El Gobierno plantea subir más la edad de jubilación y desligar las pensiones del IPC
La aplicación del «factor de sostenibilidad» puede retrasar el retiro más allá de los 67 años en el futuro, endurecer el acceso a la prestación completa y reducir su cuantía
Oviedo / Madrid, Agencias La edad
legal de jubilación podría situarse por encima de los 67 años en el futuro si
salen adelante las propuestas contenidas en un documento que el Gobierno ha
remitido a los partidos como base para las nuevas políticas de «sostenibilidad»
del sistema de pensiones. En ese mismo texto se plantea poner fin a la
revalorización de las prestaciones con arreglo al índice de precios al consumo
(IPC), el mecanismo que durante décadas ha blindado el poder adquisitivo de los
pensionistas.
El contenido del referido documento trascendió ayer en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros que mañana aprobará la nueva oleada de ajustes y reformas orientadas a satisfacer las obligaciones contraídas con la UE. Sin embargo, el Ministerio de Empleo comunicó con urgencia a los sindicatos UGT y CC OO que el Gobierno no tiene previsto introducir «este viernes» medidas que afecten a las pensiones o a las prestaciones de desempleo. Algunas informaciones periodísticas habían apuntado antes de esa comunicación que el Consejo de Ministros abordaría un recorte de esas prestaciones de paro (las contributivas) para rebajar su duración de 24 a 18 meses. Los sindicatos celebran el próximo miércoles las manifestaciones del Primero de Mayo, que podrían encenderse con el anuncio o la expectativa de reformas de tanto calado social.
El cambio en el sistema de pensiones no sería inmediato, pero está sobre la mesa de la llamada Comisión del Pacto de Toledo. El documento confeccionado por el Gobierno hace propuestas sobre el llamado «factor de sostenibilidad», cuyo diseño ha sido encargado a un comité de expertos. Se trata de una cláusula incluida en la reforma de las pensiones que el anterior Gobierno impulsó en 2011 y que estaba pendiente de desarrollo. Genéricamente, el «factor de sostenibilidad» implica que las condiciones del sistema de pensiones -edad de jubilación, cuantía, períodos de cómputo- podrán ser revisadas cada cinco años en función de que cómo evolucione la esperanza de vida de los españoles y otros parámetros a partir de 2027.
Según distintas informaciones, el Gobierno medita anticipar la aplicación de ese «factor de sostenibilidad» ante la previsión de que el sistema pueda tener dificultades financieras durante un período largo, debido a la expectativa de que la tasa de paro se mantendrá alta a medio plazo y de que la evolución demográfica aumentará a ritmos vivos el número de pensionistas.
El texto que ha elaborado el Ministerio de Empleo confirma que el nuevo mecanismo de corrección puede tener efectos sobre la edad de jubilación. La reforma que entró en vigor el pasado día 1 de enero determina que la edad del retiro subirá de los 65 a los 67 años. Este cambio, rechazado por el PP cuando estaba en la oposición, se producirá de manera escalonada hasta 2027. Según la norma, podrán seguir jubilándose con 65 años los trabajadores con carreras laborales largas, aquellos que hayan cotizado durante al menos 38,5 años. Para el resto de los cotizantes, la edad del retiro se irá demorando progresivamente, de año en año, hasta llegar a los 67 en 2027.
Los cambios que ahora sugiere el Ministerio de Fátima Báñez conllevan que, mediante la aplicación del «factor de sostenibilidad», la edad de jubilación pueda elevarse aún más a partir de 2027. Pero al mismo tiempo el Gobierno trabaja con la idea, varias veces planteada por Bruselas, de acelerar el proceso que ya está en marcha. Esto es, que la jubilación a los 67 esté plenamente en vigor antes de lo previsto en la anterior reforma.
La discusión también alcanza a la cuantía de las pensiones por varias vías. Las medidas en estudio podrían endurecer más el acceso a la jubilación con el 100% de la base reguladora, de modo que fueran necesarios más años de cotización. Hasta ahora se exigían 35 años, aunque la última reforma ya implica un incremento gradual hasta los 37 años en 2027. El informe del Ministerio reconoce al mismo tiempo que el futuro mecanismo de sostenibilidad podría afectar a la forma de cálculo de la base reguladora, sobre la que se estima el importe de las distintas pensiones.
Además, el documento de Empleo contempla que la revalorización de las pensiones se desvincule del índice de precios al consumo (IPC). Los pensionistas son compensados cada año por la desviación entre la subida de sus retribuciones que aprueba el Gobierno y el nivel de inflación, para lo que se tiene en cuenta el IPC interanual del mes de noviembre. La aplicación de este mecanismo fue suspendida el pasado año ante las dificultades del Ejecutivo para cumplir los objetivos de reducción del déficit.
Se plantea ahora suprimir esa actualización y que la revalorización de las pensiones se haga por un procedimiento distinto. Una de las posibilidades supone que las pensiones suban acompasadas con los salarios o con el comportamiento del producto interior bruto (PIB), lo que en una coyuntura adversa como la actual supondría un menoscabo económico para los jubilados. La conexión con el IPC ha sido utilizada durante décadas en España y en otros países para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
La reforma de las pensiones ya en vigor prevé que a partir de 2027 se aplique un «factor de sostenibilidad» que, cada cinco años, podría modificar las condiciones básicas de la jubilación, en función de la esperanza de vida de los españoles y de la situación financiera del sistema.
Aunque la aplicación de ese factor no está prevista hasta 2027, el Gobierno considera la posibilidad de anticiparlo, a petición de Bruselas.
El sistema puede retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años después de 2027. No obstante, el Gobierno estudia también acelerar el retraso de la edad a los 67 años, que está previsto aplicar de manera diferida.
El «factor de sostenibilidad» también afectaría en ciertas circunstancias al número de años necesarios para cobrar el 100% de la jubilación y al cálculo de las bases reguladoras.
El informe del Ministerio de Empleo plantea también que las pensiones dejen de revalorizarse con arreglo al IPC, de modo que ya no estaría garantizado el poder adquisitivo de los pensionistas
FUENTE
El contenido del referido documento trascendió ayer en vísperas de la reunión del Consejo de Ministros que mañana aprobará la nueva oleada de ajustes y reformas orientadas a satisfacer las obligaciones contraídas con la UE. Sin embargo, el Ministerio de Empleo comunicó con urgencia a los sindicatos UGT y CC OO que el Gobierno no tiene previsto introducir «este viernes» medidas que afecten a las pensiones o a las prestaciones de desempleo. Algunas informaciones periodísticas habían apuntado antes de esa comunicación que el Consejo de Ministros abordaría un recorte de esas prestaciones de paro (las contributivas) para rebajar su duración de 24 a 18 meses. Los sindicatos celebran el próximo miércoles las manifestaciones del Primero de Mayo, que podrían encenderse con el anuncio o la expectativa de reformas de tanto calado social.
El cambio en el sistema de pensiones no sería inmediato, pero está sobre la mesa de la llamada Comisión del Pacto de Toledo. El documento confeccionado por el Gobierno hace propuestas sobre el llamado «factor de sostenibilidad», cuyo diseño ha sido encargado a un comité de expertos. Se trata de una cláusula incluida en la reforma de las pensiones que el anterior Gobierno impulsó en 2011 y que estaba pendiente de desarrollo. Genéricamente, el «factor de sostenibilidad» implica que las condiciones del sistema de pensiones -edad de jubilación, cuantía, períodos de cómputo- podrán ser revisadas cada cinco años en función de que cómo evolucione la esperanza de vida de los españoles y otros parámetros a partir de 2027.
Según distintas informaciones, el Gobierno medita anticipar la aplicación de ese «factor de sostenibilidad» ante la previsión de que el sistema pueda tener dificultades financieras durante un período largo, debido a la expectativa de que la tasa de paro se mantendrá alta a medio plazo y de que la evolución demográfica aumentará a ritmos vivos el número de pensionistas.
El texto que ha elaborado el Ministerio de Empleo confirma que el nuevo mecanismo de corrección puede tener efectos sobre la edad de jubilación. La reforma que entró en vigor el pasado día 1 de enero determina que la edad del retiro subirá de los 65 a los 67 años. Este cambio, rechazado por el PP cuando estaba en la oposición, se producirá de manera escalonada hasta 2027. Según la norma, podrán seguir jubilándose con 65 años los trabajadores con carreras laborales largas, aquellos que hayan cotizado durante al menos 38,5 años. Para el resto de los cotizantes, la edad del retiro se irá demorando progresivamente, de año en año, hasta llegar a los 67 en 2027.
Los cambios que ahora sugiere el Ministerio de Fátima Báñez conllevan que, mediante la aplicación del «factor de sostenibilidad», la edad de jubilación pueda elevarse aún más a partir de 2027. Pero al mismo tiempo el Gobierno trabaja con la idea, varias veces planteada por Bruselas, de acelerar el proceso que ya está en marcha. Esto es, que la jubilación a los 67 esté plenamente en vigor antes de lo previsto en la anterior reforma.
La discusión también alcanza a la cuantía de las pensiones por varias vías. Las medidas en estudio podrían endurecer más el acceso a la jubilación con el 100% de la base reguladora, de modo que fueran necesarios más años de cotización. Hasta ahora se exigían 35 años, aunque la última reforma ya implica un incremento gradual hasta los 37 años en 2027. El informe del Ministerio reconoce al mismo tiempo que el futuro mecanismo de sostenibilidad podría afectar a la forma de cálculo de la base reguladora, sobre la que se estima el importe de las distintas pensiones.
Además, el documento de Empleo contempla que la revalorización de las pensiones se desvincule del índice de precios al consumo (IPC). Los pensionistas son compensados cada año por la desviación entre la subida de sus retribuciones que aprueba el Gobierno y el nivel de inflación, para lo que se tiene en cuenta el IPC interanual del mes de noviembre. La aplicación de este mecanismo fue suspendida el pasado año ante las dificultades del Ejecutivo para cumplir los objetivos de reducción del déficit.
Se plantea ahora suprimir esa actualización y que la revalorización de las pensiones se haga por un procedimiento distinto. Una de las posibilidades supone que las pensiones suban acompasadas con los salarios o con el comportamiento del producto interior bruto (PIB), lo que en una coyuntura adversa como la actual supondría un menoscabo económico para los jubilados. La conexión con el IPC ha sido utilizada durante décadas en España y en otros países para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
La reforma de las pensiones ya en vigor prevé que a partir de 2027 se aplique un «factor de sostenibilidad» que, cada cinco años, podría modificar las condiciones básicas de la jubilación, en función de la esperanza de vida de los españoles y de la situación financiera del sistema.
Aunque la aplicación de ese factor no está prevista hasta 2027, el Gobierno considera la posibilidad de anticiparlo, a petición de Bruselas.
El sistema puede retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 67 años después de 2027. No obstante, el Gobierno estudia también acelerar el retraso de la edad a los 67 años, que está previsto aplicar de manera diferida.
El «factor de sostenibilidad» también afectaría en ciertas circunstancias al número de años necesarios para cobrar el 100% de la jubilación y al cálculo de las bases reguladoras.
El informe del Ministerio de Empleo plantea también que las pensiones dejen de revalorizarse con arreglo al IPC, de modo que ya no estaría garantizado el poder adquisitivo de los pensionistas
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