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lunes, 10 de febrero de 2014

ESPAÑA: DOCUMENTO: COSPEDAL OBLIGA A FAMILIAS SIN RECURSOS A DEVOLVER EL IMPORTE DE LAS BECAS


La Junta obliga a familias sin recursos a devolver el importe de becas: "Los pobres no podemos mandar a nuestros hijos a estudiar"

El padre del joven de Villanueva de la Fuente que estudiaba en Valdepeñas un módulo de electricista, explicaba a dclm.es que, a la difícil situación que atraviesan, hay que añadir la devolución del importe de la beca del curso anterior. Hace unos días recibían una carta de la Consejería de Educación en la que les obligan a reintegrar la ayuda concedida.



CARTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN






CARTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
A las dificultades que muchas familias tienen para llegar a fin de mes, hay que añadir las medidas que está adoptando el Ejecutivo de Cospedal, en este caso, en materia de Educación.

Una familia numerosa de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) ha recibido una carta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en la que les notifican que tienen que "reintegrar en el plazo de dos meses" la cantidad de 3.181 euros "abonada en su día", porque el alumno "no ha superado el 50% de las asignaturas o créditos matriculados, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria, por lo que no le corresponde la ayuda adjudicada".

Hay que recordar que, hasta ahora, cuando un estudiante no superaba el número de asignaturas establecido como mínimo, el alumno/-a perdía la beca del curso siguiente, pero en ningún caso le obligaban a devolver la del curso para el que había sido concedida, siempre que se mantuviera la matriculación.

El padre del joven de 19 años de Villanueva de la Fuente que estudiaba un módulo de electricista en el instituto Gregorio Prieto de Valdepeñas (Ciudad Real), aseguraba en declaraciones a dclm.es que se han puesto en contacto con la Consejería de Educación y les dijeron que "había que devolverla o nos la meterían por Hacienda".

Ante lo sucedido, el joven no se ha podido matricular este año porque no tienen recursos para que él se pueda desplazar todos los días a Valdepeñas a seguir estudiando, con lo que suponen los gastos de transporte, material, libros, etc., y aún más teniendo en cuenta que deben devolver el importe de la beca concedida para el curso anterior.

Esta familia, que tiene a otras dos jóvenes estudiando –una, 4º de la ESO en el propio municipio, y otra en Madrid haciendo la carrera de Medicina, ésta última tiene una beca- lo tiene muy difícil para hacer frente a la devolución de la beca de su hijo, ya que el padre solo recibe una ayuda por invalidez del 55% -unos 390 euros al mes- y a la madre se le termina este mes la prestación por desempleo de 426 euros. "Habrá que pedir un préstamo al banco para poder pagar", comentaba el padre del alumno a dclm.es, quien añadía que esto "no está bien" porque "con este sistema que han sacado los pobres no podemos mandar a nuestros hijos a estudiar".

viernes, 22 de noviembre de 2013

LA JUNTA DE ANDALUCIA CONCEDE 6,5 MILLONES A UGT EN PLENO ESCANDALO ERE


La Junta concede otros 6,5 millones a UGT en pleno escándalo

El sindicato recibirá el doble de dinero que CC.OO. y 14 veces más que Cruz Roja




La Junta concede otros 6,5 millones a UGT en pleno escándalo
La Junta de Andalucía afirma públicamente que hay que investigar a UGT... pero sigue inyectándole dinero púbico. El sindicato socialista recibirá el gran bocado del programa de orientación a desempleados, una iniciativa de la Junta de Andalucía en el que se subvenciona a entidades externas a la Administración para que ayuden a personas paradas a encontrar un trabajo.
Concretamente, recibirá más de 6,5 millones de euros, a años luz de lo que se ha destinado a otras entidades con similar implantación en el conjunto de la comunidad autónoma. El programa se divide en recursos para organizaciones que tiene una estructura en toda la región (donde el sindicato recibe la cantidad millonaria) y aquéllas que han acudido al dinero que se destina por provincias. El primero se ha resuelto en los servicios centrales (la Dirección General de Políticas Activas de Empleo) y el segundo, en las delegaciones territoriales de Economía de cada una de las provincias.
El momento de la adjudicación no puede ser más revelador. UGT se encuentra en medio de un fenomenal escándalo sobre la utilización de los fondos de las políticas para activas de empleo tanto para cuestiones que nada tienen que ver con los cursos de formación (fiestas, mariscadas…) o para la propia financiación del sindicato por medio de supuestos descuentos comerciales a sus proveedores. La Junta de Andalucía tiene abierto un procedimiento de justificación de fondos y la juez Mercedes Alaya instruye una causa penal para dilucidar si se produjeron ilícitos punibles.
Los 6,5 millones para UGT —aparecen en la resolución provisional colgada en la oficina virtual del Servicio Andaluz de Empleo— están a años luz de lo que van a recibir otras entidades que se dedican, también, a este tipo de actividades de formación. Según el documento oficial, a Comisiones Obreras se le autorizan proyectos por algo menos de la mitad, 2.853.120 euros. Para darse cuenta de las magnitudes, a CC.OO. se le han autorizado 20 puntos de atención a desempleados con 93 personas, bien técnicos, bien personal de apoyo. A UGT, la resolución le reconoce 53 actividades de inserción de desempleados con 242 empleados. El caso de Comisiones tiene un elemento añadido. Ha quedado como «suplente» de proyectos por valor de casi cinco millones de euros.
En el sector, el resultado del concurso de la Junta ha causado estupor. Se trata de actuaciones competitivas aunque los técnicos reconocen son iniciativas estándar con protocolos fijados previamente. Era una de las pocas oportunidades que tenían las entidades que trabajan en esta materia por desarrollar iniciativas para apoyar a las desempleados. La queja, recabada por este periódico, es que los escándalos surgidos no han servido de gran cosa de cara a la Junta, que parece no haberse dado por enterada. Paralizada buena parte de las iniciativas de las políticas activas de empleo, directivos consultados por ABC aseguran que era de las pocas oportunidades por acceder a programas oficiales.
Según la documentación disponible, sólo la Dirección General de Políticas Activas de Empleo ha repartido (está repartiendo, de hecho, porque no la resolución no es definitiva) 24,8 millones en el programa de orientación. Las bases explican que, en función de la disponibilidad presupuestaria, se podría llegar a una cifra tope de 50 millones para este tipo de actividades.
Los servicios centrales de la Junta han repartido subvenciones entre 24 entidades por lo que la media de la ayuda ronda el millón de euros. Se trata de una cantidad que hay que explicar. Según el desglose, la Unión General de Trabajadores, recibirá una cantidad que multiplica por ocho los programas autorizados a todas las Cámaras de Comercio juntas. A la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía, por ejemplo, se le han asignado 740.943 euros (nueve iniciativas con 27 técnicos) por los 705.268 euros de las entidades camerales (11 proyectos de apoyo con 25 empleados). UGT recibirá 14 veces más que la Cruz Roja, 453.000 euros.

miércoles, 9 de octubre de 2013

LA JUNTA DE COSPEDAL SE RETRACTA DE LA DISPENSA PARA IR A MISA, Y OBLIGA AHORA A RECUPERAR ESE TIEMPO


La Junta de Cospedal se retracta de la dispensa para ir a misa, y obliga ahora a recuperar ese tiempo

El Gobierno castellano-manchego dice que confundió el permiso retribuído con la flexibilidad horaria que se había dado otros años. Envió un email reconociendo su "error" una vez que ya se había celebrado el oficio religioso


La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal.
El revuelo mediático provocado, el rechazo de los castellano-manchegos o, en efecto, la asunción de un error. Sea cual sea la razón, la Junta de Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido que se equivocóal enviar el pasado jueves un email (ver PDF) a todos los trabajadores de la Consejería de Agricultura de la comunidad anunciándoles que se les concedería una dispensa de una hora y media por asistir un día después a la misa en honor de San Francisco de Asís que se celebró en un monasterio de Toledo cercano a la sede del Gobierno autonómico.
Fuentes de la consejería consultadas porPúblico han explicado que la Secretaría General de Agricultura erró al enviar dicho correo electrónico cuya existencia adelantó el viernes este diario. Explican que en lugar de haber anunciado la concesión de esa dispensa, que implica un permiso retribuido a pesar de la ausencia del puesto de trabajo por ese periodo de una hora y media, debía haber informado sólo de un reconocimiento de flexibilidad horaria a sus trabajadores, lo que obligaría a estos a recuperar el tiempo que se ausentaron, en este caso, por ir al mencionado oficio religioso.



De hecho, el sábado, cuando ya se había celebrado la misa en cuestión y un día después de que se difundiera la polémica noticia sobe la dispensa, la misma secretaría envió otro correo electrónico (ver PDF) reconociendo dicho error. En el texto, al que también ha tenido acceso este diario, explica que "advertido error en las instrucciones enviadas con motivo de la celebración de San Francisco de Asís, se comunica que al igual que se ha hecho en años anteriores, se concederá flexibilidad horaria para el personal interesado en los actos programados por los diferentes colectivos".

El patrón de los guardas forestales 

El organismo utiliza en su texto el futuro simple -"concederá"- a pesar de que el día festivo y la misa ya se habían celebrado 24 horas antes de que se enviara ese email. Asimismo, ya no menciona únicamente el oficio en honor a San Francisco de Asís al que se refería en su primer correo electrónico, sino que opta por un genérico "actos programados" al citar los acontecimientos a los que podrían asistir sus funcionarios y trabajadores para poder disfrutar de esa flexibilidad horaria.
Y es que desde Agricultura insisten ahora en que no quisieron conceder el permiso en función de la celebración de un oficio religioso, como se decía en el email del jueves, y argumentan que si en este primer correo se refirieron únicamente a la misa que se celebró en el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo fue porque este año ese ha sido el único acto organizado con motivo de la citada festividad, San Francisco de Asís, "patrón de los guardas forestales". Recalcan, además, que no fue la Junta la que organizó esa misa.
Las fuentes consultadas añaden, además, que a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha nunca lo había hecho con anterioridad, otros gobiernos autonómicos sí han concedido dispensas por motivos similares a otras celebraciones festivas. No han concretado, en cambio, cuáles lo han hecho y por qué motivos.

miércoles, 24 de julio de 2013

DESEMPLEADAS QUE ESTUDIEN LA ESO, RECIBIRAN 465 € MAS


Desempleadas sin límite de edad que estudien la ESO de los mil euros recibirán 465 euros más


En el primer año de esta iniciativa de la Junta, aprobaron 383 de 1.251 alumnos del nivel 2



La Junta de Extremadura refuerza el programa educativo conocido como la ESO de los 1.000 euros. Para el nuevo curso sigue y, además, con más incentivos económicos para las mujeres que deseen obtener el título académico. Para las desempleadas que tengan a su cargo hijos menores u otras personas dependientes, el Gobierno regional establece una beca mensual, durante nueve meses, de 465 euros para que puedan contratar a otra persona para esas tareas domésticas (jornada de 20 horas a la semana) y dedicarse a sacar el título.
Además, este dinero no lo recibirán solo las mujeres que tengan entre 18 y 25 años, como reza la denominación oficial del programa, sino que se podrán beneficiar de esta cantidad las desempleadas de larga duración sin límite de edad, especialmente las de los pueblos. Eso sí, las beneficiarias deberán acreditar que tienen cargas familiares.
Esa ayuda de 465 euros es fija, con independencia de si al final sacan o no la ESO. Esto es, en el mejor de los casos, las mujeres del nuevo programa de los 1.000 euros recibirán 1.465. Lo acaba de indicar la vicepresidenta y consejera de Empleo, Cristina Teniente, al hablar sobre este programa que va ligado al Sexpe.Teniente se ha mostrado satisfecha de los resultados del primer plan (oficialmente, programa 18-25 porque va dirigido a jóvenes de esa franja de edad).Según ha informado, se presentaron 2.521 jóvenes y han aprobado 400. Los otros 2.100 o no han terminado o no han conseguido el aprobado finalmente.
«La formación es el mejor camino contra el desempleo», ha recalcado Teniente, al presentar también otras dos iniciativas que actualmente existen pero que la Junta ha decidido reforzar. Se trata del Programa de Cualificación Profesional Inicial, para desempleados de entre 16 y 25 años, mujeres con dificultades de inserción laboral paradas de larga duración, sobre todo del ámbito rural, sin límite de edad, así como para personas que tengan necesidades educativas especiales que no dispongan del graduado en ESO. Aunque no tiene la ayuda de 1.000 euros, sí permanece la beca de 465 euros/mes para mujeres. Además, la Junta relanza el programa para la obtención del título de técnico y técnico superior de FP, en la línea del programa anterior e igualmente con beca para mujeres.
Para los tres programas, el Ejecutivo autonómico reserva 6,5 millones, de los que 3 son para la continuidad de la ESO de los 1.000 euros. Teniente considera que se contratarán más docentes entres las tres iniciativas. Para la ESO en este curso se destinaron 200 profesores.
Para cobrar los mil euros hay que superar los dos niveles
Hay que recordar que esos 1.000 euros los cobran los alumnos que superen los dos niveles (el 1, primero y segundo curso de Secundaria; el 2, tercero y cuarto) en los que se ha dividido la educación secundaria de acuerdo con la normativa que regula las enseñanzas de personas adultas. Sin embargo, el título de graduado en ESO solo lo obtienen los que superen finalmente el 2. Esto es, si uno ha conseguido el nivel 1 debe continuar con un nuevo curso para alcanzar el 2 y, con él, la ESO.
Otra matización relevante es que para cobrar esa ayuda los estudiantes tienen que superar dos tipos de exámenes, los habituales que realizan los profesores en sus centros y otro específicamente de la Junta (Sexpe) que es como una segunda evaluación.
Según los datos del Gobierno autonómico, los matriculados en el nivel 2 fueron 1.251 en el curso pasado. De esos, 383 (30%) aprobaron ese nivel y, por tanto, obtuvieron la titulación. Otros 1.270 se apuntaron al nivel 1. Ayer no se ofreció el dato de aprobados.

sábado, 6 de julio de 2013

IMPLICADO GARRIGUES, ERA EL BUFETE DE REFERENCIA EN LA JUNTA, SEGUN CARLOS LEAL


Un imputado relata a la juez que Zarrías 'presionó' a Guerrero para agilizar pagos

Carlos Leal (izqda) a su llegada a los juzgados. | C. Márquez
Carlos Leal (izqda) a su llegada a los juzgados. | C. Márquez
  • Los sindicatos sabían que las ayudas de la Junta no se publicaban en el BOJA
  • Según Carlos Leal, Garrigues era el 'bufete de referencia' de la Junta
  • Tres consejeros participaron en las reuniones con Lanzas y Ruiz Mateos
  • La juez Alaya al acusado: "Me está usted mintiendo descaradamente"

El abogado Carlos Leal, al que la juez Alaya imputa hasta siete delitos en relación con la trama de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, ha reconocido hoy ante la magistrada que el que fuera consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, llegó a 'presionar' al director general de Trabajo, Javier Guerrero, para que agilizara el pago de las pólizas de los expedientes (ERE) que se están investigando.
Concretamente, Carlos Leal ha relatado una conversación que tuvo con un ex alto cargo de UGT de Jaén Luis García de los Reyes en la que éste le anunció que hablaría con Zarrías para desbloquear los pagos a los antiguos trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina. Según el imputado, días después acudió a la Dirección General de Trabajo y, "descompuesto", Guerrero dijo que ya le había llamado Gaspar y se quejó de las presiones: "A mí todo el mundo me pide..."
Carlos Leal le ha contado hoy a la juez Alaya que hasta tres consejeros participaron en la reunión celebrada en la Casa Rosa (sede provisional en aquel momento de la Presidencia de la Junta) con presencia del conseguidor Juan Lanzas en la que los Ruiz-Mateos reclamaron el apoyo económico de la Junta para construir dos plantas en Jaén que absorbería a los antiguos trabajadores de la cárnica jiennense Primayor SA.
Gaspar Zarrías, titular de Presidencia, ya confirmó este jueves que el encuentro se celebró en su despacho oficial. El imputado en el caso de los ERE fraudulentos Carlos Leal ha reconocido este viernes ante la juez Alaya que también asistieron Martín Soler, entonces consejero de Agricultura, y Francisco Vallejo, responsable de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Zarrías ha reconocido que aquella reunión con Nueva Rumasa fue propiciada por el comité de empresa de Primayor y que Lanzas, en prisión desde vísperas de la Semana Santa por su presunta implicación en el caso de los ERE, participó como representante de los trabajadores.
Lanzas habría sido decisivo para que la Consejería de Empleo financiara cinco expedientes de regulación de empleo de Nueva Rumasa, servicios por los que el ex sindicalista de UGT habría pactado cobrar tres millones de euros (a razón de 600.000 euros por ERE).

Duro enfrentamiento

Carlos Leal ha tenido este viernes con la magistrada un duro enfrentamiento durante su segunda jornada en el juzgado. Alaya ha llegado a espetar al imputado "usted me está mintiendo descaradamente", en relación a las comisiones sobre los ERE fraudulentos que presuntamente cobraban mediadores y sindicatos de manos de la Junta, extremo éste que Leal ha negado.
El socio director del Bufete Estudio Jurídico Villasís ha declarado que el cobro de comisiones por asesorar a trabajadores durante la puesta en marcha de un ERE obedecía a "un acuerdo histórico a nivel nacional". Estas comisiones oscilaban habitualmente entre un 0,5 y un 1 por ciento del importe total.
Además, Carlos Leal ha reconocido que los sindicatos eran conocedores de que las ayudas para los ERE de empresas con problemas de solvencia no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que, por tanto, sólo algunos implicados y personas cercanas al sistema podían conocer la existencia de dichas subvenciones.
Por otra parte, la juez Mercedes Alaya se ha interesado por el papel que la firma de abogados Garrigues desempeñaba en la tramitación de ayudas. Leal ha respondido que "era el despacho de cabecera" para la Junta de Andalucía y que éste intervenía en casi todos los grandes conflictos. Esta relación entre Garrigues y la Administración andaluza se remonta a la crisis de la empresa Santana, pues el bufete madrileño actuaba como abogado en España de la multinacional Suzuki, el socio japonés de la marca de automoción española.
El acusado ha reconocido también que había adelantado 600.000 euros para el ERE de la Faja Pirítica de Huelva porque el director general de Empleo Francisco Javier Guerrero le confirmó que había llegado a un acuerdo verbal con los sindicatos, según informa Efe.
Ese ERE le costó finalmente a la Junta 1,3 millones de euros por distintos conceptos que se le añadieron, como los impuestos, han añadido las fuentes. Sin embargo, previamente Leal le había dicho a la juez que él sólo participaba en la negociación de los ERE y que la labor sobre las pólizas correspondía a los sindicatos.

Muy nervioso

Algunos abogados personados en la declaración han coincidido en afirmar que el letrado imputado está "muy nervioso", y han añadido que ha declarado que los sindicatos tenían acceso a la información muy restringida sobre ayudas sociolaborales.
El abogado, que empezó su declaración el jueves, está acusado de siete delitos: malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, prevaricación impropia, contra la hacienda pública, asociación ilícita y cohecho, que habría cometido desde 1999, cuando se produjeron los primeros ERE fraudulentos.
Carlos Leal es el último en declarar de la rama de los ERE falsos relativa al cobro de sobrecomisiones, que se puso de manifiesto en marzo pasado tras la operación Heracles de la Guardia Civil, en la que se detuvieron a 22 personas.