El Gobierno contempla rebajar en 20.000 millones el gasto en pensiones financiando viudedad con impuestos
El Ejecutivo baraja sacar las pensiones de viudedad y orfandad de la caja de
la Seguridad Social para sufragarlas con impuestos. Respetando los derechos ya
reconocidos, se trata de que estas prestaciones se conviertan poco a poco en
asistenciales y, por lo tanto, sólo se concedan a aquellas personas que
realmente las necesiten.
Esta partida asciende ahora al 20 por ciento del desembolso en pensiones, unos 20.000 millones de euros. Aunque sea una operación harto difícil, si viudedad y orfandad se extrajesen del sistema tal y como ya se ha hecho en numerosos países, el actual déficit de la Seguridad Social se eliminaría de un plumazo.
Un asunto delicado
Las pensiones representan dinamita pura para el PP. Si los populares quieren ganar las elecciones de 2015, es esencial que no se toquen las prestaciones de nueve millones de votantes. Sin embargo, Bruselas presiona para que se ponga en marcha cuanto antes el llamado factor de sostenibilidad. Y ello conllevaría que ya en 2014 se emplee la nueva fórmula de actualización, la cual podría frenar las revalorizaciones.
No obstante, si se traspasa viudedad y orfandad a Hacienda, entonces las cuentas del sistema se reequilibrarán por sí solas y no hará falta que los jubilados pierdan poder adquisitivo respecto al IPC. Es más, el Ejecutivo podría subir las prestaciones al tiempo que asegura los derechos a pensión de las actuales viudas.
Una nueva realidad social
La reforma de la viudedad supone una vieja aspiración de los técnicos de la Seguridad Social, los agentes sociales e, incluso, los sucesivos Gobiernos. En los años 60, sólo los maridos cotizaban, de modo que al fallecer éstos la esposa retenía una pensión.
En cambio, en la actualidad este esquema no responde a la realidad social. Conforme las mujeres se han incorporado al mercado laboral, pierde sentido que se abone una pensión simplemente por un estado civil y que además ésta sea compatible con el trabajo.
En estos momentos, hay 2,3 millones de prestaciones por viudedad y unas 270.000 por orfandad, a una media de 615 y 370 euros al mes respectivamente. Si esta iniciativa se aprueba, todas pasarían a costearse mediante impuestos.
¿Y quién paga esto?
El problema de financiar viudedad y orfandad descansa ahora sobre la mesa de Hacienda. El Ministerio que dirige Montoro ya ha aportado este año 16.000 millones con el fin de sufragar todas las prestaciones que no sean contributivas, y tendría que rascarse aún más los bolsillos para recabar nuevos recursos. A corto plazo, entrañaría más cargas sobre unos Presupuestos muy extenuados, pero a medio y largo reportaría importantes ahorros al conceder estas prestaciones únicamente por criterios de necesidad.
Según fuentes cercanas a Hacienda, la propuesta se encuentra en una fase muy temprana y hay que estudiarla con detalle. Lo más probable es que se baraje de cara a la próxima revisión de todos los tributos que se cerrará allá por marzo de 2014.
En pos del acuerdo
Con apenas cinco semanas para alcanzar un consenso sobre las pensiones, el Gobierno tendrá bastante complicado forjar un acuerdo con el resto de partidos y los agentes sociales. Incluso puede quedarse solo aprobando el llamado factor de sostenibilidad, que ligará el futuro de las pensiones a la esperanza de vida y los gastos e ingresos de la Seguridad Social.
Sin embargo, de aprobarse una reforma de la viudedad, se engordarían los recursos destinados a las pensiones, justo lo que piden los sindicatos. Éstos reclaman que se refuercen los ingresos para sostener unos niveles de gasto en pensiones similares a los europeos, en el entorno del 13 por ciento del PIB. En España, sólo destinamos alrededor del 10.
Gracias a la viudedad, el Ejecutivo abre la puerta a los contactos con Comisiones Obreras, una organización ahora dividida por esta explosiva materia. El ala más izquierdista de CCOO ha atacado con virulencia al sector dispuesto a rubricar un acuerdo. Del resultado de este pulso dependerá que el Gobierno halle o no cierto consenso. Bruselas le apremia.
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