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domingo, 16 de marzo de 2014

ESPAÑA: UN JUEZ LLEVA TRIBUNAL DE LUXEMBURGO LA LEY ANTIDESAHUCIOS DEL PP

Un juez lleva al Tribunal de la UE la ley 

antidesahucios del PP

El magistrado Jaime Anta González pregunta a Luxemburgo si la polémica Ley sobre deudores hipotecarios es "obstáculo" para la protección del consumidor, mientras de Guindos saca pecho por "solucionar los problemas de 4.000 familias hipotecadas"


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.
El titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander, Jaime Anta González, ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria. En concreto y entre otras cuestiones, pregunta al Tribunal de Luxemburgo si La Ley 1/13 de medidas de protección de los deudores hipotecarios es un "obstáculo" a la protección de los consumidores.
El juez de Santander plantea esta cuestión prejudicial ante la UE paramejorar la protección a los consumidores de la ley española. La respuesta europea al vencimiento anticipado puede causar gran impacto a las entidades bancarias que hayan incurrido en abusos, señala el TSJC en un comunicado.
El magistrado pregunta al Tribunal de la Unión Europea si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuando una cláusula de interés moratorio es considerada abusiva el juez debe deducir como consecuencia "la invalidez de todo tipo de interés moratorio", incluso aun cuando lo prevea una norma nacional y no debe considerarse "vinculado por el recálculo que pueda realizar el Banco".
La admisión de la tesis sobre el vencimiento anticipado tendría gran impacto en las entidades que hayan cometido abusos
Asimismo, pide al Tribunal de Luxemburgo que aclare si la reciente Ley española 1/13 de medidas para la protección de los deudores hipotecarios al prever un proceso de recálculo del interés moratorio se constituye en un "obstáculo" a la protección del consumidor.
En tercer lugar, el magistrado solicita al Tribunal Europeo que se pronuncie si, caso de considerarse abusiva la cláusula de vencimiento anticipado --que es la que permite dar por resuelto el contrato y tener por debidas todas las cantidades que el consumidor tenía que devolver al profesional pero en un largo plazo--, debe entenderse "por no puesta" y deducir las consecuencias que procedan aun cuando el profesional haya esperado el tiempo mínimo "previsto en la norma nacional".
La admisión por el Tribunal de Luxemburgo de esta tesis sobre el vencimiento anticipado supondría un gran impacto a las entidades financieras que hayan incurrido en abusos. La cuestión fue remitida el pasado 19 de noviembre, ha quedado admitida a trámite en el TJUE y estápendiente de estudio por sus servicios jurídicos.

Ejecución hipotecaria

La cuestión prejudicial surge en el curso de un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que elBanco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) reclamaba 66.700 euros de principal y 20.000 de intereses a una pareja por el impago entre julio y octubre de 2012 de cuatro cuotas de una hipoteca que habían suscrito con la entidad bancaria en junio de 2008 por valor de 80.000 euros.
En ese contrato se pactaron, entre otras cláusulas, un interés de demora del 20% así como la declaración por parte del banco del vencimiento anticipado del préstamo por falta de pago "de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses".
El juez considera nula por abusiva la cláusula del interés moratorio del 20%
Presentada la demanda de ejecución hipotecaria por el banco en mayo de 2013, el juez acuerda de oficio considerar nula por abusiva la cláusula de interés moratorio del 20% y ordena que se continúe la ejecución sólo por el principal y reduce las costas a que puede aspirar el banco. El banco interpone recurso de reposición en el que invoca la Disposición Transitoria nº2 de la Ley 1/2013, de medidas para la protección de los deudores hipotecarios.
Por otro lado, los clientes se opusieron a la ejecución hipotecaria al entender abusiva la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario.
El magistrado decide elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial acerca de cuál debe ser su actuación si considera abusivas las cláusulas de interés moratorio y de vencimiento anticipado, teniendo en cuenta la Directiva 93/13/CEE y la legislación nacional.

Jurisprudencia TJUE

Al plantear la cuestión prejudicial el magistrado recuerda que la citada Directiva "establece un sistema de protección basado en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional", lo que "le lleva adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en su contenido", e invoca abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La nueva legislación introduce, entre otras novedades, que el vencimiento anticipado se podrán llevar a cabo "si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor", al tiempo que sobre las cláusulas del interés de demora establece que "no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero".
Señala el magistrado que si el juez español pudiera integrar las cláusulas abusivas fijando un nuevo tipo de interés de demora "se pondría en peligro" el "efecto disuasorio" que busca la Directiva 93/13/CEE. "Dicho en castellano con el efecto disuasorio se proclama la necesidad de dar un escarmiento" al profesional que haya incorporado cláusulas abusivas a sus contratos, aclara el juez, quien considera que la Directiva trata de evitar que vuelva a suceder.
Y así es como venía procediendo el titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander cuando consideraba que el tipo de interés era abusivo lo dejaba en cero; criterio confirmado por la Audiencia Provincial de Cantabria.
En este punto, el magistrado señala que la Ley de medidas para la protección de los deudores hipotecarios trastoca el escenario al suscitar "un proceso de recálculo" que trata de obliga a estar al tope del interés moratorio, esto es, tres veces el interés legal de dinero. A su juicio, lo propio sería que el interés moratorio fuera expulsado totalmente del contrato.

Discrepancias de criterios tras la Ley 1/2013

Añade el juez que "en la práctica jurisprudencial se está manifestando una gran discrepancia de criterios" entre quienes entienden que si el tipo de mora es abusivo debe dejarse en tres veces el interés legal del dinero (normalmente el 12%) quienes creen que debe ser el del interés del dinero (normalmente el 4%) y quienes estiman que el tipo de mora, al ser considerado abusivo, debe desaparecer y pasar a ser el 0%.
Por eso, expresa sus dudas sobre cuál de estas interpretaciones se ajusta a la Directiva de Consumo y reclama del TJUE que aclare cuál es la más correcta.
El vencimiento anticipado en el caso analizado la cláusula es ilegal, según el juez
A su juicio, la nulidad --con desaparición del interés de mora si es abusivo -- "tiene un componente sancionatorio que no debe ser desdeñado" y añade que "no es justo que el profesional infractor que predispone un pacto abusivo de intereses moratorios pueda obtener el interés legal" porque "supondría equiparar el infractor con el que no pactó ningún interés moratorio".
Por ello, se pregunta si la Disposición Transitoria nº2 de la Ley 1/2013 "es conforme a la Directiva al imponer un proceso de recálculo de un tipo de interés moratorio abusivo tomando como referencia el triple del interés legal" y pide al Tribunal europeo que aclare "si supone una limitación de la tutela del consumidor". Además, extiende esta cuestión a la interpretación jurisprudencial del artículo 1.108 del Código Civil y de otras normas españolas.

Vencimiento anticipado

En cuanto al vencimiento anticipado señala el juez que en el caso analizado la cláusula es ilegalporque permite ejercer esta figura ante el impago de cualquier fracción del préstamo cuando la nueva legislación señala un mínimo de tres meses de impago.
Como la entidad bancaria esperó cuatro meses de impago del consumidor lo que se pregunta el juez es "si esta estrategia unilateral del banco no constituye una integración prohibida" por el Tribunal europeo y si el efecto disuasorio de que habla el TJUE "se compadece con que el Banco que ha forzado un pacto abusivo salve su nulidad con el sencillo expediente de esperar a que pase tiempo", apostilla.

Guindos saca pecho por "solucinar los problemas de 4.000 familias

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que las medidas puestas en marcha por su departamento en relación con las hipotecas y los desahucios han permitido "solucionar los problemas" a más de 4.000 familias españolas, que se han beneficiado de unas 600 daciones en pago y de casi 1.700 reestructuraciones de deuda. Así lo ha explicado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde la diputada socialista Leire Iglesias le ha preguntado por las cláusulas suelo y le ha requerido que garantice su anulación y la devolución del dinero a los afectados por abusos. En su respuesta, el ministro ha asegurado que el Gobierno ha actuado con "diligencia, transparencia y protección a los clientes del sector financiero, especialmente a los deudores hipotecarios, como hace siempre".

lunes, 3 de marzo de 2014

ESPAÑA: LA ALCALDESA DE MARBELLA INVIRTIO 3,1 MILLONES EN UN BANCO DE LUXEMBURGO


Una sociedad de la alcaldesa de Marbella invirtió 3,1 millones en un banco de Luxemburgo en 2010

Angeles Muñoz contrató un seguro de vida mediante un crédito hipotecario garantizado con su mansión, valorada en 4,7 millones de euros
Una asociación de víctimas de Nordea Bank S.A. se pregunta si la transacción con la entidad bancaria forma parte de un plan diseñado para defraudar al fisco español en el impuesto de sucesiones
La regidora no hizo constar el crédito de Nordea Bank en su declaración municipal de bienes de 2011, pero sí otros préstamos

Ángeles Muñoz: "En las próximas semanas, con seguridad, se sabrá el candidato y pesará el sentimiento del PP-A"
La sociedad Crasel Panorámica SL, de la que es propietaria al cincuenta por ciento la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), recibió en 2010 un crédito de 3,1 millones de euros por parte de la entidad bancaria Nordea Bank SA, radicada en el considerado paraíso fiscal de Luxemburgo. El dinero quedó invertido en la entidad bancaria, al contratar un seguro de vida asociado a una cartera de inversiones. Como aval se hipotecó la lujosa mansión de Muñoz, valorada en 4,7 millones de euros.
La asociación Equity Release Victims Association (Víctimas de la Hipoteca Inversa Extranjera), un colectivo de afectados por el citado banco, sostiene que los 3,1 millones de euros permanecen invertidos en dicho país europeo y se pregunta si el producto financiero contratado por Muñoz le servirá para evitar en el futuro impuestos como el de sucesiones en España, al suscribir con Nordea un seguro de vida para su marido y copropietario de la mercantil, Lars Broberg. De hecho, informa de ello en su página web.
El Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio en el que se determina la lista de los paraísos fiscales incluye a Luxemburgo. El Gran Ducado se ha comprometido a facilitar información fiscal a España a partir de 2015, pero por ahora no la proporciona. Fuentes de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción consultadas destacan la "habitual falta de colaboración y opacidad" por parte de las autoridades luxemburguesas.
Erva, que agrupa a damnificados de nacionalidad extranjera –con viviendas en España– afectados por prácticas presuntamente fraudulentas y de publicidad engañosa de varios bancos, descubrió las vinculaciones de la empresa de la alcaldesa con este banco de Luxemburgo tras rastrear los Registros de la Propiedad de Marbella. 
Buscaban inmuebles sobre los que pesara algún crédito de Nordea Bank SA. Allí dieron con la mansión que constituye la (primera) vivienda principal de Muñoz. Se trata de una lujosa propiedad ubicada en el vecino municipio de Benahavís.
Tal y como ha corroborado eldiario.es, en el Registro de la Propiedad Número 4 de Marbella figura inscrita esta finca, con una superficie de 2.700 metros. En la nota simple en poder de este medio consta "una hipoteca a favor de Nordea Bank S.A. para responder de 3.100.000 euros de principal con un plazo de amortización de 120 meses, con fecha de vencimiento del 21 de octubre de 2020". Además, en el documento público aparece un "valor de subasta de 4.744.424,96 euros". Se trata de la tasación del inmueble.
En la denuncia presentada contra Nordea Bank SA por el colectivo de afectados ante la Agencia Tributaria, interpuesta por el abogado Antonio Flores, responsable de la firma Lawbird en Marbella, se explica el tipo de producto financiero que correspondería al que contrató la alcaldesa a través de su sociedad. 
Se concedió un préstamo hipotecario sobre una vivienda previamente sin cargas y la inversión del capital de este préstamo va destinado a un producto de seguro de vida llamado Unit-Linked en Luxemburgo. 
Todo ello con el propósito, según la publicidad que adjunta Flores, de evitar el pago del Impuesto de Patrimonio en vida del subscritor del producto, y el de Sucesiones a la muerte de este.
El mecanismo de "elusión" (evitación) fiscal consiste en la reducción del valor de la vivienda –debido a la carga que pesa sobre ella–. De ese modo se reduce la base imponible, mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad de una hipoteca ad hoc. Todo ello en garantía de un préstamo hipotecario cuyo montante se invierte, por parte y bajo el control de la denunciada Nordea Bank SA en Luxemburgo.
En la web puesta en marcha por Antonio Flores, donde sus clientes canalizan denuncias, estos se preguntan si "Nordea Bank ayudó a la alcaldesa de Marbella a evadir impuestos al fisco español", recalca el letrado. "El banco no entrega un dinero en mano, exige que se quede en Luxemburgo". De hecho –acota Flores– "la intención de Nordea Bank es que el producto financiero contratado quede oculto fuera de España". 
Según la "abundantísima publicidad" aportada por la asociación ERVA ante Hacienda, a la muerte del prestatario las prestaciones del seguro de vida se cobran por el heredero/beneficiario del seguro de vida en Luxemburgo, estando exento del pago del Impuesto sobre Sucesiones en España.

No reflejó el crédito en su declaración de bienes de 2011 

Se da la circunstancia de que en la declaración de ingresos, actividades, intereses y bienes patrimoniales que presentó Ángeles Muñoz el 10 de junio de 2011 –cuando accedió a la Alcaldía de Marbella por segunda vez– no aparece ninguna mención relativa al crédito hipotecario contraído con Nordea Bank SA en 2010. Sin embargo, sí consta un préstamo por 135.475 euros con BBVA, así como otro de 474.050 euros con la entidad Nordeck Perd.
En esa declaración pública de bienes, que puede consultarse en la web del ayuntamiento marbellí, la primera edil declara poseer 44.174 participaciones de Crasel Panorámica SL, que ascienden a la suma de 44.174 euros. Esta cantidad supone el 50 por ciento que le corresponde a ella como copropietaria de la sociedad. El resto de las participaciones están en manos de su marido, el promotor inmobiliario Lars Broberg, como tiene constatado documentalmente eldiario.es.
Se da la circunstancia de que la sociedad mencionada no ha depositado sus cuentas ante el Registro Mercantil desde 2008.
Crasel Panorámica SL, propietaria a todos los efectos de la mansión donde reside Muñoz desde principios de los años 2000, tiene como administrador único al abogado marbellí y ex teniente de alcalde del GIL Juan Luis Balmaseda. Se trata del letrado personal y "amigo entrañable" de la familia Broberg "desde hace 23 años", como él mismo reconoció públicamente y por escrito en 2009.
El jurista malagueño Antonio Flores, especializado en la representación de  víctimas de estafas y fraudes inmobiliarios en la Costa del Sol, sostiene que los 3,1 millones de euros que la entidad bancaria entregó a la sociedad de la regidora "están invertidos en Luxemburgo".
Todo comenzó cuando una serie de clientes notificó a la firma Lawbird que Nordea les reclamaba una cantidad de dinero y, si no se la daban, ejecutarían los préstamos haciéndose con sus viviendas. "Descubrimos que lo que habían hecho mediante la publicidad engañosa es ofertar un producto de evasión fiscal. Lo llamo así porque así lo tiene declarado la Hacienda Pública, en una resolución de la dirección general de tributos", denuncia Flores.
Este abogado cree que la alcaldesa "debe aclarar si es víctima de Nordea Bank SA". En tal caso, añade, "sería bueno saber si ha denunciado" al banco luxemburgués.
Al responsable de Lawbird le llama la atención que la sociedad de Ángeles Muñoz haya contratado un producto financiero con Nordea Bank SA "por un plazo de diez años sobre una vivienda que no tenía cargas previamente". De hecho, sobre la residencia de la alcaldesa no consta carga alguna antes de 2010 habiéndola adquirido por compraventa el 3 de julio de 2001 y haber efectuado una declaración de obra nueva el 29 de octubre de 2007, tal y como ha constatado este medio de comunicación.
El producto que adquiere la sociedad de la alcaldesa "se vende como de planificación fiscal y Hacienda dice que eso es un fraude". Se produce una situación de "potencialidad de fraude fiscal", sostiene Antonio Flores, porque el "hecho imponible", que es el fallecimiento de algún titular de ese producto, "determinaría poder deducirse del caudal relicto" (la herencia) las deudas que gravan los bienes, minorando la base imponible en el importe de 3,1 millones de euros (al objeto de deducirse el impuesto de sucesiones) en un momento futuro, concluye Flores.

Suscribió un seguro de vida y lo vincula a un banco sueco

Angeles Muñoz ha asegurado este domingo a eldiario.es que "Nordea es luxemburgués, tiene sede en Luxemburgo pero es un banco sueco".
Sostiene la regidora que "es el banco que siempre ha utilizado mi marido y nosotros no hemos tenido ningún problema con ellos", ha expuesto al negar ser víctima de cualquier irregularidad obra de Nordea Bank S.A.
Todas las fuentes consultadas para la elaboración de esta información, incluidas las de la Agencia Tributaria, sostienen que Nordea Bank SA, nombre textual de la entidad con la que contrató el producto financiero la sociedad de la alcaldesa, "es el nombre de la entidad con sede en Luxemburgo, al margen de que la compañía tenga una filial en Suecia", recalcaron.
Muñoz aclaró lo siguiente: "Yo tengo un seguro de vida precisamente para poder hacer frente al impuesto de sucesiones. Desgraciadamente en Andalucía mientras sigan gobernando los socialistas tendremos que tener un seguro de vida para hacer frente al impuesto de sucesiones", reiteró insistentemente.
"Como no se trata del Ayuntamiento de Marbella  y es un asunto mío privado no creo que haya que reflejarlo ni dar yo ninguna explicación".
Muñoz, flamante miembro de la nueva ejecutiva del PP andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, declinó dar más explicaciones al respecto.
Tampoco explicó por qué no reflejó en su declaración de bienes de 2011 ante el consistorio marbellí el préstamo de 3,1 millones de euros suscrito con Nordea un año antes.

viernes, 31 de enero de 2014

ESPAÑA: EL DUEÑO DE PANRICO PAGA EN LUXEMBURGO Y PIDE AYUDAS A ESPAÑA


El dueño de Panrico elude impuestos vía 

Luxemburgo y pide ayudas en España
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Panrico está pidiendo subvenciones a cada una de las comunidades autónomas donde tiene sus fábricas -Cataluña, Madrid, Castilla y León, Andalucía y Aragón- pese a que su propietario, el fondo de inversión Oaktree, tiene a la matriz de la empresa en Luxemburgo para ahorrarse impuestos.

De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, el accionista único del fabricante español de bollería, propietario de marcas como Donuts o Bollycao, es Circle 3 Luxembourg Holding, una sociedad instrumental domiciliada en el Gran Ducado, que controla la totalidad de los derechos de voto.

De hecho, las últimas cuentas que Panrico ha enviado al Registro, las correspondientes al año 2012, que hubo que reformular, no están firmadas en Barcelona, donde se encuentra su sede social, sino en Luxemburgo. Fue el pasado 11 de octubre, con la compañía en preconcurso de acreedores y pidiendo ya ayuda financiera a los gobiernos autonómicos.

Diferencias fiscales


Invirtiendo a través de una sociedad luxemburguesa, los dividendos y ganancias patrimoniales que Oaktree pudiera obtener en España, incluidas las de una posible venta en el futuro de su participación en Panrico, tributan sólo al uno por ciento. Además, Oaktree no tiene que tributar por los ingresos derivados de los intereses que Panrico le tenga que pagar por los préstamos concedidos, por un importe total de algo más de 70 millones.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, explica, no obstante, que "como la sociedad está en pérdidas, la matriz habrá aplazado el pago de los intereses, por lo que la principal ventaja en este momento es la facturación de servicios", que están exentos de IVA en Luxemburgo. Es decir, Circle Holding puede facturar a la compañía española, incrementar así sus gastos operativos, y no tener que tributar por ello por los ingresos recibidos.

"Hay empresas que incluso tienen la propiedad de sus marcas registrada a favor de una matriz en Luxemburgo y pagan un canon por ello", explica Mollinedo, que recuerda que mientras que esos servicios facturados estén acreditados se produce sólo una elusión fiscal, es decir, ingeniería financiera completamente legal. El problema es cuándo no lo están, porque entonces habría fraude, algo que por ahora no se ha demostrado en Panrico.

En cualquier caso, la empresa, que tiene centros de producción en Santa Perpetua (Barcelona), Paracuellos del Jarama (Madrid), Zaragoza, Puente Genil (Córdoba) y Valladolid, tiene que abonar en España el impuesto de Sociedades por su actividad.

Plan de viabilidad


En los últimos cinco años Panrico, que ha esquivado por ahora el concurso de acreedores, ha perdido 710 millones de euros debido, según aseguran desde Oaktree, a los elevados costes de producción, a la competencia de la marca blanca y a la caída en el consumo de sus productos por la recesión económica.

El 25 de septiembre de 2013 la dirección planteó un plan de viabilidad con un expediente de regulación de empleo que afectaba, en principio, a 1.914 personas (casi la mitad de la plantilla) y una reducción del sueldo de entre el 35 y el 45 por ciento para los que se quedaran.

Los sindicatos rechazaron esta propuesta y se movilizaron contra su aplicación, llegando incluso a una huelga indefinida en algunas plantas, como la de Barcelona, que está paralizada desde el 12 de octubre y que podría ser cerrada en breve. Aunque finalmente el 14 de noviembre se llegó a un preacuerdo que conllevaba 745 despidos y una rebaja salarial del 18 por ciento, el actual consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, no ha cesado de reunirse con distintos dirigentes autonómicos para pedirles dinero a cambio de mantener abiertas las instalaciones.

En los últimos años, la mayor parte de las autonomías ha concedido ya subvenciones millonarias a Panrico, aunque algunas como Andalucía, que ha dado 6,6 millones, han anunciado que exigirán la devolución de las mismas si la empresa no cumple la normativa de incentivos para mantener el empleo.
Oaktree se hizo fuerte en Panrico en el año 2012. En ese momento llegó a un acuerdo con su anterior propietario -otro fondo de inversión denominado Apax Partners, que también había situado a la matriz en Luxemburgo- para reestructurar el pasivo de la empresa, que se elevaba entonces a 380 millones y capitalizar su deuda. Con ello, el fondo norteamericano incrementó su participación del 20 al 86%, para llegar al cien por cien el pasado junio.

La compañía se quedó así sin deuda financiera, pero con préstamos participativos concedidos por su matriz luxemburguesa, que se contabilizaron como fondos propios. Panrico cerró 2012 con una facturación de 513,5 millones de euros y unas pérdidas de 98,3 millones, tres veces menos que los 278 millones que perdió en un año antes.
FUENTE

lunes, 27 de enero de 2014

ESPAÑA: LA JEFA DE COCACOLA TIENE MAS DE 850 MILLONES EN LUXEMBURGO Y NO TRIBUTA EN ESPAÑA


La jefa del embotellador de Coca-Cola controla 

su fortuna desde Luxemburgo

Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola Iberian Partners, el nuevo embotellador único de la compañía en España y Portugal, tiene una fortuna estimada, según distintos medios, de más de 850 millones de euros. Calcular la cifra exacta es una tarea prácticamente imposible, debido al complejo entramado de sociedades sin consolidar. Sea cuál sea su patrimonio, lo único cierto, según los datos del Registro Mercantil, es que la matriz de casi todos sus negocios está en Luxemburgo, un país que ofrece numerosas ventajas fiscales frente a España.

Daurella es la administradora única de Begindau, una sociedad instrumental que contaba a 31 de diciembre de 2012 con un patrimonio de algo más de 150 millones de euros. Se trata de una firma domiciliada en Barcelona pero cuya sociedad matriz es Indau Sarl, una firma luxemburguesa. Es una operativa completamente legal, pero con la que, según los expertos consultados por este periódico, Daurella estaría buscando un ahorro en su factura fiscal en España.

Éste se lograría, fundamentalmente, a través del reparto de dividendos, ya que la empresaria catalana no tendría que tributar por ellos aquí, sino en Luxemburgo. Y Begindau, que encabeza un grupo muy importante de sociedades, a pesar de no consolidar sus cuentas, ha pagado entre 2011 y 2012 unos 2 millones de euros en dividendos.

Una sociedad clave

Prueba de la importancia de esta sociedad es que Daurella controla a través de ella un 36,46% en Cobega -la embotelladora catalana de Coca-Cola, fusionada ahora con el resto de operadores de la Península, pero que mantiene su propia personalidad jurídica y negocios individuales-; un 0,2% del Banco Sabadell o el 21,9% de la sociedad de inversión en capital variable Surfup, entre otras participaciones. Son inversiones que han permitido a Daurella alzarse a los puestos más altos del podium entre las mujeres más ricas de España.

Natural de Barcelona, nieta del primer embotellador de Coca-Cola y casada con Carles Villarrubí, un empresario muy ligado a CiU, vicepresidente actualmente del FC Barcelona, la empresaria catalana ha sido unas de las principales artífices de la integración de los siete embotelladores españoles del líder mundial de los refrescos en una nueva empresa. Como presidenta primero de Cobega y ahora de Coca-Cola Iberian Partners se ha visto obligada, sin embargo, a tomar una decisión nada fácil: cerrar cuatro fábricas y recortar 750 empleos para evitar las duplicidades surgidas tras la fusión de las antiguas compañías.

Un 20% de la plantilla

El plan afectará, no obstante, a un total de 1.250 empleados, lo que supone alrededor de un 20% de la plantilla, porque a los que no sean despedidos u opten por la prejubilación, se les ofrecerá una recolocación interna. La compañía ha anunciado, en concreto, el cierre de sus fábricas en Alicante, Colloto (Asturias), Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid), manteniendo en cambio abiertas las plantas de A Coruña, Bilbao, Barcelona, Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

Los sindicatos rechazan de plano el ERE presentado, sobre todo porque Coca-Cola sigue siendo en España una empresa muy rentable, a pesar de haber reducido sus ventas y beneficios. El año pasado, las antiguas embotelladoras, hoy fusionadas, alcanzaron una facturación de 3.660 millones de euros y en los dos últimos años han obtenido un beneficio global de casi 800 millones de euros.

Ante todo ello, la respuesta por parte de los representantes de los trabajadores ha sido inmediata, convocándose en todas las plantas en España los paros parciales durante cuatro días en febrero y paros totales fijados para dos días de la segunda mitad del mismo mes.

En concreto, y según anunció el pasado viernes la secretaria general de la Federación Agroalimentaria de Baleares de UGT, Rosa García, todas las plantas de la compañía realizarán paros de dos horas al principio de cada turno los días 4, 6, 11, y 13 de febrero y además los días 18 y 20 del mismo realizarán paros de 24 horas. Para la plantilla, la mejor noticia, al menos, es que casi la mitad de los 750 despidos previstos, se articularán mediante prejubilaciones.

Sol Daurella afronta así uno de los retos más complicados de su carrera: tendrá que dirigir ahora las negociaciones con los sindicatos e intentar mantener la paz social en la compañía, en un momento muy difícil.
FUENTE

lunes, 7 de octubre de 2013

EL FISCAL BUSCA DINERO DE DIAZ FERRAN EN HONG KONG, MONACO Y LUSEMBURGO


El fiscal busca dinero de Díaz Ferrán en Hong Kong, Mónaco y Luxemburgo


diaz ferran
La Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Udef, la unidad de delitos económicos y fiscales de la policía, está investigando posible patrimonio oculto del expresidente de la CEOE y antiguo dueño de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en, al menos, doce países.
Según han confirmado fuentes próximas a la investigación, los esfuerzos se están centrando en este momento en Hong Kong, Mónaco, Luxemburgo, Lichtenstein, Malta, Panamá, Irlanda, Holanda, además de Chipre y Suiza, donde se ha detectado ya dinero a nombre de su testaferro, Ángel de Cabo, y de México y Estados Unidos, donde tenía fincas y patrimonio inmobiliario.
La policía sospecha que Díaz Ferrán podría, no obstante, haber estado ocultando dinero a través de una red de sociedades pantalla en otros paraísos fiscales, por lo que no se descarta ampliar la investigación en marcha.
De acuerdo con las fuentes consultadas, De Cabo, que operó también como testaferro de la familia Ruiz-Mateos, podría haber mostrado ya su disposición a colaborar con la justicia en el esclarecimiento del caso, admitiendo que el dinero encontrado hasta ahora a su nombre no es suyo, sino de Díaz Ferrán.

Al descubierto

En julio de 2012, la Policía descubrió ya que el expresidente de la CEOE y el empresario valenciano habrían desviado a Suiza un total de 4,9 millones de euros procedentes de una filial irlandesa del Grupo Marsans, Astra Worldwide International, según consta en un informe de la unidad policial de la Udef.
Ese dinero, depositado en una cuenta corriente a nombre de De Cabo pero perteneciente, según la policía, a Díaz Ferrán, fue inmediatamente bloqueado por la Fiscalía de Ginebra. En la misma línea también, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del denominado Caso Crucero, bloqueó también el pasado septiembre cuentas bancarias en Chipre a nombre del liquidador del Marsans por valor de 260.000 euros. Son los saldos que la entidad Plyntari Limited tenía en el Bank of Cyprus de Limasol, la capital chipriota.
De Cabo y uno de sus directivos, Iván Losada, ingresaron en prisión, junto a Díaz Ferrán, el pasado 5 de diciembre de 2012 después de que el juez Velasco les impusiera, respectivamente, sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, que después la Sección Segunda de la Sala de lo Penal rebajó en marzo pasado a 15 y 10 millones de euros respectivamente.
La cuestión ahora está en saber cuánto dinero podría haber ocultado en total Díaz Ferrán con la ayuda de De Cabo. El juez Eloy Velasco sospecha que son al menos 50 millones y lo peor es que el entramado no ha dejado de funcionar ni con él en prisión. De hecho, el pasado junio ordenó la intervención de hasta 44 sociedades para poner freno a sus maniobras.

viernes, 9 de agosto de 2013

HALLAN EN LUXEMBURGO 400.000 EUROS, QUE OCULTABA URDANGARIN EN ANDORRA


La Policía halla en Luxemburgo los 400.000 euros que Urdangarin ocultaba en Andorra

El duque de Palma ha exigido a la Audiencia Nacional que considere prescritos los posibles delitos fiscales que cometiera entre 2003 y 2005. Los investigadores siguen acumulando pruebas del desvío de fondos para fijar una fianza millonaria de responsabilidad civil. 



Las sospechas de presunto alzamiento de bienes por parte de los integrantes de la trama Nóos, lejos de disiparse, se siguen multiplicando semana a semana.
La Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción han logrado localizar los 400.000 euros que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres retiraron de una cuenta en Andorra justo cuando el juez Castro ordenó su bloqueo. Los fondos desviados, procedentes del Instituto Nóos, se han localizado en Luxemburgo, lugar al que habrían ido a parar un total de 1,4 millones de euros públicos desviados por el duque de Palma, según publica este miércoles el diario ‘El Mundo’. 
Siguiendo una operativa considerada como "muy rudimentaria" por los investigadores, el dinero fue ingresado en sucesivas pequeñas aportaciones en una cuenta bancaria conjunta en el Principado, para ser trasvasados a continuación hasta el ducado centroeuropeo.
El Ministerio Público atribuye a Urdangarin y a Diego Torres la propiedad, tanto de la cuenta andorrana como de la luxemburguesa, que en los últimos años fue engordando con los fondos de Nóos que se evadían a través de una tapadera en el paraíso fiscal de Belice, De Goes Center for Stakeholder. Dicha sociedad, administrada por un testaferro panameño, se utilizó para colocar al menos un millón de euros en el Caribe.
Los investigadores siguen acumulando pruebas del desvío de fondos por parte de Urdangarin y su mano derecha para así fijar contra ellos una fianza millonaria de responsabilidad civil. Uno de los mecanismos empleados para el alzamiento de bienes que ya ha sido localizado tiene que ver con la imputación de la mujer de Torres, Ana Tejeiro, a la que interceptaron 300.000 euros de Nóos, procedentes de un fondo suizo, que pretendía ingresar en efectivo en cuentas a su nombre en Barcelona y Alicante. 
Urdangarin dice que sus posibles delitos entre 2003 y 2005 ya han prescrito
El Duque de Palma ha reclamado a la Audiencia Provincial de Palma que, si del informe que la Agencia Tributaria de Catalunyase desprende que incurrió en posibles delitos fiscales en relación a 2003, 2004 y 2005, se declaren prescritos y "no sean valorados a efectos procesal o penal alguno".
Así lo expone su letrado, Mario Pascual Vives, en el recurso de apelación que ha interpuesto contra uno de los últimos autos del juez instructor de las pesquisas sobre el Instituto Nóos, José Castro, quien, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha solicitado a la Delegación de Hacienda de Catalunya datos fiscales de Nóos y de las entidades a él vinculadas referentes a esos años.
En su recurso, la defensa asegura que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, así como el Código Penal, establecen que la prescripción "es causa de extinción de la responsabilidad penal". "En consecuencia, si el delito está prescrito no hay ni puede haber responsabilidad penal ", incide el abogado.
Por tanto, recalca que "por obvio que parezca, si los ejercicios fiscales de cualquier empresa correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005 están prescritos", no pueden ser investigados en sede penal.