la reducción de artículos en las recetas 

Para un paciente con diabetes una tira reactiva es la manera más rápida y eficaz de conocer su nivel de glucosa en sangre. En función de su glucemia gestionará al minuto su enfermedad con una dosis de insulina mayor o menor, con la práctica de ejercicio o con una ingesta de calorías determinada. Una tira reactiva es para los pacientes con diabetes, independientemente de si son tipo 1 o tipo 2, la brújula de su enfermedad.

Las principales sociedades médicas y la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) recomiendan un mínimo de tres controles al día. El planteamiento de las autoridades sanitarias españolas de hacer compra centralizada de material utilizando como único criterio de adjudicación el precio es una forma de reducir drásticamente los productos actualmente disponibles en el mercado para el control de la diabetes, según la Federación Española de Diabéticos (FEDE).

«Esto genera una situación de disponibilidad de producto prácticamente monopolística», aseguró el presidente de FEDE, Ángel Cabrera, hace unos meses. Según denuncian algunos pacientes con diabetes en Valencia, las recetas médicas se quedan cortas en el número de tiras prescritas y eso deriva en complicaciones.

Es el caso de Chus Oliva, con diabetes tipo 1 desde los 18 años. En su casa, su madre y su abuela padecen diabetes y últimamente la mayoría de los meses tienen que compartir las tiras reactivas porque no les llega con las que les da el médico. «Casi todos los meses me quedo corta de tiras, rara vez me sobran», comentó Chus. Como la diabetes no es predecible ni exacta, el hecho de quedarse corta limita sus controles y eso acaba teniendo consecuencias directas para su salud. «Las veces que me he quedado corta he tenido siempre una hipoglucemia», relató.

De hecho, un estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Jaeb para la Investigación en Salud de Tampa en los Estados Unidos, y publicado en la revista 'Diabetes Care', confirmó que el control de la enfermedad es significativamente peor cuando se limita el suministro de las tiras reactivas. Cuando un paciente con diabetes no tiene a su alcance los dispositivos básicos para medir su glucosa en sangre, es mucho más complicado poder controlar la enfermedad.

Problemas médicos

María del Toro es la coordinadora de la Asociación Valenciana de la Diabetes y cree que esa política «es pensar de forma cortoplacista, ya que los problemas médicos como cegueras o amputaciones por una diabetes mal controlada están afectando a gente joven en edad laboral que, por esos problemas, no están teniendo acceso al empleo y no cotizan, y eso agrava los problemas».

Por su parte, el director general de Farmacia y Productos Sanitarios, José Luis Trillo, explicó que la Conselleria de Sanidad elaboró en el año 2010 «un manual dirigido a profesionales sanitarios sobre recomendaciones para el uso adecuado de las tiras reactivas de glucosa en sangre en pacientes con 'diabetes mellitus'. Fue elaborado y consensuado por profesionales de todas las disciplinas relacionadas con el control de esta patología».

Según detalló, «su finalidad es orientar a los profesionales en el momento de la prescripción, pero siempre teniendo en cuenta las características de cada paciente y las circunstancias en las que se encuentra, y en ningún caso limita la libre prescripción de los profesionales. Es decir, que son sólo recomendaciones, pero desde la conselleria respetamos completamente la libertad de los médicos para prescribir a cada paciente lo que consideren oportuno».

En cuanto al gasto realizado en tiras reactivas en la Comunitat, la conselleria aseguró haber destinado casi 24 millones en el último año. Una cifra que, a priori, resulta insuficiente si se tiene en cuenta que en la Comunitat viven unos 700.000 diabéticos, según el estudio Valencia 2012 de la conselleria.

Denunciar por escrito

Sin embargo, la limitación de tiras no es el único asunto espinoso en el que las asociaciones de pacientes y la Conselleria de Sanidad discrepan. Según varias denuncias llegadas recientemente a la Asociación Valenciana de la Diabetes, el personal sanitario de centros médicos como el de Bocairent o Paterna aconseja la reutilización de las agujas con las que se inyecta la insulina.

Una recomendación prohibida por los fabricantes y peligrosa para la salud de estas personas. «Si esas agujas están atascadas los pacientes con diabetes no pueden inyectarse la cantidad necesaria y justa de insulina, con los problemas que eso acarrea», alertó María.

Ante esa denuncia, los coordinadores médicos de Bocairent y Paterna negaron que en sus centros de atención primaria se haya dado recomendación alguna para reutilizar las agujas. Avalan su declaración en la ausencia de denuncias de este tipo en Atención al Paciente.

Amparo Sellés es madre de un hijo con diabetes tipo 1 y confirmó que esto está ocurriendo: «quién tiene el estómago de decirte que reutilices una aguja en un niño de 2 años al que tienes que pinchar ocho veces al día, yo me niego a hacerlo por mucho que lo diga un médico».

Pero el caso de Amparo es aislado. La mayoría de los pacientes con diabetes hacen caso de lo que prescribe su médico y asumen la recomendación pese a que en los prospectos indica que las agujas son de uso único. En un estudio publicado por la Fundación para la Diabetes, el 19% de los pacientes encuestados aseguraban que reutilizaban las agujas por prescripción médica. Desde la Asociación de Diabetes de Valencia se recomienda presentar la reclamación por escrito en los centros sanitarios.

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